Claudia Montes: su papel y las claves del caso Koldo

Claudia Montes es una exempleada de LogiRAIL, filial pública de Renfe, cuya contratación entre 2019 y 2022 quedó bajo el foco por sus vínculos con José Luis Ábalos y su entonces asesor, Koldo García. En sus comparecencias ha defendido que obtuvo el puesto por un proceso laboral ordinario y ha acusado a García de acoso; también atribuyó a Ábalos una afirmación sobre el conocimiento de Pedro Sánchez que el exministro niega. Esos relatos enfrentados, junto con las lagunas sobre cómo se documentó el proceso de selección, explican la repercusión política del caso.

Su historia se cruza con la investigación sobre los contratos de material sanitario durante la pandemia, pero no debe confundirse con el núcleo de esa causa. La contratación en LogiRAIL y las acusaciones personales conforman un frente distinto, aunque políticamente conectado con el entorno de Ábalos. Hasta que las pruebas o una resolución judicial aclaren los hechos, conviene separar lo acreditado de lo que cada parte sostiene.

De Miss Asturias a empleada de una filial pública

Montes nació en Galicia y desarrolló parte de su vida pública en Asturias, donde fue elegida Miss Asturias +30 en 2017, una categoría dirigida a mujeres mayores de 30 años. También se ha presentado como modelo y asesora de imagen, y participó en la vida política del PSOE asturiano. En 2023 intentó concurrir a las primarias para formar parte de las listas al Congreso, pero no obtuvo los apoyos necesarios y retiró su candidatura. Su perfil público y su militancia explican parte de las conexiones políticas que después se examinaron, pero por sí solos no prueban influencia en su contratación.

La relación con Ábalos, según el relato que Montes dio durante la instrucción, empezó en un mitin en Gijón. Allí se habría presentado al entonces ministro y le habría explicado que buscaba trabajo. Ábalos sostuvo que hizo una gestión como favor a una militante y que después dejó el asunto en manos de Koldo García. Esa secuencia importa porque sitúa el debate sobre el empleo en una cadena de contactos personales, aunque no permite determinar por sí misma quién intervino en la decisión final. El punto decisivo es qué muestran los documentos de LogiRAIL, no solo quién conocía a quién.

Su notoriedad mediática anterior no convierte automáticamente su experiencia profesional en irregular ni la vuelve irrelevante para el escrutinio público. Montes ha dicho que no se considera un personaje público y ha reivindicado su dedicación a criar sola a su hijo. A la vez, su presencia en actos políticos, redes sociales y medios ha hecho que cada declaración se amplifique. Ese contraste entre una trayectoria personal y una discusión institucional suele generar titulares, pero no sustituye la comprobación de los hechos.

Qué se sabe de su trabajo en LogiRAIL

Las informaciones de referencia sitúan su contrato como auxiliar administrativa entre diciembre de 2019 y febrero de 2022. En declaraciones difundidas en marzo de 2026, Montes afirmó que presentó su candidatura a través de InfoJobs y que cumplió las condiciones de trabajo presencial. Esa versión añade un dato concreto a su defensa: no sostiene solo que fue válida para el puesto, sino que señala un canal de acceso y describe una actividad laboral ordinaria. La existencia de un portal de empleo, sin embargo, no basta para reconstruir todo el proceso de selección ni para demostrar quién tomó cada decisión.

LogiRAIL forma parte del perímetro empresarial público del Grupo Renfe. No es una oficina administrativa, pero tampoco una compañía privada desligada de obligaciones de control y rendición de cuentas. Una selección regular debería poder reconstruirse mediante documentación sobre la vacante, las candidaturas, los criterios aplicados y la decisión de contratación. El artículo original señalaba carencias en la conservación de correos y otros rastros del proceso, una circunstancia que complica la verificación. La falta de registros no demuestra por sí sola que hubiera trato de favor, pero sí reduce la capacidad de despejar sospechas con pruebas objetivas.

Montes ha defendido que desempeñó tareas reales y que su incorporación respondió a las necesidades de la empresa. Las versiones políticas sobre una supuesta colocación, en cambio, se apoyan en la proximidad con Ábalos y García y en la falta de transparencia documental. Son planos distintos: una persona puede haber trabajado efectivamente y, aun así, quedar pendiente la pregunta de si el proceso fue abierto y se aplicaron criterios iguales para todas las candidaturas. La comprobación requiere revisar tanto las funciones desempeñadas como el expediente de acceso al puesto.

Los pagos anteriores al contrato y sus distintas versiones

Las informaciones sobre la causa recogen tres transferencias de Koldo García a la cuenta de Montes entre septiembre y diciembre de 2019, por 1.300 euros cada una, con el concepto un amigo. La propia Montes relató que, después de contarle a Ábalos que debía dos meses de alquiler, recibió ayuda económica canalizada a través de García. Según esa versión, el episodio ocurrió antes de comenzar a trabajar en LogiRAIL y no implicó una relación sentimental con el exministro. La existencia y el significado de esos pagos son relevantes para entender la relación entre ambos, pero no prueban por sí solos que la contratación estuviera condicionada.

La caracterización del dinero también aparece enfrentada. En una actuación difundida por la defensa de García se habló de un préstamo pendiente de devolución de aproximadamente 8.500 euros, mientras que el relato de Montes se refiere a una ayuda para pagar el alquiler y las informaciones sobre las transferencias detallan tres abonos de 1.300 euros. Las cantidades y la forma de describir la operación no encajan de manera sencilla. Sin documentación bancaria completa y una explicación contrastada de las partes, no es prudente presentar como resuelta la naturaleza de esos movimientos.

El calendario añade interés, pero no resuelve la cuestión. Los pagos referidos se habrían producido en los meses previos al contrato, de modo que son objeto de atención al analizar el vínculo entre Montes, García y la posterior incorporación a la filial. Para establecer si tuvieron relación con la búsqueda de empleo harían falta pruebas que conectasen directamente una cosa con la otra. La coincidencia temporal abre una línea de escrutinio; no equivale automáticamente a una contraprestación ni a un delito.

Las acusaciones de acoso y la respuesta de Koldo García

Montes ha descrito una relación laboral que, según su versión, se deterioró tras el inicio del contacto con García. Ha denunciado llamadas insistentes, videollamadas y mensajes de contenido impropio, además de una presión que, sostiene, estaba relacionada con la posición de poder de él en su entorno profesional. En sus declaraciones públicas llegó a hablar de entre 10 y 20 videollamadas al día; en otra intervención mencionó hasta 21. Son cifras atribuidas a su testimonio y deben leerse como parte de una acusación, no como hechos establecidos judicialmente.

También ha dicho que terminó dejando el trabajo por el trato recibido y que llegó a sufrir una situación de gran angustia. En la comparecencia parlamentaria del 31 de octubre de 2025 relató que la relación comenzó con un trato formal y que, con el tiempo, se volvió más personal e intimidatoria. En la investigación judicial de mayo de ese año ya había hablado de mensajes obscenos y de problemas de acoso laboral. La evolución y el detalle de sus declaraciones son aspectos que deben contrastarse con mensajes, registros de llamadas, testimonios y otros elementos verificables.

García ha rechazado las acusaciones y, por medio de su defensa, ha cuestionado la credibilidad de Montes. En 2025 su representación reclamó una rectificación y una indemnización de 25.000 euros por el daño que, a su juicio, las manifestaciones causaban a su honor y reputación. En febrero de 2026, según la información disponible, formalizó una querella contra ella. Montes, por su parte, promovió acciones contra García y reclamó una indemnización de 35.000 euros por declaraciones que considera injuriosas y calumniosas. La existencia de acciones cruzadas no determina quién tiene razón: esa valoración corresponde a los tribunales y depende de las pruebas y del estado de cada procedimiento.

En una disputa de este tipo, la distancia entre una acusación pública y una conclusión jurídica es importante. Una comisión parlamentaria puede recoger testimonios y pedir explicaciones, pero no establece por sí misma que haya existido acoso ni determina responsabilidades penales o laborales. Para valorar la conducta denunciada se requiere examinar su contexto, la reiteración, el contenido de las comunicaciones y la relación jerárquica que pudiera existir. La notoriedad de un relato no reemplaza el análisis de las pruebas ni permite anticipar el resultado judicial.

La frase atribuida a Ábalos sobre Sánchez

En su comparecencia ante la comisión del Senado del 3 de noviembre de 2025, Montes afirmó que Ábalos le había dicho en una conversación privada que Pedro Sánchez lo sabía todo. La frase desplazó la atención desde el empleo en LogiRAIL hacia la posible información de la cúpula del Gobierno sobre las irregularidades investigadas. Ábalos negó haber pronunciado esas palabras y también rechazó haber intercedido para que Montes obtuviera el puesto. Por ahora, la afirmación sobre Sánchez se sostiene en el testimonio de Montes y en la negación del exministro, sin que la información disponible aporte una prueba pública independiente de esa conversación.

La diferencia entre una declaración en el Senado y una prueba judicial no es un tecnicismo. La comisión es un espacio de investigación parlamentaria donde los partidos interrogan a comparecientes y extraen conclusiones políticas. No dicta sentencias ni determina la responsabilidad penal de las personas mencionadas. La declaración queda registrada y puede orientar nuevas preguntas o solicitudes de documentos, pero su contenido debe contrastarse por otros medios. Que una acusación conste en un acta parlamentaria acredita que fue formulada, no que sea cierta.

El exministro ha negado asimismo haber influido en la contratación. En declaraciones recogidas por la prensa sostuvo que su vínculo con Montes se limitaba a contactos esporádicos como militante socialista y rechazó cualquier mediación para su incorporación a LogiRAIL. La divergencia entre esa versión y la secuencia que él mismo habría descrito sobre dejar el asunto en manos de García exige una reconstrucción precisa, sin convertir cada cambio de énfasis en una prueba concluyente. Las contradicciones aparentes tienen que examinarse en su contexto y con el conjunto de las declaraciones y documentos.

Cómo se relaciona con el caso Koldo

El caso Koldo se centra en una investigación sobre contratos de material sanitario durante la pandemia, las personas que intervinieron en ellos y las posibles comisiones o contraprestaciones. La causa ha examinado la actuación de Koldo García y de otros implicados, así como relaciones con administraciones y empresas. La controversia sobre el empleo de Montes en una compañía vinculada a Renfe se conecta políticamente con ese entorno, pero no es idéntica a la investigación de los contratos de mascarillas. La distinción evita presentar su contratación como una pieza ya demostrada del mecanismo investigado en la causa principal.

La conexión está en las personas y en la discusión más amplia sobre el uso de contactos para influir en decisiones públicas. Una contratación en una empresa del sector público puede convertirse en objeto de investigación si existen indicios de intervención indebida; pero para sostener que forma parte de una trama concreta hacen falta pruebas de relación con sus hechos centrales. La coincidencia de nombres, cargos y fechas sirve para orientar preguntas, no para cerrar respuestas. El vínculo político es visible; el vínculo probatorio debe establecerse por separado.

La atención mediática también mezcla procedimientos distintos: la causa sobre contratos públicos, las comparecencias parlamentarias, las declaraciones de testigos y las acciones legales entre Montes y García. Cada ámbito tiene reglas y objetivos propios. Confundirlos puede hacer pensar que una querella por honor resuelve una acusación de acoso, o que un testimonio ante el Senado equivale a una declaración judicial con idénticos efectos. Separar los expedientes permite entender qué se investiga en cada uno y qué consecuencias puede tener.

Una cronología que explica el foco público

En 2017 Montes fue elegida Miss Asturias +30. En 2019 se sitúan tanto los contactos personales y las transferencias que se han citado en las informaciones como el comienzo de su relación laboral con LogiRAIL, cuyo contrato se prolongó hasta febrero de 2022. Después, la investigación sobre los contratos de mascarillas durante la pandemia fue ganando relevancia pública, especialmente desde 2024. La proximidad entre su contratación y el periodo político de Ábalos explica por qué su nombre apareció en el debate, aunque no resuelva la legalidad del proceso.

En mayo de 2025, durante la fase de instrucción, Montes habló de mensajes y de problemas en su entorno de trabajo. En octubre de ese año compareció ante el Senado y expuso su versión sobre los pagos, el trato recibido y el acceso al empleo. El 3 de noviembre volvió a ocupar titulares al atribuir a Ábalos la frase sobre el conocimiento de Sánchez. En 2026, la información disponible añadió su defensa de que se había inscrito mediante InfoJobs y dio cuenta de acciones judiciales recíprocas con García. La sucesión de declaraciones ha hecho crecer el caso público, pero cada episodio aporta un tipo distinto de información.

La cronología ayuda también a detectar una dificultad: los recuerdos, las explicaciones públicas y los documentos no siempre aparecen al mismo tiempo ni con idéntico nivel de detalle. Eso puede producir diferencias entre versiones, pero no permite concluir automáticamente que alguien mienta. Para valorar cada discrepancia hay que saber qué se preguntó, en qué contexto y qué respaldo existe. En un asunto con tanto ruido, la secuencia temporal es una herramienta de contraste, no un veredicto.

Qué falta para aclarar la contratación y las acusaciones

La primera pieza pendiente es una reconstrucción completa del proceso de selección de LogiRAIL: cómo se publicó la vacante, qué requisitos tenía, qué candidaturas se recibieron y con qué criterios se eligió a Montes. También ayudarían los registros de entrevistas, las comunicaciones internas y la documentación sobre las funciones que desempeñó. Si parte de los correos o respaldos no se conserva, aún pueden existir otros documentos capaces de completar el expediente. La transparencia documental permitiría comprobar la regularidad con independencia de la versión de cada protagonista.

La segunda cuestión es la naturaleza de las transferencias anteriores al contrato. Los importes que se han divulgado, el concepto consignado y las versiones sobre una ayuda o un préstamo necesitan encajar con documentos bancarios y explicaciones consistentes. Esa información podría aportar contexto sobre la relación personal, pero no demostraría por sí sola que hubo una contraprestación laboral. Para sostener un nexo entre dinero y contratación haría falta establecer algo más que la cercanía temporal entre ambos hechos.

En cuanto a las acusaciones de acoso, el análisis exige valorar las comunicaciones y el entorno de trabajo, además de las versiones de las partes. También importa saber qué denuncias o actuaciones se formalizaron y cuál es su situación procesal. La cobertura mediática puede revelar elementos nuevos, pero la exposición pública no es el cauce que determina responsabilidades. La prudencia consiste en dar cuenta de las acusaciones sin convertirlas en hechos probados ni descartarlas sin examen.

Un asunto que exige separar política y prueba

El interés público del caso no se limita a la biografía de Montes. También plantea preguntas sobre cómo se contrata en las empresas públicas, qué registros deben conservarse y qué controles permiten revisar decisiones tomadas años atrás. Si el expediente está incompleto, el problema institucional persiste incluso si finalmente no se acredita una irregularidad individual. Una administración transparente debe poder explicar sus decisiones con documentos, no depender únicamente de recuerdos o desmentidos.

En el plano político, la declaración sobre Sánchez puede alimentar el enfrentamiento entre Gobierno y oposición y provocar nuevas solicitudes de información. En el plano judicial, en cambio, la importancia dependerá de si aparecen elementos que corroboren esa conversación o conecten a otras personas con los hechos investigados. La repercusión de una frase y su valor probatorio son medidas distintas. El debate público puede avanzar mucho más rápido que la comprobación de los hechos.

Por ahora, Montes queda situada en la intersección de tres relatos: su defensa de haber obtenido el empleo por sus propios medios, sus acusaciones de acoso contra García y la afirmación sobre lo que Ábalos le habría dicho del presidente del Gobierno. Frente a ellos están las negativas de los señalados, las reclamaciones cruzadas y una documentación cuya integridad se ha puesto en cuestión. La explicación definitiva dependerá de que los testimonios puedan contrastarse con registros y pruebas, no de cuál de las versiones domine los titulares.