¿Por qué España incumplirá el plan fiscal que pactó con Bruselas?

¿Puede un país crecer al 2,6%, batir récords de empleo y, aun así, suspender ante Bruselas? España lo va a conseguir este año. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el organismo que vigila las cuentas públicas, presentó este miércoles su informe sobre las líneas fundamentales de los presupuestos de 2027 con un titular incómodo: el déficit se irá al 2,8% del PIB y España incumplirá ya en 2026 la senda fiscal pactada con la Comisión Europea.

El matiz importa, y mucho: el problema no es que la economía vaya mal —va mejor de lo esperado—, sino que el gasto extraordinario se ha comido el margen. Y que la inflación, revisada al alza hasta el 3,6%, sigue corriendo más que los sueldos. Vamos por partes.

Qué es exactamente ese «plan fiscal» que España va a incumplir

Desde la reforma de las reglas fiscales europeas, cada país de la UE negocia con Bruselas un plan fiscal-estructural a medio plazo: una senda de gasto e ingresos que debe reducir el déficit y la deuda a un ritmo pactado. España presentó el suyo, y la Comisión lo validó. El incumplimiento que ahora certifica la AIReF no activa automáticamente sanciones —el nuevo marco es más flexible que el viejo Pacto de Estabilidad—, pero deja al Gobierno sin margen para presumir de ortodoxia fiscal justo cuando la economía se ha convertido en su mejor argumento electoral.

El cuadro macro que dibuja el informe tiene dos velocidades muy distintas:

Fuente: AIReF, informe de líneas fundamentales de los presupuestos 2027 · Noviembre de 2026

El agujero de la energía: por qué el déficit se ha disparado nueve décimas

Aquí está la clave del incumplimiento. La AIReF calcula que, sin el paquete de medidas extraordinarias aprobado por el Gobierno, el déficit de 2026 se quedaría en el 1,9% del PIB —holgadamente dentro de la senda pactada—. ¿Qué contiene ese paquete? Tres facturas imprevistas que nadie presupuestó hace un año:

• ✓La crisis energética por el conflicto en Oriente Medio: ayudas para amortiguar la subida de carburantes y electricidad, cuyo encarecimiento ha sido el principal motor de la inflación.
• ✓La reconstrucción tras la dana de Valencia, que sigue exigiendo desembolsos públicos un año después.
• ✓La crisis de Ceuta y el refuerzo de efectivos y medios en la frontera.

La presidenta de la AIReF, Inés Olóndriz, lo resumió con una frase que encierra la paradoja española: «la fortaleza de la economía española sigue basándose en un buen comportamiento de la demanda interna». Las medidas extraordinarias han funcionado —han neutralizado el impacto potencial de la crisis energética sobre el PIB y han contenido los precios entre una y cuatro décimas—, pero se pagan con déficit. Y el déficit es justo lo que Bruselas mira.

Inflación al 3,6% y salarios que no acompañan

El segundo aviso serio del informe tiene que ver con los bolsillos. La AIReF ha elevado tres décimas su previsión de inflación para 2026, hasta el 3,6%, y seis décimas la de 2027, hasta el 3%. Y Esther Gordo, directora de la división de Análisis Económico, advirtió de que incluso estas cifras podrían quedarse «cortas» y tocará volver a subirlas. El contexto europeo no ayuda: la inflación de la zona euro repuntó al 4% en octubre, empujada por un encarecimiento del 20,8% en carburantes y electricidad, aunque la subyacente se mantiene contenida en el 2,2%.

¿El problema para las familias? Que los sueldos no siguen el ritmo. Gordo fue explícita: la falta de actualización de la remuneración de los asalariados ha implicado un «deterioro de los salarios reales». Es decir, aunque el empleo crezca —y crece: la regularización de inmigrantes ha sumado unas 300.000 altas a la afiliación, según los cálculos del organismo—, cada nómina compra menos que hace un año. Poder adquisitivo perdido mientras el PIB se acelera: la fotografía incómoda de esta legislatura económica.

El mercado laboral aguanta: récord de afiliación pese al déficit

El contraste entre el suspenso fiscal y la salud del empleo es lo más llamativo del momento económico español. El mismo día que la AIReF presentaba su informe, el Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social publicaban los datos de octubre: más de 22,6 millones de ocupados, récord absoluto de la serie, con 784.587 afiliados más que hace un año. Octubre sumó más de 186.000 nuevas altas —el mejor mes de octubre registrado—, empujadas por el inicio del curso educativo y por la incorporación de trabajadores extranjeros: tres de cada cuatro nuevos cotizantes del último año son foráneos, un efecto directo de los procesos de regularización que la propia AIReF cuantifica en unas 300.000 altas administrativas.

El paro registrado subió en 43.000 personas por el fin de la temporada turística, pero se mantiene como la cifra más baja en un mes de octubre desde 2007. Y la calidad contractual sigue la estela de la reforma laboral: el 43,3% de los contratos firmados fueron indefinidos, frente a menos del 10% de antes de 2022. Con estos mimbres, la tasa de paro bajará al 10,1% este año y al 9,9% el próximo, según el organismo. El empleo, en definitiva, no es el problema: es lo que sostiene la demanda interna que elogió Olóndriz. El problema es que todo ese dinamismo no basta para tapar un déficit que vuelve a desviarse de la senda europea.

Productividad: el eslabón débil que condiciona la próxima década

El informe no se queda en el año que viene. Proyecta una desaceleración gradual hasta el 1,7% de crecimiento en 2031, a medida que los motores actuales —turismo extranjero, inversión final del plan de recuperación europeo, empuje demográfico de la inmigración— se vayan «mitigando». Lo que queda entonces es lo que España lleva años sin resolver: una productividad estancada que la propia Olóndriz calificó de «eslabón débil» de la economía.

De ahí que la AIReF pida algo más que recortes de gasto: pide medidas de ajuste estructurales que reconduzcan la senda fiscal sin ahogar una demanda interna que es, hoy por hoy, el principal activo del país. Traducido a decisiones concretas: revisar el gasto improductivo, mejorar la eficiencia de las administraciones y, sobre todo, no consolidar como permanentes unas medidas extraordinarias que nacieron para una crisis energética concreta.

Con elecciones generales el 29 de noviembre y unos presupuestos de 2027 todavía por presentar —el Gobierno lleva la legislatura completa sin aprobar cuentas nuevas—, el informe cae en plena campaña. Bruselas no va a multar a España mañana: el nuevo marco fiscal europeo funciona por sendas plurianuales y avisos progresivos, no por sanciones automáticas. Pero el vigilante de las cuentas ya ha dejado por escrito, con cifras y fecha, lo que el próximo Ejecutivo tendrá que corregir el lunes siguiente a las urnas. Crecer bien y gastar mejor: ese es el deber pendiente que resume el informe entero.