¿Qué denuncia HazteOír contra Gallardo por el amigo de David Sánchez?

La situación judicial de Miguel Ángel Gallardo suma un nuevo frente. HazteOír ha presentado este 17 de septiembre una denuncia por presunta prevaricación administrativa contra el expresidente de la Diputación de Badajoz por su posible intervención en la creación y provisión de la plaza que acabó ocupando Luis María Carrero, amigo y colaborador de David Sánchez. La denuncia no equivale a una condena ni presupone que el delito esté probado: abre una vía distinta sobre unos hechos concretos que quedaron fuera del juicio principal.

Ahí está el matiz que cambia el escenario. La Audiencia Provincial de Badajoz no juzgó la eventual responsabilidad de Gallardo por la plaza de Carrero porque el entonces presidente de la Diputación no había sido investigado durante la instrucción por ese episodio específico. El tribunal dejó expresamente abierta la posibilidad de ejercitar acciones por separado, una puerta procesal que HazteOír ha decidido utilizar.

Qué denuncia HazteOír contra Miguel Ángel Gallardo

La nueva denuncia pone el foco en la creación y posterior cobertura del puesto que terminó ocupando Luis María Carrero en la Diputación de Badajoz. HazteOír sostiene que Gallardo pudo tener responsabilidad administrativa en aquel procedimiento y pide que se investigue si se adoptaron decisiones contrarias a derecho de manera consciente, elemento central para apreciar un posible delito de prevaricación administrativa. De momento, es una tesis de la parte denunciante que tendrá que ser examinada judicialmente.

La asociación afirma que la competencia para crear el puesto correspondía al pleno de la Diputación, que Gallardo presidía, y que no se trataba de una facultad susceptible de delegación. Añade que la provisión se ejerció mediante una delegación del propio presidente, quien, según la denuncia, conservaba la posibilidad de revocarla o asumirla directamente y el derecho a recibir información sobre su ejercicio.

HazteOír incorpora además otro elemento a su argumentación: sostiene que el puesto fue cubierto con urgencia y sin concurrencia y que acabó beneficiando a Carrero, persona próxima a David Sánchez y vinculada a los proyectos desarrollados por este dentro de la institución provincial. La organización interpreta esa secuencia como un indicio de posible irregularidad. Que esa actuación alcance relevancia penal respecto de Gallardo es precisamente lo que está por determinar.

Por qué la plaza de Luis Carrero vuelve al primer plano

Carrero no aparece por primera vez en este asunto. Fue uno de los once acusados juzgados por la Audiencia Provincial de Badajoz en el procedimiento relativo a la contratación de David Sánchez y a distintas decisiones adoptadas posteriormente dentro de la Diputación.

La sentencia dictada el 14 de julio condenó a David Sánchez a nueve años de inhabilitación como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa y lo absolvió del delito de tráfico de influencias. A Gallardo le impuso 18 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación administrativa. El fallo no es firme y puede ser revisado en vía de recurso.

La resolución también abordó la situación de Carrero. El tribunal consideró dentro del procedimiento juzgado que existieron actuaciones arbitrarias relacionadas con las plazas y describió el puesto ocupado por el amigo de David Sánchez como un empleo de nueva creación con problemas respecto a la definición efectiva de sus funciones. La sentencia llegó a referirse a esa plaza como “huérfana de funciones”.

Eso, sin embargo, no supone automáticamente que Gallardo haya sido condenado por su participación concreta en la creación de la plaza de Carrero. Ese episodio quedó fuera del objeto del primer juicio respecto del expresidente provincial debido a una cuestión de garantías procesales. Y justamente ese hueco es el que trata de ocupar la nueva denuncia.

El límite procesal que abre una causa diferente

El detalle puede parecer una filigrana jurídica, pero es fundamental. Nadie puede ser condenado por unos hechos concretos sin haber conocido previamente la acusación y haber tenido la posibilidad real de defenderse frente a ella. Gallardo había sido investigado y juzgado por otras actuaciones relacionadas con el caso, pero no por su posible responsabilidad específica en el procedimiento relativo a la plaza de Carrero.

La Audiencia dejó ese bloque fuera y reservó expresamente la posibilidad de emprender acciones independientes. HazteOír ha pasado de esa posibilidad a una denuncia formal. Manos Limpias también ha anunciado actuaciones sobre este mismo episodio, aunque cada iniciativa tendrá su propio recorrido procesal.

Qué relación tenía Luis Carrero con David Sánchez

Luis María Carrero era amigo personal de David Sánchez y terminó ocupando un puesto vinculado a la coordinación de actividades transfronterizas dentro de la Diputación de Badajoz. Su contratación y el funcionamiento posterior del puesto formaron parte del material analizado durante el procedimiento judicial.

Durante el juicio, David Sánchez negó haber intervenido para favorecer la incorporación de su amigo y rechazó haber ejercido influencias sobre la administración provincial. También negó que hubiera participado irregularmente en la creación o adjudicación de su propia plaza. El tribunal, sin embargo, acabó apreciando prevaricación administrativa en el conjunto de actuaciones que sí fueron objeto del proceso.

Uno de los elementos examinados fue un correo electrónico de octubre de 2023 que despertó dudas sobre el conocimiento previo que David Sánchez podía tener acerca de la plaza destinada a Carrero. Durante su declaración sostuvo que se produjo un malentendido: explicó que había escuchado que Cultura recibiría un refuerzo, que avisó a su amigo para que estuviera atento y que posteriormente interpretó de manera equivocada que la plaza ya había sido adjudicada.

Gallardo también rechazó durante el procedimiento haber participado en ningún amaño. Frente a las versiones de las defensas, la sentencia terminó considerando probada la existencia de decisiones administrativas arbitrarias en los hechos que sí llegaron a juicio. La diferencia entre una sospecha, un indicio, una acusación y un hecho declarado probado es especialmente importante aquí: la nueva denuncia sobre Carrero comienza su propio recorrido y no hereda automáticamente las conclusiones penales de la causa anterior.

La denuncia llega mientras se recurre la sentencia anterior

El nuevo frente coincide con otra batalla judicial: los recursos contra la sentencia de julio. HazteOír ha recurrido porque considera que la Audiencia debió apreciar también un delito de tráfico de influencias, del que los acusados fueron absueltos.

La asociación pide en apelación seis años de prisión para David Sánchez y más de veinte años de inhabilitación. Para Gallardo reclama cuatro años de cárcel y 19 años de inhabilitación. También solicita penas de prisión para Carrero y otros condenados. Se trata, conviene subrayarlo, de las pretensiones de una acusación popular, no de penas impuestas actualmente por una sentencia firme.

La Audiencia descartó en julio el delito de tráfico de influencias al considerar que las acusaciones no habían acreditado los hechos concretos que permitirían apreciar esas influencias ni quién las habría ejercido o recibido. Sí consideró acreditada la prevaricación administrativa en los hechos sometidos a juicio.

La condena contra Gallardo asciende a 18 años de inhabilitación, nueve por cada uno de los dos delitos de prevaricación apreciados por el tribunal. Su defensa ha discutido también el alcance que debe tener esa inhabilitación y ha pedido que se circunscriba a determinados cargos relacionados con la Diputación de Badajoz.

Qué puede ocurrir con la nueva denuncia

Presentar una denuncia no significa que vaya a existir automáticamente un nuevo juicio. El primer paso será determinar si los hechos descritos justifican la apertura de diligencias y qué órgano resulta competente para investigarlos. Después habrá que comprobar si existen indicios suficientes de una conducta penalmente relevante atribuible a Gallardo.

También será importante delimitar con precisión qué decisiones adoptó personalmente el entonces presidente provincial, cuáles correspondieron a otros órganos y qué margen tenía sobre la creación, delegación y provisión de la plaza. En delitos administrativos, ese reparto competencial no es un detalle decorativo; puede ser la diferencia entre una irregularidad, una decisión discutible y una actuación penalmente perseguible.

Gallardo mantiene respecto de estos nuevos hechos su presunción de inocencia y todos sus derechos de defensa. La denuncia de HazteOír ofrece una versión y una calificación jurídica que deberán contrastarse con el expediente administrativo, las competencias de cada responsable, la documentación disponible y, llegado el caso, las declaraciones de quienes participaron en el procedimiento.

La plaza de Carrero vuelve al centro del caso

La nueva denuncia contra Miguel Ángel Gallardo no altera por sí sola la condena dictada en julio ni acredita una nueva prevaricación. Lo que hace es colocar ante la Justicia una pieza que quedó fuera del primer juicio por una cuestión de garantías procesales: quién decidió y cómo se creó la plaza posteriormente ocupada por Luis María Carrero y qué intervención tuvo en ese proceso el entonces presidente de la Diputación.

El caso original, mientras tanto, tampoco está definitivamente cerrado. La condena de David Sánchez, Gallardo, Carrero y otros procesados no es firme, y las partes están utilizando las vías de recurso previstas por la ley. Al mismo tiempo, las acusaciones populares intentan que determinados episodios que quedaron fuera del procedimiento inicial sean examinados de forma separada.

La plaza de Carrero, que durante buena parte del proceso parecía una pieza secundaria dentro de un expediente enorme, vuelve así al centro del tablero judicial. Esta vez la cuestión es más concreta: determinar si la intervención de Miguel Ángel Gallardo en ese procedimiento merece una investigación penal propia y, en caso afirmativo, qué responsabilidad puede atribuírsele. Hasta que los tribunales avancen en esa nueva vía, esa responsabilidad sigue siendo una acusación pendiente de probar.