Por qué Israel empuja la pena de muerte: qué busca la Knéset

El avance de la pena de muerte para terroristas en Israel enciende un debate intenso. ¿Qué implicaciones traerá esta medida?

La Knéset ha movido ficha y lo ha hecho en serio. La Comisión de Seguridad Nacional aprobó este lunes el proyecto que habilita la pena de muerte para condenados por asesinatos calificados como ataques terroristas, y lo remitió de nuevo al pleno para continuar la tramitación. La iniciativa, impulsada por Poder Judío (Otzma Yehudit), el partido del ministro Itamar Ben Gvir, persigue que los tribunales puedan imponer la condena capital a quienes maten a ciudadanos israelíes por motivación nacionalista o con voluntad de dañar al Estado. Si el calendario no se descuadra, el pleno afrontará esta misma semana la primera lectura, el paso político que convertiría un viejo tótem electoral en una norma con recorrido real.

El Gobierno no esconde su postura. Gal Hirsch, coordinador para los rehenes, trasladó a los diputados que Benjamín Netanyahu apoya la ley. El mensaje es nítido: la coalición quiere llegar al hemiciclo con los deberes hechos. Si el texto supera la primera votación, volverá a comisión para ajustes y regresará al plenario para las dos lecturas finales. Nada se firma hasta la tercera, pero el tablero se ha movido. Resulta relevante el momento: la discusión llega con el eco del escándalo por los abusos en la prisión de Sde Teimán, con denuncias sobre el endurecimiento de las condiciones de los presos palestinos y con las familias de rehenes mirando de reojo cualquier gesto que complique negociaciones o agrave su riesgo.

Qué se ha aprobado y qué viene ahora

El dictamen de la comisión abre la puerta del pleno de la Knéset. Políticamente, es el pistoletazo a una ley que llevaba años orbitando titulares y promesas: penas más duras, castigo ejemplar y “disuasión real”. El trámite es conocido en Jerusalén: lectura preliminar (ya superada), primera lectura en el plenario, retorno a comisión para incorporar enmiendas y segunda y tercera lecturas de aprobación definitiva. El paso de este lunes coloca la primera lectura en la agenda inmediata. En la coalición se da por hecho que habrá votos suficientes, pero la batalla importante está en las enmiendas y en el diseño final de la medida.

Aunque los titulares pongan el foco en el símbolo —la palabra ejecución pesa—, el debate real discurre por las líneas finas del articulado. Primero, a qué conductas se aplicará exactamente la pena capital. Segundo, qué tribunales la impondrán y con qué mayorías. Tercero, si habrá vías de conmutación o revisión. Y de fondo, una cuarta cuestión que recorre todo el proceso: a quién afectará de facto esta ley en un contexto en el que la mayor parte de los acusados por ataques son palestinos y donde la justicia militar opera con reglas distintas a la civil.

Qué contempla el texto

El proyecto que ha recibido luz verde en comisión define un tipo penal específico: el asesinato de un ciudadano israelí cometido por motivos de racismo u hostilidad hacia el público y con intención de dañar al Estado de Israel y a la “resurrección del pueblo judío en su tierra”. En la práctica, se está hablando de homicidios con motivación nacionalista, encuadrados en la lucha antiterrorista. La redacción busca blindar jurídicamente la pena capital para un supuesto muy concreto y, según defienden sus promotores, cerrar el paso a interpretaciones que suavicen el castigo cuando concurran los elementos del tipo.

Penas obligatorias y juzgados militares

Uno de los aspectos más controvertidos es el carácter obligatorio de la pena: el texto plantea que, si se dan los requisitos, el condenado sea sentenciado exclusivamente a muerte. Eso limita —o anula— el margen de discrecionalidad judicial. La otra arista sensible es procesal: el proyecto permite a un tribunal militar imponer la pena capital por mayoría simple, y no por unanimidad, elevando la probabilidad práctica de que la sanción máxima salga adelante en procedimientos donde las reglas probatorias —y la asimetría entre acusación y defensa— ya son objeto de debate. A esto se suma la imposibilidad de conmutación: los promotores aspiran a que no exista una puerta posterior para sustituir la ejecución por otra pena.

Estos mimbres dibujan un cambio notable respecto al statu quo. Hoy, Israel mantiene la pena de muerte en su ordenamiento para supuestos excepcionales —genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes contra el pueblo judío, traición en guerra—, pero no la aplica para asesinatos terroristas ordinarios. La nueva arquitectura quiere abrir esa excepción y convertirla en una respuesta punitiva central frente a ataques mortales calificados de terrorismo.

Reacciones y batalla política

La coalición ha puesto su sello. Ben Gvir describe la norma como una “medida moral y justa” y un pilar de disuasión; su partido ha hecho bandera de la pena capital desde la campaña y no ha ocultado la presión sobre el Likud para acelerar el calendario. En el entorno de Netanyahu se subraya el “apoyo”, sin entrar a detallar a qué enmiendas estaría dispuesta la coalición en la recta final. El movimiento también cohesiona a las alas más a la derecha del Ejecutivo, que interpretan el avance como un compromiso con su base electoral tras meses de tensiones internas.

En el otro lado, Hamás ha condenado el paso parlamentario, calificándolo de “violación flagrante del derecho internacional” y llamando a la ONU y a organizaciones de derechos humanos a intervenir. En Israel, juristas de referencia y académicos han advertido sobre los riesgos legales y operativos: discriminación en la aplicación, choque con obligaciones internacionales, impacto en la cooperación judicial y, no menor, la posible ineficacia disuasoria. El estamento de seguridad aparece dividido en matices, con voces que piden prudencia por su potencial efecto en los rehenes y en el terreno —más tensiones, más incentivos para represalias—.

El uso institucional del término “terrorista” alimenta el choque político y semántico. Las autoridades israelíes lo emplean para todo aquel que ataca a soldados o colonos, incluso en Cisjordania cuando se trata de lanzamientos de piedras que terminan a tiros, y también en Gaza para presuntos milicianos. Esa amplitud —sumada a procesos en los que pocas veces se prueba la pertenencia orgánica a una facción armada— ha sido criticada por ONG locales e internacionales, que alertan de un sesgo estructural si una pena capital obligatoria se activa en ese marco.

Un contexto encendido: rehenes y prisiones

El momento elegido no es neutro. El país digiere la filtración de un vídeo con abusos a un detenido palestino en la base de Sde Teimán, en el desierto del Néguev, que ha sacudido al sistema penitenciario y al mando militar. La dimisión y detención de una figura clave en la Justicia Militar por el caso ha agregado presión. De fondo, Ben Gvir presume de haber endurecido las condiciones carcelarias de presos palestinos: mínimo de lo mínimo, reducción de visitas, limitaciones en alimentación y higiene, y un discurso de tolerancia cero que cala en su base. En el reverso, denuncias persistentes de abusos, torturas y privación de sueño o alimentos que se arrastran desde hace años y ahora ocupan titulares.

El dossier de los rehenes atraviesa todo. En la comisión, Gal Hirsch recordó que antes se opuso a debatir la ley por el “claro peligro” que entrañaba para los cautivos vivos en Gaza. Hoy admite otro escenario. Las familias temen que cada gesto público sobre ejecuciones endurezca condiciones y posiciones del otro lado; los partidarios replican que debilitar la respuesta penal sólo alienta más ataques. No hay una ecuación exacta. Hay costes y beneficios que se ponderan en medio de una guerra que no termina y de una diplomacia que se recalienta a cada anuncio.

En el terreno jurídico, el sistema no está blindado contra errores. Los procedimientos militares —a menudo con pruebas secretas, restricciones a la defensa y tiempos acelerados— se analizan desde hace años bajo lupa. Incorporar ejecuciones en ese ecosistema abre preguntas operativas: estándares probatorios, revisión de sentencias, coordinación entre jurisdicciones y el papel del presidente en eventuales indultos si la ley resultante niega cualquier conmutación. Todo ello, con la opinión pública en vilo y un escenario polarizado.

Israel y la pena capital: antecedentes clave

La historia también pesa. Israel mantuvo la pena de muerte tras su fundación, pero la abolió para el delito común de asesinato en 1954 y la preservó para supuestos extremos —genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes contra el pueblo judío y traición—. En más de siete décadas, sólo se ha ejecutado a una persona: Adolf Eichmann, en 1962, tras un juicio que fijó memoria y jurisprudencia. Hubo una sentencia capital en 1988, contra John Demjanjuk, anulada luego por el Tribunal Supremo. Desde entonces, Israel ha sido abolicionista de facto en práctica, aunque mantenga la pena en los códigos.

Reabrir esa puerta, pero no para crímenes contra la humanidad sino para asesinatos terroristas definidos por un nuevo tipo penal, supone un giro doctrinal. En democracias comparables, la respuesta a atentados mortales pasa por condenas perpetuas muy estrictas, limitación de beneficios penitenciarios y agravantes específicos. La apuesta israelí planteada por la coalición busca reintroducir la ejecución como herramienta central en la política criminal antiterrorista. Lo hace, además, con un texto que señala un ámbito de aplicación que, en la práctica, apunta a palestinos juzgados en tribunales militares. Ese desequilibrio de base es donde ONG, académicos y parte de la oposición leen el mayor riesgo.

El relato de los promotores es otro: se trata de justicia para las víctimas, de una respuesta moral ante crímenes atroces y de disuasión. Dicen que, sin un “precio” claro, los ataques seguirán ocupando portadas; que cualquier atajo interpretativo o cualquier resquicio de conmutación transmite debilidad; que, en el post 7 de octubre, el país necesita mostrar firmeza. El punto medio —si existe— pasaría por un texto menos taxativo que permita casuística, eleve mayorías o mantenga alguna válvula de revisión. Ese es, a día de hoy, el terreno de la negociación silenciosa.

Lo que puede pasar en el pleno

Hay tres escenarios lógicos. El primero: el pleno aprueba por mayoría simple la primera lectura esta semana. Sería el cuadro base que maneja la coalición. El proyecto volvería a la comisión para enmiendas técnicas, ajustes en definiciones y posibles salvaguardas (o recortes de las mismas), y regresaría después al hemiciclo para las dos votaciones finales. El segundo: el texto sufre modificaciones sustantivas fruto de resistencias internas o de la presión internacional. Ahí entrarían fórmulas como elevar las mayorías para imponer la ejecución, acotar el tipo penal, mantener la posibilidad de conmutación en supuestos muy tasados o restringir la competencia de los tribunales militares. El tercero: un frenazo político si el coste exterior o el dossier de rehenes obliga a posponer el debate.

En cualquier caso, el impacto se mediría en varias capas. Internamente, la ley tensionaría la relación entre Gobierno, Fiscalía Militar, Tribunal Supremo y Defensoría Pública, con una cascada de recursos si se impone una arquitectura obligatoria y sin conmutación. Externamente, Israel podría afrontar nuevas resoluciones críticas, reproches desde organismos internacionales y fricciones bilaterales en cooperación judicial o extradiciones. De suceder, la diplomacia tendría trabajo extra: no todos los Estados están dispuestos a entregar sospechosos que puedan ser ejecutados.

La seguridad cotidiana es otra dimensión. Los defensores confían en la disuasión: la amenaza real de ejecución frenaría ataques. Los críticos replican que la pena capital tiende a endurecer a quienes ya asumen el martirio como parte de su narrativa, y que se corre el riesgo de instrumentalizar procesos penales con errores irreparables. No hay estudios domésticos concluyentes que despejen la incógnita; el consenso comparado fuera de la región no avala la eficacia general de la pena de muerte como freno del terrorismo.

Un último ángulo: la opinión pública. La indignación tras atentados y el cansancio de una guerra prolongada pueden elevar el apoyo coyuntural a medidas extremas. Pero los cambios legales que nacen de momentos de shock suelen perdurar más que las coyunturas que los alumbran. Ese es el debate político de fondo: qué sistema penal quiere Israel para décadas, no sólo para el día después de una tragedia. Y quién paga los costes cuando los errores se vuelven irreversibles.

Lo que se juega Israel esta semana

Más allá de consignas, Israel encara una semana decisiva en la que se mezclan política, seguridad y derecho. Si la Knéset abre camino a la pena de muerte para asesinatos terroristas, el país dará un salto que no se explica con un simple titular. Será la elección de un instrumento punitivo con cargas históricas y jurídicas enormes, en un terreno —el de los tribunales militares, la definición de terrorismo, las garantías procesales— donde cada coma pesa. Los promotores prometen disuasión y justicia ejemplar; los críticos advierten de discriminación, de impactos en rehenes y diplomacia, y de la fragilidad del sistema cuando se le pide la última palabra.

El desarrollo parlamentario dirá cuánto hay de retórica y cuánto de política criminal real. Si el texto conserva su dureza —pena obligatoria, mayorías más bajas en tribunales militares, sin conmutación—, Israel abandonará su práctica abolicionista y reabrirá oficialmente la puerta a las ejecuciones por terrorismo. Si el pleno y la comisión introducen salvaguardas, el resultado puede mutar hacia una fórmula más acotada que reduzca riesgos y desgaste exterior, sin renunciar al mensaje de firmeza. En cualquiera de los dos casos, el debate ya ha cambiado el clima. Y lo que se decida esta semana no terminará en la votación: seguirá en tribunales, prisiones, fronteras y embajadas. Allí, donde las leyes dejan de ser texto y se convierten en realidad.