¿Por qué Junts da por «inhabilitado» a Sánchez por la crisis de Ceuta?

Junts ha elevado al máximo la presión sobre Pedro Sánchez por la gestión de la crisis migratoria de Ceuta. Su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, sostuvo este jueves que el presidente queda políticamente «inhabilitado» en cualquiera de los dos escenarios que, a su juicio, explican lo ocurrido: si conocía los avisos previos sobre la llegada masiva de migrantes del 30 de julio y los minimizó, habría ocultado información; si no los conocía, quedaría en entredicho el control que asegura ejercer el Gobierno sobre la seguridad nacional.

La embestida tiene una particularidad nada menor. No procede únicamente del PP o de Vox. Sumar, socio del PSOE en el Ejecutivo, también ha censurado la actuación del Gobierno, considera que reaccionó tarde y rechaza la tesis de que no existen elementos suficientes para señalar responsabilidades marroquíes. La comparecencia destinada a explicar Ceuta terminó así dibujando algo bastante incómodo para Moncloa: sus adversarios atacan desde fuera y una parte de su propia mayoría discute desde dentro una pieza esencial del relato gubernamental.

Junts convierte los avisos sobre Ceuta en un dilema para Sánchez

Nogueras construyó su intervención alrededor de dos posibilidades y ninguna dejaba demasiado aire al presidente. Según la dirigente de Junts, si Sánchez conocía previamente las advertencias existentes, habría mentido para proteger a Marruecos; y si no las conocía, resultaría difícil sostener que el Ejecutivo tenía bajo control un asunto tan sensible como la frontera exterior española y europea.

Es una acusación política, no una declaración jurídica de incapacidad ni, naturalmente, una «inhabilitación» en sentido legal. El término utilizado por Junts pertenece aquí al terreno parlamentario: pretende cuestionar la legitimidad política del presidente para continuar gobernando, no describir ninguna resolución judicial. Conviene hacer esa precisión porque, cuando el Congreso alcanza cierta temperatura, las palabras acostumbran a llegar antes que sus manuales de instrucciones.

La portavoz independentista amplió además el ataque a la relación mantenida por Sánchez con Rabat y vinculó la crisis de Ceuta con el giro español sobre el Sáhara Occidental. También aprovechó el debate migratorio para defender que Cataluña asuma mayores competencias en inmigración, una vieja aspiración de Junts que reaparece cada vez que la política migratoria estatal entra en zona de turbulencias.

El aviso del 29 de julio complica el relato del Gobierno

El elemento que más combustible ha añadido al debate es un informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía. Según la información conocida, el organismo emitió el 29 de julio una nota que advertía de riesgo de entrada irregular para el día siguiente en Ceuta y Melilla, especialmente por vía marítima, y calificaba como «extremo» el riesgo de accesos coordinados a nado y mediante saltos de la valla.

Ese dato no equivale automáticamente a afirmar que el Gobierno supiera que unas 80.000 personas terminarían intentando o logrando alcanzar Ceuta durante los días 30 y 31 de julio. Ahí está precisamente la grieta sobre la que discuten Ejecutivo y oposición. Sánchez sostiene que los servicios del Estado podían conocer un aumento del riesgo habitual en una frontera sometida constantemente a presión, pero que ninguna institución anticipó la extraordinaria escala de los acontecimientos.

La diferencia parece semántica hasta que deja de serlo. Una cosa es recibir una alerta sobre posibles entradas irregulares y otra recibir una advertencia que permita prever un movimiento de decenas de miles de personas capaz de desbordar prácticamente cualquier dispositivo preparado de antemano. El problema político para Moncloa es que la existencia del aviso coloca el foco sobre qué información circuló por el Estado y hasta dónde llegó antes de la crisis.

Sánchez mantiene que nadie anticipó la magnitud del cruce

Sánchez respondió en el Congreso manteniendo la línea defendida durante las últimas semanas: ningún servicio de inteligencia ni organismo nacional o internacional proporcionó al Gobierno una advertencia que anticipase un cruce de aquella magnitud. Para tratar de zanjar la controversia documental, anunció además que había ordenado publicar todos los informes disponibles sobre la crisis de Ceuta.

El presidente también rechazó que existan pruebas sólidas para concluir que el Gobierno de Marruecos diseñó o ejecutó deliberadamente la operación. El matiz es importante porque el informe policial conocido sí describe comportamientos de fuerzas marroquíes difíciles de encajar en una vigilancia fronteriza normal: menor presencia policial en determinados momentos y agentes que habrían indicado direcciones a grupos de migrantes. Sin embargo, el documento no aporta una prueba independiente de que existiera una orden directa de Rabat para organizar el cruce.

Sánchez admitió que durante aproximadamente diez horas del 30 de julio las fuerzas marroquíes permitieron de hecho los cruces, aunque sostuvo que todavía debe determinarse si aquello respondió a una decisión deliberada o a una incapacidad para contener la situación. Marruecos, por su parte, ha negado haber facilitado la entrada y ha atribuido la crisis a distintos factores, entre ellos las redes de tráfico de personas y las movilizaciones difundidas a través de redes sociales.

Sumar abre otra grieta dentro de la mayoría

La intervención de Sumar dejó quizá la fotografía políticamente más reveladora de la jornada. Enrique Santiago, portavoz de IU dentro del grupo, acusó al Ejecutivo de haber reaccionado tarde y sostuvo que exculpar a Marruecos no resulta creíble. También criticó que se tardara alrededor de un mes en convocar al Consejo de Seguridad Nacional y establecer un mando único para afrontar la crisis.

Sumar reclama asimismo trasladar a la península a los migrantes que continúan en Ceuta y estudiar desde allí cada expediente. Su posición choca a la vez con el PSOE y con las propuestas de devolución inmediata defendidas desde la derecha. Aina Vidal, portavoz de los comunes, resumió la crítica con otra expresión incómoda para Moncloa: considera fracasada la política de apaciguamiento con Marruecos.

Aquí aparece la dimensión política que supera la discusión sobre un informe. Sánchez necesita mantener una cooperación estrecha con Rabat para gestionar una frontera especialmente compleja; Sumar entiende que esa relación no puede conducir a rebajar responsabilidades cuando existen indicios de permisividad marroquí. Junts, desde una posición muy distinta en política migratoria, llega por otra carretera al mismo punto: acusa al presidente de anteponer la relación con Marruecos a una explicación convincente sobre Ceuta.

Marruecos sigue siendo el incómodo centro de gravedad

El informe policial describe la llegada como un fenómeno planificado y desarrollado por fases, destinado a saturar los controles españoles, y recoge indicios de que gendarmes marroquíes, algunos uniformados y otros de paisano, pudieron orientar a grupos hacia determinados puntos fronterizos. También señala que la inmensa mayoría de quienes cruzaron regresó posteriormente, un comportamiento que los investigadores consideran relevante para estudiar la naturaleza de aquella movilización.

Pero entre afirmar que determinados agentes participaron o permitieron el movimiento y demostrar que Rabat ordenó una operación de Estado existe una distancia probatoria considerable. El informe recoge comportamientos atribuidos a agentes marroquíes, pero no identifica órdenes verificadas emanadas del Gobierno de Marruecos. Ese terreno gris es exactamente donde se libra buena parte de la pelea política española.

Sánchez ha asegurado que España actuaría con contundencia si aparecen pruebas sólidas. Paralelamente, reveló que el Gobierno convocó el 21 de agosto a la embajadora marroquí en Madrid para protestar por unas declaraciones de ministros de ese país sobre Ceuta y Melilla. El episodio diplomático no se había hecho público hasta la comparecencia parlamentaria.

El presidente anunció también nuevas medidas para Ceuta: otros 100 millones de euros en ayudas, refuerzo de los espigones del Tarajal y Benzú, ampliación de los sistemas de vigilancia, cámaras térmicas, drones y nuevas embarcaciones. El Ejecutivo pretende solicitar igualmente una presencia permanente de Frontex y una misión específica de Europol relacionada con la inmigración irregular en la ciudad autónoma.

Una crisis fronteriza convertida en crisis de confianza

La comparecencia debía aclarar cómo respondió España a los acontecimientos del 30 y 31 de julio. Ha terminado dejando encima de la mesa una cuestión todavía más incómoda: establecer quién disponía de la información previa, cuál era su alcance y cuándo llegó a los responsables políticos. Es una discusión especialmente tóxica para cualquier Gobierno, porque no se resuelve con una declaración solemne ni con una batería de reproches desde los escaños.

Junts ha elegido el terreno de la responsabilidad política absoluta: tanto saber como no saber serían, según Nogueras, razones para considerar a Sánchez incapacitado para seguir gobernando. Sumar introduce una crítica diferente, pero igualmente delicada: considera insuficiente la respuesta española y demasiado complaciente la interpretación sobre Marruecos. El PP exige responsabilidades. Y Sánchez responde prometiendo documentación, nuevas inversiones y una relación distinta con Rabat mientras insiste en que no existen pruebas concluyentes de una operación organizada por el Estado marroquí.

Por debajo del ruido parlamentario queda el hecho que realmente importa: durante aquellas jornadas la frontera quedó sometida a una presión extraordinaria, murieron personas intentando alcanzar territorio español y Ceuta tuvo que absorber en pocas horas una situación que desbordó su capacidad ordinaria. Las responsabilidades políticas seguirán discutiéndose; las pruebas deberán separar sospechas de hechos. Entre ambas cosas hay una frontera bastante menos visible que la del Tarajal, pero igualmente importante en democracia.