¿Bolivia declarará estado de sitio ante bloqueos y cuatro asesinatos?

Bolivia mantiene abierto un escenario excepcional. El Gobierno del presidente Rodrigo Paz contempla recurrir al llamado estado de sitio si nuevos bloqueos vuelven a paralizar el país, aunque esa medida más severa no se ha activado. Al mismo tiempo, el Ejecutivo ha reforzado la seguridad en el este después de cuatro asesinatos registrados en San Ignacio de Velasco, en el departamento de Santa Cruz y relativamente cerca de la frontera con Brasil.

Son dos crisis diferentes que coinciden en el calendario. Por un lado están las protestas y cortes de carreteras, un viejo nervio de la política y la economía bolivianas; por otro, una secuencia de homicidios a tiros que ha llevado militares, unidades especializadas y drones hasta la Chiquitania. El nexo entre ambos fenómenos no está acreditado. Lo que comparten es la presión que ejercen sobre un Estado que intenta evitar tanto la parálisis de las comunicaciones como una expansión de la violencia criminal.

Bolivia ya se encuentra bajo un estado de excepción declarado en junio. El Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5707 para prolongarlo otros 90 días, una ampliación que debe pasar por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Mientras se produce esa definición, el propio decreto mantiene las medidas vigentes hasta que el Legislativo emita su resolución.

El estado de sitio está sobre la mesa, pero no se ha decretado

La diferencia importa. Bolivia no ha declarado un nuevo estado de sitio. El portavoz presidencial, José Luis Gálvez, planteó públicamente la posibilidad de recurrir a esa fórmula si la conflictividad vuelve a alcanzar niveles capaces de bloquear carreteras, cercar ciudades o interrumpir servicios esenciales. También mencionó que una eventual aplicación podría limitarse a determinadas zonas del país.

El Gobierno ha asociado esa posibilidad a medidas como una mayor presencia militar, restricciones de movilidad o incluso toques de queda en áreas concretas. No significa que esas restricciones estén actualmente en vigor en todo el territorio ni que vayan a aplicarse de manera automática. Son instrumentos que el Ejecutivo afirma tener disponibles para escenarios de mayor conflictividad.

La discusión llega cuando el primer periodo del estado de excepción, aprobado tras los grandes bloqueos de mayo y junio, se acerca a su final. Aquellas protestas mantuvieron durante semanas numerosos corredores cortados y provocaron dificultades de abastecimiento. Para el Ejecutivo, ese antecedente explica la decisión de solicitar otros 90 días de régimen excepcional; sus críticos y distintos sectores políticos, mientras tanto, debaten el alcance que deben tener esas facultades extraordinarias.

Los bloqueos vuelven a ser el gran temor del Gobierno

La palabra bloqueo tiene en Bolivia un peso que va bastante más allá de una carretera cortada. El país depende de largos corredores terrestres para mover alimentos, combustibles, pasajeros y mercancías entre departamentos. Cuando un punto estratégico queda cerrado durante varios días, las consecuencias se extienden como una cremallera que se atasca: primero paran los camiones, después aparecen retrasos, suben algunos precios y empieza a resentirse el abastecimiento.

Durante septiembre han vuelto a producirse cortes de carreteras en Santa Cruz y otros puntos. A comienzos de mes hubo bloqueos en lugares como San Julián, Yapacaní, Los Troncos y Cuatro Cañadas, algunos vinculados al rechazo de productores a cambios en la subvención del diésel. Varias de aquellas medidas fueron posteriormente suspendidas para abrir espacios de negociación.

El Ejecutivo utiliza como referencia lo sucedido entre mayo y junio, cuando Bolivia atravesó más de 50 días de movilizaciones y cortes. El Gobierno sostiene que aquella situación afectó a la circulación, el trabajo y el abastecimiento, y considera que todavía existen factores capaces de reproducir una crisis parecida. Esa es la base política con la que defiende la ampliación del estado de excepción.

Una medida excepcional pendiente del Legislativo

La ampliación no depende únicamente del Ejecutivo. El Decreto Supremo 5707 ha sido remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que debe pronunciarse sobre su continuidad. El periodo inicial comenzó el 20 de junio y estaba previsto que concluyera el 18 de septiembre; la nueva norma plantea prolongarlo por otros 90 días.

Ahí se abre uno de los debates centrales: hasta dónde puede llegar la respuesta del Estado frente a los bloqueos sin convertir una herramienta extraordinaria en normalidad política. El Gobierno insiste en que pretende preservar la circulación y evitar una nueva paralización. La discusión legislativa deberá determinar el marco concreto de esa continuidad.

Cuatro asesinatos sacuden San Ignacio de Velasco

A cientos de kilómetros de algunos de esos focos de protesta se desarrolla otro problema, mucho más sangriento. Cuatro hombres fueron asesinados entre el domingo 13 y el lunes 14 de septiembre en San Ignacio de Velasco, municipio cruceño situado en la región de la Chiquitania. Los crímenes se produjeron en distintos ataques dentro de viviendas y desataron una reacción inmediata de las autoridades locales y nacionales.

Dos de las víctimas murieron durante la madrugada del domingo. Las primeras investigaciones de la Policía apuntaron, como hipótesis inicial, a posibles vínculos con actividades relacionadas con el narcotráfico. En uno de esos casos también se investiga una posible conexión con integrantes del Primer Comando de la Capital, conocido como PCC, una poderosa organización criminal nacida en Brasil. Se trata, por ahora, de líneas policiales de investigación, no de responsabilidades establecidas judicialmente.

El lunes se produjeron otros dos asesinatos. Las víctimas estaban en una vivienda realizando una transmisión en directo en redes sociales vinculada a la venta de motocicletas cuando fueron atacadas. La sucesión de cuatro muertes en poco más de un día alteró de golpe la vida cotidiana de San Ignacio, donde las autoridades municipales han reconocido el temor existente entre los vecinos.

Los ataques presentan características que han llevado a hablar de sicariato: agresores armados, víctimas seleccionadas y ejecuciones dentro de domicilios. Eso no permite, por sí solo, atribuir todos los homicidios a una misma organización. La Policía trabaja sobre cada caso y deberá establecer qué relación existe, si la hay, entre unos crímenes y otros.

Militares y drones refuerzan la zona próxima a Brasil

La reacción del Gobierno ha sido visible. Las autoridades enviaron militares y fuerzas especiales a San Ignacio de Velasco y pusieron en marcha un operativo coordinado con la Policía y las instituciones del departamento de Santa Cruz. Los patrullajes incluyen controles terrestres y vigilancia mediante drones.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, confirmó que las unidades desplazadas permanecerán en la zona durante el tiempo que las autoridades consideren necesario. La misión anunciada consiste en reforzar la seguridad, apoyar las investigaciones policiales y tratar de prevenir nuevos episodios violentos.

San Ignacio de Velasco no es un simple puesto pegado a una barrera fronteriza. Se encuentra en una enorme región oriental conectada con corredores que conducen hacia Brasil, donde las distancias son largas y el control de caminos secundarios resulta mucho más complejo que en una frontera urbana. Esa geografía pesa cuando se investigan redes dedicadas al tráfico de drogas, armas, vehículos o personas.

El PCC aparece en una de las líneas de investigación

El nombre del Primer Comando de la Capital ha aparecido en las pesquisas sobre al menos uno de los asesinatos del domingo. La Policía boliviana investiga un posible ajuste de cuentas relacionado con actividades ilícitas y con miembros de esa organización brasileña. Conviene mantener la precisión: una hipótesis policial no equivale a una sentencia, y no hay base para atribuir automáticamente los cuatro asesinatos al PCC.

La preocupación, sin embargo, va más allá de estos cuatro casos. Las organizaciones criminales brasileñas operan en un entorno transnacional y las autoridades bolivianas llevan tiempo siguiendo su posible influencia en rutas del narcotráfico. Una frontera de más de 3.000 kilómetros entre ambos países ofrece un terreno difícil de vigilar palmo a palmo. Mucho monte, caminos secundarios y distancias enormes: sobre el mapa parece una línea; sobre el terreno es otra historia.

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, ha convocado al Consejo Departamental de Seguridad para coordinar una respuesta entre Gobierno, Policía, Fuerzas Armadas, Fiscalía y otras instituciones. Su administración reclama que el despliegue se mantenga mientras resulte necesario para recuperar la seguridad en la zona.

Dos crisis distintas bajo una misma presión política

Conviene separar los hechos. Los cuatro asesinatos de San Ignacio no han sido vinculados oficialmente a los actuales conflictos sociales ni a los bloqueos de carreteras. Son fenómenos diferentes que coinciden en el tiempo y obligan al Gobierno de Rodrigo Paz a responder en dos frentes muy distintos.

En uno, el Ejecutivo intenta impedir que las protestas vuelvan a paralizar los grandes ejes de comunicación. En el otro, trata de contener una escalada de violencia armada en una región sensible por su proximidad a Brasil y por las sospechas sobre redes de narcotráfico. De ahí una imagen poco habitual pero bastante reveladora: debate sobre medidas excepcionales en La Paz y patrullas militares reforzadas en la Chiquitania.

El estado de sitio permanece, por tanto, como una posibilidad anunciada por el Gobierno, no como una medida decretada para todo el país. Lo que sí existe es un estado de excepción vigente, una propuesta para prolongarlo otros 90 días y un dispositivo extraordinario de seguridad en San Ignacio de Velasco.

Bolivia afronta dos focos de tensión que todavía siguen abiertos

El desafío inmediato consiste en impedir que ambos problemas crezcan a la vez. Los bloqueos pueden volver a afectar al transporte y al abastecimiento; los asesinatos de Santa Cruz plantean una amenaza distinta, relacionada con la violencia criminal organizada y con la necesidad de controlar un territorio fronterizo enorme.

La respuesta estatal combina instrumentos igualmente distintos: continuidad del régimen excepcional, negociación o intervención ante los cortes de vías y mayor presencia de Policía y Fuerzas Armadas en San Ignacio. El alcance real de cada medida dependerá de lo que decida la Asamblea Legislativa sobre la ampliación del estado de excepción y de lo que determinen las investigaciones sobre los homicidios.

Bolivia llega así a la segunda mitad de septiembre con las carreteras nuevamente bajo vigilancia y soldados patrullando una región golpeada por cuatro asesinatos en apenas dos días. Dos problemas que no deben confundirse, pero una misma cuestión atraviesa ambos: hasta dónde tendrá que extenderse la respuesta del Estado para preservar el orden sin convertir la excepcionalidad en parte permanente del paisaje político boliviano.