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¿Qué significa el juicio a Tito Berni y otros 13 por el caso Mediador?

La jueza abre juicio oral contra Tito Berni y otros 13 acusados en la pieza principal del caso Mediador, con peticiones de hasta 13 años de cárcel.

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Resumen

  • Tito Berni y otros 13 acusados irán a juicio por el caso Mediador
  • Fiscalía pide penas de hasta 13 años de cárcel en la pieza principal
  • El juicio deberá determinar qué hechos y responsabilidades quedan probados

El caso Mediador entra en una fase decisiva. La jueza María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres ha acordado la apertura de juicio oral contra 14 personas en la pieza principal de la causa, entre ellas el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni, el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa y Marco Antonio Navarro Tacoronte, el intermediario que acabó dando nombre al procedimiento. El asunto deja así atrás la larga etapa de instrucción y se encamina hacia su enjuiciamiento.

La resolución considera que existen indicios suficientes para celebrar juicio por hechos que pueden encajar, según cada acusado, en delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, estafa, falsedad en documento mercantil y pertenencia a grupo criminal. Conviene marcar bien la frontera jurídica: abrir juicio oral no equivale a declarar culpable a nadie. Será el tribunal quien valore las pruebas, escuche a acusaciones y defensas y determine qué hechos quedan finalmente acreditados.

Tito Berni irá a juicio junto a otras 13 personas

La resolución supone un salto relevante respecto a la situación de febrero de 2026, cuando la jueza dio por terminada la instrucción de la pieza principal y acordó continuar el procedimiento contra 23 personas por nueve posibles delitos. Tras aquella fase y la presentación de los correspondientes escritos de acusación, el auto conocido este 24 de septiembre abre juicio oral contra 14 encausados.

Entre quienes llegarán al banquillo figuran, además de Fuentes Curbelo, Taishet Fuentes, sobrino del exdiputado y antiguo director general de Ganadería del Gobierno de Canarias; Navarro Tacoronte; Francisco Espinosa y distintos empresarios relacionados con los episodios investigados. El procedimiento gira alrededor de una presunta red en la que personas con cargos o contactos en la Administración habrían ofrecido o prometido ventajas a empresarios a cambio de pagos y otras contraprestaciones.

Tito Berni había sido diputado del PSOE en el Congreso y abandonó su escaño cuando el caso salió a la luz en 2023. La investigación lo ha situado entre las figuras centrales de la trama presuntamente articulada alrededor de empresarios interesados en obtener favores administrativos, subvenciones o contratos, así como ventajas frente a determinados expedientes. Son, a estas alturas, hechos objeto de acusación y no una declaración judicial definitiva de responsabilidad.

Los delitos que llegan a la pieza principal

El abanico penal es amplio porque el caso Mediador no responde a un único episodio. La instrucción ha ido desgranando relaciones entre cargos públicos, intermediarios y empresarios durante los años 2020 y 2021, con operaciones y contactos de distinta naturaleza. En esta pieza principal aparecen acusaciones por cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, estafa, falsedad mercantil y pertenencia a grupo criminal, dependiendo de la participación atribuida a cada acusado.

El cohecho ocupa un lugar central: en términos sencillos, se refiere a la entrega, solicitud o aceptación de dádivas o ventajas vinculadas al ejercicio de una función pública. La prevaricación, por su parte, castiga determinadas resoluciones administrativas arbitrarias dictadas a sabiendas de su injusticia; el tráfico de influencias se mueve en otro terreno, el del uso indebido de una posición o relación para influir en una decisión pública.

No significa, claro, que todos los acusados afronten el mismo catálogo de delitos. Fuentes Curbelo será juzgado por las conductas concretamente incluidas en la acusación contra él, mientras que a Navarro Tacoronte, Espinosa, Taishet Fuentes y los empresarios implicados se les atribuyen responsabilidades diferentes. Esa separación será esencial durante la vista: un macrocaso puede ocupar muchos titulares, pero la responsabilidad penal es individual.

Las penas que reclama la Fiscalía

El Ministerio Fiscal había solicitado la apertura de juicio oral y formuló peticiones de cárcel que alcanzan los 13 años en los casos más graves. Para Juan Bernardo Fuentes Curbelo, la Fiscalía reclama ocho años de prisión; para su sobrino Taishet Fuentes, la petición asciende a 11 años; y para Marco Antonio Navarro Tacoronte llega a 13.

En el caso del general retirado Francisco Espinosa, la Fiscalía pidió dos años de prisión por cohecho y tráfico de influencias. Son solicitudes de la acusación pública, no condenas anticipadas: las penas que eventualmente pudiera imponer el tribunal dependerán del resultado del juicio y de los delitos que considere probados, si considera probado alguno.

Cómo funcionaba presuntamente la trama del caso Mediador

La investigación describe un mecanismo bastante terrenal, lejos de grandes arquitecturas financieras: empresarios que buscaban abrir puertas en la Administración y un grupo de personas que supuestamente podía facilitar contactos, desbloquear expedientes, conseguir ayudas o favorecer determinados negocios. Según la acusación fiscal, la red captaba especialmente a empresarios de los sectores agrícola, ganadero y de las energías renovables en Canarias.

Las contraprestaciones investigadas incluían dinero, regalos y comisiones. La causa también ha recogido encuentros y fiestas pagadas por empresarios, pero el núcleo penal no está en la anécdota más vistosa —por mucho que haya alimentado kilómetros de titulares— sino en determinar si existió realmente un intercambio corrupto entre ventajas privadas y capacidad de influencia sobre decisiones públicas.

Buena parte del material que permitió reconstruir las relaciones entre los investigados procedía de los teléfonos móviles de Navarro Tacoronte. Conversaciones, mensajes, fotografías y otros elementos incorporados a la investigación sirvieron para seguir las conexiones entre distintos participantes y reconstruir algunos de los episodios sometidos a investigación.

Navarro Tacoronte, Espinosa y Taishet Fuentes

Marco Antonio Navarro Tacoronte aparece como el intermediario entre empresarios y personas con capacidad o contactos dentro de las administraciones. De ahí el nombre popular del procedimiento. La Fiscalía sostiene que desempeñó un papel relevante en las gestiones y le atribuye varios delitos en la pieza principal, entre ellos tráfico de influencias, falsedad mercantil, estafa, cohecho y pertenencia a grupo criminal.

Taishet Fuentes ocupó la Dirección General de Ganadería del Gobierno canario después de su tío y también se encuentra entre los principales acusados. Francisco Espinosa, por su parte, era general de la Guardia Civil y dirigió el proyecto europeo GAR-SI Sahel antes de su retirada. La investigación examina el presunto aprovechamiento de sus relaciones y posiciones para favorecer determinados intereses empresariales.

El caso Mediador ya ha dejado un primer juicio y condenas

La pieza que ahora llega a juicio no debe confundirse con otra parte del procedimiento que ya pasó por la Audiencia Provincial a comienzos de 2026. En aquella primera pieza fueron juzgados Navarro Tacoronte, Francisco Espinosa y el empresario Antonio Bautista por pagos relacionados con intentos de conseguir contratos para instalaciones fotovoltaicas en Canarias.

Un jurado los declaró culpables de cohecho y, el 25 de febrero, la Audiencia condenó a Espinosa y Bautista a nueve meses de prisión, mientras que Navarro Tacoronte recibió una pena de cuatro meses y quince días. Aquella sentencia se refería exclusivamente a esos hechos concretos. La pieza principal abierta ahora a juicio es mucho más amplia y comprende conductas y acusados distintos, aunque algunos nombres se repitan.

Esa distinción importa. El caso Mediador ha funcionado judicialmente mediante diferentes piezas, y una condena dictada en una de ellas no permite trasladar automáticamente la culpabilidad a otra. Navarro Tacoronte y Espinosa llegan a este nuevo procedimiento con aquel antecedente judicial, pero los hechos de la pieza principal deberán probarse de forma independiente.

La Audiencia tendrá la última palabra sobre los hechos

Con la apertura de juicio oral, la gran cuestión deja de ser si la pieza principal llegará al banquillo. El procedimiento abandona la fase de investigación y entra de lleno en la fase de enjuiciamiento, donde deberá organizarse la vista y fijarse la correspondiente fecha.

Allí se confrontarán los escritos de acusación con las versiones de las defensas, las pruebas documentales, los mensajes y movimientos económicos incorporados a la causa y las declaraciones que correspondan. El relato construido durante años de instrucción tendrá que superar algo bastante menos espectacular que el ruido político y mediático que rodeó el caso: las reglas de prueba de un juicio penal.

Para Tito Berni, el cambio es sustancial. Ya no se encuentra únicamente ante una investigación judicial o ante la posibilidad de acabar procesado. Existe un auto de apertura de juicio oral y una petición fiscal de ocho años de prisión. Para los demás acusados ocurre lo mismo, cada uno dentro de los hechos y delitos que se le atribuyen.

El caso Mediador entra así en el tramo donde las sospechas acumuladas durante la instrucción tendrán que convertirse en hechos probados o quedarse por el camino. Tras años de mensajes, empresarios, intermediarios, contactos políticos y episodios que parecían escritos con exceso de imaginación, queda lo menos vistoso y lo más importante: un tribunal deberá decidir qué ocurrió realmente y qué responsabilidades penales existen.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.