El indulto que solicita Netanyahu abre un pulso político y judicial

Benjamín Netanyahu ha pedido al presidente de Israel, Isaac Herzog, que le conceda un indulto y ponga fin a los procedimientos penales que afronta por tres causas relacionadas con corrupción, fraude, abuso de confianza y soborno. El primer ministro sostiene que el juicio consume tiempo y atención que debería dedicar a gobernar, y que su continuidad agrava las divisiones internas. La solicitud, presentada a través de su abogado el 30 de noviembre de 2025, no incluye una admisión de culpabilidad ni el compromiso de abandonar la política.

Herzog no ha concedido el perdón por el mero hecho de recibir la petición. La Presidencia la calificó de extraordinaria y la remitió al Departamento de Indultos del Ministerio de Justicia, que debe recabar valoraciones antes de que el asesor legal presidencial formule una opinión. Después decidirá el jefe del Estado. Mientras ese trámite se desarrolla, la petición no equivale a una absolución ni implica por sí sola que el juicio quede suspendido; el desenlace puede ser una concesión, un rechazo o una fórmula con condiciones.

El argumento de Netanyahu: gobernar sin el juicio como telón de fondo

En el escrito, el equipo legal de Netanyahu presenta el proceso penal como un perjuicio para el interés general. Alega que las audiencias alimentan las disputas entre sectores de la sociedad y desplazan de la agenda nacional cuestiones políticas y de seguridad. Sus abogados sostienen que el primer ministro debería concentrar su tiempo y sus energías en la dirección del país, especialmente después de años marcados por conflictos y tensiones regionales. La idea central de la petición es que cerrar el proceso beneficiaría al Estado, no solo al acusado.

Para apoyar ese planteamiento, la carta menciona la gestión de varios frentes que Israel ha afrontado, entre ellos la ofensiva en Gaza tras los ataques del 7 de octubre, las operaciones relacionadas con Líbano y Yemen, la guerra con Irán y las tensiones con Siria. El argumento no resuelve, sin embargo, la cuestión judicial: explica por qué Netanyahu quiere acabar ahora con el proceso, pero no determina si corresponde concederle clemencia. La carga política de gobernar y la responsabilidad penal son planos distintos, aunque en este caso se hayan convertido en parte de la misma controversia.

La solicitud supone además un cambio de estrategia pública. Durante años, Netanyahu defendió que quería demostrar su inocencia en los tribunales. Ahora pide que el procedimiento termine mediante una decisión presidencial, antes de que los jueces se pronuncien sobre el fondo de las acusaciones. El texto mantiene que su interés personal sería continuar el juicio convencido de que será absuelto, pero afirma que el interés público exige cerrarlo. La petición presenta así el abandono del juicio como un sacrificio personal, sin que eso signifique que el primer ministro acepte los cargos.

La intervención de Trump y el peso de la presión política

La iniciativa de Netanyahu llegó después de que Donald Trump pidiera a Herzog que lo indultara. El presidente estadounidense ya había defendido esa posibilidad durante una visita a Israel y, en noviembre, envió una carta al jefe del Estado. La petición del primer ministro alude a esa misiva, que respaldaba su papel al frente del país. El apoyo de Trump ha dado visibilidad internacional al asunto, aunque la facultad de decidir corresponde a las instituciones israelíes, no al Gobierno de Estados Unidos.

La presión exterior complica la lectura del expediente. Para los partidarios de Netanyahu, el respaldo de un aliado importante refuerza el argumento de que el juicio obstaculiza la gestión de una etapa especialmente exigente. Para sus críticos, la intervención de un mandatario extranjero puede parecer un intento de influir en una decisión que debería evaluarse con criterios legales e institucionales propios. La carta de Trump no sustituye los informes del Ministerio de Justicia ni determina el criterio de Herzog: es un factor político, no una resolución jurídica.

Netanyahu también ha descrito públicamente el proceso como una persecución política, mientras que sus opositores rechazan esa caracterización y consideran que la petición no debe servir para eludir el juicio. La diferencia no es menor: si la solicitud se examina como un recurso excepcional por razones de interés público, el debate se centra en las circunstancias del país; si se interpreta como un atajo para un dirigente en ejercicio, la discusión pasa a la igualdad ante la ley. La controversia está en qué peso debe tener la posición del primer ministro al valorar una gracia individual.

Tres causas distintas bajo un mismo proceso

La primera causa, conocida como caso 1000, se refiere a regalos que Netanyahu habría recibido del empresario y productor de Hollywood Arnon Milchan. La acusación sostiene que esos obsequios pudieron estar relacionados con favores políticos; la defensa niega que existiera un intercambio ilícito. Entre los elementos mencionados en el proceso figuran regalos para el entorno familiar, incluido un muñeco de Bugs Bunny. La disputa gira en torno a si fueron obsequios personales o parte de una relación con consecuencias políticas.

El caso 2000 se centra en conversaciones entre Netanyahu y Arnon Noni Mozes, editor de Yedioth Ahronoth. La acusación sostiene que se habló de una cobertura más favorable para el primer ministro a cambio de medidas que podían perjudicar a un medio competidor, Israel Hayom. Netanyahu niega haber cometido un delito y presenta esas conversaciones como parte de contactos políticos. El núcleo de esta causa es la posible relación entre decisiones públicas y trato mediático, no una condena ya establecida.

La tercera causa, el caso 4000, está vinculada a Shaul Elovich, empresario que controlaba la compañía de telecomunicaciones Bezeq y el portal Walla News. La Fiscalía atribuye a Netanyahu, durante su etapa como ministro de Comunicación entre 2015 y 2017, haber favorecido a Elovich mediante decisiones regulatorias a cambio de una cobertura favorable. Es la causa en la que se formula la acusación de soborno. La defensa rechaza esa interpretación y sostiene que las decisiones respondían a criterios legítimos. Las tres causas contienen acusaciones que deben resolverse en los tribunales y no equivalen a hechos probados.

Netanyahu es el primer jefe de Gobierno en la historia de Israel procesado mientras permanece en el cargo. Esa singularidad añade una dimensión institucional al juicio, pero no altera por sí misma la presunción de inocencia ni elimina la necesidad de que el proceso siga su curso. El caso comenzó en 2020 y ha avanzado con aplazamientos y cambios en el calendario. La información difundida sobre la petición también señalaba que el primer ministro debía comparecer con frecuencia, hasta tres veces por semana. Ese calendario es una de las razones prácticas que su equipo invoca para pedir el cierre del proceso.

Qué ocurre ahora con la solicitud

La Presidencia trasladó el expediente al Departamento de Indultos del Ministerio de Justicia. Ese organismo debe reunir opiniones de las autoridades pertinentes y preparar el material que permita valorar la petición. Después, las conclusiones se remiten al asesor legal de Herzog, que elabora su criterio antes de que el presidente adopte una decisión. El proceso, por tanto, no se reduce a una respuesta inmediata del jefe del Estado: incluye una evaluación administrativa y jurídica previa.

La oficina presidencial ha reconocido el carácter excepcional del caso y ha dicho que lo examinará con responsabilidad. Esa formulación no anticipa cuál será el resultado. Tampoco existe en la información disponible un plazo concreto para resolver la petición. La complejidad deriva de que se pide clemencia para un primer ministro en funciones antes de que haya una sentencia, y sin una admisión de responsabilidad o una retirada de la vida pública. La ausencia de esos elementos hace que el caso se aparte del patrón ordinario de un indulto tras una condena.

Hasta que haya una decisión que cambie formalmente la situación, el juicio y la solicitud presidencial son procedimientos distintos. Pedir el indulto no borra las acusaciones, no prueba la inocencia y tampoco constituye una declaración de culpabilidad. Si Herzog rechazara la petición, el proceso penal podría continuar por la vía judicial; si la aceptara, habría que conocer el alcance exacto de la medida y sus condiciones. El efecto concreto dependerá del contenido de la resolución, no solo del anuncio de que se ha solicitado.

El poder presidencial y los límites de la clemencia

La legislación israelí reconoce al presidente la facultad de conceder indultos y reducir o conmutar penas. En la práctica, la clemencia se ha utilizado sobre todo después de una condena y no como una vía alternativa para detener un juicio en curso. Por eso, el caso de Netanyahu plantea una pregunta de fondo: hasta dónde puede llegar una atribución presidencial cuando se invoca el interés público antes de que exista un veredicto. El poder de indultar existe, pero su aplicación en estas circunstancias es excepcional.

El indulto tampoco es lo mismo que una amnistía. La clemencia presidencial se refiere a una persona y depende del presidente; una amnistía tiene alcance general y corresponde a la Knéset mediante una ley. Dentro del poder de gracia puede haber medidas totales, parciales o sujetas a condiciones, mientras que la conmutación modifica una pena. Distinguir estas figuras importa porque la petición de Netanyahu no plantea una regla general para todos los acusados, sino una decisión sobre su situación. La naturaleza individual del indulto no elimina el impacto público de concederlo.

El artículo original sobre el caso recuerda que el Tribunal Supremo israelí aceptó en 1986 la posibilidad de un indulto preventivo en el asunto conocido como caso del autobús 300. Ese precedente se refería a circunstancias particulares y a funcionarios que asumieron hechos y dejaron sus cargos. La comparación con Netanyahu tiene límites: él continúa como primer ministro, no admite culpabilidad y pide que se cierre un juicio abierto. El precedente demuestra que el perdón previo a una condena no es inconcebible, pero no establece que deba concederse en este caso.

También existe un mecanismo de contrafirma ministerial en los documentos de clemencia, una práctica que vincula la decisión presidencial con la responsabilidad del Gobierno. En este expediente, la posición del ministro de Justicia, Yariv Levin, puede adquirir relevancia si la solicitud avanza. La función de esa firma no convierte automáticamente al ministro en quien decide el indulto, pero sí añade una instancia política y jurídica al trámite. La posible participación de un ministro aliado de Netanyahu puede alimentar el debate sobre la independencia del procedimiento.

Qué puede pasar: concesión, rechazo o condiciones

Una concesión total pondría fin a los procedimientos en los términos que estableciera el acto presidencial. La consecuencia política, sin embargo, dependería de si el perdón se otorga sin condiciones o exige algún reconocimiento de responsabilidad, una renuncia a la vida pública u otra fórmula. Una medida sin admisión de culpa ni retirada de Netanyahu sería especialmente controvertida porque se apartaría de los rasgos asociados a los precedentes preventivos citados en la información disponible. El cierre judicial no cerraría necesariamente la discusión sobre la legitimidad del indulto.

El rechazo mantendría el asunto en los tribunales y dejaría a Netanyahu expuesto a las consecuencias políticas de un proceso que su equipo considera perjudicial para la gestión del Gobierno. La oposición podría presentarlo como una defensa de la igualdad ante la ley, mientras que los aliados del primer ministro podrían insistir en que el juicio responde a una persecución. En ese escenario, el calendario de audiencias y la capacidad del Gobierno para sostener su agenda seguirían entrelazados. Un no presidencial no resolvería las acusaciones: devolvería el centro de gravedad a los jueces.

La opción intermedia consistiría en una concesión condicionada o de alcance limitado. Podría exigir que Netanyahu asumiera responsabilidades políticas o personales, aunque la información disponible no permite afirmar qué condiciones concretas impondría Herzog. Otra posibilidad sería una medida parcial, en lugar de cerrar de forma completa las causas. Cualquiera de estas fórmulas tendría que especificar qué ocurre con el juicio y qué obligaciones recaen sobre el beneficiario. La palabra indulto no describe por sí sola un resultado único.

La decisión presidencial podría además ser impugnada si se alegara que el procedimiento fue arbitrario o que se apartó de las reglas aplicables. La revisión judicial no supone que los tribunales sustituyan automáticamente el criterio de Herzog, pero abre la posibilidad de un nuevo litigio sobre los límites de su actuación. Ese eventual control no está garantizado ni permite anticipar un resultado. Incluso una decisión final de clemencia podría convertirse en el comienzo de otra disputa institucional.

Una decisión que rebasa la situación personal del primer ministro

La oposición ha rechazado que Netanyahu reciba el indulto sin asumir responsabilidad ni abandonar la política. Yair Lapid ha vinculado su concesión a una confesión de culpabilidad y a la retirada inmediata de la vida pública, mientras que Yair Golan ha defendido que el primer ministro responda por sus actos. Esas posiciones son políticas, no requisitos legales automáticos, pero muestran por qué la petición ha dividido a los partidos. Para los críticos, el modo de terminar el juicio importa tanto como su resultado.

El debate también se cruza con las controversias previas sobre la independencia judicial y la reforma promovida por el Gobierno de Netanyahu, que generó una fuerte disputa sobre el equilibrio entre poderes. En ese contexto, una clemencia excepcional para el jefe del Ejecutivo podría ser vista por sus detractores como una señal de debilitamiento de los controles institucionales. Sus partidarios, en cambio, pueden defenderla como una decisión legítima ante una situación nacional extraordinaria. La misma medida puede presentarse como un gesto de reconciliación o como un privilegio difícil de justificar.

Para Netanyahu, conseguir el perdón supondría librarse del juicio, pero no garantizaría que desaparecieran las críticas ni que se redujera la polarización. Si la petición fuera rechazada, tendría que continuar defendiendo su posición en los tribunales y en la arena política. Herzog debe ponderar, por tanto, una solicitud individual cuyas consecuencias afectan a la credibilidad de la Presidencia, la independencia judicial y la percepción de que las reglas se aplican también a quienes gobiernan. El desenlace medirá hasta dónde puede llegar la clemencia sin convertirse en sustituto de la justicia.