38 días, 36 toneladas de basura y 30 millones en pérdidas: el coste real de la acampada de Sol

36,2 toneladas de basura. Es lo que los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Madrid retiraron de la Puerta del Sol en las horas siguientes al desalojo de la acampada por la vivienda, en la madrugada del martes 3 de noviembre. La cifra tiene una lectura política inmediata —el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, la difundió en X pocas horas después de levantarse el asentamiento— y una comparación histórica demoledora: supone un 88,2% más de residuos que los recogidos durante el 15-M de 2011, la acampada que cambió la política española y que duró casi un mes en la misma plaza.

Con las tiendas ya fuera, Madrid ha empezado a pasar factura. Literalmente. La Comunidad cifra en 750.000 euros el impacto sobre Metro y en más de 30 millones las pérdidas del comercio del entorno. Y ha puesto en marcha dos vías judiciales para intentar que otros paguen: una querella ampliada contra el exdelegado del Gobierno, Francisco Martín, y un procedimiento de responsabilidad patrimonial contra la propia Delegación. Este es el desglose de los números y la explicación de por qué la protesta duró exactamente 38 días y no uno más.

Fuente: Ayuntamiento y Comunidad de Madrid · Datos del 3–4 de noviembre de 2026

Por qué el desalojo llegó el día 38 y no antes

La pregunta que flotaba en Madrid desde finales de septiembre —cuándo se iba a desalojar la plaza— dejó de tener sentido en la madrugada del martes. La Policía levantó el campamento sin graves incidentes, y el Gobierno defendió la operación con un argumento jurídico de fondo: el derecho de reunión «no es ilimitado». Es decir, que una concentración indefinida en el kilómetro cero de la red viaria española podía tolerarse hasta un punto, y ese punto se alcanzó cuando los problemas de salubridad y seguridad se acumularon.

La versión del Ejecutivo regional es justo la contraria en el tono, aunque parecida en el calendario de hechos. El portavoz autonómico, Miguel Ángel García Martín, resumió la posición de Sol con una frase afilada: la Puerta del Sol ha estado «secuestrada por una acampada ilegal durante 38 días porque ayer sí se podía desalojar y hace 38 días no«. La presidenta Isabel Díaz Ayuso fue más lejos y señaló directamente a Pedro Sánchez y al entonces delegado del Gobierno como «culpables, responsables del secuestro de este lugar público».

¿Por qué importa el matiz? Porque de él dependen las dos causas judiciales abiertas. Si el desalojo era jurídicamente posible antes, la Comunidad entiende que hubo «dejación de funciones» del exdelegado Francisco Martín —a cuya querella ya presentada sumará ahora los daños en Metro— y que la Delegación, como administración responsable del derecho de reunión, debe responder patrimonialmente de los gastos extra.

La factura del Metro: amoniaco bajo las tiendas

El capítulo más llamativo del balance no es económico, es olfativo. En octubre, Metro de Madrid se vio obligado a cerrar la estación de Sol durante algo más de 24 horas en fin de semana para higienizar los pozos de ventilación del suburbano, bloqueados bajo las tiendas de campaña y con una elevada concentración de amoniaco detectada por los técnicos. Orines, en cristiano. La imagen de la plaza por encima y los conductos de aire por debajo dio la medida de lo que 38 días de ocupación permanente suponen para una infraestructura que respira justo donde miles de personas acampan.

Los 750.000 euros que reclama la Comunidad incluyen dos conceptos: los ingresos perdidos por los 494.000 viajeros que dejaron de pasar por la estación durante la protesta, y los sobrecostes de refuerzos extraordinarios de seguridad y limpieza. El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García Gómez, añadió que la valoración definitiva de daños sigue abierta y que esperan que «quienes han liderado y se han hecho responsables de esa concentración ilegal respondan económicamente» del esfuerzo de devolver Sol a su estado anterior.

30 millones de pérdidas: el comercio del centro paga la parte más cara

El otro gran número del balance es el que no va a reclamarse a nadie por vía judicial, de momento: los más de 30 millones de euros en pérdidas que Almeida atribuye al comercio de la zona. La cifra sale de las asociaciones de comerciantes del entorno de Sol, Gran Vía y calles aledañas, que llevan semanas documentando caídas de ventas en tiendas, restauración y ocio. Almeida la encuadró políticamente como «una nueva factura del sanchismo en Madrid», pero el dato de fondo es estructural: una acampada permanente en el corazón comercial de la ciudad durante más de un mes desplaza clientes, complica la logística de reparto y degrada la experiencia de la zona más visitada de España.

El Ayuntamiento también asumirá costes propios: la recogida excepcional de desechos, la limpieza a fondo de la plaza y los refuerzos policiales municipales de estas semanas. Nadie ha cifrado todavía ese capítulo, que se sumará al total cuando se cierren las cuentas.

Qué queda de la protesta por la vivienda

Conviene recordar de qué iba todo esto. La acampada nació como una protesta por el precio de la vivienda —el mismo tema que ha llevado al Gobierno a aprobar medidas extraordinarias y a la oposición a exigir un cambio de rumbo— y llegó a congregar a miles de personas en sus momentos punta. Sus promotores defendían que la emergencia habitacional justifica ocupar el espacio público el tiempo que haga falta; las instituciones madrileñas sostienen que ninguna causa convierte una acampada indefinida en legal. Entre medias quedó un vecindario —el de Sol y alrededores— que durante más de un mes convivió con tiendas de campaña bajo sus ventanas y que ahora asiste, entre aliviado y escéptico, al desfile de cifras.

La comparación con el 15-M volverá una y otra vez en los próximos días, y merece un aviso: aquello fue un movimiento que, con más participantes y menos días de ocupación, generó la mitad de residuos y desembocó en cambios políticos de fondo —nuevos partidos, nuevas formas de movilización—. La acampada de 2026, en cambio, se va sin un logro concreto que reivindicar y con una factura que otros deberán pagar. El debate sobre la vivienda seguirá en campaña y en los tribunales; la basura ya está pesada y contabilizada.

Tres días después del desalojo, el debate de fondo sigue intacto y la batalla se ha trasladado a los tribunales: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid debe pronunciarse sobre el recurso por «inacción» de la Delegación, y la reclamación patrimonial acaba de empezar a rodar. Mientras, la Puerta del Sol recupera su normalidad de siempre —mascletás turísticas, estatuas vivas y obras eternas— con una certeza nueva: la próxima vez que alguien plantee una acampada indefinida en el centro de Madrid, las administraciones ya tienen un argumentario de cifras listo para contestar. 36 toneladas, 750.000 euros, 30 millones. Los números también protestan.