¿Está España polarizada o estamos normalizando el odio y la violencia?

La brutal agresión sufrida por dos miembros de Asamblea Moza d’Asturies durante las fiestas de San Mateo de Oviedo ha abierto una discusión bastante más incómoda que la habitual sobre la polarización en España. No se trata solo de gente que piensa distinto, se insulta en redes sociales y vuelve a casa enfadada. Cinco jóvenes fueron detenidos, un sexto quedó identificado y la Policía Nacional atribuye a los seis un posible delito de odio; a cuatro de ellos, además, un delito de lesiones. Los hechos siguen bajo investigación judicial.

El episodio adquirió una segunda dimensión política después de las primeras declaraciones del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, quien se refirió inicialmente a lo ocurrido como una «anécdota» y afirmó que no creía que los presuntos agresores fueran «tan mala gente». Días después expresó su rechazo a la agresión y trasladó su apoyo a las víctimas. Entre una declaración y otra quedó flotando una cuestión incómoda: dónde termina la crispación política y dónde empieza algo distinto, la deshumanización del adversario y la tolerancia hacia la violencia.

Una paliza en Oviedo que desbordó la discusión política

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 11 de septiembre, en el inicio de las fiestas de San Mateo. Rubén Rosón y Jorge Fernández se encontraban en una caseta del colectivo Fiestes Populares cuando varios jóvenes arrancaron una pancarta contra el racismo y un faldón con la bandera arcoíris. Después llegó la agresión.

Las imágenes grabadas por personas que estaban en la zona ayudaron a identificar a los presuntos responsables. En ellas se observan puñetazos y patadas, incluso después de que las víctimas hubieran caído al suelo. Ambos tuvieron que ser atendidos en el Hospital Universitario Central de Asturias. La Policía Nacional encuadra la investigación en una posible motivación homófoba.

Los seis identificados pertenecen, según explicó el jefe superior de Policía en Asturias, al grupo ultra del Real Oviedo Symmachiarii. El responsable policial precisó, sin embargo, que la investigación no relaciona la motivación del ataque con la violencia deportiva, sino con un posible componente homófobo. También señaló que durante los hechos se pronunciaron expresiones que los investigadores sitúan en el ámbito de grupos de ultraderecha.

Los cinco detenidos quedaron posteriormente en libertad provisional. La jueza les atribuyó provisionalmente dos delitos de lesiones y un delito de odio y les prohibió comunicarse con las víctimas o acercarse a menos de 200 metros. Las defensas niegan que existiera un delito de odio o una motivación homófoba y sostienen otra interpretación de lo sucedido. La causa, por tanto, continúa abierta y será el procedimiento judicial el que determine las responsabilidades.

De «no son tan mala gente» a una polémica nacional

La agresión podría haber permanecido principalmente en el terreno policial y judicial. Las palabras de Canteli la empujaron hacia una discusión nacional. El alcalde había definido inicialmente el episodio como una «anécdota», habló de los sospechosos como «chavales jóvenes» y sostuvo que no creía que fueran «tan mala gente». Más tarde condenó cualquier forma de violencia «sin ningún tipo de matiz».

En ese contexto apareció la columna publicada por Silvia Cosio en Público bajo un título deliberadamente provocador: «Tu vecino no está polarizado, es que es mala gente». La autora utiliza la agresión para cuestionar que la palabra polarización pueda convertirse en una explicación cómoda para comportamientos que, a su juicio, superan ampliamente el desacuerdo ideológico. Esa es la tesis de la columnista, no un diagnóstico judicial ni una conclusión científica sobre el conjunto de la sociedad española.

El título funciona precisamente porque enfrenta dos lenguajes. «Polarización» suena analítico, casi clínico; «mala gente» pertenece directamente al terreno moral. Pero ambos planos no son equivalentes. Una sociedad puede estar profundamente polarizada sin que sus ciudadanos sean violentos, y una persona puede cometer una agresión por motivos ideológicos sin representar a millones de votantes que comparten algunas de sus ideas. La responsabilidad penal es individual.

Qué significa realmente que una sociedad esté polarizada

La ciencia política lleva años estudiando la llamada polarización afectiva. El concepto no se limita a medir cuánto se alejan unos programas electorales de otros; observa también hasta qué punto los ciudadanos desarrollan rechazo emocional hacia quienes pertenecen al bloque político contrario. El adversario deja entonces de ser simplemente alguien que se equivoca y empieza a percibirse como moralmente inferior, peligroso o difícil de aceptar como parte legítima de la comunidad política.

Una revisión académica publicada en 2026 describe la polarización española como un fenómeno complejo, con dimensiones ideológicas y afectivas, y señala la importancia que la literatura reciente concede a actores políticos, medios, redes sociales y conflictos identitarios. Otro estudio publicado por la Revista Española de Investigaciones Sociológicas encontró una asociación entre niveles crecientes de polarización afectiva y una mayor preferencia por opciones menos democráticas. Asociación no significa causalidad automática, pero el dato ayuda a comprender por qué este fenómeno interesa más allá de las broncas parlamentarias.

También importa el ecosistema informativo. Una investigación longitudinal que analizó elecciones generales españolas entre 1993 y 2023 encontró que una dieta mediática ideológicamente homogénea y determinadas pautas intensas de consumo televisivo se relacionaban, en algunos contextos electorales, con mayores niveles individuales de polarización afectiva. Dicho de forma menos académica: vivir siempre dentro de la misma habitación ideológica puede endurecer la percepción que tenemos del contrario.

Discrepar no es odiar y odiar no equivale automáticamente a delinquir

La distinción importa. Defender políticas migratorias opuestas, enfrentarse sobre impuestos, feminismo, lengua, memoria histórica o modelo territorial forma parte del conflicto democrático normal. Puede haber debates ásperos, incluso desagradables. Una democracia no exige que los ciudadanos se caigan bien ni que sus ideas resulten mutuamente aceptables.

Otra cosa es amenazar o agredir a alguien por su orientación sexual, origen, religión, ideología u otra característica protegida por la legislación. El salto entre la palabra y el puño no puede darse por supuesto: millones de ciudadanos mantienen opiniones radicalmente enfrentadas sin ejercer violencia. De igual manera, el hecho de que determinados discursos públicos puedan contribuir a un clima hostil no convierte automáticamente a quien los pronuncia en responsable penal de los actos posteriores de terceros.

Ahí aparece la parte difícil del debate. Entre considerar inocua cualquier retórica y atribuir a una frase concreta la responsabilidad por una agresión hay una enorme zona gris. Conviene distinguir responsabilidad política, responsabilidad moral y responsabilidad penal. Son categorías diferentes, aunque en la conversación pública se mezclen con una facilidad pasmosa.

Los delitos de odio alcanzaron un máximo en 2025

Hay un dato oficial que impide reducir el asunto a una simple pelea de tertulia. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron durante 2025 un total de 2.417 infracciones penales e incidentes de odio, un 23,6% más que en 2024 y la cifra más alta desde el inicio de la serie estadística en 2014. Racismo y xenofobia fueron la categoría más numerosa, con 934 hechos registrados.

Los números necesitan contexto. Reflejan hechos conocidos e investigados por las fuerzas de seguridad y no significan que España entera se haya convertido de repente en una sociedad violenta. Tampoco permiten repartir culpas colectivas entre ideologías, partidos o electorados. Sí muestran, en cambio, que los incidentes de odio constituyen un fenómeno real, medido de forma oficial y con una evolución que las instituciones siguen específicamente.

El mismo informe de Interior señala también un aumento de la presencia de menores: las víctimas menores crecieron un 17% y los autores menores de edad cerca de un 20%. Detrás de una estadística fría aparecen situaciones mucho más concretas: amenazas, lesiones, intimidaciones y personas que consideran haber sido atacadas por lo que son, por lo que representan o por el grupo al que pertenecen.

Cuando el adversario deja de ser un ciudadano

La columna que ha alimentado esta discusión lleva su argumento bastante más lejos. Cosio sostiene que determinados prejuicios cotidianos, silencios y expresiones aparentemente menores pueden contribuir a normalizar discursos extremistas. Vincula ese proceso con el fascismo y recurre a referencias históricas muy duras. Es su interpretación y debe leerse como tal: una columna de opinión, no como una descripción neutral de todos los ciudadanos que participan en debates políticos intensos.

La investigación académica emplea un lenguaje menos abrasivo. Habla de identificación partidista, emociones intergrupales, distancia ideológica y rechazo hacia partidos o electorados rivales. En España, los estudios han observado que los ciudadanos más polarizados afectivamente tienden a evaluar de forma especialmente negativa a las formaciones más alejadas de sus propias preferencias, aunque las actitudes dentro de cada bloque tampoco son homogéneas.

Ese matiz es importante porque impide convertir la polarización política en otra etiqueta totalizadora. Ni todos los votantes de una formación piensan igual ni las posiciones más radicales de un espacio político describen automáticamente a todo ese espacio. Reducir al adversario a una caricatura quizá dé buenos minutos de televisión; para entender una sociedad sirve bastante menos.

Oviedo obliga a mirar más allá de la palabra «polarización»

El caso de Oviedo concentra varias discusiones a la vez: una agresión investigada judicialmente, un posible delito de odio, declaraciones políticas que provocaron una fuerte controversia y un debate más amplio sobre la convivencia. Lo primero exige pruebas y garantías judiciales. Lo segundo, argumentos. Mezclar ambos niveles solo produce ruido.

La literatura académica reciente considera la polarización política y afectiva un fenómeno relevante en España, pero polarización no significa violencia. El caso de Oviedo tampoco permite extraer conclusiones sobre millones de ciudadanos a partir de los actos de un grupo reducido. Lo que sí permite es observar de cerca el momento en que un desacuerdo deja de ser una discusión política y entra en otro territorio, el de las amenazas, las lesiones o la posible discriminación penalmente relevante.

Por eso una frase como «tu vecino no está polarizado, es que es mala gente» puede circular con tanta fuerza y, a la vez, necesitar tantos matices. Es una provocación moral nacida de una columna de opinión. Los hechos comprobables son otros: hubo una agresión en Oviedo, cinco detenidos, seis investigados, víctimas atendidas en un hospital, una causa judicial abierta y una controversia pública que ha vuelto a colocar sobre la mesa una frontera esencial en cualquier democracia: discrepar con dureza es legítimo; agredir al discrepante no lo es.