¿Quién podrá jubilarse sin recortes tras 40 años cotizados en España?

El Congreso de los Diputados ha abierto la puerta a uno de los cambios más relevantes para quienes acumulan carreras laborales especialmente largas: eliminar la penalización de la jubilación anticipada cuando se acrediten 40 años cotizados. La Cámara tomó en consideración la proposición de ley con 178 votos a favor, 136 abstenciones y 33 votos en contra. PSOE y Sumar respaldaron su tramitación, el PP se abstuvo y Vox votó en contra.

Hay, sin embargo, una diferencia importante entre comenzar a tramitar una ley y tenerla ya en el BOE. La reforma todavía no está aprobada ni ha entrado en vigor. Mientras no complete su recorrido parlamentario, quienes accedan a la jubilación anticipada continúan sometidos a los coeficientes reductores actualmente establecidos. Esa es la situación real a 23 de septiembre de 2026.

Qué ha aprobado exactamente el Congreso

La iniciativa pretende modificar la Ley General de la Seguridad Social para que, tanto en determinados supuestos de jubilación anticipada voluntaria como involuntaria, no se aplique reducción alguna al acreditar 40 años de cotización. El texto procede de una proposición de ley registrada en 2024 y que ha llegado finalmente al debate de toma en consideración del Pleno.

Conviene también afinar el vocabulario. Aunque coloquialmente se habla mucho de «prejubilarse», la propuesta afecta jurídicamente a la jubilación anticipada. Una prejubilación suele responder a un acuerdo entre empresa y trabajador antes de acceder formalmente a la pensión; aquí se discuten las reglas con las que la Seguridad Social calcula una pensión contributiva cuando el retiro se produce antes de la edad ordinaria.

Los 40 años tampoco se convertirían en un pasaporte para dejar de trabajar a cualquier edad. La propuesta elimina el coeficiente reductor cuando se alcanza ese periodo cotizado, pero mantiene el resto de requisitos legales que permiten acceder a cada modalidad de jubilación anticipada.

Qué pasaría con la jubilación anticipada voluntaria

En la jubilación anticipada voluntaria se puede adelantar el retiro hasta dos años respecto de la edad ordinaria, siempre que se cumplan las condiciones exigidas por la Seguridad Social. Entre ellas están el periodo mínimo de cotización y los requisitos económicos previstos por la normativa.

En 2026, la edad ordinaria es de 65 años para quienes acrediten al menos 38 años y tres meses cotizados. Para quienes no alcancen ese periodo, se sitúa en 66 años y diez meses. Una persona con 40 años de cotización entra, por tanto, en el primer grupo.

El efecto económico puede ser considerable. Con las reglas vigentes, un trabajador situado en el tramo de entre 38 años y seis meses y menos de 41 años y seis meses cotizados que adelante voluntariamente su jubilación 24 meses soporta un coeficiente reductor del 19%. Si el anticipo es de doce meses, el porcentaje es del 5,25%; con un solo mes, del 3,11%.

La modificación que ha empezado a tramitar el Congreso llevaría esa reducción al 0% al alcanzar los 40 años cotizados. Para quien ha trabajado desde muy joven, la diferencia puede traducirse en cientos de euros mensuales según la pensión que le corresponda y el momento en el que adelante su retiro.

También alcanzaría a la jubilación anticipada involuntaria

La propuesta aborda igualmente la jubilación anticipada por causas no imputables al trabajador, la que puede producirse después de determinados despidos o extinciones laborales y que permite, si se reúnen las condiciones legales, adelantar el retiro hasta cuatro años.

En esta modalidad los coeficientes pueden resultar más elevados precisamente porque el anticipo puede ser mayor. La legislación actual modula el recorte según los meses de adelanto y los años cotizados. La proposición pretende que, una vez alcanzada la barrera de 40 años, ese castigo económico deje de aplicarse.

Eso no significa que cualquier persona despedida con cuatro décadas cotizadas pueda jubilarse automáticamente. Seguirían operando condiciones relativas a la edad, el periodo cotizado, la situación laboral y, cuando corresponda, la inscripción como demandante de empleo. Cambiaría el cálculo de la pensión, no todo el sistema de acceso.

Los jubilados actuales también aparecen en la propuesta

Uno de los elementos con mayor alcance de la proposición afecta a personas que ya están jubiladas y sufren coeficientes reductores pese a haber alcanzado los 40 años de cotización antes de retirarse.

El texto contempla que quienes hayan accedido a la pensión en esas condiciones antes de la entrada en vigor de la futura norma puedan solicitar al Instituto Nacional de la Seguridad Social un nuevo cálculo de su pensión aplicando las reglas introducidas por la reforma.

Hay una precisión importante. Según la redacción que ha comenzado su recorrido parlamentario, si ese recálculo da como resultado una pensión superior, el incremento se aplicaría desde el momento de presentar la solicitud. El texto no establece una devolución general de todo el dinero que cada pensionista dejó de cobrar desde la fecha en la que se jubiló.

Ese detalle puede ser relevante durante la negociación. Una cosa es recalcular hacia adelante una prestación y otra muy distinta reconocer efectos económicos completos sobre años anteriores. La factura presupuestaria cambia. Y bastante.

Por qué los 40 años se han convertido en la frontera

El sistema vigente calcula las reducciones principalmente atendiendo a dos factores: cuántos meses se adelanta la jubilación y cuánto tiempo se ha cotizado. Una carrera laboral más extensa suele suavizar los porcentajes, pero no elimina por sí sola la penalización.

Ahí se encuentra el origen de la reivindicación de los colectivos de pensionistas con largas carreras laborales. Hay personas que comenzaron a trabajar con 14, 15 o 16 años, acumularon cuatro décadas o más de cotizaciones y terminaron jubilándose anticipadamente. El coeficiente aplicado entonces puede acompañar a su pensión durante el resto de su vida.

La propuesta establece una línea nítida: 40 años cotizados. Esa frontera, sin embargo, también ha provocado discusión durante el debate parlamentario. Sumar defendió que podría estudiarse una fórmula menos rígida y que tuviera en cuenta otras circunstancias; otros grupos plantearon diferencias entre quienes adelantan voluntariamente su retiro y quienes salen del mercado laboral sin haberlo elegido.

Eso anticipa una cuestión esencial: el texto que finalmente llegase a aprobarse podría no ser idéntico al que ha iniciado la tramitación. Precisamente para eso sirven las enmiendas y el trabajo parlamentario posterior a una toma en consideración.

El coste de eliminar los coeficientes entra en el debate

La discusión tiene también una vertiente presupuestaria. El Gobierno cifró en torno a 3.358 millones de euros el coste adicional que supondría eliminar estos coeficientes en los términos planteados en una iniciativa anterior: unos 1.345 millones vinculados a jubilaciones voluntarias y 2.013 millones a las involuntarias.

La estimación ayuda a comprender por qué el asunto lleva años dando vueltas por el Congreso sin cristalizar todavía en una modificación definitiva. No se trata únicamente de borrar un porcentaje de una tabla: hacerlo afecta al gasto estructural del sistema de pensiones y abre, a su vez, la discusión sobre cómo tratar de forma distinta las carreras laborales excepcionalmente largas.

Las posiciones políticas tampoco han sido estáticas. En junio de 2026, una enmienda de Podemos que perseguía eliminar estas penalizaciones fue rechazada con los votos del PSOE y el PP. Tres meses después, el PSOE ha apoyado que la proposición específica sobre esta materia comience su tramitación, mientras el PP se ha abstenido. Vox ha votado en contra.

El respaldo a tramitar una iniciativa tampoco equivale necesariamente a aceptar su redacción definitiva. Durante las siguientes fases pueden aparecer modificaciones, acuerdos entre grupos o cambios sustanciales sobre los requisitos y el impacto económico.

Qué ocurre mientras la nueva ley no entre en vigor

Para una persona que tenga actualmente 40 años cotizados, la situación es clara: todavía no existe un derecho general a jubilarse anticipadamente sin reducción por el mero hecho de haber alcanzado esas cuatro décadas de cotización.

Los coeficientes actuales continúan funcionando y deben tenerse en cuenta antes de adoptar una decisión de jubilación. La toma en consideración aprobada por el Congreso permite que la iniciativa siga avanzando, pero todavía quedan fases parlamentarias antes de una eventual aprobación definitiva.

La diferencia no es menor. Quien solicitara una jubilación anticipada bajo las normas actuales podría encontrarse con una reducción permanente de su pensión, aunque la reforma termine aprobándose posteriormente. La propuesta incorpora un mecanismo de recálculo para jubilados anteriores, sí, pero sus términos definitivos pueden cambiar durante la tramitación.

Una puerta abierta, pero todavía no una nueva pensión

La votación del Congreso supone un avance legislativo concreto: por primera vez en esta fase, la propuesta para eliminar los coeficientes reductores después de 40 años cotizados dispone del respaldo necesario para continuar su camino parlamentario.

Pero el cambio aún no está en la nómina de ningún pensionista. Falta tramitar la proposición, debatir las posibles enmiendas, aprobar un texto definitivo y culminar el procedimiento correspondiente antes de su publicación. Hasta entonces, las reglas actuales de jubilación anticipada siguen vigentes.

La noticia, por tanto, es relevante pero bastante precisa: el Congreso ha abierto la puerta a que cuatro décadas cotizadas puedan bastar para librarse de los recortes de la jubilación anticipada. La puerta está abierta. La ley todavía tiene que atravesarla.