¿Por qué Josep Borrell cuestiona el voto ligado a la Ley de Nietos?

Josep Borrell ha reabierto una discusión especialmente sensible alrededor de la llamada Ley de Nietos: para el exministro y antiguo jefe de la diplomacia europea, obtener la nacionalidad española no implica necesariamente que el derecho a voto deba funcionar de manera automática en cualquier circunstancia. Durante su entrevista con Xabier Fortes en La Noche en 24 Horas, defendió que existen modelos europeos que diferencian ambas cuestiones.

El punto que más repercusión ha tenido fue su referencia a quienes han obtenido la nacionalidad por sus vínculos familiares con España pese a no haber vivido nunca en el país. Borrell planteó como argumento debatible que una persona que jamás ha pisado España y ha desarrollado toda su vida en el extranjero pueda participar en sus elecciones. Pero introdujo inmediatamente la posición contraria: la de los descendientes de personas obligadas a marcharse por el exilio y a quienes España ha reconocido posteriormente la nacionalidad. No formuló una propuesta cerrada para retirarles el voto; sostuvo que la relación entre ciudadanía y sufragio merece ser discutida.

Qué dijo Borrell sobre la Ley de Nietos y el derecho a voto

La frase que condensó su intervención fue que nacionalidad y derecho a voto no tienen por qué ir siempre unidos. Borrell recurrió al caso de Alemania para señalar que un nacional residente permanentemente en el extranjero debe acreditar determinadas condiciones de residencia anterior o una vinculación personal y directa con la realidad política alemana para participar en elecciones federales. La regulación alemana, efectivamente, contempla esas condiciones para sus ciudadanos que viven fuera del país.

El antiguo alto representante europeo también citó modelos distintos, como los de Italia y Francia. Italia, por ejemplo, permite votar desde el extranjero a sus nacionales residentes fuera e inscritos en el registro correspondiente y dispone de una circunscripción exterior propia para las elecciones parlamentarias. El ejemplo sirve, más que para establecer una comparación exacta, para mostrar algo bastante menos espectacular: dentro de Europa no existe una única fórmula para organizar la representación política de las diásporas.

La expresión “residentes ausentes”, bajo la lupa

Borrell se detuvo también en un detalle lingüístico que encierra bastante política. España denomina CERA al Censo Electoral de Residentes Ausentes, pero el exministro cuestionó la lógica de llamar “residente ausente” a alguien que, en determinados casos, jamás ha residido aquí. Dicho de otro modo: una cosa es emigrar desde España y otra heredar la nacionalidad varias generaciones después sin haber tenido residencia previa en el país.

Su intervención tuvo precisamente ese matiz. Borrell no afirmó que todos los españoles nacidos en el extranjero deban perder derechos políticos, ni sostuvo que todos los beneficiarios de la Ley de Nietos se encuentren en la misma situación. Presentó dos argumentos enfrentados y defendió que puedan discutirse sin convertir automáticamente una discrepancia jurídica o política en una descalificación del contrario.

Por qué sus palabras llegan en un momento especialmente delicado

La discusión no es académica. El Tribunal Supremo acordó el 8 de septiembre suspender cautelarmente determinadas altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes relacionadas con quienes obtuvieron la nacionalidad al amparo de la llamada Ley de Nietos, mientras se verifica el cumplimiento de los requisitos vinculados al exilio. La medida es provisional y permanece supeditada a la resolución judicial sobre el fondo del asunto.

El Supremo justificó las cautelares por lo que calificó como un incremento extraordinario del CERA y por el riesgo que, según sus autos, ese aumento podía representar para la regularidad, objetividad y transparencia del proceso electoral. El tribunal cifró en 408.262 el incremento de electores residentes en el extranjero desde las generales de 2023 hasta el 1 de julio de 2026. Esa es la argumentación judicial; el Gobierno y varios grupos parlamentarios discrepan frontalmente de ella.

La Junta Electoral Central decidió posteriormente ejecutar el requerimiento y reclamar información a la Oficina del Censo Electoral y a los registros consulares para comprobar las situaciones afectadas. La cuestión, por tanto, sigue abierta: las cautelares no anulan la nacionalidad obtenida ni constituyen todavía una sentencia definitiva sobre el fondo.

El Gobierno rechaza la suspensión y el debate llega al Congreso

El Ejecutivo ha defendido el mantenimiento del sufragio de los nacionalizados afectados. Pedro Sánchez afirmó el 16 de septiembre en el Congreso que la suspensión alcanzaba a unos 400.000 españoles y criticó la posición de PP y Vox sobre el asunto. Esa cifra fue utilizada por el presidente en el debate político y no debe confundirse sin más con el número exacto de personas finalmente afectadas por cada decisión administrativa o judicial.

Sumar, por su parte, anunció una enmienda con la intención declarada de blindar el derecho de voto de los descendientes de exiliados y elevar a rango legal aspectos que están en el centro de la controversia judicial. El episodio ha dejado así de ser únicamente una batalla ante los tribunales: ya ha aterrizado de lleno en el Congreso.

Qué es realmente la denominada Ley de Nietos

La popular expresión “Ley de Nietos” puede llevar a engaño porque no existe una norma independiente con ese nombre. Se utiliza para referirse sobre todo a la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, que reguló nuevos supuestos para optar a la nacionalidad española de origen entre personas nacidas fuera de España y vinculadas familiarmente con españoles.

La regulación contempla, entre otros supuestos, a nacidos fuera de España cuyo padre, madre, abuelo o abuela hubiera sido originariamente español y hubiera perdido o renunciado a la nacionalidad como consecuencia del exilio. También incluye a determinados hijos de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978 y a hijos mayores de edad de personas que recuperaron previamente la nacionalidad en virtud de estas normas.

El plazo para presentar nuevas solicitudes terminó en octubre de 2025. A 31 de mayo de 2026, las oficinas consulares españolas habían recibido 1.225.188 solicitudes, aprobado 571.761 expedientes y practicado 333.696 inscripciones. Son cifras que permiten entender la dimensión del fenómeno: detrás de una discusión aparentemente técnica sobre censos y certificados hay centenares de miles de personas y una relación histórica entre España y varias generaciones de emigrantes y exiliados.

El ejemplo alemán que utilizó Borrell tiene matices

En Alemania, los ciudadanos adultos que viven permanentemente en el extranjero pueden votar en las elecciones federales si, después de cumplir 14 años, residieron al menos tres meses consecutivos en Alemania durante los últimos 25 años. También pueden hacerlo quienes demuestren una relación personal y directa con la situación política del país y estén afectados por ella. Seguir simplemente las noticias alemanas desde otro Estado no basta para cumplir este segundo criterio.

No es, por tanto, un sistema idéntico al español ni una demostración de que España tenga que copiarlo. Es una comparación útil para entender el argumento de Borrell: algunos ordenamientos incorporan requisitos adicionales de vinculación efectiva con el país cuando sus ciudadanos llevan largos periodos viviendo fuera.

Italia ofrece casi el reverso de esa fotografía. Sus ciudadanos residentes en el extranjero e inscritos en el AIRE pueden votar desde su lugar de residencia en elecciones parlamentarias y referendos nacionales, y el país cuenta con una Circoscrizione Estero específica. Dos vecinos europeos, dos soluciones diferentes.

Una frontera difícil entre ciudadanía y sufragio

Las declaraciones de Borrell han encontrado eco porque pisan una zona donde se mezclan derecho, memoria histórica, emigración y representación democrática. El pasaporte establece jurídicamente quién es español. La cuestión discutida es otra: si la residencia, el vínculo efectivo con el país o determinadas circunstancias históricas pueden intervenir también en la regulación del sufragio exterior.

De momento, España no ha cambiado de forma general esa relación entre nacionalidad y voto por las palabras del exministro. Lo que existe es una controversia judicial concreta sobre el CERA, unas medidas cautelares del Supremo y un debate político que ha escalado en cuestión de días. Borrell se ha situado dentro de él con una posición más matizada de lo que su frase más viral podría sugerir: considera discutible la automaticidad, cita otros modelos europeos y, al mismo tiempo, reconoce el argumento histórico de los descendientes del exilio.

Queda así una discusión que difícilmente cabe en un eslogan. Para unos pesa el vínculo histórico que llevó a reconocer la nacionalidad española a los descendientes de quienes abandonaron el país; para otros merece examinarse qué conexión real debe existir entre un elector residente permanentemente fuera y las decisiones que adopta España. El Supremo tendrá que resolver la cuestión jurídica que tiene sobre la mesa. La política, mientras tanto, seguirá discutiendo dónde colocar esa frontera.