¿Por qué genera polémica el origen de detenidos en Bilbao y Euskadi?

Un informe interno atribuido a la Policía Municipal de Bilbao ha colocado sobre la mesa un dato tan rotundo como delicado: durante 2025, los ciudadanos procedentes de Marruecos y Argelia habrían formado el grupo más numeroso entre las personas detenidas por la guardia urbana. La información difundida habla de 2.114 detenciones, correspondientes a 1.525 individuos diferentes, y atribuye 403 casos a ciudadanos marroquíes y 343 a argelinos.

El documento ha reavivado una discusión que llevaba meses hirviendo a fuego lento en Euskadi: si publicar la procedencia de los arrestados mejora la transparencia o, por el contrario, convierte una estadística policial en combustible para el prejuicio. Hay un elemento añadido, y no menor. Las cifras divulgadas no encajan matemáticamente con los porcentajes que las acompañan, de modo que cualquier conclusión tajante exige bastante más cautela de la que permiten algunos titulares.

El dato que ha reabierto el debate en Bilbao

Según la información publicada sobre el informe, las 2.114 detenciones practicadas por la Policía Municipal durante 2025 afectaron a 1.525 personas, ya que algunas fueron arrestadas más de una vez. De ese total, 403 serían ciudadanos marroquíes y 343 argelinos. Otros 420 aparecen clasificados como españoles o «autóctonos», un término bastante impreciso que tampoco aclara si se refiere al lugar de nacimiento, a la nacionalidad o a otro criterio administrativo.

La suma de marroquíes y argelinos alcanza las 746 personas. Es el grupo más numeroso de los mencionados, pero no representa el 53,3% de los 1.525 individuos incluidos en la estadística. Supone aproximadamente un 48,9%. Del mismo modo, 420 personas representan alrededor del 27,5%, no el 25,6% difundido.

No es una minucia de contable quisquilloso. Cuando un informe entra en un terreno tan inflamable como la relación entre inmigración y delincuencia, el denominador importa. Y mucho. Una diferencia de cuatro o cinco puntos porcentuales puede separar una mayoría absoluta de una proporción inferior a la mitad. El matiz no suele caber en una pancarta, claro, pero sí debería caber en una información seria.

Las cifras difundidas contienen una contradicción

La discrepancia puede obedecer a varias razones: un error al transcribir los datos, categorías adicionales que no han sido explicadas, porcentajes calculados sobre una muestra diferente o una confusión entre detenciones y personas detenidas. El problema es que el informe completo no se ha difundido públicamente con su metodología, sus tablas y sus definiciones. Queda, por tanto, una fotografía recortada.

Los porcentajes atribuidos al documento asignan un 28,6% a los marroquíes y un 24,9% a los argelinos. Sumados dan un 53,5%, aunque algunas publicaciones lo reducen al 53,3%. Sin embargo, los números absolutos ofrecidos —403 y 343— conducen a otro resultado cuando se comparan con las 1.525 personas contabilizadas.

Esta contradicción no invalida necesariamente todo el documento, pero sí impide presentar el porcentaje del 53% como una certeza cerrada. Falta conocer la base de cálculo, el tratamiento de las dobles nacionalidades, el significado exacto de «origen» y la clasificación empleada para quienes no pertenecen a ninguno de los tres grupos citados.

Una detención no equivale a una condena

Hay otra frontera que conviene dibujar con tinta gruesa. Una persona detenida no es automáticamente una persona condenada. La detención es una actuación policial sujeta después al control judicial; puede terminar en condena, absolución, archivo o incluso puesta en libertad sin cargos. Mezclar ambos conceptos es jurídicamente incorrecto y periodísticamente tramposo.

Tampoco puede identificarse el número de detenciones con el número de autores de delitos. Una misma persona puede aparecer varias veces, como ocurre en este caso. De ahí que las 2.114 actuaciones correspondan a 1.525 individuos. Utilizar el primer número para medir personas y el segundo para calcular episodios de delincuencia produciría un puré estadístico difícil de digerir.

El origen nacional, por sí solo, tampoco explica una conducta delictiva. Para interpretar una sobrerrepresentación habría que cruzar edad, sexo y situación laboral, además de pobreza, exclusión residencial, movilidad, reincidencia, población flotante y tipo de infracción. Sin ese contexto, la nacionalidad queda brillando bajo el foco mientras las demás variables permanecen en penumbra.

La multirreincidencia aparece como el problema central

El dato más útil del informe quizá no sea la procedencia, sino la reincidencia. De las 1.525 personas detenidas, 275 habrían pasado anteriormente por dependencias policiales, mientras que 1.250 no figuraban como reincidentes durante el periodo analizado. Es decir, una minoría relativamente pequeña concentra una parte relevante de la actividad policial.

Entre esos 275 reincidentes se contabilizarían 94 ciudadanos marroquíes y 84 argelinos. Juntos sumarían 178 casos, aproximadamente dos tercios del grupo. Este es un dato significativo, aunque vuelve a necesitar contexto: qué delitos cometieron, cuántas causas terminaron en condena, qué situación procesal mantenían y durante cuánto tiempo se midió la reiteración.

El documento atribuye a un ciudadano argelino 26 detenciones y 45 investigaciones policiales, hasta alcanzar 71 actuaciones. Pero detención e investigación tampoco son equivalentes. Una persona investigada puede no haber sido arrestada, del mismo modo que una actuación policial no supone necesariamente una nueva infracción confirmada judicialmente.

Aparece también un ciudadano marroquí con 19 detenciones y otros cuatro individuos —dos marroquíes, un argelino y un español— arrestados entre diez y veinte veces. Son cifras que retratan un problema conocido por policías, fiscales y jueces: un grupo reducido entra y sale repetidamente del sistema, mientras crece entre los vecinos la sensación de que la puerta de los juzgados funciona como un torno de metro.

Patrimonio, hurtos y reclamaciones judiciales

Las infracciones contra el patrimonio ocupan una parte destacada de la estadística. Cerca del 20% de las detenciones se habría producido por reclamaciones judiciales, mientras los hurtos representarían alrededor del 14% y los robos con violencia o intimidación, aproximadamente el 13%.

Los delitos contra la salud pública, los atentados contra agentes de la autoridad, las desobediencias graves y los casos de violencia de género rondarían individualmente el 5%. La fotografía, por tanto, no describe una sola modalidad delictiva ni permite asociar automáticamente una procedencia concreta con un delito determinado.

Conocer esa distribución es más útil para diseñar políticas de seguridad que limitarse a ordenar nacionalidades en una tabla. Permite decidir dónde reforzar patrullas, cómo abordar el pequeño hurto reiterado, qué coordinación necesitan los juzgados y de qué manera se actúa ante quienes acumulan decenas de expedientes.

Ayuntamiento y Gobierno vasco mantienen criterios distintos

La polémica no nace con este documento. La Ertzaintza comenzó en 2025 a incorporar el origen geográfico de las personas detenidas en determinadas comunicaciones, utilizando categorías amplias como magrebí, latinoamericano, europeo, asiático o subsahariano. El Gobierno vasco defendió que ofrecer información oficial podía evitar rumores y manipulaciones interesadas.

Bilbao tomó el camino contrario. El pleno municipal rechazó en enero de 2026 publicar habitualmente la nacionalidad o procedencia de los detenidos por la Policía Municipal. El Ejecutivo local, formado por PNV y PSE-EE, sostuvo que ese dato no explica las causas de la delincuencia y puede alimentar la estigmatización colectiva.

El PP defendió su difusión por razones de transparencia y análisis policial. EH Bildu respaldó la posición del Gobierno municipal, mientras Elkarrekin Bilbao se abstuvo. La discusión abrió incluso una grieta dentro del PNV: su presidente, Aitor Esteban, se mostró favorable a publicar esa información, frente al criterio mantenido por el Ayuntamiento que dirige Juan Mari Aburto.

El Ararteko examina la publicación del origen

El Ararteko, defensor del pueblo vasco, mantiene abierta una actuación sobre la decisión de la Ertzaintza de informar de la procedencia de los arrestados. Su responsable, Mikel Mancisidor, anunció que el informe estaría listo antes de las vacaciones de agosto de 2026.

La institución ya había advertido anteriormente del posible efecto estigmatizador de vincular en las comunicaciones públicas una intervención policial con el origen nacional. La cuestión no consiste únicamente en decidir si el dato se publica o se oculta; también importa cómo se presenta, con qué contexto, qué utilidad pública tiene y qué garantías evitan que una categoría estadística termine señalando a toda una comunidad.

Un dato sin método acaba convertido en eslogan

El informe atribuido a la Policía Municipal contiene información que merece ser conocida y examinada, particularmente sobre la multirreincidencia y la concentración de numerosas actuaciones en un grupo reducido. La transparencia no debería producir alergia institucional. Ocultar sistemáticamente los datos deja un hueco que otros llenan con rumores, exageraciones y cifras de procedencia misteriosa.

Pero publicar números sin metodología tampoco es transparencia. Es abrir una caja y entregar solo las piezas que más ruido hacen. En este caso, los porcentajes y las cantidades absolutas no coinciden, no se explica con precisión qué significa «origen» y se corre el riesgo de confundir detención, investigación y condena.

Bilbao tiene un problema real con determinados delincuentes reincidentes. También tiene una obligación democrática: combatirlo sin convertir a miles de vecinos que comparten nacionalidad con algunos detenidos en sospechosos por asociación. Ni silencio burocrático ni brochazo étnico. Datos completos, categorías claras y una política de seguridad que persiga conductas individuales, no pasaportes. Lo demás sirve para ganar una discusión. Para hacer una ciudad más segura, bastante menos.