¿Por qué tanta gente culpa a Maricarmen tras su desahucio en Madrid?

El desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, ha dejado una escena difícil de olvidar: una mujer que llevaba 71 años viviendo en el mismo piso de Madrid salió de él en camilla el 23 de septiembre. Pero alrededor de esa imagen ha aparecido otro fenómeno, menos visible y bastante revelador. Junto a la solidaridad vecinal se han multiplicado comentarios que responsabilizan a la propia afectada de lo ocurrido: que debería haber ahorrado, que tendría que haberse comprado una vivienda o que no podía esperar permanecer indefinidamente en una casa ajena.

Detrás de esas reacciones confluyen varias cosas. La tendencia a convertir un problema colectivo en una suma de decisiones personales, la idea de que cada cual termina recibiendo las consecuencias de sus actos y un ecosistema digital que convierte la provocación en combustible. No toda crítica al caso de Maricarmen es odio, ni defender los derechos de un propietario equivale a despreciar a una inquilina. La frontera aparece cuando el debate jurídico o económico desaparece y el sufrimiento de una persona se interpreta como una especie de castigo merecido.

El caso de Maricarmen es bastante más complejo que «tenía que haber ahorrado»

Hay un detalle esencial para entender la historia: Maricarmen no llegó hace unos años a un piso barato del centro de Madrid aprovechando una ganga. Su padre había firmado el contrato de alquiler en 1956. Tras su fallecimiento, el arrendamiento pasó a su esposa y posteriormente a su hija. Era uno de los contratos conocidos como de renta antigua, actualizados con el IPC y otros gastos.

Durante años Maricarmen siguió pagando alrededor de 500 euros mensuales. En 2018 cambió la propiedad y comenzó una larga batalla judicial. Urbagestión Desarrollo e Inversiones terminó reclamando inicialmente una renta de 2.650 euros mensuales y después planteó 1.650 euros. Su pensión rondaba los 1.350-1.400 euros.

El litigio tenía, además, una base jurídica concreta. La regulación de los antiguos arrendamientos limitó las sucesivas subrogaciones de estos contratos. Maricarmen tenía reconocida una discapacidad del 50%, mientras que la excepción prevista para determinados supuestos exigía un grado superior. Después de distintas resoluciones, el Tribunal Supremo terminó respaldando el derecho de la propiedad a recuperar la vivienda.

Eso explica jurídicamente el desahucio. Otra cuestión distinta es valorar sus consecuencias sociales o la forma en que se intentó resolver el conflicto.

El lanzamiento llegó en el cuarto intento. Antes se habían producido movilizaciones, negociaciones y propuestas para evitar que una mujer próxima a los 88 años tuviera que abandonar la casa donde había transcurrido prácticamente toda su vida.

Ni siquiera pagar el nuevo alquiler resolvía el conflicto

Uno de los datos que más complica la tesis de que todo se reducía a que Maricarmen debía pagar más es lo ocurrido poco antes del desalojo. Una donante anónima se ofreció a cubrir la diferencia entre los 500 euros que abonaba Maricarmen y la renta reclamada, además de asumir cantidades pendientes y mantener la ayuda durante el tiempo necesario.

Según la abogada de Maricarmen, la propiedad no aceptó esa salida ni otras propuestas de negociación. La empresa estaba jurídicamente facultada para recuperar el inmueble y ejerció ese derecho.

También conviene precisar otro punto que suele perderse entre consignas. Urbagestión rechaza que se la denomine «fondo buitre» y se define como una empresa madrileña. Los colectivos de vivienda utilizan esa expresión al criticar determinadas operaciones inmobiliarias. Una etiqueta política o activista no sustituye a la descripción jurídica de una empresa, del mismo modo que tener legalmente derecho a recuperar un piso no resuelve por sí solo el debate social que plantea un desahucio de estas características.

Cuando un problema social se transforma en un examen individual

La economista Olga Cantó, catedrática de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Alcalá, sitúa buena parte de estas reacciones dentro de un fenómeno conocido: la individualización de problemas colectivos.

Su lógica es sencilla. Si alguien atraviesa una dificultad económica, se buscan inmediatamente las decisiones personales que podrían explicarla. No compró cuando debía. No ahorró suficiente. Eligió mal. Gastó demasiado. El contexto —salarios, precios inmobiliarios, cambios legales, edad, mercado laboral o evolución de una ciudad— se retira del encuadre como quien aparta muebles de una habitación.

Aplicado a Maricarmen, el razonamiento conduce a una paradoja. Para sostener que debería haber previsto su situación habría que imaginar que una mujer instalada en aquella vivienda desde 1956 tenía que anticipar cómo sería el mercado inmobiliario madrileño siete décadas después, qué legislación regularía su contrato y cuánto llegaría a costar permanecer en su barrio.

La vivienda permite observar especialmente bien este choque porque reúne dos realidades legítimas que no siempre encajan cómodamente: es un bien patrimonial y, al mismo tiempo, el lugar donde las personas desarrollan su vida. Para una empresa aparece en balances, contratos y rentabilidades. Para quien lleva 71 años dentro, son la cocina, el dormitorio, el vecino del quinto, la farmacia de la esquina y una pared donde todavía cuelga una fotografía antigua. El mismo espacio puede ser un activo y un hogar. El conflicto empieza precisamente ahí.

El mecanismo mental que convierte la desgracia en culpa

La psicología social lleva décadas estudiando un fenómeno relacionado: la llamada creencia en un mundo justo. En términos cotidianos, consiste en nuestra inclinación a pensar que existe cierta correspondencia entre lo que hacemos y lo que finalmente nos ocurre.

La idea tiene una utilidad evidente. Pensar que las decisiones importan ayuda a ordenar un mundo bastante caótico. El problema aparece cuando esa necesidad de encontrar una causa controlable empuja a reinterpretar la desgracia de otra persona: si algo tan grave le ha sucedido, algo habrá hecho.

No significa que cualquiera que critique a Maricarmen esté respondiendo a ese sesgo ni permite diagnosticar desde lejos las motivaciones de miles de desconocidos. Sí ofrece una explicación posible para comentarios del tipo «podía haber ahorrado». Trasladar toda la responsabilidad a la víctima vuelve el mundo aparentemente más previsible: yo ahorro, yo compro, yo tomo buenas decisiones y, por tanto, eso no me ocurrirá.

Hay cierto alivio psicológico en esa ecuación. También una trampa: supone imaginar las vidas ajenas con la información que tenemos al final de la película. En 2026 parece sencillo decir qué habría debido hacer alguien en 1970, 1985 o 2000. Vivir aquellos años sin conocer el desenlace era otra cosa.

Las redes convierten la dureza en un espectáculo rentable

Luego está internet. El viejo comentario de barra de bar tenía un radio de acción limitado por las dimensiones del bar. La red social carece de esas paredes.

Los estudios sobre circulación de contenidos digitales muestran que la negatividad tiene una capacidad especialmente alta para atraer interacción y difusión. Eso no demuestra que las plataformas fabriquen automáticamente personas crueles ni explica por sí mismo cada mensaje contra Maricarmen. Sí ayuda a entender el escenario: la frase moderada compite mal contra la sentencia brutal.

«La situación jurídica es compleja y deben ponderarse los derechos de ambas partes» difícilmente incendia una red social. «Que hubiera ahorrado» cabe en una pantalla, provoca respuestas, enfada, divide y viaja deprisa.

El ilustrador y ensayista Mauro Entrialgo ha relacionado parte de este fenómeno con lo que denomina «malismo»: la exhibición pública de posiciones deliberadamente ásperas como una forma de notoriedad. No se trata simplemente de discrepar. Se busca enseñar que uno está dispuesto a decir aquello que otros consideran indecente, precisamente porque esa transgresión proporciona atención.

Internet introdujo una mutación curiosa. Antes, resultar desagradable podía costar amigos. En determinados rincones digitales puede proporcionar seguidores.

Defender la propiedad no exige celebrar un desahucio

El caso también se ha deformado por una falsa elección entre dos posiciones absolutas. Una sostiene que reconocer la dimensión humana del desahucio supone negar el derecho de propiedad. La otra interpreta cualquier referencia a ese derecho como una defensa automática de la empresa.

La realidad admite más tonos. Un propietario puede tener derecho legal a recuperar una vivienda y la sociedad puede debatir al mismo tiempo si sus leyes ofrecen una protección suficiente a una persona de 87 años que ha residido allí desde la infancia. Son planos diferentes: legalidad, política de vivienda, protección de personas vulnerables y comportamiento privado.

También puede discutirse si España debe mantener determinados contratos históricos, hasta dónde han de llegar las subrogaciones familiares o quién debe asumir el coste de proteger a un inquilino vulnerable. Son debates perfectamente legítimos.

Lo que resulta mucho más difícil de sostener con los hechos disponibles es la caricatura de Maricarmen como alguien que simplemente decidió vivir barato durante décadas y después se sorprendió cuando le presentaron la factura. Su contrato era legal, pagó la renta y litigó para conservarlo. Finalmente perdió en los tribunales. Eso describe mejor la historia que cualquier sermón retrospectivo sobre cómo tendría que haber administrado una vida de casi nueve décadas.

Maricarmen ya es algo más que una inquilina de Retiro

Una vez ejecutado el desahucio, el asunto dejó de pertenecer únicamente a una vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda. Las protestas continuaron y Maricarmen terminó convertida, quisiera o no, en un símbolo de un conflicto mucho mayor sobre alquileres, envejecimiento y acceso a la vivienda.

Quizá por eso provoca adhesiones tan intensas y rechazos igualmente ásperos. Cuando una persona se convierte en símbolo, muchos dejan de verla como persona. Para unos representa a los inquilinos vulnerables; para otros, una supuesta cultura de irresponsabilidad o una amenaza al derecho de propiedad. La mujer concreta desaparece detrás de aquello que cada bando necesita discutir.

Y ahí está probablemente la parte más incómoda de esta historia. Maricarmen no necesitaba haber tomado todas las decisiones correctas durante 87 años para que su situación mereciera ser examinada sin desprecio. Tampoco su edad anula los derechos de quien posee el inmueble.

Entre ambas afirmaciones existe todo el espacio donde debería caber una conversación adulta. En las redes, sin embargo, ese espacio suele medir menos que un tuit.

Una casa perdida y una discusión que seguirá abierta

Maricarmen perdió finalmente el piso en el que había vivido desde mediados de los años cincuenta. El desenlace judicial está escrito; el debate que deja detrás, no.

Los comentarios que la responsabilizan revelan hasta qué punto la vivienda se ha convertido también en una discusión sobre mérito, culpa y seguridad personal. Es más tranquilizador pensar que una persona termina fuera de su casa porque tomó malas decisiones que admitir que las reglas económicas y jurídicas pueden cambiar profundamente durante una vida.

A veces las dos cosas influyen. Otras, no. Precisamente por eso los casos reales se resisten a los eslóganes.

Maricarmen no es una teoría económica ni una consigna sobre la propiedad. Es una mujer de 87 años que pagaba un alquiler legal, perdió definitivamente el derecho a continuar en él y tuvo que abandonar en camilla la vivienda donde había pasado 71 años de su vida. A partir de esos hechos cabe discutir casi todo.

Lo que ya resulta bastante más revelador es qué necesitamos borrar de la historia para poder culparla de todo.