¿Qué dudas deja el ático de Ayuso tras el veto al CEO de Planifica?

La polémica por el ático adquirido por Planifica Madrid, empresa pública de la Comunidad de Madrid, por 6,3 millones de euros entra en una nueva fase. Pedro Corbalán, consejero delegado de la compañía que realizó la operación, no comparecerá en la Asamblea regional para responder directamente a las preguntas de los diputados después de que la Mesa de la Comisión de Presidencia, Justicia y Administración Local rechazara su comparecencia, solicitada por PSOE y Más Madrid.

La decisión mantiene abiertas varias cuestiones centrales de la operación: quién ordenó buscar y comprar el inmueble, qué órgano aprobó definitivamente la adquisición y qué documentación justificó el desembolso. La ausencia de respuestas públicas completas sobre esos puntos no acredita por sí sola ninguna irregularidad, pero sí explica por qué la compra continúa en el centro del debate político madrileño.

El inmueble está situado en el paseo del General Martínez Campos, en Chamberí. Planifica Madrid lo adquirió el pasado 14 de abril por 6,3 millones de euros. Tiene unos 485 metros cuadrados y una terraza cercana a los 200 metros. La explicación inicial del Gobierno regional fue que podría utilizarse temporalmente durante las obras previstas en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia madrileña.

El veto que traslada las explicaciones al Gobierno madrileño

Pedro Corbalán ocupa una posición especialmente relevante porque es el consejero delegado de Planifica Madrid, la sociedad mercantil pública que formalizó la compra. PSOE y Más Madrid habían pedido que compareciera el 21 de septiembre para responder sobre el proceso, pero la mayoría del PP en la Mesa de la comisión rechazó incluir esa intervención en el orden del día.

El resultado práctico es sencillo: el máximo ejecutivo de la empresa que ejecutó la adquisición no responderá directamente ante esa comisión. Las explicaciones políticas recaen principalmente sobre Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y, al mismo tiempo, presidente de Planifica Madrid. Su comparecencia ante el pleno de la Asamblea está prevista para este jueves 17 de septiembre.

PSOE y Más Madrid han criticado la decisión y consideran que limita el control parlamentario sobre una operación realizada con fondos de una empresa pública. El PP, por su parte, ha defendido que la Mesa consideró que la petición de comparecencia de Corbalán no procedía para su inclusión en ese momento. Es decir: la discusión no está solo en el ático, sino también en quién debe dar las explicaciones y dónde.

Quién dio la orden de comprar el ático

La primera incógnita aparece en el nacimiento de la operación. Se sabe qué sociedad terminó adquiriendo la vivienda, pero no se ha detallado públicamente con el mismo grado de precisión quién impulsó originalmente la búsqueda de un inmueble de estas características ni cómo se definieron las necesidades que debía satisfacer.

La búsqueda, además, tenía requisitos bastante concretos. Según la información publicada sobre el proceso, Planifica Madrid buscó mediante una inmobiliaria especializada en vivienda de lujo un inmueble de entre 250 y 400 metros cuadrados y con una gran terraza. Durante el proceso llegó a valorar otra vivienda en el paseo del Pintor Rosales, de unos 350 metros cuadrados y con una terraza de unos 200, cuyo precio rondaba los cuatro millones de euros.

Finalmente se eligió el ático de Chamberí, más grande y más caro: unos 485 metros cuadrados por 6,3 millones. Esa diferencia entre la búsqueda inicial, las alternativas examinadas y la opción elegida forma parte de las cuestiones que la oposición pretende aclarar en sede parlamentaria.

Ayuso sostuvo durante el verano que no conocía las operaciones inmobiliarias ordinarias de Planifica Madrid y remitió las explicaciones a los responsables de la sociedad y de la Consejería de Presidencia. La discusión política, sin embargo, ha continuado precisamente porque todavía falta reconstruir públicamente con detalle la cadena de decisiones que desembocó en la compra.

Quién aprobó finalmente los 6,3 millones de euros

La segunda cuestión resulta menos vistosa que las fotografías de un ático en Chamberí, pero administrativamente pesa bastante más: quién autorizó formalmente la adquisición. Los estatutos de Planifica Madrid atribuyen a la sociedad la capacidad para adquirir y enajenar inmuebles, y contemplan que determinadas facultades del consejo de administración puedan delegarse en el consejero delegado.

Ahí reside una de las preguntas pendientes: si la decisión concreta de gastar los 6,3 millones pasó por el consejo de administración o fue adoptada mediante facultades delegadas. Conocer ese dato permitiría identificar con mucha mayor precisión qué órgano asumió la responsabilidad societaria de la operación.

Planifica Madrid es una sociedad mercantil pública y su régimen para adquirir un inmueble no coincide exactamente con el procedimiento que seguiría una consejería al contratar determinadas obras o servicios. Eso tampoco significa que opere en un vacío: sigue integrada en el sector público madrileño y su actividad está vinculada a los principios aplicables a las entidades públicas.

Conviene separar, por tanto, dos asuntos. Una cosa es determinar qué régimen jurídico se aplicaba a la compraventa y otra, diferente, conocer si el expediente justificaba adecuadamente la necesidad, el precio y el interés público de la operación. La existencia de una fórmula legal para comprar un inmueble no responde por sí sola a la pregunta de por qué se escogió precisamente ese inmueble.

Los documentos y controles que rodean la operación

La tercera gran cuestión conduce al terreno menos fotogénico y posiblemente más esclarecedor: el expediente de la compra. La controversia no gira únicamente alrededor de quién firmó, sino de qué informes, valoraciones y criterios sustentaron la decisión de destinar 6,3 millones de euros a esa vivienda.

Entre los elementos que permitirían reconstruir el proceso figuran la valoración económica del inmueble, la justificación de la necesidad, las alternativas analizadas y las decisiones adoptadas por los órganos de Planifica Madrid. El debate jurídico también se ha centrado en qué controles eran exigibles a una sociedad mercantil pública en una adquisición inmobiliaria de estas características.

La cuestión ganó todavía más peso después de conocerse que Planifica Madrid disponía en abril de una oficina vacía de 478 metros cuadrados cerca de Plaza de Castilla, apenas siete metros menos que los 485 del ático. La existencia de aquel espacio no demuestra que ambos inmuebles fueran funcionalmente equivalentes, pero sí introduce un elemento relevante: qué alternativas se estudiaron y por qué se descartaron.

Una oficina temporal con problemas de uso

El destino inicialmente explicado para el ático era servir como espacio temporal durante las reformas en la sede de Presidencia de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, las informaciones conocidas posteriormente señalaron limitaciones urbanísticas para utilizar la vivienda como una oficina administrativa convencional, algo que aumentó las dudas sobre la planificación previa de la compra.

Ese punto resulta especialmente relevante porque la utilidad prevista constituía una parte esencial de la justificación pública de la operación. Si el inmueble no podía utilizarse de forma ordinaria para el destino inicialmente planteado, queda por aclarar qué comprobaciones se hicieron antes de la escritura del 14 de abril y qué soluciones se contemplaban.

Del despacho provisional a volver a poner el ático en venta

La historia dio otro giro después de conocerse públicamente la compra. La Comunidad de Madrid decidió poner el inmueble a la venta y Planifica fijó un precio de salida de unos 6,69 millones de euros, superior a los 6,3 millones abonados en abril.

El plazo para presentar ofertas terminó el 7 de septiembre. La apertura de las propuestas admitidas estaba prevista inicialmente para este miércoles 16, pero Planifica Madrid la aplazó al jueves 17 de septiembre a las 14.00 horas por motivos operativos. La empresa ha señalado que el procedimiento sigue su curso y que las mesas técnicas continúan revisando la documentación.

Así, dos escenas coinciden prácticamente en el calendario: por un lado, el procedimiento para desprenderse de la vivienda; por otro, la comparecencia de García Martín en la Asamblea para explicar una adquisición que sigue generando preguntas. Compra, polémica y venta, todo en pocos meses. Bastante recorrido para un inmueble adquirido en abril.

García Martín concentra las preguntas sobre Planifica Madrid

Con Corbalán fuera de la comisión, buena parte de la atención se desplaza hacia Miguel Ángel García Martín. Su posición es especialmente significativa porque combina la responsabilidad política como consejero de Presidencia con la presidencia de Planifica Madrid, aunque sus funciones no sean las mismas que las del consejero delegado.

Su comparecencia ofrece la oportunidad de concretar cuestiones todavía abiertas: de dónde partió la necesidad de adquirir una vivienda, quién definió sus características, qué órgano seleccionó la opción definitiva, qué alternativas se estudiaron y qué documentos avalaron el desembolso de 6,3 millones de euros.

También deberá afrontar el debate sobre la oficina vacía de 478 metros, el uso inicialmente previsto para el ático y la posterior decisión de venderlo. Nada de eso demuestra por sí mismo una actuación ilícita. Sí configura, en cambio, una sucesión de decisiones públicas que la oposición considera insuficientemente explicada y que el Gobierno madrileño sostiene haber justificado.

Tres incógnitas siguen atravesando la compra del ático

Después de semanas de declaraciones, documentos conocidos parcialmente y enfrentamiento parlamentario, el asunto regresa a tres preguntas bastante terrenales: quién ordenó la compra, quién la aprobó y cómo se justificó una operación de 6,3 millones de euros realizada por una empresa pública. Son cuestiones distintas, aunque hayan acabado mezcladas en la misma tormenta política.

El veto a la comparecencia de Pedro Corbalán no proporciona esas respuestas; simplemente modifica el cauce parlamentario por el que podrán reclamarse. García Martín concentrará buena parte de las explicaciones mientras Planifica Madrid continúa el proceso de venta del inmueble.

El ático de Chamberí se ha convertido así en algo más que una vivienda de 485 metros cuadrados. El verdadero centro del debate está en la cadena de decisión que condujo a su compra, los controles aplicados y las razones por las que una adquisición planteada como solución temporal terminó, apenas unos meses después, nuevamente en el mercado.