Mazón vuelve a callar ante el Congreso y deja preguntas sin respuesta

Carlos Mazón ha acudido este lunes, 21 de septiembre de 2026, al Congreso de los Diputados, pero ha anunciado que no responderá sobre la dana mientras continúe abierta la instrucción judicial por la tragedia del 29 de octubre de 2024. Puede hacerlo porque el ordenamiento distingue entre dos cosas que parecen iguales y no lo son: acudir a una comisión parlamentaria cuando se ha sido citado y contestar a todas las preguntas que se planteen. La primera obligación está expresamente recogida en la ley; la segunda encuentra límites jurídicos mucho más complejos.

La Constitución establece que comparecer ante una comisión de investigación es obligatorio, pero también mantiene intactos los derechos fundamentales del compareciente. A ello se añade que una comisión del Congreso no es un tribunal: investiga responsabilidades políticas e institucionales, no dicta condenas penales, y sus conclusiones no vinculan a los jueces. Esa frontera explica buena parte de una escena difícil de digerir para quienes esperaban respuestas, pero jurídicamente posible.

Por qué Mazón puede comparecer y no responder

El artículo 76 de la Constitución permite al Congreso y al Senado crear comisiones sobre cualquier asunto de interés público y señala expresamente que es obligatorio acudir cuando las Cámaras requieren la presencia de una persona. El Código Penal refuerza esa obligación: quien, después de ser legalmente citado y advertido, no comparece puede incurrir en un delito de desobediencia.

Pero el mismo artículo 502 del Código Penal introduce una diferencia decisiva. Castiga también a quien falte a la verdad en su testimonio ante una comisión parlamentaria, con penas que pueden incluir prisión o multa, pero no contiene una figura equivalente que tipifique de manera expresa y general la mera negativa a contestar una vez que el compareciente ya se ha presentado. Ahí está el resquicio jurídico que hace posible el silencio.

Comparecer sí; declarar, con matices

El Reglamento del Congreso dispone que la persona citada debe ser informada de sus derechos y obligaciones y puede acudir acompañada por quien designe. No se entra en la sala dejando las garantías constitucionales en el guardarropa. Entre ellas está el derecho a no declarar contra uno mismo ni confesarse culpable cuando una respuesta pueda tener consecuencias penales. La jurisprudencia constitucional ha abordado precisamente esa tensión entre el deber de colaborar con una investigación parlamentaria y la protección frente a la autoincriminación.

Esto no significa que exista una licencia ilimitada para bloquear cualquier comisión a voluntad. El alcance concreto de esos derechos depende de las circunstancias y de las preguntas formuladas. Pero sí explica por qué la frase aparentemente sencilla —«que le obliguen a responder»— choca con algo bastante más serio: el Parlamento también está sometido a límites cuando ejerce sus poderes de investigación.

El Congreso investiga, pero no sustituye a un juez

Las comisiones parlamentarias tienen una función poderosa, aunque distinta de la judicial. Pueden reconstruir decisiones, pedir documentos, interrogar a responsables públicos y determinar responsabilidades políticas. Sus conclusiones pueden acabar en un dictamen debatido por el pleno e incluso remitirse al Ministerio Fiscal cuando corresponda. Lo que no pueden hacer es declarar culpable o inocente a una persona de un delito.

Por eso una investigación judicial y otra parlamentaria pueden discurrir al mismo tiempo. No son dos trenes que necesiten la misma vía. El juzgado intenta determinar si existen responsabilidades penales; el Congreso analiza la actuación política, administrativa e institucional. Una decisión puede resultar políticamente reprochable sin constituir delito, del mismo modo que una acusación política, por dura que sea, no prueba una responsabilidad penal.

Ese matiz es particularmente importante en el caso de Mazón. El expresidente valenciano ha defendido que lo procedente es esperar al final de la instrucción antes de efectuar nuevas declaraciones públicas. Es su posición. Pero la existencia de una causa abierta no paraliza automáticamente la capacidad del Parlamento para investigar qué ocurrió durante la gestión de la emergencia.

Qué cambia con la causa judicial todavía abierta

La investigación penal sobre la gestión de la dana continúa en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha prorrogado la instrucción debido a la complejidad del procedimiento y a las diligencias todavía pendientes. La causa se prolongará hasta 2027, de modo que el horizonte judicial sigue lejos de estar despejado.

Mazón está personado en ese procedimiento, después de que la Audiencia Provincial de Valencia aceptara su participación al considerar que las diligencias pendientes podían aportar información relevante sobre una eventual inculpación futura dada su condición de aforado. Eso tampoco significa que esté actualmente condenado ni que deba darse por hecha una futura imputación. Precisamente por eso conviene mantener separadas las categorías jurídicas.

El TSJCV no cerró el debate político

En marzo de 2026, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana rechazó abrir una investigación penal contra Mazón a partir de la exposición razonada remitida por la instructora. El tribunal afirmó que no apreciaba un fundamento sólido y objetivo para considerar que los hechos descritos revistieran carácter delictivo. La decisión fue adoptada por unanimidad.

Eso es relevante, pero no equivale a borrar la discusión política ni a convertir la resolución en una absolución después de un juicio. El propio tribunal diferenció la valoración jurídico-penal de las posibles responsabilidades de carácter moral o político. Y la causa de Catarroja, donde sí hay otras personas investigadas, continúa abierta.

Existe además otro frente. La Fiscalía del Tribunal Supremo solicitó documentación para estudiar una querella presentada contra Mazón por un supuesto falso testimonio relacionado con su primera comparecencia ante la comisión del Congreso, celebrada el 17 de noviembre de 2025. La petición de la Fiscalía no demuestra que cometiera ese delito: supone únicamente que se está valorando si procede avanzar con esa denuncia.

La situación produce una paradoja bastante visible. Hablar ante una comisión y faltar a la verdad puede generar consecuencias penales; acudir y optar por el silencio se mueve en un terreno diferente. Jurídicamente tiene lógica. Políticamente, desde luego, el efecto es muy distinto.

Por qué se le volvió a citar y qué reclaman las víctimas

Esta es la segunda comparecencia de Mazón ante la comisión del Congreso sobre la dana. En su anterior intervención, el 17 de noviembre de 2025, negó responsabilidades y sostuvo que durante parte de aquella tarde no existía conocimiento de que personas estuvieran muriendo a consecuencia de las inundaciones.

Desde entonces han aparecido nuevos elementos incorporados al debate público y a la investigación. Entre ellos figuran los mensajes del grupo de WhatsApp que compartían Mazón y miembros de su Gobierno el 29 de octubre de 2024. A las 8:17 de aquella mañana, el entonces presidente pidió intensificar la comunicación con los medios y escribió que hacerlo transmitía sensación de estar alerta. La actividad de aquel chat fue reduciéndose posteriormente durante las horas más críticas de la emergencia.

Esos mensajes forman parte del material sobre el que los diputados pretendían obtener nuevas explicaciones. No son, por sí solos, una sentencia sobre la actuación de Mazón, pero sí añaden información a la reconstrucción de las horas en las que la Generalitat afrontaba una emergencia que terminaría convirtiéndose en una catástrofe.

La cifra judicial de víctimas mortales fue elevada en septiembre a 232 fallecidos. La magnitud humana explica que cada nueva comparecencia tenga una carga que desborda el procedimiento parlamentario. No se discute únicamente quién dijo qué en un despacho: detrás están cientos de familias, municipios arrasados y una secuencia de decisiones administrativas sometida desde hace casi dos años a un escrutinio minucioso.

Las principales asociaciones de víctimas han vuelto a movilizarse coincidiendo con las comparecencias en el Congreso. Mantienen sus reclamaciones de verdad, justicia y reparación y consideran insuficientes las explicaciones recibidas sobre la gestión de aquellas horas. Su indignación política no modifica los derechos jurídicos de ningún compareciente; esos derechos, a su vez, tampoco privan a las víctimas de exigir responsabilidades públicas.

Ese choque es quizá la parte más áspera del episodio. Desde la perspectiva de una familia que lleva casi dos años esperando respuestas, contemplar a un antiguo presidente autonómico sentado ante una comisión sin responder puede resultar frustrante. Desde la perspectiva constitucional, sin embargo, el dolor de las víctimas no permite eliminar garantías. Un Estado de derecho tiene que convivir con ambas realidades, incluso cuando esa convivencia resulta incómoda.

El silencio no borra las preguntas

El caso Mazón muestra una característica poco intuitiva de las comisiones de investigación españolas: el Parlamento posee instrumentos muy fuertes para conseguir que una persona se siente ante los diputados, pero su capacidad para obligarla a responder no es absoluta. La ley penal sanciona expresamente la incomparecencia y la mentira; la negativa a contestar plantea un escenario distinto, condicionado además por derechos constitucionales.

Eso explica por qué se permite una situación que puede parecer absurda a primera vista. No supone que la comisión pierda todo sentido. Los diputados pueden incorporar documentos, testimonios, comunicaciones, decisiones administrativas y declaraciones de otros responsables para construir sus conclusiones. Tampoco significa que el silencio sea políticamente neutro: cada grupo parlamentario y cada ciudadano puede valorarlo como considere, sin convertir esa valoración en una conclusión penal.

La responsabilidad política y la responsabilidad criminal caminan por carriles diferentes. Mazón puede invocar sus derechos y defender que no debe hablar mientras siga viva la investigación judicial. El Congreso puede continuar examinando su actuación. Las víctimas pueden seguir reclamando explicaciones. Y los tribunales tienen la última palabra únicamente sobre aquello que pertenece al terreno penal.

Casi dos años después de la riada, la causa continúa, las diligencias siguen acumulándose y buena parte de la reconstrucción política de aquellas horas permanece bajo discusión. El silencio de Mazón no responde a esas preguntas, pero tampoco puede utilizarse por sí solo como prueba de culpabilidad. Esa incómoda distancia entre lo que la sociedad quiere saber y lo que jurídicamente puede exigirse es, precisamente, el centro del caso.