Murió trabajando durante la DANA: ¿por qué la empresa quedó sin multa?

La muerte de Luis Ángel Sáiz Rodríguez, trabajador de mantenimiento de carreteras fallecido durante la DANA del 29 de octubre de 2024 en Valencia, terminó inicialmente con una sanción de 60.000 euros contra la UTE para la que trabajaba. La Inspección de Trabajo consideró que había existido una infracción muy grave porque la empresa no habría adoptado medidas preventivas suficientes ante un riesgo que calificó de grave e inminente. Pero aquella multa nunca llegó a consolidarse: en octubre de 2025, la Dirección General de Trabajo de la Generalitat Valenciana la dejó sin efecto al aceptar que lo sucedido no podía haberse previsto o evitado en los términos exigibles a la empresa.

El asunto, sin embargo, está lejos de haberse cerrado. En septiembre de 2026, la Fiscalía Provincial de Valencia investiga la anulación de esta y otras sanciones laborales relacionadas con la DANA y ha reclamado los expedientes administrativos. El Ministerio Público estudia si esas decisiones pueden encajar en un posible delito de prevaricación administrativa; por el momento se trata de una investigación, no de una condena ni de una declaración judicial de culpabilidad.

Una jornada que acabó en la A-3

Luis tenía 45 años, era oficial de primera y llevaba alrededor de dos décadas trabajando en la revisión de incidencias en carreteras y puentes. Formaba parte de UTE Conservación Valenciana, integrada por Eiffage y Opain y dedicada al mantenimiento de carreteras por concesión del Ministerio de Transportes. Aquella mañana comenzó su jornada a las siete. Su horario ordinario terminaba a las tres de la tarde.

A las 7.36 horas, Aemet había situado zonas de Valencia bajo aviso rojo por lluvias. El día fue deteriorándose, las carreteras comenzaron a acumular problemas y los equipos de conservación siguieron desplegados. Según las declaraciones recogidas posteriormente por la Inspección de Trabajo, a los empleados se les trasladó que desempeñaban un servicio esencial. El acta inspectora señaló, sin embargo, que no constaban medidas preventivas especiales ni una información específica adaptada al peligro meteorológico que estaban afrontando.

Luis no se marchó a las tres. Continuó prestando servicio y fichó la salida a las 17.50 horas. La empresa sostuvo después que aquellas horas extraordinarias habían sido voluntarias. Su familia rechaza esa versión y el propio expediente de Inspección recogió que se desconocía la razón concreta por la que permaneció trabajando después de finalizar su horario ordinario.

Ese detalle aparentemente administrativo —unas horas más en una nómina— acabó teniendo una enorme importancia. Cuando la riada golpeó con toda su violencia, Luis seguía en carretera.

El atasco, el agua y una última llamada

Sobre las siete y media de la tarde habló con su madre. Le dijo que no le esperaran para cenar porque estaba atrapado en un atasco enorme. Aproximadamente una hora después se comunicó con un compañero y explicó que se encontraba bloqueado en la A-3, a la altura de Chiva, con agua en la autovía y muy agobiado. Después dejó de responder al teléfono.

La furgoneta de la empresa fue localizada al día siguiente. Luis no estaba dentro. Dos días después de la riada, un grupo de amigos salió a buscarlo y encontró su cuerpo a unos 200 metros del vehículo, según el relato recogido en la investigación y en la documentación aportada por la familia.

Su madre, Cristina Rodríguez, sostiene desde entonces que aquel fallecimiento no puede explicarse únicamente como una consecuencia inevitable de la catástrofe. La familia ha iniciado distintas vías judiciales para determinar si las decisiones adoptadas en el trabajo expusieron a Luis a un peligro que podía haberse reducido o evitado.

Lo que concluyó la Inspección de Trabajo

La primera conclusión administrativa fue especialmente severa. En abril de 2025, la Inspección propuso sancionar a UTE Conservación Valenciana con 60.000 euros por una infracción calificada como muy grave. También se tramitaron expedientes por lo ocurrido durante la DANA contra otras entidades y empresas, entre ellas À Punt, Baxter SL y Plastic 7A SL.

La posición del inspector separaba dos asuntos que, aunque parezcan lo mismo, jurídicamente no lo son. La DANA constituía el fenómeno natural que había generado el peligro. Otra cuestión era determinar si la organización empresarial había reaccionado adecuadamente ante ese peligro.

Según el acta inspectora, la causa relevante desde el punto de vista preventivo había sido la imprevisión de la empresa, al no tomar en consideración el riesgo grave e inminente que afrontaba el trabajador ni adoptar las medidas necesarias para protegerlo.

La legislación española de prevención de riesgos laborales establece obligaciones específicas cuando existe un riesgo grave e inminente. El empresario debe informar a los trabajadores afectados y adoptar las medidas necesarias para que puedan interrumpir la actividad e incluso abandonar el lugar de trabajo cuando exista un peligro grave, inminente e inevitable. El trabajador, a su vez, tiene reconocido el derecho a interrumpir su actividad cuando considere que existe un riesgo de esas características para su vida o su salud.

Eso no significa que cualquier accidente producido durante una emergencia convierta automáticamente a una empresa en responsable. La cuestión es bastante más concreta: qué podía conocerse en aquel momento, qué medidas eran razonablemente exigibles y qué instrucciones recibieron los trabajadores.

Por qué la Generalitat dejó la multa sin efecto

El giro llegó en octubre de 2025, coincidiendo prácticamente con el primer aniversario de la tragedia. La Dirección General de Trabajo de la Generalitat Valenciana aceptó las alegaciones de la UTE y anuló la sanción propuesta por la Inspección.

La resolución aplicó la idea jurídica de que nadie responde por acontecimientos que no pudieron preverse o que, aun habiendo sido previstos, resultaron inevitables. Es decir, la administración autonómica entendió que no podía exigirse a la empresa una responsabilidad sancionadora por las consecuencias de un fenómeno de aquellas dimensiones.

Ahí está el corazón del conflicto. Inspección y autoridad laboral llegaron a conclusiones distintas sobre unos mismos hechos. Para la primera, el fenómeno natural no eliminaba la obligación empresarial de valorar el riesgo y proteger al trabajador. Para la resolución posterior, las características extraordinarias de la DANA impedían fundamentar la sanción en una falta de previsión empresarial.

La diferencia no es menor. Tampoco es una discusión semántica sobre si aquella tarde llovía mucho o muchísimo. Determina dónde empieza y dónde termina la responsabilidad preventiva cuando una emergencia excepcional irrumpe durante una jornada de trabajo.

Fiscalía investiga ahora aquellas anulaciones

El caso adquirió otra dimensión en 2026. El Ministerio de Trabajo trasladó a Fiscalía varios expedientes sancionadores anulados por la Generalitat al entender que esas revocaciones podían haber sido arbitrarias e injustificadas. Esa es la posición que dio origen a las diligencias, no una conclusión judicial definitiva.

La Fiscalía Provincial de Valencia abrió diligencias de investigación y reclamó documentación sobre las multas anuladas a UTE Conservación Valenciana, À Punt, Baxter SL y Plastic 7A SL. En septiembre de 2026, el Ministerio Público seguía examinando esos expedientes y había puesto el foco en Andrés Lluch Figueres, director general de Trabajo, Cooperativismo y Seguridad Laboral entre 2023 y octubre de 2025.

La investigación trata de determinar si las resoluciones administrativas pueden ser constitutivas de prevaricación administrativa, un delito que exige algo bastante más serio que una decisión discutible o posteriormente corregida: que una autoridad o funcionario dicte a sabiendas una resolución arbitraria e injusta. Que Fiscalía investigue esa posibilidad no acredita por sí mismo ningún delito.

La posición defendida desde la Administración autonómica ha sido que los expedientes deben valorarse según las circunstancias concretas de cada caso y que las decisiones administrativas pueden someterse a los recursos ordinarios y al control judicial. Otras sanciones vinculadas a la DANA, de hecho, siguieron recorridos distintos.

Un expediente que también pesa en la vía penal

La anulación de la multa no se quedó encerrada en un despacho administrativo. Ha tenido consecuencias en otro frente abierto por la familia. La madre de Luis presentó una querella penal contra la empresa y sus responsables ante los juzgados de Requena. La causa fue sobreseída, aunque la representación jurídica de la familia intenta que vuelva a abrirse.

Entre los elementos tomados en consideración para el archivo figuraron la valoración de la situación catastrófica como inevitable y la propia resolución administrativa que había dejado sin efecto la sanción laboral. Por eso, la investigación de Fiscalía sobre aquellas anulaciones puede adquirir relevancia indirecta para el procedimiento impulsado por la familia.

Si aquella resolución administrativa terminara siendo cuestionada judicialmente, una de las piezas utilizadas en la vía penal quedaría bajo una luz diferente. Eso no supondría automáticamente reabrir el procedimiento ni acreditaría responsabilidad penal de la empresa; serían decisiones que corresponderían a los órganos judiciales competentes.

La responsabilidad que sigue abierta

Casi dos años después de la DANA, hay hechos que sí están claros. Luis Ángel Sáiz fue a trabajar el 29 de octubre de 2024, prolongó su jornada más allá de su horario habitual, quedó atrapado en la A-3 mientras el agua avanzaba y murió durante la riada. La Inspección de Trabajo entendió después que la empresa no había adoptado las medidas preventivas necesarias y planteó una multa de 60.000 euros. La Generalitat anuló posteriormente esa sanción al apreciar que el desastre no era previsible o evitable en los términos necesarios para mantenerla.

Lo que continúa abierto es precisamente lo más delicado: si aquella anulación estuvo jurídicamente justificada. Fiscalía investiga ese extremo y todavía no existe una resolución penal definitiva que permita convertir sospechas, acusaciones administrativas o interpretaciones de las partes en hechos probados.

Mientras ese recorrido continúa, el caso de Luis expone una cuestión incómoda que va mucho más allá de una multa. Ante un desastre natural extraordinario, la fuerza de la naturaleza puede ser inevitable; las decisiones tomadas antes de que llegue el agua, en cambio, deben examinarse una por una. Y eso es exactamente lo que, casi dos años después, sigue ocurriendo.