¿Qué se decide esta semana en España? Vivienda, Congreso y Gobierno

La política española entra en una semana cargada, del 28 de septiembre al 2 de octubre, con una decisión que sobresale desde el arranque: el Gobierno trabaja para llevar el martes al Consejo de Ministros un nuevo real decreto ley de vivienda. Al mismo tiempo, el Congreso afronta debates y votaciones sobre justicia, tráfico, migración, energía y violencia vicaria, mientras el PP mueve su estructura territorial pensando en el ciclo electoral de 2027.

No todo lo que ocurra estos cinco días terminará convertido en ley. Conviene hacer esa distinción. La agenda mezcla decisiones del Ejecutivo, iniciativas parlamentarias, control al Gobierno, movimientos internos de los partidos y diplomacia. Vivienda, inflación, inmigración y energía atraviesan buena parte de la semana y, detrás de casi todos esos asuntos, reaparece la misma cuestión: qué apoyos existen en un Congreso donde el Gobierno no dispone por sí solo de mayoría suficiente.

Vivienda: el martes concentra la negociación del Gobierno

El Consejo de Ministros del martes 29 de septiembre tiene la vivienda en primer plano. Pedro Sánchez aseguró el domingo que el Ejecutivo trabaja contra reloj para llevar a esa reunión un real decreto ley destinado a aliviar la emergencia habitacional. A pocas horas del Consejo, sin embargo, el texto continúa sujeto a negociaciones políticas y parlamentarias, por lo que su contenido definitivo no puede darse por cerrado.

Sumar ha elevado la presión sobre el PSOE para que el decreto incorpore una protección más amplia frente a los desahucios y nuevas medidas sobre el mercado del alquiler. Entre las propuestas defendidas durante las conversaciones aparecen cambios relativos a la renovación de contratos, los alquileres temporales, la protección de inquilinos vulnerables y la actuación frente a grandes propietarios y fondos de inversión.

El asunto ha adquirido todavía más peso después del desahucio en Madrid de Maricarmen Abascal, de 87 años, un caso que desencadenó protestas y volvió a situar la vivienda en el centro de la discusión política. Sánchez vinculó expresamente el nuevo decreto a la necesidad de evitar situaciones semejantes, mientras organizaciones de inquilinos reclaman medidas estructurales y no únicamente una respuesta puntual.

Junts vuelve a ser decisivo para la convalidación

Aprobar el decreto en el Consejo de Ministros sería solo la primera pantalla. Un real decreto ley debe pasar después por el Congreso y el Ejecutivo necesita reunir votos para mantenerlo en vigor. Ahí entra otra vez Junts. Su secretario general, Jordi Turull, ha adelantado que la formación apoyará un texto orientado a frenar la actuación de los fondos de inversión, pero ha advertido de que no respaldará medidas que, a su juicio, perjudiquen a los pequeños propietarios.

La negociación llega, por tanto, con una paradoja habitual en esta legislatura: el Gobierno puede disponer de la capacidad jurídica para aprobar una medida urgente, pero su supervivencia posterior depende de una mayoría parlamentaria que debe reconstruirse casi votación a votación. El contenido del decreto y sus apoyos estarán inevitablemente conectados.

El Congreso debate leyes, migración, energía y precios

El Congreso abre el martes a las 15.00 horas una sesión con asuntos muy distintos sobre la mesa. El primero será una proposición del PP para modificar el sistema de selección de aspirantes a la Carrera Judicial. Después llegará una iniciativa del PSOE destinada a reducir la tasa máxima de alcohol permitida durante la conducción.

La propuesta socialista plantea considerar infracción grave conducir con una tasa superior a 0,1 miligramos de alcohol por litro de aire espirado y muy grave cuando se superen los 0,25 miligramos. Todavía se trata de una iniciativa parlamentaria en tramitación, no de una modificación que entre automáticamente en vigor esta semana.

El pleno abordará también dos proposiciones no de ley. El PP defenderá un plan de coordinación para aplicar en España el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, con participación de las distintas administraciones. El PSOE, por su parte, propone impulsar en el ámbito europeo un instrumento excepcional que grave los beneficios extraordinarios obtenidos por empresas energéticas.

El miércoles llegará la sesión de control al Gobierno y el debate de totalidad del proyecto de ley orgánica sobre violencia vicaria. La norma pretende introducir una definición jurídica específica de esta forma de violencia y modificar distintas leyes, entre ellas el Código Penal, el Código Civil y la legislación de protección integral frente a la violencia de género.

La discusión parlamentaria se produce, además, con los precios otra vez pegados a la actualidad política. El IPC de agosto alcanzó el 4,3% interanual, siete décimas más que en julio y la tasa más alta desde febrero de 2023. El transporte subió un 9,5% en términos anuales, principalmente por el comportamiento de los combustibles y lubricantes. Así que cuando el Congreso hable de energía y coste de la vida habrá debajo algo bastante menos abstracto que la habitual pelea de escaños: la factura llega a casa.

Feijóo reorganiza el PP con las elecciones de 2027 al fondo

El lunes 28 también habrá movimiento en la sede nacional del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo reúne a la Junta Directiva Nacional, máximo órgano del partido entre congresos, dentro de un proceso de reorganización territorial que mira hacia las elecciones autonómicas y municipales previstas para 2027.

La dirección popular prepara una veintena de congresos autonómicos y provinciales entre octubre y noviembre. Está previsto activar los procesos en Galicia, Madrid, Murcia, Cantabria y Canarias, además de constituir una gestora en Navarra. La reunión, eso sí, no equivale a la