¿Alteró Madrid las listas de espera quirúrgicas del Ramón y Cajal?

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reclamado este 15 de septiembre de 2026 a la Comunidad de Madrid explicaciones formales por la aparente alteración de las listas de espera quirúrgicas del Hospital Universitario Ramón y Cajal. El Ministerio quiere saber qué ocurrió, pero también algo más delicado: si existen garantías suficientes de que los datos comunicados por Madrid al Sistema Nacional de Salud reflejan fielmente la situación real de los pacientes.

El origen del caso está en la supuesta modificación de la prioridad clínica de 57 pacientes de Traumatología entre el 28 de febrero y el 14 de marzo de 2025. Según la documentación interna conocida, pacientes considerados preferentes habrían pasado a figurar como normales sin una nueva valoración clínica de los cirujanos responsables. Esa modificación no es un simple cambio de casilla en una pantalla: podía ampliar considerablemente el tiempo previsto para la intervención. La Comunidad de Madrid niega que se estén falseando las listas y ha anunciado diligencias internas para revisar lo ocurrido.

Sanidad exige garantías sobre la fiabilidad de los datos

Mónica García ha enviado una carta a la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, en la que solicita información sobre lo sucedido en el Ramón y Cajal y garantías acerca de las labores de control y supervisión que realiza la Comunidad.

El asunto alcanza así una dimensión que va más allá de un hospital concreto. Las comunidades autónomas remiten información al Ministerio dentro del Sistema de Información de Listas de Espera del Sistema Nacional de Salud, conocido como SISLE-SNS. De ahí que Sanidad quiera aclarar no solo las modificaciones denunciadas, sino también la fiabilidad del circuito por el que esos datos terminan formando parte de las estadísticas oficiales.

García ha señalado públicamente que la manipulación de las listas de espera constituye un problema especialmente grave cuando altera la información que manejan médicos y pacientes. La ministra sostiene, además, que hacen falta mecanismos de transparencia y trazabilidad que permitan conocer quién modifica una prioridad, cuándo lo hace y bajo qué criterio.

Qué ocurrió en el Ramón y Cajal

La controversia comenzó después de conocerse documentación interna del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Ramón y Cajal. Según esa información, se cambió en el sistema informático la prioridad de 57 personas pendientes de una operación.

Los cambios habrían afectado a pacientes de 17 médicos y se realizaron, según los facultativos que han denunciado el caso, sin comunicar previamente la decisión a los cirujanos que habían determinado la prioridad clínica. Cuatro médicos han respaldado que esas modificaciones se produjeron sin contar con ellos.

La diferencia importa. Mucho.

De preferente a normal: 90 frente a 180 días

Los pacientes señalados como preferentes tenían como referencia una intervención dentro de los 90 días. Al pasar a una categoría normal, el horizonte utilizado para evaluar el cumplimiento del objetivo podía extenderse hasta 180 días. Sobre el papel, un paciente que estaba a punto de superar el plazo dejaba de hacerlo con un cambio administrativo de prioridad.

Ese es precisamente el punto sensible del caso. La normativa madrileña establece que la programación quirúrgica debe atender primero a la prioridad clínica fijada por el médico especialista y después a otros factores, como la antigüedad en la lista. La prioridad clínica, por tanto, no funciona como un detalle administrativo intercambiable sin más.

La documentación conocida apunta a que las modificaciones estaban relacionadas con los objetivos de actividad y productividad del hospital. Eso no significa, por sí solo, que exista una manipulación general de las estadísticas de la sanidad madrileña. Sí plantea una cuestión bastante más concreta: si una prioridad médica fue modificada por razones organizativas sin una nueva valoración clínica.

Y ahí el dato deja de ser burocracia. Detrás hay una persona esperando un quirófano.

El caso de una niña de tres años encendió las alarmas

Uno de los episodios que permitió detectar las modificaciones afectó a una niña de tres años. La cirujana que seguía su caso comprobó en marzo de 2025 que la prioridad que había asignado había cambiado en el sistema.

La facultativa consideraba que la operación debía hacerse con especial rapidez debido al riesgo clínico de la menor y finalmente consiguió intervenirla cuando dispuso de un hueco en quirófano. Según su testimonio, el retraso podía tener consecuencias graves para la pierna de la niña.

A partir de ahí se revisaron otros expedientes y aparecieron más modificaciones. Entre los diagnósticos de los pacientes afectados había problemas de columna, luxaciones o síndrome del túnel carpiano. No todos los cuadros tenían la misma gravedad, naturalmente, pero compartían una circunstancia inquietante: su prioridad original había sido establecida por un especialista y después figuraba otra diferente en el sistema.

La denuncia fue llevada internamente al hospital. El cirujano Luis Alberto Martos, que ha aportado documentación sobre el caso, sostiene que comunicó lo sucedido a la gerencia. El centro, por su parte, rechaza haber cometido irregularidades y mantiene que la gestión de las listas corresponde a los servicios asistenciales de acuerdo con criterios clínicos.

Madrid abre diligencias, pero niega que se falseen las listas

La respuesta de la Comunidad de Madrid llegó este mismo martes. Fátima Matute anunció la apertura de diligencias de información interna para revisar el funcionamiento del sistema, aunque fue tajante al negar que la Administración madrileña falsee sus listas de espera.

La consejera también cuestionó la credibilidad del principal denunciante y recordó que tiene abierto un expediente disciplinario anterior a la publicación del caso. El médico, por su parte, sostiene que sus enfrentamientos internos comenzaron después de denunciar actuaciones que consideraba irregulares.

Son dos planos distintos que conviene no mezclar. Que exista un conflicto laboral o disciplinario no demuestra que las modificaciones denunciadas sean falsas; del mismo modo, la existencia de cambios en determinados expedientes tampoco permite concluir todavía que haya una manipulación sistemática de todas las listas de espera madrileñas.

Eso es, precisamente, lo que tendrá que aclarar la investigación.

Por qué importa cómo se clasifica a cada paciente

Una lista quirúrgica no funciona como la cola de una panadería. El primero que llega no necesariamente entra primero al quirófano. La gravedad y la prioridad médica alteran el orden porque determinadas patologías no soportan la misma espera.

La Comunidad de Madrid establece que la programación tiene en cuenta la prioridad clínica, el tipo de espera y la antigüedad, pero la prioridad establecida por el especialista debe prevalecer. Cambiarla puede modificar la posición real del paciente dentro del sistema.

Un dato no es solo un dato administrativo

Madrid contabilizaba en julio de 2026 un total de 114.627 pacientes en lista de espera quirúrgica. De ellos, 87.058 figuraban en espera estructural, con una demora media de 57,26 días. Otros 16.633 pacientes estructurales acumulaban entre 90 y 180 días y 1.039 superaban los 180 días, según los últimos datos mensuales publicados por el Servicio Madrileño de Salud.

Son cifras enormes y, precisamente por eso, sensibles a cualquier cambio en la forma de registrar los casos. Un movimiento aparentemente pequeño en la categoría de decenas de pacientes puede modificar indicadores internos, cumplimiento de objetivos y percepción pública del funcionamiento de un servicio.

La sospecha planteada en el Ramón y Cajal resulta especialmente relevante porque determinados objetivos de gestión están vinculados también a complementos de productividad. La existencia de esos incentivos es legal y habitual en la gestión sanitaria; la cuestión es otra: determinar si pudieron influir indebidamente en decisiones que debían responder a criterios médicos.

La disputa ya rebasa al Ramón y Cajal

El caso ha vuelto a colocar las listas de espera en el centro del enfrentamiento entre el Ministerio y la Comunidad de Madrid. Pero reducirlo a otro choque político entre administraciones sería quedarse en la espuma.

El problema de fondo es bastante menos vistoso y bastante más importante: quién puede modificar la prioridad de un paciente, qué rastro deja esa modificación y qué mecanismos existen para detectar cambios injustificados. En un sistema sanitario que mueve cientos de miles de expedientes, confiar simplemente en que nadie toque la casilla equivocada parece una arquitectura de control un tanto optimista.

Sanidad reclama ahora garantías de que los datos enviados por Madrid son veraces. La Comunidad sostiene que no existe un falseamiento de sus listas y ha iniciado una revisión interna. El hospital también rechaza haber realizado modificaciones irregulares desde su dirección.

Mientras tanto, permanece el hecho que ha provocado todo el ruido: 57 pacientes vieron modificada su prioridad quirúrgica, según la documentación conocida, y varios de sus médicos aseguran que no fueron consultados.

La transparencia sanitaria se juega paciente a paciente

La investigación deberá establecer quién realizó exactamente aquellos cambios, con qué autorización, bajo qué criterio y qué efecto tuvieron sobre los tiempos reales de intervención. También tendrá que aclarar si fue un episodio aislado del Ramón y Cajal o si existen fallos de supervisión que permitan modificaciones semejantes sin suficientes controles.

Hasta entonces, hablar de una manipulación generalizada sería adelantarse a las pruebas. Ignorar lo ocurrido tampoco parece razonable. Las listas de espera son una herramienta clínica antes que una estadística política: sirven para decidir quién puede esperar y quién no debería hacerlo.

Por eso el verdadero examen no está en conseguir una cifra bonita al final del mes. Está en algo mucho menos presentable en una rueda de prensa y bastante más importante: que la prioridad que aparece junto al nombre de un paciente sea exactamente la que decidió su médico.