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¿Qué cambia en Italia con el 30 % por aula y el veto al burka y niqab?
El decreto escolar de Meloni limita algunas nuevas matrículas de alumnos extranjeros, veta burka y niqab y prevé cursos de italiano y multas.

Resumen
- Italia limita al 30 % ciertas nuevas matrículas de alumnos extranjeros
- Burka y niqab quedan vetados en las actividades de los centros escolares
- Habrá cursos de italiano y multas de hasta 1.000 euros para incumplimientos
El Gobierno de Giorgia Meloni ha aprobado este 24 de septiembre un decreto ley que introduce un límite del 30 % en determinadas clases para alumnos extranjeros con menor vinculación previa al sistema educativo italiano y prohíbe acudir a actividades escolares con el rostro cubierto, una medida que afecta directamente al burka y al niqab. La norma, eso sí, tiene más letra pequeña de la que cabe en un titular: no significa que cualquier estudiante extranjero pase automáticamente a computar dentro de ese porcentaje.
El límite se concentra en las clases de primer curso y cambia según la etapa educativa y la trayectoria previa del alumno. También se establecen mecanismos para repartir nuevas matrículas entre centros, refuerzo del aprendizaje del italiano y sanciones de hasta 1.000 euros por determinados incumplimientos. Al tratarse de un decreto ley, el Parlamento italiano deberá convertirlo en ley dentro del plazo constitucional de 60 días.
El límite del 30 % no afecta por igual a todos los extranjeros
La cifra que ha encendido el debate político italiano es sencilla. Su aplicación, bastante menos. En educación primaria, el texto establece que en cada clase de primero no podrá superar el 30 % el número de alumnos con ciudadanía no italiana que hayan nacido fuera del país o que no hayan cursado al menos dos años de educación infantil en Italia.
Para la enseñanza secundaria de primer y segundo grado, el criterio cambia: el límite afecta a estudiantes sin ciudadanía italiana que no hayan completado satisfactoriamente al menos tres cursos escolares dentro del sistema educativo nacional.
Es una diferencia importante. El decreto se ha presentado políticamente como una medida dirigida a quienes no conocen suficientemente el italiano, pero el mecanismo utiliza también criterios de escolarización previa y nacimiento. Un adolescente extranjero criado y escolarizado durante años en Italia, por ejemplo, no queda automáticamente metido en el mismo saco que un alumno recién llegado al país.
El ministro de Educación, Giuseppe Valditara, explicó que durante la matrícula las familias afectadas deberán señalar hasta cuatro centros de preferencia. La asignación buscará evitar que la proporción supere ese 30 %. La intención declarada por el Ejecutivo es reducir la concentración de estudiantes con dificultades lingüísticas en determinados colegios y evitar lo que Meloni denomina “clases-gueto”.
Qué ocurre cuando una escuela no puede respetar el porcentaje
Sobre el papel, repartir alumnos entre colegios puede parecer tan sencillo como mover fichas sobre un mapa. En una ciudad grande quizá haya margen; en un pueblo con un solo instituto, bastante menos. El propio decreto contempla ese problema y permite excepciones cuando el límite resulte materialmente imposible de aplicar.
En esos casos se reforzará la enseñanza del italiano. El Gobierno ha previsto alrededor de 17,5 millones de euros para actuaciones destinadas a mejorar las competencias lingüísticas en los centros afectados: 3,4 millones en 2027 y algo más de 14,1 millones anuales a partir de 2028.
Las actividades podrán desarrollarse mediante más personal docente, acuerdos con centros provinciales de educación de adultos o colaboración con entidades sociales e instituciones del territorio. La idea es que el porcentaje no funcione como una pared rígida allí donde la propia geografía escolar hace imposible respetarlo.
Valditara sostiene que actualmente existen unas 34.000 clases con una presencia de estudiantes extranjeros superior al 30 %. También ha señalado una brecha en los resultados educativos entre alumnos italianos y extranjeros, especialmente entre quienes han llegado recientemente y todavía arrastran dificultades con el idioma.
La cuestión lingüística, por cierto, no apareció ayer. Italia lleva años financiando programas específicos para colegios con una elevada presencia de alumnos recién llegados, precisamente para reforzar el aprendizaje del italiano y reducir el riesgo de retraso y abandono escolar.
Burka y niqab: qué prohíbe exactamente el decreto
El segundo gran bloque de la reforma es mucho más visible. Literalmente. La nueva regulación impide participar en actividades curriculares, extracurriculares y encuentros relacionados con la vida escolar cuando una persona lleve el rostro cubierto de manera que no pueda ser identificada, salvo por razones médicas o de seguridad.
Ahí entran el burka y el niqab, pero la redacción es deliberadamente más amplia. Valditara ha explicado que la prohibición puede alcanzar también a otros elementos que impidan reconocer a una persona, como determinados cascos o una mascarilla utilizada sin una razón sanitaria.
No se prohíbe, por tanto, el velo islámico en términos generales. El hiyab, que deja visible el rostro, no entra automáticamente en esta prohibición. El núcleo de la norma está en la posibilidad de identificación, no simplemente en el carácter religioso de una determinada prenda.
Las multas previstas oscilan entre 200 y 1.000 euros. Cuando quien incumple la norma es menor de edad, la responsabilidad económica recae sobre sus padres o representantes legales.
El asunto tiene además una derivada práctica. El Gobierno recuerda que la legislación italiana ya contempla consecuencias penales para los progenitores que incumplan gravemente la obligación de escolarizar a sus hijos. El Ejecutivo sostiene que una familia no puede justificar la ausencia de una menor alegando que el centro le impide acudir con el rostro cubierto.
Los padres también entran en el aprendizaje del italiano
El decreto no se limita a mirar el pupitre. Mira también hacia casa. Cuando un estudiante extranjero presente graves dificultades de integración escolar y un importante déficit lingüístico, el centro deberá comunicar la situación a los servicios sociales.
Estos podrán organizar cursos gratuitos de italiano dirigidos tanto al menor como a los padres cuando las barreras lingüísticas familiares estén dificultando su integración educativa. El incumplimiento de esos programas puede acarrear multas de entre 200 y 1.000 euros.
El argumento del Ejecutivo es que la capacidad de los padres para comunicarse con el colegio y seguir el recorrido académico de sus hijos forma parte del proceso de integración. Una primera versión del decreto había suscitado una fuerte polémica por contemplar consecuencias mucho más severas para las familias que rechazasen los cursos; tras la revisión del texto, la medida comunicada por el Gobierno se centra en sanciones económicas.
Aquí el decreto pisa un terreno bastante más delicado: hasta dónde puede llegar el Estado para favorecer el aprendizaje de la lengua y dónde empiezan los límites de la coerción administrativa. La discusión jurídica y parlamentaria, previsiblemente, no terminará con la fotografía del Consejo de Ministros.
El 30 % ya apareció en Italia hace más de una década
La cifra tampoco ha nacido en 2026. En enero de 2010, durante el Gobierno de Silvio Berlusconi y con Mariastella Gelmini al frente de Educación, una circular ministerial estableció como criterio general que los alumnos sin ciudadanía italiana no superaran normalmente el 30 % de una clase.
Aquella regulación buscaba distribuir de manera más equilibrada al alumnado entre los centros de una misma zona. La diferencia es relevante: ahora el Ejecutivo de Meloni eleva la cuestión mediante un decreto ley y redefine a qué alumnos pretende aplicar el límite, vinculándolo en mayor medida con su recorrido dentro del sistema educativo italiano.
Mattarella y un debate que viene de lejos
La controversia también ha alcanzado al presidente de la República, Sergio Mattarella. Meloni recordó que cuando era ministro de Educación, entre 1989 y 1990, firmó circulares que aconsejaban evitar concentraciones excesivas de escolares inmigrantes del mismo grupo lingüístico.
Aquellos documentos hablaban de agrupaciones reducidas de alumnos y, al mismo tiempo, insistían en el derecho a la educación y en el refuerzo lingüístico. No es exactamente la misma arquitectura normativa, aunque el problema de fondo —cómo evitar concentraciones escolares que dificulten la integración— lleva décadas dando vueltas por los despachos italianos.
El choque político: integración para unos, discriminación para otros
Meloni presenta el paquete como una política de integración a través de la lengua italiana. Según su explicación, limitar la concentración de estudiantes con dificultades idiomáticas permite que todos partan con oportunidades educativas más parecidas y evita aulas en las que aprender italiano resulte más complicado.
La oposición mantiene una lectura muy distinta. La secretaria del Partido Democrático, Elly Schlein, ha acusado al Gobierno de convertir a los menores extranjeros en objetivo político y ha apelado al principio constitucional italiano según el cual la escuela está abierta a todos. Es una crítica política al decreto, no una resolución judicial sobre su constitucionalidad.
También aparecen dudas puramente logísticas. Representantes de directores escolares han advertido de que aplicar el límite puede resultar muy complejo, especialmente allí donde la concentración de población extranjera responde sencillamente a la composición demográfica del barrio o del municipio.
Y ese quizá sea el punto menos vistoso, pero más concreto: una norma puede fijar porcentajes desde Roma; los alumnos, sin embargo, viven en calles, barrios y pueblos determinados. El mapa real de las escuelas no siempre obedece dócilmente a una calculadora.
Una reforma que se jugará en las aulas
El burka y el niqab ocupan el escaparate mediático porque una imagen pesa más que una tabla estadística. Pero el cambio de mayor alcance educativo probablemente esté en otro lugar: cómo distribuir a los alumnos recién llegados, cómo valorar su integración lingüística y qué recursos reciben los colegios que concentran mayores dificultades.
El Gobierno de Meloni ha elegido combinar límites, redistribución de matrículas, cursos de italiano y sanciones. Sus defensores sostienen que servirá para reducir la segregación escolar; sus críticos temen que termine generando nuevas barreras para determinadas familias extranjeras. El efecto concreto dependerá del texto definitivo tras su recorrido parlamentario y, sobre todo, de cómo puedan aplicarlo los centros.
Por ahora hay una precisión importante que se pierde con facilidad entre titulares: el 30 % no constituye una prohibición general de tener más de tres alumnos extranjeros por cada diez, ni todos los menores sin pasaporte italiano quedan sometidos automáticamente al límite. La norma se concentra en determinadas clases iniciales y utiliza criterios relacionados con el nacimiento y la trayectoria previa dentro del sistema escolar italiano. Esa letra pequeña cambia bastante la fotografía.












