¿Qué pasó con la embajadora de Marruecos? Sánchez revela la protesta

Pedro Sánchez ha revelado este jueves en el Congreso que el Ministerio de Asuntos Exteriores convocó a la embajadora de Marruecos, Karima Benyaich, el 21 de agosto. La reunión, que no se hizo pública entonces, estuvo motivada por unas declaraciones de responsables marroquíes sobre Ceuta y Melilla que el Gobierno español consideró inaceptables. La noticia coloca la relación con Rabat en un terreno más áspero del que Moncloa había mostrado hasta ahora.

La revelación llegó durante la comparecencia sobre la crisis de Ceuta de los días 30 y 31 de julio, cuando decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos hacia la ciudad autónoma. Alberto Núñez Feijóo aprovechó el debate para elevar considerablemente la presión: sostiene que la operación salió de Marruecos, fue consentida allí y que el Ejecutivo español recibió señales que no supo —o no quiso— interpretar. Su exigencia fue rotunda: Sánchez debe dimitir por «incompetente o por cómplice».

El presidente rechaza esa conclusión. Sánchez admite que durante una parte crítica del 30 de julio la Gendarmería marroquí permitió los cruces, pero insiste en que no existen, por ahora, pruebas sólidas que permitan concluir que el Gobierno de Marruecos ordenó o diseñó la operación. Esa diferencia parece pequeña escrita sobre el papel. Políticamente es un barranco: una cosa es acreditar permisividad o actuación de agentes y otra demostrar una orden procedente del aparato estatal marroquí.

El informe policial cambia la dimensión de la crisis de Ceuta

El epicentro de la polémica es un informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, el CENIF, y remitido a la Audiencia Nacional. El documento analiza lo sucedido durante la llegada masiva y descarta que pueda explicarse únicamente como una movilización espontánea de miles de personas que, de repente, decidieron dirigirse hacia la frontera española.

Los investigadores hablan de planificación previa, movimientos coordinados y una notable difusión de mensajes en redes sociales antes del cruce. El informe también describe una presencia policial marroquí sensiblemente menor de lo habitual y recoge actuaciones en las que agentes del país vecino habrían realizado un «guiado activo» de grupos de migrantes hacia determinadas zonas de paso.

Uno de los elementos que más atención ha despertado es el incremento súbito de mensajes detectado el 28 de julio en redes sociales y canales de comunicación que alentaban a cruzar hacia Ceuta. El CENIF emitió posteriormente una alerta sobre el riesgo de una entrada masiva. La discusión que sacude ahora al Gobierno no consiste únicamente en determinar qué decía aquella advertencia, sino hasta dónde llegó dentro de la cadena de mando.

El informe presenta, por tanto, indicios relevantes sobre la actuación de miembros de las fuerzas marroquíes y sobre el carácter organizado de la movilización. Pero no identifica una cadena concreta de órdenes que conduzca hasta el Gobierno de Rabat. Tampoco determina quién habría diseñado políticamente la operación. Ese límite explica la posición de Sánchez: reconoce la gravedad del documento, pero rechaza convertir una sospecha seria en una responsabilidad estatal demostrada.

Feijóo acusa a Sánchez de saberlo y ocultarlo

Feijóo ha optado por una lectura mucho más contundente. Para el presidente del PP, lo ocurrido en Ceuta no puede reducirse a una crisis migratoria convencional. Afirma que existió una operación procedente de Marruecos, que las autoridades marroquíes la consintieron y que el Gobierno español disponía de información suficiente para anticipar el riesgo.

Su argumento desemboca en una acusación política especialmente dura: si Sánchez desconocía lo que estaba sucediendo, fue incompetente; si lo conocía y no reaccionó, fue cómplice. Feijóo ha añadido que el presidente podría terminar respondiendo tanto ante las urnas como ante la Justicia. El PP se ha personado en la causa abierta en la Audiencia Nacional, aunque las responsabilidades judiciales están todavía por determinar.

La pregunta sobre qué sabe Marruecos de Sánchez

El dirigente popular introdujo, además, una sospecha todavía más explosiva al recuperar el caso Pegasus, el espionaje mediante el programa que afectó al teléfono móvil de Sánchez. Feijóo preguntó desde la tribuna qué sabe Marruecos del presidente y vinculó esa incógnita con la supuesta debilidad del Ejecutivo español ante Rabat.

Hasta el momento no existe evidencia pública que demuestre que Marruecos posea información comprometida para presionar a Sánchez. La insinuación de Feijóo forma parte del combate político, no de los hechos acreditados sobre la crisis de Ceuta. El matiz importa, sobre todo porque el espionaje con Pegasus continúa alimentando sospechas desde hace años y cualquier conexión automática con la actual crisis exigiría pruebas que no se conocen.

Por qué fue convocada la embajadora de Marruecos

La comparecencia dejó una novedad concreta. Sánchez confirmó que Exteriores había convocado el pasado 21 de agosto a Karima Benyaich, embajadora de Marruecos en España. El motivo fueron declaraciones realizadas por miembros del Gobierno marroquí sobre Ceuta y Melilla que Madrid consideró incompatibles con una relación normal entre países vecinos.

La convocatoria se había mantenido en un discreto segundo plano. Feijóo ha criticado precisamente esa falta de publicidad, porque entiende que una protesta diplomática pierde buena parte de su fuerza cuando nadie sabe que se ha producido. Moncloa defiende, en cambio, que una parte de la diplomacia con Marruecos necesita desarrollarse lejos de los focos. A veces las cancillerías hablan en voz baja. El problema llega cuando el Congreso exige escuchar cada palabra.

Convocar a la embajadora marroquí y llamar a consultas al embajador español son, además, medidas distintas. La primera consiste en citar formalmente a la representante de Marruecos para transmitir una protesta. La segunda supondría ordenar el regreso temporal del embajador de España en Rabat, un gesto de mayor carga política y una señal visible de deterioro en las relaciones bilaterales.

Feijóo reclama precisamente que España eleve el tono diplomático. Sánchez evita por ahora esa ruptura y sostiene que la cooperación con Rabat sigue siendo necesaria en cuestiones como migración, seguridad y control fronterizo, aunque admite que la relación deberá incorporar nuevas garantías después de lo ocurrido en julio.

Sánchez publicará los informes y exige aclarar qué falló

El presidente ha anunciado que el Gobierno hará públicos los informes recibidos antes y después de la crisis. Según su versión, ninguna de las alertas previas anticipaba una movilización de la dimensión finalmente registrada. Sánchez sostiene que los avisos disponibles no permitían prever que decenas de miles de personas tratarían de entrar casi simultáneamente en Ceuta.

Al mismo tiempo, ha reclamado explicaciones sobre un asunto incómodo para Interior: por qué el documento del CENIF remitido a la Audiencia Nacional no llegó a los superiores policiales ni al Ministerio. Fernando Grande-Marlaska pidió explicaciones al director general de la Policía después de conocer la existencia del informe a través de las informaciones publicadas sobre la investigación.

La Audiencia Nacional había impuesto reserva sobre la documentación solicitada, circunstancia que ayuda a explicar parte de ese recorrido extraño. Pero no despeja por completo el problema político. La cuestión central sigue abierta: qué alertas existían antes del 30 de julio, quién tuvo acceso a ellas y qué valoración se hizo del riesgo real sobre la frontera.

Las 72.000 entradas y una ciudad desbordada

Detrás de la tormenta parlamentaria queda Ceuta. Durante los días 30 y 31 de julio se registró la entrada de alrededor de 72.000 personas desde Marruecos, una magnitud extraordinaria para una ciudad que apenas supera los 80.000 habitantes. Calles, playas, servicios sanitarios, instalaciones de acogida y fuerzas de seguridad quedaron sometidos a una presión difícil de imaginar desde la península.

Más del 90 % de quienes cruzaron regresaron posteriormente a Marruecos, según el balance expuesto por Sánchez. Miles permanecieron, sin embargo, durante semanas en la ciudad mientras se tramitaban retornos, identificaciones y expedientes. El presidente también recordó las 141 muertes contabilizadas durante la crisis, una cifra que muestra la dimensión humana del episodio más allá de la pelea entre partidos.

Sánchez ha defendido la actuación de las fuerzas de seguridad españolas y sostiene que los agentes tuvieron que anteponer la protección de vidas humanas a una contención fronteriza absoluta. El Ejecutivo rechaza las acusaciones de pasividad y recuerda que una devolución inmediata no puede realizarse ignorando las obligaciones legales, la situación de menores o las circunstancias particulares de cada persona.

El impacto tampoco terminó cuando disminuyeron las llegadas. El Gobierno aprobó un paquete que moviliza 309 millones de euros para Ceuta durante los cuatro meses restantes de 2026. Incluye fondos para servicios esenciales, seguridad, acogida humanitaria y apoyo económico a empresas, autónomos y trabajadores golpeados por una crisis que prácticamente paralizó partes de la ciudad.

Se han habilitado asimismo miles de plazas adicionales de alojamiento y nuevas instalaciones para gestionar la presencia de migrantes. El objetivo oficial es recuperar una normalidad que todavía resulta frágil. En Ceuta la política nacional se ve de otra manera: la frontera no es una línea dibujada en un mapa, sino una verja, una playa, una carretera y Marruecos a pocos metros.

España y Marruecos entran en una relación más incómoda

La estrategia de Sánchez no pasa por romper con Rabat. El Gobierno considera que España necesita una cooperación estable con Marruecos para gestionar la inmigración, luchar contra las redes de tráfico de personas y mantener la seguridad en una de las fronteras más sensibles de la Unión Europea. Pero también reconoce que después de Ceuta esa cooperación no puede funcionar exactamente como antes.

El Ejecutivo quiere mejorar los mecanismos de alerta, reforzar la frontera y desarrollar nuevas infraestructuras que dificulten entradas masivas tanto por tierra como por mar. Sánchez también ha planteado la necesidad de una visita de Felipe VI a Ceuta y Melilla, un gesto institucional de enorme simbolismo en plena controversia sobre las declaraciones procedentes de Marruecos acerca de las dos ciudades autónomas.

La discrepancia fundamental continúa intacta. El informe policial aporta indicios serios de permisividad y actuación de agentes marroquíes y describe una movilización organizada. El Gobierno sostiene que todavía falta la prueba que permita atribuir esa organización directamente al Estado marroquí. Feijóo cree que esa prudencia ha dejado de ser prudencia y se ha convertido en ocultación.

Ese es el verdadero punto de fricción que deja la comparecencia. La convocatoria de la embajadora demuestra que la relación con Rabat atravesaba ya una fase de tensión que no se había contado públicamente con todo detalle. Queda por determinar quién organizó una movilización capaz de empujar a decenas de miles de personas hacia una frontera europea, qué información manejó España antes de que comenzara y por qué los mecanismos de prevención fallaron ante una crisis de semejante escala.