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¿Qué pasa en Sol? Madrid exige a la Delegación actuar ante la acampada

Madrid reclama a la Delegación que recupere la normalidad en Sol, mientras la acampada por la vivienda mantiene abierto el pulso institucional.

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Madrid exige a la Delegación

Imagen: Carlesmari / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Resumen

  • El Ayuntamiento exige a la Delegación restablecer la normalidad en Sol
  • La acampada nació tras la protesta por la vivienda y el caso de Maricarmen
  • El Gobierno trabaja para llevar el decreto de vivienda al Consejo del martes

El Ayuntamiento de Madrid ha exigido a la Delegación del Gobierno que restablezca cuanto antes la normalidad en la Puerta del Sol, donde cientos de personas mantienen una acampada iniciada tras la manifestación por el derecho a la vivienda del sábado 26 de septiembre. El Consistorio acusa a la Administración central de “dejación de funciones” y considera que debería haber intervenido ante la continuidad de una protesta que ya había superado el recorrido y la duración inicialmente previstos.

La Delegación rechaza esa lectura. Su responsable en Madrid, Francisco Martín, sostiene que la Policía Nacional no tiene previsto actuar mientras no se produzcan disturbios y asegura que no ha recibido una petición oficial de desalojo procedente del Ayuntamiento o de la Comunidad de Madrid. El resultado es un pulso administrativo bastante reconocible: una plaza llena de tiendas de campaña y dos administraciones discutiendo sobre quién debe mover ficha.

Madrid acusa a la Delegación de permitir que la acampada continúe

El Gobierno municipal expresó el domingo su “sorpresa” e “indignación” por lo ocurrido después de la manifestación y reclamó explicaciones tanto a la Delegación del Gobierno como al Ministerio del Interior. Según su versión, la actuación de las fuerzas estatales habría permitido que la concentración terminara transformándose en un campamento estable en uno de los espacios más transitados y simbólicos de la capital.

El Ayuntamiento sostiene que corresponde a la Delegación controlar el orden público asociado a las manifestaciones y acusa al organismo estatal de no haber actuado con suficiente diligencia cuando comenzaron a instalarse las tiendas. El Consistorio ha llegado a calificar la acampada de ilegal, una valoración que forma parte de su posición en el conflicto y que la Delegación no comparte en esos términos.

La Comunidad de Madrid también entró en la disputa y acusó al Ministerio del Interior de haber permitido la acampada para después trasladar la responsabilidad a la Policía Municipal. El Ejecutivo autonómico defiende que la intervención corresponde a la Policía Nacional. Entre unos y otros, la cuestión aparentemente sencilla —quién retira unas tiendas de campaña— se ha convertido en un pequeño tratado madrileño sobre competencias administrativas.

La Delegación descarta intervenir mientras no haya disturbios

La respuesta de Francisco Martín introduce un matiz importante. La posición de la Delegación es que no existe, por el momento, una situación de alteración del orden público que justifique una intervención policial. Durante la primera noche de protesta no se comunicaron incidentes relevantes, pese a la presencia de centenares de personas en la plaza.

La legislación española tampoco establece que una concentración deba disolverse automáticamente por prolongarse. La normativa sobre el derecho de reunión contempla la disolución, entre otros supuestos, cuando una concentración sea ilícita conforme a las leyes penales o cuando existan alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes.

Eso no resuelve por sí solo el caso concreto de Sol. La discusión incluye también la ocupación prolongada del espacio público y si la acampada puede considerarse una continuación de la manifestación comunicada o una situación distinta. Precisamente ahí aparece la grieta entre las administraciones: el Ayuntamiento exige actuar; la Delegación considera que, sin incidentes que lo justifiquen, no corresponde a la Policía Nacional desalojar la plaza.

De una manifestación por la vivienda a una acampada en Sol

El origen de la protesta está en la manifestación celebrada el sábado bajo el lema “Ni una Maricarmen más”, convocada tras el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que tuvo que abandonar la vivienda madrileña en la que había residido durante más de siete décadas. La marcha partió de la Puerta del Sol y terminó en las inmediaciones del Congreso de los Diputados.

Las cifras de participación muestran una diferencia enorme según quién haga la cuenta. La Delegación del Gobierno calculó unos 25.000 asistentes, mientras que los organizadores elevaron la cifra por encima de 300.000. Terminada la marcha, parte de los manifestantes regresó a Sol y comenzó a instalar tiendas de campaña.

Al amanecer del domingo había alrededor de 500 personas y un centenar de tiendas, de acuerdo con los datos facilitados por la propia Delegación. Durante la jornada, la acampada fue adquiriendo una organización más estable, con distribución de comida, gestión de residuos y distintas actividades. Al finalizar el domingo, cientos de participantes se preparaban para pasar una segunda noche en la plaza.

Qué reclaman los acampados y por qué aparece el “decreto Maricarmen”

La protesta no tiene como objetivo únicamente el caso de Maricarmen. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha vinculado la continuidad de la acampada a la aprobación de nuevas medidas estatales sobre vivienda y ha advertido de que pretende permanecer en Sol si el Gobierno no adopta cambios suficientes.

Entre sus principales demandas figuran los contratos de alquiler indefinidos, la suspensión de desahucios cuando no exista alternativa habitacional, medidas contra determinados contratos que consideran utilizados fraudulentamente y la congelación de los precios del alquiler. Los activistas agrupan estas reivindicaciones bajo la denominación de “decreto Maricarmen”.

La expresión no corresponde al nombre oficial de una norma. Es el término empleado por los movimientos convocantes para presionar al Ejecutivo a raíz del desahucio de la mujer de 87 años y convertir su caso en símbolo de una reivindicación más amplia sobre el acceso a la vivienda.

El martes 29 de septiembre se convierte en la fecha decisiva

La presión de la calle coincide con una negociación abierta dentro del Gobierno y con los grupos parlamentarios. El presidente, Pedro Sánchez, afirmó el domingo que el Ejecutivo trabaja “a contrarreloj” para llevar al Consejo de Ministros del martes 29 de septiembre un real decreto ley sobre vivienda y pidió a los partidos un último esfuerzo para que posteriormente pueda ser convalidado por el Congreso.

El Ministerio de Vivienda ya venía trabajando para recuperar una norma que incluya protección frente a determinados desahucios. Su contenido definitivo seguía en negociación, y las propuestas planteadas desde Sumar incluían también medidas sobre alquileres y la situación concreta de Maricarmen. No todas esas peticiones pueden darse todavía por incorporadas al texto final.

Ahí está buena parte de la razón por la que Sol continúa ocupada. Los organizadores han colocado el martes como horizonte inmediato: pretenden mantener la presión hasta conocer qué aprueba realmente el Consejo de Ministros, no simplemente qué anuncia cada formación durante las negociaciones.

Sol vuelve a convertirse en termómetro de una crisis mayor

La imagen de tiendas de campaña en la Puerta del Sol inevitablemente recuerda al 15-M de 2011, aunque el contexto, las dimensiones y las reivindicaciones actuales son diferentes. Quince años después, la plaza vuelve a funcionar como escaparate de un malestar social que en esta ocasión gira alrededor del alquiler, los desahucios y el acceso a una vivienda.

El conflicto inmediato, sin embargo, tiene dos planos. En uno están los acampados y sus reclamaciones al Gobierno. En el otro, el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y la Delegación del Gobierno discuten sobre quién debe actuar y bajo qué circunstancias. La primera noche transcurrió sin incidentes graves conocidos; eso es un hecho. Las acusaciones de negligencia, ilegalidad o dejación de funciones pertenecen, en cambio, al enfrentamiento político e institucional y deben entenderse como posiciones de las respectivas administraciones, no como conclusiones jurídicas ya establecidas.

Sol espera al martes entre tiendas y un pulso institucional

Sol amanece así con una escena extraña y muy madrileña: turistas, vecinos, tiendas de campaña, pancartas y el reloj de la Real Casa de Correos contemplando otro conflicto nacional desde primera fila. Esta vez el calendario pesa casi tanto como la plaza. El martes 29 de septiembre, con el Consejo de Ministros, marcará hasta qué punto la protesta logra traducirse en medidas concretas y cuánto tiempo permanece la acampada en el kilómetro cero.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.