¿Qué denuncia el policía de los millones sobre informes de la UDYCO?

El inspector jefe de la Policía Nacional Óscar Sánchez Gil, encarcelado por su presunta vinculación con una gran organización de narcotráfico, ha lanzado una acusación de enorme gravedad contra la unidad en la que trabajó durante años: sostiene que la Brigada Central de Estupefacientes de la UDYCO habría utilizado de forma sistemática informes con un origen ficticio para ocultar a los jueces de dónde procedían realmente determinadas informaciones que desembocaban en operaciones contra la droga.

Su versión, expuesta ante la Audiencia Nacional el pasado 19 de mayo, no equivale a una conclusión judicial ni a un hecho probado. Sánchez Gil está investigado precisamente por colaborar presuntamente con narcotraficantes y su estrategia de defensa pasa, entre otras cuestiones, por cuestionar cómo se obtuvo parte de la información utilizada contra él. Un mando policial señalado por el inspector ya ha negado sus acusaciones. La novedad que da peso, aunque solo parcial, a su relato es otra: Asuntos Internos sí ha encontrado indicios de una posible trama distinta de corrupción vinculada al puerto de Algeciras. Eso no demuestra, sin embargo, que existiera el supuesto sistema de falsificación de informes que denuncia.

La acusación: esconder al juez el origen real de la información

Sánchez Gil conoce bien el terreno que describe. Antes de asumir responsabilidades en la UDEF de Madrid, la unidad policial especializada en delincuencia económica y fiscal, ocupó puestos de responsabilidad en la Brigada Central de Estupefacientes, integrada en la Unidad de Droga y Crimen Organizado, la UDYCO.

Según declaró desde prisión, durante aquellos años habría presenciado una práctica que califica como habitual: una investigación comenzaba gracias a una fuente cuyo origen convenía ocultar —por ejemplo, información procedente de sistemas de comunicación cifrada— y posteriormente se elaboraba una vía alternativa para justificar ante el juzgado cómo había llegado la Policía hasta los sospechosos.

Dicho de manera menos burocrática: la Policía tendría una pista, pero al juez le contaría otra historia sobre cómo consiguió esa pista.

El matiz no es precisamente decorativo. El origen de una información puede determinar si una diligencia policial estaba amparada legalmente, si una intervención posterior tenía fundamento y, llegado el caso, si determinadas pruebas pueden emplearse en un procedimiento penal. El juez no está para poner un sello al final del expediente; debe conocer los elementos relevantes que justifican las medidas que autoriza.

Sánchez Gil sostiene que ese mecanismo no habría sido excepcional, sino un “sistema” empleado cuando la unidad quería proteger u ocultar la procedencia real de una investigación. Por ahora, esa afirmación general descansa fundamentalmente en su testimonio.

Los 1.605 kilos de cocaína que sirven como ejemplo

El caso concreto con el que intenta demostrarlo conduce hasta Algeciras y a un cargamento intervenido mucho antes de que el inspector acabara entre rejas.

El 11 de mayo de 2021 fueron aprehendidos en el puerto gaditano 1.605 kilos de cocaína transportados en un contenedor. Resoluciones de la Audiencia Nacional relacionan aquel envío con la organización criminal investigada y sitúan ese decomiso dentro de una trama que utilizaba empresas importadoras para introducir cocaína camuflada entre mercancías legales.

Sánchez Gil sostiene que la Policía conoció aquel cargamento gracias a información procedente de ANOM, la plataforma de mensajería cifrada controlada por el FBI que fue utilizada como señuelo para infiltrarse en las comunicaciones de organizaciones criminales.

Sin embargo, según la versión que dio ante el juez, ese no habría sido el origen que apareció oficialmente en la investigación. La información habría terminado atribuida a la Dirección Antinarcóticos de Colombia, conocida como DIRAN.

De ANOM a un informe llegado desde Colombia

El mecanismo descrito por el inspector es peculiar. Siempre según su testimonio, un mando de la UDYCO habría preparado la información y la habría remitido a un contacto relacionado con la agencia antidroga colombiana; después habría regresado a España a través del conducto oficial, ya presentada como información procedente de Colombia.

Sobre el papel, la pista llegaba del extranjero. Según Sánchez Gil, en realidad habría nacido dentro de la propia investigación española a partir de datos de comunicaciones cifradas.

El inspector afirma que conocía ese procedimiento porque se lo habría explicado un mando y porque él mismo había visto operaciones semejantes mientras estuvo destinado en Estupefacientes. La acusación va todavía más lejos: asegura que esta forma de trabajar permitía esconder información no solo a otros grupos policiales, sino también a los órganos judiciales encargados de controlar las investigaciones.

Por qué importa tanto saber de dónde salió una pista

La discusión puede parecer una pelea de abogados por el membrete de un informe. No lo es. En una investigación penal existe una cadena: aparece una información, esa información justifica nuevas pesquisas y, en determinados momentos, sirve para pedir al juez medidas que afectan a derechos fundamentales. Una entrada y registro, una intervención de comunicaciones o determinadas técnicas de investigación no pueden sostenerse sobre una ficción deliberada acerca del material que las originó.

Durante aquellos años existía, además, una intensa discusión jurídica sobre el uso en España de mensajes obtenidos de plataformas cifradas intervenidas por autoridades extranjeras. La jurisprudencia ha ido abordando después la utilización de este tipo de datos, pero el debate sobre su obtención, incorporación al procedimiento y garantías procesales ha sido relevante en numerosas causas.

De ahí la trascendencia de la denuncia. Si se acreditara que se construyeron deliberadamente orígenes ficticios para conseguir cobertura judicial, la cuestión ya no sería simplemente la eficacia de una unidad antidroga. Entraría en juego la limpieza de la prueba y el control de los tribunales. De momento, ese salto no puede darse: la falsificación sistemática denunciada por Sánchez Gil no está acreditada judicialmente.

Asuntos Internos sí detecta indicios de otra trama

Hay una parte de las declaraciones del inspector que ha tenido un recorrido diferente. Sánchez Gil afirmó que en las comunicaciones cifradas incorporadas a la causa aparecían referencias a otra red de funcionarios corruptos relacionados con la entrada de cocaína por Algeciras. Aseguró también que existía un identificador de Sky ECC cuyo contenido no había sido analizado adecuadamente y que podía conducir hasta esa estructura.

El juez Francisco de Jorge encargó a la Unidad de Asuntos Internos que examinara esos extremos. El resultado no confirmó todo el relato del policía, pero tampoco lo despachó como una simple invención defensiva. Asuntos Internos comunicó al magistrado que un análisis inicial permitía apreciar la posible existencia de otra trama de corrupción. Entre las conversaciones aparecían alusiones a tráfico de drogas, pagos a intermediarios, Aduanas y funcionarios.

Conviene no estirar esa frase hasta romperla. Asuntos Internos no ha certificado una red con nombres, responsabilidades y delitos ya demostrados. Habla de indicios que justificarían profundizar en una posible trama diferente.

Tampoco respaldó una de las principales defensas de Sánchez Gil: el inspector sostiene que el alias “Aduana” utilizado en determinados mensajes no se refiere a él. Asuntos Internos llegó a la conclusión contraria y considera que esa identificación corresponde al propio Sánchez Gil.

Es una fotografía incómoda para todas las partes. Algunas de sus indicaciones han conducido a material que los investigadores consideran relevante; otras chocan frontalmente con las conclusiones policiales que le atribuyen un papel central en la organización.

El hombre que acusa a la Policía está acusado de ayudar al narco

Y aquí aparece la paradoja que atraviesa todo el caso. Sánchez Gil no es un denunciante externo que haya aterrizado de repente con una carpeta debajo del brazo. Es el policía en cuya vivienda los investigadores encontraron cerca de 20 millones de euros ocultos en paredes y otros escondites, además de importantes cantidades de efectivo localizadas en otros lugares vinculados a él. Fue detenido el 8 de noviembre de 2024 y permanece en prisión provisional.

La investigación le atribuye una relación con una poderosa organización dedicada al narcotráfico y al blanqueo. El juez ha considerado especialmente relevantes las conversaciones intervenidas y la extraordinaria cantidad de efectivo descubierta. En marzo de 2026 llegó a dictarse su procesamiento por delitos relacionados con tráfico de drogas, blanqueo, cohecho y revelación de secretos, aunque posteriormente la Audiencia Nacional anuló aquel procesamiento para que continuara la instrucción.

Las pesquisas sostienen que habría utilizado su acceso a información policial reservada para comprobar si empresas, vehículos o personas relacionadas con la organización estaban bajo vigilancia y advertir a sus integrantes. El caso está conectado tanto con los 1.605 kilos decomisados en 2021 como con las más de 13 toneladas de cocaína intervenidas en Algeciras en 2024, el mayor alijo de esta droga incautado hasta entonces en España.

Su credibilidad, por eso mismo, está sometida a un escrutinio feroz. Fuentes policiales vinculadas al caso consideran que intenta desacreditar el origen de las pruebas para debilitar el procedimiento contra él. Uno de los agentes señalados por Sánchez Gil ha rechazado sus acusaciones. Pero que el mensajero esté acusado de delitos gravísimos tampoco permite descartar automáticamente cada dato que aporte. Los investigadores tendrán que hacer algo bastante menos vistoso: comprobar uno por uno los hechos.

Una acusación todavía pendiente de respuesta judicial

A 21 de septiembre de 2026, el escenario es bastante más complejo que un titular sobre policías falsificando informes. Está acreditado que Sánchez Gil formuló ante la Audiencia Nacional una acusación concreta contra antiguos compañeros y mandos de la lucha antidroga. Está documentado el decomiso de 1.605 kilos de cocaína en Algeciras en 2021. Asuntos Internos ha encontrado indicios compatibles con la posible existencia de otra trama de corrupción mencionada por el inspector. Pero no consta que esa unidad haya corroborado su acusación más explosiva: que la Brigada Central de Estupefacientes falseara sistemáticamente el origen de las investigaciones para engañar a los jueces.

La diferencia es fundamental. Una cosa es que determinadas pistas aportadas por el inspector hayan llevado hasta indicios que merecen investigación; otra, muy distinta, considerar demostrado que una unidad policial construía habitualmente informes falsos para esconder ante los tribunales el verdadero origen de sus operaciones.

Mientras tanto, Sánchez Gil continúa en prisión provisional. La instrucción, lejos de estar terminada, sigue abriendo puertas dentro de otras puertas: comunicaciones cifradas, grandes cargamentos de cocaína, funcionarios bajo sospecha y una estructura criminal cuya relación con miembros de las fuerzas de seguridad continúa bajo la lupa judicial.

Lo que realmente está en juego en el caso

Los millones escondidos detrás de los muros fueron la imagen que hizo famoso el caso. Casi dos años después, lo verdaderamente delicado ya no cabe en una pared: afecta a confidentes, teléfonos cifrados, grandes cargamentos de cocaína, funcionarios bajo sospecha y, sobre todo, al control judicial de las investigaciones policiales.

La cuestión decisiva es determinar qué sabía la Policía, cómo obtuvo esa información y qué trasladó después al juez. Si las acusaciones de Sánchez Gil llegan a demostrarse, ahí estaría el verdadero alcance del escándalo. Mientras eso no ocurra, sus afirmaciones sobre un supuesto sistema de informes falsos en la UDYCO siguen siendo acusaciones de un investigado, graves y relevantes, pero todavía pendientes de acreditación judicial.