Síguenos

Economía

¿Por qué demandar a una empresa puede salirle tan barato en España?

Los juzgados de lo Social acumulan retrasos de años y reabren el debate sobre el coste real que tiene para una empresa prolongar un litigio.

Foto del avatar

Publicado

el

demandar a una empresa

Resumen

  • Madrid cerró 2025 con 78.518 asuntos sociales pendientes de resolución
  • Algunos juicios laborales ya se están señalando para 2029 y 2030
  • El retraso no siempre encarece para la empresa lo mismo que daña al trabajador

Que a una empresa “no le cueste nada” ser demandada por un trabajador es una exageración. Pero detrás de la frase hay un problema bastante menos exagerado: en determinados conflictos laborales, prolongar el litigio puede resultar económicamente soportable para la empresa y mucho más duro para el trabajador. Sobre todo cuando el pleito gira alrededor de un despido improcedente, salarios pendientes o derechos cuyo valor disminuye a medida que pasan los meses.

El mecanismo se entiende mejor mirando dos piezas juntas. Por un lado, los juzgados de lo Social soportan retrasos extraordinarios, con procedimientos en Madrid que están siendo señalados para 2029 e incluso 2030. Por otro, perder un litigio laboral en primera instancia no implica automáticamente que la empresa tenga que pagar todos los gastos jurídicos del trabajador, y un despido declarado improcedente no genera siempre salarios de tramitación durante los meses —o años— que ha durado el proceso. El reloj, así, deja de ser neutral.

El atasco de los juzgados laborales ya alcanza fechas de 2030

La alarma ha vuelto a sonar en Madrid. El Colegio de la Abogacía de Madrid ha puesto en marcha en septiembre de 2026 la campaña SOS Social y ha presentado 19 medidas de choque ante lo que considera un colapso de la jurisdicción laboral. No es una figura retórica: existen procedimientos de incapacidad permanente con vistas previstas para 2029 y 2030, mientras otros asuntos acumulan meses simplemente antes de completar sus primeros trámites.

Las cifras explican el paisaje. Los órganos de lo Social de la Comunidad de Madrid terminaron 2025 con 78.518 asuntos pendientes de resolución, el máximo de la serie disponible desde 2006. La pendencia creció un 26,8% respecto al año anterior, un 55,9% desde 2023 y un 117,7% frente a 2019. Conviene precisar algo porque aquí una palabra cambia bastante la noticia: esos porcentajes corresponden a asuntos pendientes, no al número de nuevas demandas presentadas.

Durante 2025 entraron en los juzgados sociales madrileños 75.532 asuntos y se resolvieron 58.557. Es decir, casi 17.000 expedientes más entraron de los que salieron. Una bañera con el grifo abierto más deprisa que el desagüe, por decirlo sin lenguaje de juzgado. La tasa de congestión alcanzó 2,30.

El problema tampoco termina en Madrid. En el tercer trimestre de 2025, la jurisdicción social española acumulaba 519.166 asuntos pendientes, un 8,7% más que un año antes. Un estudio presentado en junio de 2026 calculó un promedio de 450,4 días para la celebración de juicios laborales, 375,3 días en los despidos individuales y alrededor de 13 meses en procedimientos vinculados a la Seguridad Social. Las metodologías estadísticas pueden variar, pero dibujan la misma enfermedad: los tiempos se han estirado mucho más allá de lo razonable.

Cuando esperar modifica el valor de lo que se reclama

Un pleito laboral no discute normalmente sobre algo abstracto. Puede decidir si alguien recupera un empleo, cobra varios meses de salario, obtiene una incapacidad permanente o consigue adaptar su jornada para cuidar a un hijo. Dos años de espera no son simplemente dos años de calendario.

Una incapacidad reconocida en 2030 puede llegar después de cuatro años de deterioro económico. Una adaptación horaria concedida judicialmente cuando el menor ya tiene otra edad puede haber perdido parte de su sentido. Incluso una cantidad salarial finalmente recuperada tiene un valor distinto después de una espera prolongada.

El Tribunal Constitucional ya ha advertido que la sobrecarga estructural de los órganos judiciales puede explicar una demora, pero no convierte automáticamente esa demora en constitucionalmente aceptable. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas forma parte del artículo 24 de la Constitución.

Qué cambió en 2012 con los despidos improcedentes

Aquí aparece uno de los elementos que alimentan el debate. La reforma laboral de 2012 cambió profundamente el funcionamiento económico del despido improcedente.

Antes existía el llamado despido exprés. La empresa podía reconocer rápidamente la improcedencia y abonar o consignar la indemnización correspondiente para limitar los salarios de tramitación. Aquello generaba un incentivo evidente para resolver pronto la situación.

La reforma de 2012 eliminó aquel sistema y estableció el régimen que, en su estructura esencial, continúa vigente: cuando el despido es declarado improcedente, la empresa puede optar entre readmitir al trabajador o indemnizarlo con 33 días de salario por año trabajado, con el límite legal correspondiente. Si escoge la indemnización, por regla general no tiene que abonar los salarios dejados de percibir durante todo el tiempo que ha durado el procedimiento.

Los salarios de tramitación permanecen cuando existe readmisión y en otros supuestos específicos; un despido declarado nulo, por ejemplo, comporta la readmisión inmediata y el abono de los salarios dejados de percibir. También existen reglas particulares para representantes legales de los trabajadores y delegados sindicales. Así que no, esperar no sale gratis en todos los casos.

El tiempo puede dejar de penalizar al empresario

Imaginemos el caso más sencillo. Una empresa despide a un trabajador mediante un despido disciplinario sin indemnización. El empleado lo impugna y, bastante después, el juzgado declara que era improcedente. La empresa opta por indemnizar.

El paso de dieciocho meses entre una cosa y otra no transforma automáticamente la indemnización de 33 días por año en otra mucho mayor por el mero retraso judicial. Ahí aparece el punto delicado: el tiempo que perjudica intensamente al trabajador no siempre aumenta en la misma proporción el coste final para la empresa.

Eso no significa que todas las compañías despidan deliberadamente mal para especular con la lentitud judicial. Sería una generalización imposible de sostener. Significa otra cosa, más incómoda: el sistema puede generar situaciones en las que una empresa que discute hasta el final una obligación no soporte un castigo económico proporcional a la duración del conflicto.

Y cuando los juicios dejan de celebrarse dentro de unos meses y empiezan a colocarse a año y medio, dos años o tres, aquel pequeño desequilibrio se convierte en otra cosa. La demora entra en la negociación.

Los salarios impagados sí generan un interés del 10%

En las reclamaciones de cantidad la situación es diferente. El Estatuto de los Trabajadores establece un interés de mora del 10% sobre las cantidades salariales adeudadas. La jurisprudencia ha precisado que se trata de un interés anual y que debe calcularse proporcionalmente al tiempo efectivo de retraso. Su aplicación mantiene, además, un marcado carácter objetivo en las deudas salariales.

Hay, por tanto, un coste por pagar tarde. Si una empresa debe 10.000 euros de salario, no puede limitarse indefinidamente a entregar esos mismos 10.000 euros como si nada hubiera ocurrido.

Ahora bien, el interés tampoco convierte necesariamente el retraso en una ruina empresarial. Para determinadas compañías, especialmente aquellas con tesorería suficiente y servicios jurídicos estables, discutir una deuda puede seguir siendo financieramente asumible. Para el trabajador que necesita esos 10.000 euros para pagar el alquiler o la hipoteca, la aritmética es bastante menos académica.

Aquí aparece otra asimetría difícil de medir con una estadística. El trabajador puede aceptar durante la conciliación o inmediatamente antes del juicio una cantidad inferior a la inicialmente reclamada a cambio de cobrar. La empresa obtiene certeza y descuento; el empleado compra tiempo. No porque el derecho haya cambiado, sino porque han pasado dieciocho meses.

Demandar no es gratis, pero la primera instancia tiene pocos peajes

La frase que ha provocado el debate —a las empresas no les cuesta nada que las demanden— necesita una corrección jurídica. Sí existen costes: asesoramiento, tiempo de personal, documentación, representación profesional, riesgo económico de perder el asunto, intereses, posibles indemnizaciones adicionales y, según el procedimiento, consecuencias posteriores.

Pero la jurisdicción social tiene una particularidad. En primera instancia, la asistencia de abogado o graduado social es facultativa y no funciona con carácter general el mismo principio de condena en costas al vencido que encontramos en otros ámbitos judiciales. La regla cambia en los recursos, donde sí existe un régimen específico de costas.

Para una pequeña empresa que contrata un despacho para cada pleito, esos costes pueden ser muy reales. Para una gran compañía con abogados laboralistas en plantilla o servicios jurídicos contratados de forma estable, el coste adicional de defender un procedimiento más puede ser bastante menor. No desaparece; su peso marginal cambia.

Mala fe, conciliación y recursos sí pueden tener consecuencias

Tampoco existe barra libre procesal. La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social permite imponer sanciones a quien actúe con temeridad o mala fe. Si una parte no comparece injustificadamente a la conciliación previa y la sentencia termina coincidiendo esencialmente con lo reclamado allí, pueden imponerse determinados costes y honorarios profesionales. Y cuando el litigio sube a instancias superiores, el régimen de costas es distinto.

Por eso la discusión interesante no está en afirmar que demandar a una empresa cuesta literalmente cero euros. Está en saber si el coste esperado de incumplir es suficientemente superior al de cumplir desde el principio.

Si ambos importes se parecen demasiado, aparece un incentivo perverso. No para todas las empresas ni en todos los casos, pero el riesgo existe.

Las 19 medidas para aliviar unos juzgados desbordados

El Colegio de la Abogacía de Madrid plantea un diagnóstico fundamentalmente organizativo. Sus 19 medidas reclaman cubrir vacantes y bajas, reforzar órganos judiciales y oficinas, mejorar la planificación de agendas, actuar sobre las ejecuciones y los recursos, utilizar herramientas tecnológicas eficaces y coordinar al Ministerio de Justicia, la Comunidad de Madrid, el CGPJ y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. También propone objetivos e indicadores públicos que permitan comprobar si los refuerzos reducen realmente los tiempos de respuesta.

Tiene lógica. Cuando durante un ejercicio entran casi 17.000 asuntos más de los que pueden resolverse, aumentar la capacidad del sistema parece inevitable. No existe ingeniería jurídica capaz de hacer desaparecer una montaña de expedientes por contemplación.

Pero el debate introduce otra cuestión de fondo: quizá no baste con construir un desagüe más ancho; también merece la pena mirar por qué sigue entrando tanta agua.

Ahí entran las reglas sobre despido, los intereses por mora, las indemnizaciones por daños, las sanciones por conducta procesal abusiva y el coste real de mantener durante años un conflicto que quizá podría haberse resuelto antes. Cambiar cualquiera de esas piezas exige mucho cuidado. Penalizar excesivamente el derecho de defensa de las empresas sería tan poco razonable como tolerar que retrasar una obligación salga rentable.

El equilibrio es bastante más fino que un eslogan.

Cuando una justicia lenta cambia quién negocia con ventaja

El colapso de los juzgados sociales no perjudica exclusivamente a los trabajadores. También una empresa que considera injustificada una reclamación necesita una sentencia rápida para cerrar provisiones, organizar plantillas y conocer sus obligaciones. Una justicia imprevisible es mala infraestructura económica, igual que una carretera permanentemente cortada.

Pero existe una diferencia evidente. En muchos pleitos laborales, una de las dos partes vive del salario que está en discusión. Para ella, el tiempo pesa de otra manera.

Esa es probablemente la parte más incómoda del problema que ha estallado con los señalamientos hasta 2030. Las 19 medidas pueden reducir el atasco si llegan acompañadas de personal, organización y recursos suficientes. Pero el debate no termina poniendo más mesas, más ordenadores y más jueces.

Cuando incumplir una obligación, discutirla y pagarla mucho después puede resultar económicamente parecido a cumplirla desde el principio, el sistema envía una señal extraña. Y cuando el trabajador necesita esperar años para saber si tenía razón, la Justicia conserva la toga, el sello y la sentencia, sí. Lo que empieza a perder es parte de su valor.

Newsletter

Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.