Economía
¿Qué funcionarios tienen ya una jornada laboral de 35 horas en España?
Los funcionarios de Justicia pasan a 35 horas semanales desde el 22 de septiembre, con nuevas reglas para horarios, guardias y dedicación especial.

Resumen
- Justicia aplica desde el 22 de septiembre una jornada semanal de 35 horas
- El nuevo cómputo general queda fijado en 1.512 horas de trabajo al año
- Guardias, dedicación especial y horarios mantienen reglas específicas
Desde este 22 de septiembre de 2026, la jornada general del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia pasa a ser de 35 horas semanales de trabajo efectivo, calculadas como promedio anual. La nueva regulación fija un cómputo de 1.512 horas al año y entra en vigor después de su publicación en el BOE del 21 de septiembre. No es una promesa ni un acuerdo pendiente: la reducción está formalmente vigente desde este martes.
Eso sí, hay una precisión importante porque el titular, leído deprisa, puede llevar a engaño. No todos los funcionarios españoles pasan a trabajar 35 horas. La novedad afecta específicamente a la Administración de Justicia y se suma a la reducción que ya se había establecido meses atrás para la Administración General del Estado. Comunidades autónomas y ayuntamientos mantienen situaciones distintas, con territorios donde las 35 horas están implantadas y otros donde siguen las 37,5.
Quién pasa desde ahora a la jornada laboral de 35 horas
La resolución afecta a los cuerpos de funcionarios regulados por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ahí entran Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, los tres cuerpos más conocidos por quienes trabajan o preparan oposiciones en los juzgados.
También están incluidos los médicos forenses y los cuerpos de facultativos, técnicos especialistas y ayudantes de laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Son cuerpos nacionales, aunque una parte de su gestión dependa de comunidades autónomas que tienen transferidas competencias en Justicia.
La reforma alcanza igualmente a los letrados de la Administración de Justicia, aunque en su caso mediante una resolución específica publicada el mismo 21 de septiembre. Para ellos se establece también una jornada general de 35 horas semanales y 1.512 horas anuales. Dos normas distintas, en definitiva, para hacer encajar las diferentes piezas del mismo engranaje judicial.
Las 35 horas no significan siete horas exactas cada día
Conviene detenerse aquí. Una jornada de 35 horas semanales no obliga a que cada funcionario fiche exactamente siete horas de lunes a viernes. La norma habla de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, y la distribución concreta se realizará mediante los calendarios laborales.
El Ministerio y las comunidades autónomas con competencias asumidas deberán determinar los horarios en sus respectivos ámbitos, previa negociación en los términos previstos. Esos calendarios pueden contemplar franjas flexibles de entrada y salida, pero deben garantizar periodos de presencia obligatoria y, sobre todo, mantener la atención al ciudadano y el funcionamiento de los órganos judiciales.
Ahí está una de las diferencias entre anunciar una reducción de jornada y organizarla sobre el terreno. Un juzgado no puede bajar la persiana porque el reloj haya llegado a una cifra redonda. Señalamientos, vistas, actuaciones urgentes y guardias condicionan la distribución real de esas horas.
Qué ocurre con quienes tienen dedicación especial
Las 35 horas son la jornada general, pero existe una excepción relevante. Los funcionarios con puestos sujetos a un régimen de dedicación especial podrán realizar una jornada máxima de 37 horas y media semanales.
Será el Ministerio o, cuando corresponda, la comunidad autónoma competente quien determine qué servicios y puestos quedan sometidos a esa dedicación especial. La distribución de estas jornadas y sus horarios deberá negociarse con las organizaciones sindicales y reflejarse en la organización correspondiente.
Lo mismo sucede con los letrados de la Administración de Justicia: quienes estén sometidos a dedicación especial mantienen como referencia máxima las 37,5 horas semanales.
Las guardias judiciales mantienen sus propias reglas
La reducción tampoco borra el régimen específico de las guardias judiciales. Estos servicios continúan regulándose de acuerdo con su normativa particular, incluido el derecho al descanso correspondiente.
Y hay otra peculiaridad muy propia de Justicia: una actuación procesal urgente no puede detenerse simplemente porque termine el horario ordinario. Cuando una diligencia inaplazable obliga a prolongar el trabajo, la nueva regulación establece compensaciones horarias.
Cada hora realizada entre las 17:00 y las 22:00 de lunes a viernes computará como dos horas efectivas. Las horas trabajadas desde las 22:00 hasta las 7:30 del día siguiente, así como las realizadas en sábados, domingos y festivos, computarán como dos horas y media. Si ese trabajo provoca un exceso sobre la jornada mensual, podrá compensarse dentro del horario flexible del mes siguiente y, cuando eso no sea posible, mediante días de permiso. Hay excepciones, entre ellas las propias guardias y determinados horarios especiales.
No es un detalle pequeño. Una cosa es reducir la jornada ordinaria; otra, bastante distinta, fingir que la Justicia funciona con la puntualidad geométrica de una oficina que apaga las luces a una hora exacta.
De 37,5 a 35 horas: de dónde sale este cambio
El movimiento comenzó antes. En abril de 2026 se estableció una jornada general de 35 horas para el personal de la Administración General del Estado, con un cómputo de 1.533 horas anuales. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la duración de la jornada general semanal del personal de Justicia debe ser igual a la fijada para la Administración General del Estado, de modo que era necesario adaptar su regulación específica.
Ese ajuste es precisamente el que entra ahora en vigor. En Justicia, el cómputo se fija en 1.512 horas anuales, una cifra distinta de las 1.533 establecidas con carácter general para la Administración del Estado debido a su propio régimen de calendario laboral.
La medida cobra especial importancia en comunidades como Madrid. Los cuerpos de la Administración de Justicia destinados allí quedan afectados por la nueva regulación estatal aunque la discusión sobre las 35 horas del resto de empleados públicos autonómicos madrileños siga un cauce diferente.
Por qué no afecta por igual a todos los funcionarios
España mantiene un pequeño mosaico de horarios públicos. La Administración General del Estado dispone ya de las 35 horas, pero las comunidades autónomas y las entidades locales tienen capacidad para regular sus propias jornadas dentro del marco legal y previa negociación colectiva.
Por eso dos empleados públicos con trabajos aparentemente similares pueden tener semanas laborales diferentes dependiendo de la administración para la que trabajen. En 2026 las 35 horas semanales ya estaban implantadas en buena parte de las administraciones autonómicas y municipales, mientras otros territorios seguían negociando su aplicación o mantenían las 37,5 horas.
La reforma que entra en vigor el 22 de septiembre no resuelve ese mapa desigual. Lo que hace es cerrar una cuestión concreta: el personal funcionario de Justicia incluido en las nuevas resoluciones tiene desde esta fecha una jornada general de 35 horas.
También cambia la referencia para la jornada de verano
La norma conserva una modalidad intensiva durante el verano. Entre el 16 de junio y el 15 de septiembre podrá establecerse una jornada de 32 horas y media semanales para quienes estén sometidos a la jornada general.
También regula la reducción de jornada por interés particular. Cuando proceda reconocerla, supondrá cinco horas continuadas de trabajo de lunes a viernes y el cobro del 75% de las retribuciones correspondientes a una jornada completa. Esta fórmula no estará disponible para quienes ocupen puestos sujetos a dedicación especial.
La diferencia con la jornada laboral del sector privado
El salto a las 35 horas tampoco significa que España haya establecido esa jornada como regla general para todos los trabajadores. En el sector privado, el Estatuto de los Trabajadores mantiene como límite ordinario máximo las 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, salvo jornadas inferiores pactadas mediante convenio colectivo o contrato.
Son debates que a menudo se mezclan porque comparten una cifra —las horas trabajadas—, pero jurídicamente viajan por carriles distintos. Una reducción para funcionarios de Justicia no modifica por sí misma el horario de una empresa, de un comercio o de una fábrica.
Lo que sí muestra el cambio es una tendencia cada vez más visible dentro del empleo público: las 35 horas semanales han dejado de ser una excepción aislada y se extienden a nuevos colectivos, aunque a velocidades distintas según la administración.
Una jornada menor con una organización que sigue siendo compleja
Desde el 22 de septiembre, la referencia jurídica para estos funcionarios ya no son las 37,5 horas ordinarias, sino 35 horas semanales y 1.512 horas anuales. Esa es la modificación sustancial.
Después viene la letra pequeña —que en materia laboral casi nunca es tan pequeña—: calendarios, horarios flexibles, atención al público, puestos de dedicación especial, guardias y compensaciones. Cada administración competente tendrá que ordenar esas piezas sin reducir la continuidad del servicio público.
Para miles de trabajadores de juzgados, fiscalías, institutos de medicina legal y otras unidades de la Administración de Justicia, el cambio es tangible. Para el resto de funcionarios y para los trabajadores del sector privado, no: la jornada de 35 horas todavía no es una regla universal en España.












