Microsoft se alía con Anthropic ante el veto del Pentágono

Microsoft respalda a Anthropic ante el Pentágono y abre una batalla clave sobre contratos militares, vigilancia y límites de la IA en EE.UU.

Microsoft ha salido de la banda y ha entrado en el partido. La compañía de Satya Nadella presentó en un tribunal federal de San Francisco un escrito de apoyo a Anthropic para pedir que se congele de forma urgente la etiqueta de “riesgo para la cadena de suministro” que el Pentágono ha impuesto a la empresa de Claude. No es un gesto simbólico: esa designación amenaza contratos de inteligencia artificial ya en marcha dentro del ecosistema militar estadounidense, complica el trabajo de los contratistas que usan tecnología de Anthropic y abre un choque judicial con efectos inmediatos sobre proveedores, nube y compras públicas.

Detrás del movimiento hay una batalla mucho más grande que un simple respaldo corporativo. Anthropic demandó al Gobierno de Estados Unidos el 9 de marzo al sostener que el castigo llegó después de negarse a borrar dos límites de uso de su IA: las armas plenamente autónomas y la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses. La empresa sostiene que el veto es una represalia política y legalmente defectuosa; varios expertos en derecho público y contratación federal ven recorrido a esa tesis porque la herramienta jurídica usada por el Pentágono fue pensada para frenar sabotajes o infiltraciones de adversarios y no tiene precedentes públicos contra una compañía estadounidense de esta naturaleza.

Microsoft entra para evitar un corte brusco

El paso dado por Microsoft tiene una traducción muy concreta. La empresa no es parte principal del pleito, pero ha presentado un amicus curiae, un escrito de apoyo de tercero interesado, para que el juez frene provisionalmente la decisión del Departamento de Defensa mientras estudia el fondo del caso. En su alegato, Microsoft avisa de que la medida del Pentágono obligaría a reconfigurar a toda prisa productos, contratos y servicios que incorporan tecnología de Anthropic y que hoy sirven a misiones del Gobierno estadounidense. También subraya algo especialmente delicado: el Pentágono se reservó seis meses para sustituir a Anthropic en sus propios sistemas, pero no concedió un colchón equivalente a los contratistas que trabajan para él. Esa asimetría, sostiene Microsoft, introduce un riesgo nuevo en la planificación empresarial y puede provocar interrupciones costosas.

Hay otra capa menos visible, pero muy reveladora. Microsoft no ha defendido a Anthropic contra el Pentágono en nombre de un pacifismo corporativo ni de una objeción general al uso militar de la IA. Su argumento es bastante más quirúrgico: una pausa judicial serviría para preservar el acceso del Gobierno a tecnología avanzada, evitar un corte desordenado en pleno desarrollo de misiones públicas y dejar margen para una solución negociada que mantenga dos frenos muy concretos, la vigilancia masiva doméstica y la posibilidad de que una IA “empiece una guerra” sin control humano. Ese matiz importa porque muestra que, incluso dentro del sector más implicado en defensa, el debate ya no es solo cuánta IA entra en los sistemas públicos, sino con qué límites entra y quién tiene autoridad para fijarlos.

La intervención de Microsoft no nace de la nada. En noviembre de 2025, Microsoft, NVIDIA y Anthropic ampliaron su alianza y la firma de Claude se comprometió a comprar 30.000 millones de dólares de capacidad de computación en Azure. Desde entonces, la relación se ha ensanchado en dos direcciones: por un lado, Claude quedó disponible en Microsoft Foundry para clientes empresariales; por otro, Microsoft incorporó tecnología de Anthropic a la nueva ola de Microsoft 365 Copilot, incluida la capa que alimenta Copilot Cowork, orientada a trabajos de varios pasos y ejecución prolongada. Visto así, el escrito presentado ante el juez no es una cortesía entre gigantes tecnológicos; es la defensa de una pieza que Microsoft ya ha integrado en su propia arquitectura comercial y de producto.

El origen del choque: dos límites que Anthropic no quiso borrar

La ruptura venía cocinándose desde hace meses. Según la versión de Anthropic en sede judicial y en sus comunicaciones públicas, el conflicto empezó a tomar forma en otoño de 2025, durante las negociaciones sobre GenAI.mil, la plataforma del Pentágono para desplegar inteligencia artificial generativa. La exigencia del Departamento de Defensa era clara: que Claude pudiera emplearse para “todos los usos legales” que el Gobierno considerara oportunos. Anthropic dice que aceptó prácticamente todo, salvo dos líneas rojas que consideró innegociables: no permitir el uso de su modelo en guerra letal autónoma sin supervisión humana y no autorizar vigilancia masiva doméstica. También asegura que ofreció ayudar en una transición ordenada hacia otro proveedor si no había acuerdo.

Esas diferencias, que durante semanas quedaron en los despachos, saltaron al espacio público a finales de febrero. La documentación de la demanda y los comunicados de Anthropic sitúan un punto de inflexión el 27 de febrero, cuando Donald Trump ordenó en redes sociales a las agencias federales cesar el uso de la tecnología de la compañía y, ese mismo día, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció la decisión de tratar a Anthropic como riesgo para la cadena de suministro nacional. Días después llegó la carta formal que invocaba la autoridad legal correspondiente. En paralelo, el tono político subió de golpe: Anthropic pasó a ser presentada por altos cargos como una empresa ideológica, poco patriótica o incapaz de aceptar que es el Ejército, y no un proveedor privado, quien decide cómo emplea sus herramientas.

La empresa replica con un argumento incómodo para Washington: no estaba cerrando la puerta al uso militar de su tecnología, sino justamente al revés. Anthropic recuerda que fue la primera firma de IA de frontera en desplegar modelos en redes clasificadas del Gobierno de EE.UU., que trabaja con la comunidad de seguridad nacional desde junio de 2024 y que Claude se usa en tareas como análisis de inteligencia, simulación, planificación operativa o ciberoperaciones. En la propia demanda afirma incluso que Claude se había convertido en el modelo de frontera más desplegado dentro del aparato federal y el único presente en sistemas clasificados del Departamento de Defensa. Desde ese punto de vista, el castigo no llegaría por negarse a colaborar, sino por negarse a colaborar sin condiciones.

Del desacuerdo ético al problema contractual

La etiqueta de riesgo para la cadena de suministro no suena espectacular, pero en contratación pública pesa como una losa. Bajo la ley invocada por el Pentágono, la sección 3252 del título 10 del código estadounidense, el secretario de Defensa puede excluir a determinados proveedores si considera que un adversario podría sabotear, infiltrar o degradar sistemas informáticos militares. El problema de fondo es que, según la demanda y el análisis de especialistas jurídicos, esa herramienta es rara vez utilizada, no ha sido probada en los tribunales y está pensada para amenazas vinculadas a adversarios extranjeros, no para sancionar a una empresa estadounidense por mantener salvaguardas sobre el uso de su producto. Esa es una de las grietas más serias del caso.

Aquí aparece una de las grandes ambigüedades de la pelea. Anthropic sostiene que, en sentido estricto, esa designación solo podría afectar al uso de Claude en contratos cubiertos por el Departamento de Defensa y no a toda relación comercial con terceros. Microsoft, en cambio, advierte de que el mensaje político y operativo emitido por el Pentágono ya está generando un efecto mucho más amplio: contratistas que no saben hasta dónde llega la prohibición, ofertas que deben rehacerse y proveedores que actúan como si el veto fuera total por miedo a quedar fuera del circuito federal. La propia demanda añade que otras agencias comenzaron a moverse en la misma dirección y cita, entre otras cosas, la cancelación del contrato OneGov por parte de la General Services Administration y decisiones de otros departamentos para dejar de usar sus servicios. Entre la letra de la norma y el impacto real, el daño reputacional hace el resto.

El coste real del veto: contratos, nube y reputación

En los papeles presentados ante el juez, Anthropic ha puesto cifras a ese golpe. Su director financiero, Krishna Rao, sostiene que las acciones del Gobierno podrían recortar los ingresos de 2026 en múltiples miles de millones de dólares y que el daño sería casi imposible de revertir si la orden sigue en pie. Solo en trabajo vinculado al Departamento de Defensa, la compañía calcula que hay cientos de millones comprometidos este año. El responsable del área pública, Thiyagu Ramasamy, va más allá y habla de una pérdida inmediata de más de 150 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales ligados a contratos de defensa ya existentes o esperados. Y la previsión para el negocio público era todavía mayor: Anthropic esperaba superar en 2026 el medio millar de millones de dólares de ingresos recurrentes anuales en ese segmento.

La cifra gruesa impresiona, pero el detalle es aún más revelador. Según esas declaraciones judiciales, un socio con un contrato anual de varios millones cambió de Claude a otro modelo rival en un despliegue para la Food and Drug Administration, con un efecto que borró una tubería de negocio prevista de más de 100 millones de dólares. La empresa también aseguró que negociaciones con entidades financieras por unos 180 millones combinados se vieron alteradas, que un contrato de 15 millones quedó en pausa y que un cliente financiero redujo a la mitad otro acuerdo por la incertidumbre creada alrededor de Anthropic. A eso se añade un síntoma que en Silicon Valley se toma muy en serio: más de 100 clientes empresariales preguntando, con miedo y dudas, qué riesgo implica seguir asociados a la marca.

Para Microsoft, todo eso no solo afecta a un socio; toca una cadena mucho más extensa. Anthropic compra capacidad de nube a Azure, aparece ya en parte del escaparate empresarial de Microsoft y su tecnología se ha vuelto útil en productos donde Microsoft quiere vender una idea concreta: que el futuro de la IA corporativa no dependerá de un solo modelo ni de un solo proveedor. Si el Pentágono consolida una interpretación expansiva de su veto, el mensaje al mercado sería áspero: integrar tecnología puntera puede convertirse en una fuente súbita de riesgo regulatorio y contractual, incluso cuando el problema no es una brecha de seguridad demostrada, sino un desacuerdo sobre los usos permitidos. En Washington eso se traduce en contratación; en Silicon Valley, en una palabra más seca: incertidumbre.

El juicio que puede fijar los límites de la IA militar

La demanda de Anthropic está construida sobre varios pilares. El primero es la Primera Enmienda: la empresa sostiene que el Gobierno la castigó por expresar y mantener una posición protegida sobre seguridad de la IA, vigilancia y guerra autónoma. El segundo es la Quinta Enmienda, porque argumenta que se le impuso una sanción con efectos devastadores sin un proceso real para defenderse. El tercero pasa por la Ley de Procedimiento Administrativo, con la que intenta demostrar que la actuación del Ejecutivo fue arbitraria, caprichosa o directamente fuera de la autoridad que el Congreso le ha dado. En la práctica, Anthropic no discute solo una decisión de compras; discute si la Casa Blanca y el Pentágono pueden usar un instrumento pensado para riesgos de sabotaje como arma de disciplinamiento político y contractual.

Los expertos consultados en Estados Unidos ven elementos sólidos en esa tesis, sobre todo porque Anthropic es una empresa incorporada y dirigida en Estados Unidos, sin los vínculos con potencias adversarias que normalmente justificarían una medida así. El problema para la compañía es que los tribunales estadounidenses suelen conceder un margen enorme al Ejecutivo cuando se invoca la seguridad nacional. Esa será, previsiblemente, la gran defensa del Gobierno: que el presidente y el Pentágono tienen amplísima discrecionalidad para elegir proveedores y que las restricciones de un fabricante no pueden condicionar decisiones militares. Aun así, la propia secuencia pública —elogios previos a Claude, uso continuado en entornos sensibles y luego castigo fulminante tras el desacuerdo— complica el relato oficial y da aire a la acusación de arbitrariedad.

El frente judicial, además, no se agota en este caso de California. Anthropic ha abierto también una causa relacionada en la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia para combatir otra base legal invocada por el Gobierno, una que podría ampliar el bloqueo a contratos civiles más allá del mundo estrictamente militar. Eso vuelve la disputa todavía más sensible. Ya no se trata solo de quién suministra IA al Pentágono, sino de si una etiqueta colocada desde defensa puede irradiar al resto de la Administración federal y acabar cerrando puertas en departamentos, agencias reguladoras y grandes integradores tecnológicos que venden al Estado.

Lo que está en juego para Washington y Silicon Valley

Lo ocurrido en estas horas deja una imagen poco habitual. Microsoft, socio histórico de OpenAI, ha decidido respaldar en los tribunales a Anthropic mientras un grupo de 37 investigadores e ingenieros de OpenAI y Google, a título personal, también ha presentado un escrito de apoyo. La escena dice bastante sobre el momento. En la carrera por dominar la IA generativa, las rivalidades comerciales siguen ahí, pero el mercado empieza a percibir otro riesgo más básico: que el Gobierno estadounidense use su poder de contratación para forzar a los proveedores a aceptar cualquier uso de sus modelos o para castigarlos si sostienen límites que chocan con la estrategia militar de turno. Ese precedente, más que la disputa entre dos nombres propios, es lo que hoy inquieta a medio sector.

A corto plazo, la clave estará en la respuesta del juez a la petición cautelar y en si Washington acepta una salida negociada durante ese compás de espera. A medio plazo, el caso puede fijar una regla decisiva para la próxima década: hasta dónde puede llegar el Estado cuando compra IA estratégica y hasta dónde puede llegar una empresa privada cuando intenta mantener salvaguardas sobre usos extremos de su tecnología. En esa línea de fricción se cruzan casi todos los debates duros del momento —autonomía letal, vigilancia, nube soberana, dependencia de proveedores, compras militares y poder ejecutivo—, solo que aquí ya no aparecen como teoría. Han entrado en los contratos, en los tribunales y en el corazón del negocio tecnológico de Estados Unidos.