¿Por qué Argoños derriba dos chalés y no puede demoler otros ocho?

Argoños ha comenzado a derribar dos viviendas de la urbanización Las Llamas II sobre las que pesa sentencia firme de demolición, pero el mismo procedimiento no puede ejecutarse de momento en otros ocho inmuebles. La diferencia no está en la orden judicial: esas casas también deben desaparecer. El obstáculo es que se encuentran ocupadas y existen resoluciones judiciales que han impedido hasta ahora su desalojo.

Las máquinas han entrado este miércoles, 9 de septiembre, en las viviendas números 40 y 41, situadas en Camino del Portillo. Una tercera, la número 32, será demolida previsiblemente en los próximos días. Sus antiguos propietarios eligieron como compensación viviendas de sustitución construidas por el Gobierno de Cantabria y el traslado ha permitido comenzar unos derribos que llevan detrás una historia urbanística de décadas.

La imagen resulta bastante expresiva del laberinto: dos chalés caen bajo las excavadoras mientras otros ocho, sujetos igualmente a una orden de demolición, siguen en pie porque están ocupados. Sentencias firmes, indemnizaciones y viviendas pendientes de derribo, pero la ejecución tropieza con otra realidad jurídica. El urbanismo español también conoce estas paradojas; algunas, además, duran treinta años.

Qué está ocurriendo en Las Llamas II de Argoños

El Ayuntamiento de Argoños encargó a la empresa Excavaciones Huerta la demolición de las dos primeras casas. Los trabajos afectan inicialmente a los números 40 y 41 de Las Llamas II, una urbanización levantada en los años noventa y marcada desde hace décadas por procedimientos judiciales relacionados con sus licencias urbanísticas.

El derribo estuvo cerca de complicarse incluso antes de arrancar. Una de esas viviendas fue ocupada durante la noche del pasado sábado, aunque quedó finalmente libre después de que acudiera la Guardia Civil tras el aviso municipal. Así pudo mantenerse el calendario previsto.

La situación de las restantes viviendas es distinta. De las 11 casas afectadas en este conjunto, tres propietarios optaron por recibir una vivienda de sustitución. Dos son las que están siendo demolidas y la tercera seguirá el mismo camino próximamente. Los titulares de las otras ocho eligieron hace aproximadamente cuatro años la indemnización económica ofrecida por el Gobierno autonómico.

Una vez abandonados esos inmuebles, las ocho casas fueron ocupadas. Y ahí comenzó otro capítulo de un expediente que parecía encaminado, al menos sobre el papel, hacia la demolición.

Por qué no pueden derribarse las ocho viviendas ocupadas

Las ocho viviendas tienen sentencia de demolición, pero para tirar una casa hay primero que disponer materialmente del inmueble y garantizar que está desalojado. Según ha explicado el Gobierno de Cantabria, Gesvican ha acudido a los tribunales para recuperar las viviendas, pero varias resoluciones han impedido hasta el momento ejecutar los desalojos.

El resultado es peculiar: la Administración ha indemnizado a los anteriores propietarios para cumplir las resoluciones urbanísticas, las casas han quedado destinadas a su demolición y, sin embargo, siguen físicamente levantadas porque existen personas viviendo dentro.

El consejero de Vivienda, Roberto Media, ha cargado contra esta situación y considera que la legislación vigente dificulta el cumplimiento de las sentencias. Más allá de esa valoración política, el hecho es bastante elocuente por sí mismo: las ocho casas continúan ocupadas y no pueden ser demolidas mientras no puedan recuperarse y desalojarse conforme a la ley.

Una tercera vivienda será la siguiente

La demolición no termina con los números 40 y 41. Está previsto que posteriormente se actúe sobre el número 32, cuyo propietario también escogió una vivienda de sustitución.

Las tres nuevas casas construidas para estas familias se encuentran en Argoños, cerca del Ayuntamiento. El mecanismo intenta resolver una situación especialmente delicada: propietarios que adquirieron viviendas con licencia municipal y que, años después, quedaron atrapados en sentencias que ordenaban restablecer la legalidad urbanística mediante su demolición.

Indemnización o vivienda de sustitución

La fórmula aplicada por Cantabria permite que determinados afectados elijan entre una compensación económica y una vivienda nueva que sustituya a la destinada al derribo. En Las Llamas II, ocho propietarios eligieron dinero y tres prefirieron otra casa.

No es un detalle menor. Las nuevas viviendas permiten desalojar las antiguas y ejecutar posteriormente las demoliciones. Cuando se paga una indemnización y el inmueble queda vacío durante un periodo prolongado, aparece el riesgo que Argoños está comprobando sobre el terreno: que la vivienda sea ocupada antes de la demolición.

Un problema mucho mayor que estos dos chalés

Las excavadoras de Las Llamas II apenas representan una pequeña pieza del conflicto urbanístico de Argoños. La Asociación de Maltratados por la Administración, AMA, cifra en 255 las viviendas del municipio con sentencia de derribo, aunque las distintas fases judiciales y urbanísticas han hecho variar ligeramente las cifras manejadas durante los últimos años.

El problema viene de lejos. En el caso de Las Llamas II, las licencias se remontan a 1997 y las primeras resoluciones que declararon su ilegalidad llegaron alrededor del cambio de siglo. En 2000, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria anuló una licencia concedida para viviendas de esta urbanización y ordenó la demolición de lo ilegalmente construido. El procedimiento se prolongó después entre recursos, indemnizaciones, cambios normativos y nuevas decisiones judiciales.

Durante años se buscaron fórmulas capaces de regularizar parte de las construcciones. El planeamiento municipal y la ordenación del entorno de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel jugaron un papel central en esa posibilidad.

Pero el escenario volvió a endurecerse en 2025, cuando el Tribunal Supremo confirmó la anulación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales que podía ofrecer cobertura urbanística a una parte de las viviendas. Tras aquel fallo, el Gobierno cántabro dio por imposible salvar 120 viviendas de Argoños y asumió que tendrían que ser demolidas.

De ellas, 21 correspondían a Pueblo del Mar y 99 a las zonas de La Llana I y La Llana II. Para otras construcciones afectadas por sentencias, la Administración seguía pendiente de decisiones judiciales relacionadas con el planeamiento municipal. Es un mapa complejo, casi parcela por parcela, donde no todas las viviendas están exactamente en la misma situación jurídica.

Nuevos terrenos para las viviendas de sustitución

El Gobierno de Cantabria pretende ampliar ahora la disponibilidad de suelo para construir casas destinadas a los vecinos que escojan esta solución en lugar de una indemnización. Roberto Media ha avanzado que está prevista la convocatoria para adquirir más terrenos en Argoños.

El objetivo declarado del Ejecutivo autonómico es que, antes de terminar la legislatura, los afectados sepan qué solución corresponde a cada caso: indemnización, vivienda de sustitución o, allí donde jurídicamente todavía resulte posible, conservación de la construcción.

Ya existe incluso un fondo específico para afrontar estas obligaciones. El Fondo de Derribos del Gobierno de Cantabria financia actuaciones derivadas de sentencias que ordenan demoler edificaciones ilegales y ha servido, entre otras cosas, para levantar las viviendas destinadas a las familias de Las Llamas II.

AMA reclama que el proceso gane velocidad. Su presidente, Antonio Vilela, ha recordado que muchas familias llevan cerca de tres décadas pendientes de una solución definitiva. El calendario judicial se mide en años; la vida de quien tiene una sentencia de derribo sobre su casa, bastante menos cómodamente.

Argoños encara los derribos, pero aparece otro bloqueo

El comienzo de las demoliciones supone un cambio visible después de años de expedientes, recursos y proyectos. Dos viviendas de Las Llamas II desaparecen y una tercera está preparada para seguirlas. Para sus propietarios existe ya una alternativa residencial y la sentencia puede ejecutarse.

Las otras ocho muestran la parte más difícil del problema. Están indemnizadas, tienen orden de derribo y permanecen ocupadas, de manera que la Administración todavía no dispone de ellas para completar la demolición y transformar posteriormente el espacio según la ordenación prevista.

Y por detrás quedan muchas más viviendas de Argoños sometidas a decisiones judiciales. Lo sucedido en Las Llamas II funciona así como primera demolición y, al mismo tiempo, como muestra de lo que ocurre cuando un conflicto urbanístico se prolonga durante décadas: las sentencias llegan, las indemnizaciones se pagan, las casas se vacían… y, a veces, surge un problema nuevo antes de que la excavadora alcance la puerta.