¿Por qué Begoña Gómez irá a juicio con jurado popular por dos delitos?

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será juzgada por un jurado popular por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. El juez Juan Carlos Peinado ha dictado este 21 de septiembre de 2026 el auto de apertura de juicio oral, mientras que Cristina Álvarez, asesora de Gómez en La Moncloa, afrontará el procedimiento únicamente por presunta malversación.

La decisión significa que la causa supera la fase de instrucción y avanza hacia el juicio, pero no supone una declaración de culpabilidad. Gómez y Álvarez mantienen su inocencia y sus defensas reclaman la absolución. La Fiscalía también ha pedido la absolución, mientras que la acusación popular liderada por Hazte Oír mantiene su acusación y solicita penas de prisión.

Peinado abre de nuevo el juicio tras la corrección de la Audiencia

La noticia tiene un antecedente inmediato. Peinado ya había abierto juicio oral en junio, cuando situó a Gómez ante un posible proceso por cuatro delitos: tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. También acordó medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar España y comparecencias periódicas ante el juzgado.

La Audiencia Provincial de Madrid revisó posteriormente aquella decisión. En julio mantuvo abierta la vía del jurado por tráfico de influencias y malversación, pero dejó fuera corrupción en los negocios y apropiación indebida y anuló las medidas cautelares adoptadas entonces. Esa resolución obligó a recomponer el tramo final del procedimiento.

El resultado es el auto firmado ahora por Peinado. Esta vez el perímetro penal es bastante más estrecho: dos delitos para Gómez y uno para Álvarez. La investigación comenzó en abril de 2024 y ha atravesado durante más de dos años recursos, resoluciones de la Audiencia Provincial y distintas revisiones de las decisiones del instructor.

Qué se atribuye a Begoña Gómez

El núcleo del procedimiento reúne varias actuaciones relacionadas con la actividad profesional y académica de Gómez, especialmente su vinculación con una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid, el desarrollo de una herramienta informática asociada a ella, sus contactos relacionados con el empresario Juan Carlos Barrabés y el trabajo desarrollado por su asistente de Presidencia.

La Audiencia de Madrid consideró que existían indicios suficientes para continuar hacia el juicio por los dos delitos que permanecen en la causa, sin que eso anticipe el resultado final. Será durante la vista oral cuando las acusaciones y las defensas presenten y confronten las pruebas sobre los hechos que han llegado hasta el banquillo.

La cátedra, el software y la relación con Barrabés

Una parte de la causa gira alrededor de la creación y funcionamiento de la cátedra que Gómez codirigió en la Complutense. El procedimiento deberá determinar si su posición personal pudo resultar relevante en determinadas gestiones vinculadas con su actividad académica y profesional, una tesis sostenida por el instructor y discutida por la defensa y la Fiscalía.

Otro frente afecta al software desarrollado para la cátedra. La Audiencia descartó que los hechos debieran seguir adelante como apropiación indebida, aunque determinados aspectos relacionados con el uso de recursos permanecieron conectados a la investigación por presunta malversación.

También permanece en el expediente la relación con Juan Carlos Barrabés. El empresario, sin embargo, no forma parte de este juicio con jurado en los mismos términos que Gómez y Álvarez después de las sucesivas decisiones judiciales que fueron acotando el procedimiento.

Por qué Cristina Álvarez también llegará al juicio

Cristina Álvarez, asesora destinada en La Moncloa para asistir a Begoña Gómez, será juzgada por un presunto delito de malversación de caudales públicos. El juicio deberá examinar si parte de su trabajo, sufragado con fondos públicos, se utilizó para actividades privadas o profesionales ajenas a las funciones institucionales que tenía asignadas.

La Audiencia Provincial no mantuvo contra Álvarez el delito de tráfico de influencias. Su posición procesal queda por tanto centrada en la presunta malversación, un alcance más limitado que el manejado durante otras fases de la investigación.

Fiscalía y defensa sostienen que la conducta de Álvarez no constituye delito y reclaman su absolución. La acusación popular defiende la posición contraria. Será el juicio, con prueba practicada ante el tribunal y el jurado, el que determine qué versión queda acreditada.

Por qué el caso será juzgado por ciudadanos

Que el proceso vaya a celebrarse ante un jurado popular no depende de la notoriedad política de Begoña Gómez. La legislación española atribuye este sistema de enjuiciamiento a determinados delitos, entre ellos aquellos que forman parte de este procedimiento.

El juicio se desarrollará en el ámbito de la Audiencia Provincial de Madrid. Los miembros del jurado deberán pronunciarse sobre los hechos sometidos a su consideración mediante un veredicto, mientras que el magistrado-presidente será quien dicte posteriormente la sentencia conforme al resultado del proceso.

La referencia al jurado, por tanto, no es una etiqueta llamativa añadida al caso. Forma parte de la propia vía procesal seguida por los delitos que permanecen vivos después de que la Audiencia Provincial redujera el número de acusaciones.

Peinado no impone nuevas medidas cautelares

El nuevo auto introduce otra diferencia respecto a lo ocurrido en junio. Peinado no adopta nuevas medidas cautelares contra Gómez ni contra Álvarez. En la audiencia preliminar celebrada días antes tampoco se acordaron restricciones adicionales para las acusadas.

El juez sí ordena comprobar la capacidad económica de Begoña Gómez mediante los mecanismos judiciales correspondientes y recabar información tributaria ante las posibles responsabilidades económicas asociadas al procedimiento. Esa actuación, por sí sola, tampoco implica que vaya a existir una condena.

La resolución llega además pocos días antes de que Juan Carlos Peinado alcance la edad prevista para su jubilación. El magistrado deja así encauzado hacia el juicio uno de los procedimientos judiciales con mayor repercusión política y mediática de los últimos años.

El juicio decidirá lo que la instrucción solo ha planteado

A partir de este punto, el expediente avanzará hacia la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá organizar la celebración del juicio. Allí se practicarán las pruebas bajo contradicción de las partes y se examinarán las acusaciones que han sobrevivido a las distintas revisiones judiciales.

El escenario queda mucho más delimitado que meses atrás: Begoña Gómez será juzgada por presunto tráfico de influencias y malversación; Cristina Álvarez, por presunta malversación. Corrupción en los negocios y apropiación indebida han quedado fuera de esta pieza después de la intervención de la Audiencia Provincial.

Después de más de dos años de instrucción, la cuestión cambia de terreno. Ya no se tratará de decidir únicamente si existen indicios para continuar, sino de determinar, con la presunción de inocencia intacta y mediante las pruebas presentadas en el juicio, si los hechos atribuidos a las acusadas quedan acreditados y tienen responsabilidad penal.