¿Hay lawfare en España? Por qué la justicia pierde crédito ciudadano

El dato cae como una maza sobre el mármol institucional: el 65,4% de los españoles cree que en España existe el lawfare, entendido como el uso de procesos judiciales con fines políticos. No es una sospecha marginal ni una fiebre de tertulia nocturna; es una percepción mayoritaria, medida en el barómetro de 40dB. para la Cadena SER y El País, con 2.000 entrevistas realizadas entre el 26 y el 29 de junio de 2026 y un margen de error de ±2,2 puntos.

La fotografía es áspera. Seis de cada diez ciudadanos creen que algunos jueces deciden condicionados por sus ideas políticas, tres de cada cuatro piensan que los partidos intentan influir en las decisiones judiciales y apenas un 32,2% considera que las resoluciones sobre asuntos políticos suelen ser justas e imparciales. Dicho sin incienso: la toga conserva autoridad formal, pero empieza a perder algo más delicado, la confianza pública.

Conviene no hacer trampas. Que una mayoría crea que existe la guerra judicial no prueba que cada causa sensible sea una operación política, ni convierte a todo instructor en conspirador con puñetas. La encuesta mide percepción, no sentencias. Pero en democracia la percepción tampoco es humo: cuando una institución depende de que la sociedad acepte sus decisiones incluso cuando duelen, el descrédito funciona como humedad en una pared vieja. Primero parece una mancha. Luego cruje todo.

Qué entiende la ciudadanía por lawfare

El término lawfare se ha instalado en España con esa mezcla tan nuestra de anglicismo, bronca y cansancio. La encuesta lo define como el supuesto uso de procesos judiciales con fines políticos y pregunta directamente si esa práctica existe en el país. El 28% cree que se ejerce sobre todo contra el Gobierno y los partidos de izquierda; el 22,6% piensa que se usa por igual desde todos los ámbitos políticos; el 14,8% lo ve dirigido principalmente contra la oposición y los partidos de derecha. Solo el 10,8% niega su existencia.

Ahí está el matiz importante. La mayoría no describe una sola conspiración con villano, despacho oscuro y café recalentado. Describe un clima. Una sospecha de politización judicial que cambia de color según el voto, pero que ya no vive encerrada en una tribu. La izquierda lo ve con más intensidad; la derecha, en parte, también admite que los partidos meten la nariz donde no deberían. La diferencia está en dónde coloca cada uno la alarma.

Los votantes progresistas tienden a interpretar que la judicatura tiene un sesgo conservador. Según el informe, un 31,6% de la población cree que hay más jueces de ideología de derechas, frente a un 11,1% que percibe más jueces de izquierdas; entre votantes de Podemos, Sumar y PSOE, esa impresión se dispara, mientras que PP y Vox se inclinan más por hablar de equilibrio ideológico.

La toga como espejo de la polarización

El barómetro no solo habla de jueces. Habla de un país que ya mira casi cualquier expediente judicial con gafas partidistas. Los casos que afectan al adversario suelen parecer sólidos; los que afectan a los propios, sospechosamente oportunos. La vieja comedia humana, pero con autos, recursos y titulares de apertura.

La encuesta recoge esa asimetría en varios casos judiciales de actualidad, desde investigaciones o procedimientos vinculados al entorno socialista hasta causas relacionadas con dirigentes o figuras próximas al PP, como Kitchen o Púnica. El patrón es bastante reconocible: cuando el caso cae en el patio de enfrente, abundan los “indicios”; cuando cae en casa, crecen las “razones políticas”. No siempre, no todos, pero demasiado a menudo.

Y ahí aparece el verdadero veneno. La justicia no necesita ser perfecta para sostener una democracia; necesita ser creíble. Puede equivocarse, corregirse, tardar demasiado, incluso desesperar. Lo insoportable es que amplias capas de la población empiecen a verla como una prolongación de la batalla parlamentaria por otros medios. Cuando el juzgado se percibe como una segunda Cámara, solo que con martillo, el sistema pierde aire.

La justicia suspende en confianza

La Administración de Justicia obtiene una nota media de 4,9 sobre 10, por debajo del aprobado ciudadano. Solo la Hacienda Pública aparece peor valorada entre las instituciones analizadas, mientras que las Fuerzas Armadas, la Policía y la Guardia Civil superan el 6. La comparación no es menor: la justicia no compite con un ideal abstracto, sino con otras piezas del Estado que, con sus problemas, conservan más crédito social.

El deterioro viene de lejos, o al menos así lo siente la calle. Uno de cada dos españoles afirma que confía menos en la justicia que hace cinco años, frente a apenas un 6,8% que dice confiar más. Es un desplome silencioso, sin grandes ceremonias, como esas persianas antiguas que bajan mal pero nadie arregla hasta que un día ya no suben.

La confianza cae todavía más cuando la justicia se cruza con los escándalos políticos. En ese terreno, la valoración media baja a 3,7, la peor entre los ámbitos analizados. Los litigios civiles o laborales despiertan más tranquilidad; la política, en cambio, contamina el expediente antes incluso de que alguien lea el sumario.

Lenta, politizada y poco vigilada

El diagnóstico ciudadano no se limita a “los jueces tienen ideología”, una obviedad que solo sorprendería a quien imagine magistrados fabricados en porcelana constitucional. La cuestión es otra: si esa ideología se cuela o no en la decisión. Y una parte amplia de la población cree que sí.

También pesa la sensación de falta de control interno. Casi un 58% sostiene que el Poder Judicial vigila, identifica y sanciona poco o nada a los jueces que hacen mal su trabajo; solo un 28,9% cree que lo hace mucho o bastante. Esa percepción es más fuerte entre mujeres y generaciones jóvenes, mientras que los electorados de PP y Vox muestran más confianza en los mecanismos de control.

Este punto importa más de lo que parece. En cualquier institución con poder, la confianza no nace solo de la autoridad, sino de saber que existen frenos, controles y consecuencias. El juez independiente no es el juez inmune al escrutinio. Independencia no significa vivir en una urna blindada, oliendo a madera noble y silencio procesal. Significa decidir sin presiones, sí, pero dentro de un sistema que también pueda detectar abusos, errores graves o comportamientos impropios.

El CGPJ, otra pieza bajo sospecha

La encuesta entra en el territorio siempre pantanoso del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces. El dato es contundente: solo el 13,3% considera adecuado el actual sistema de elección, en el que sus miembros son designados con intervención del Congreso. La mayoría prefiere fórmulas alternativas, aunque no existe una opción claramente dominante.

Un 27,4% cree que deberían ser los propios jueces quienes eligieran a sus representantes; un 23,8% preferiría elección directa por la ciudadanía; un 18,5% optaría por sorteo para evitar sesgos políticos. El desacuerdo no construye una reforma limpia, pero sí revela algo bastante serio: el modelo actual ya no convence casi a nadie. Ni siquiera entusiasma a quienes lo defienden por cálculo, costumbre o miedo a que el remedio salga con efectos secundarios.

Aquí la fractura ideológica vuelve a aparecer. PP y Vox muestran más preferencia por que sean los jueces quienes elijan a sus representantes. En la izquierda pesa más la idea de abrir el sistema o corregir sesgos socioeconómicos. Todo se mezcla: independencia judicial, legitimidad democrática, carrera profesional, origen social de los opositores, cuotas de poder. Un guiso espeso. Y cada partido, faltaría más, asegura que cocina por el bien común mientras mira de reojo el reparto de sillas.

La independencia no basta con proclamarla

La independencia judicial es una columna del Estado de derecho. Sin ella, la democracia se vuelve decorado: urnas delante, arbitrariedad detrás. Pero la independencia no se protege recitándola como un conjuro cada vez que alguien critica una resolución. También se protege con transparencia, con tiempos razonables, con órganos de gobierno menos embarrados y con una cultura institucional que no convierta cada nombramiento en una partida de ajedrez entre partidos.

La crítica a los jueces tampoco puede ser barra libre. Hay una frontera entre cuestionar una decisión y señalar a un magistrado como enemigo político por no dictar lo que conviene. Esa frontera, en España, se pisa demasiado. Desde el Gobierno, desde la oposición, desde los platós, desde las redes. Luego nos llevamos las manos a la cabeza porque el ciudadano sospecha. Hombre, algo habrá respirado.

Un problema democrático, no solo judicial

El barómetro deja una enseñanza incómoda: el problema no es solo la justicia, sino la relación enfermiza entre política y tribunales. El Parlamento se ha vuelto incapaz de digerir ciertos conflictos y los partidos han aprendido a prolongar la lucha en sede judicial. La denuncia, la querella, la acusación popular, el auto y la filtración funcionan a veces como munición de campaña. Todo legal, quizá. Todo saludable, no necesariamente.

La ciudadanía parece haber entendido esa mecánica. El 75,5% cree que los partidos intentan influir en las decisiones de los jueces y un 67,1% considera que cada vez más conflictos políticos acaban resolviéndose en los tribunales en vez de en el Parlamento. La idea de fondo es devastadora: las instituciones que deberían ordenar el conflicto están convirtiéndose en parte del conflicto.

No es una peculiaridad española absoluta, desde luego. En muchas democracias liberales la justicia se ha convertido en campo de batalla para guerras culturales, corrupción, derechos fundamentales y supervivencia partidista. Pero España añade su propio aliño: bloqueo institucional, renovación agónica del CGPJ, hiperpartidismo mediático y una conversación pública donde casi nadie concede buena fe al adversario. Una maravilla, vaya. Como meter cristalería fina en una lavadora industrial.

La grieta que deja la encuesta

El dato del lawfare no dice que España viva bajo una dictadura judicial ni que los tribunales sean una maquinaria limpia como quirófano suizo. Dice algo menos cómodo y más útil: una mayoría social cree que la justicia está demasiado expuesta a la política, a los intereses económicos y a sus propias inercias corporativas. Y cuando esa idea prende, ya no basta con contestar “confíen ustedes” desde un atril.

La democracia necesita jueces independientes, políticos que no usen los juzgados como altavoz y ciudadanos capaces de aceptar que un proceso puede afectar a los suyos sin ser automáticamente una persecución. También necesita reformas que no huelan a revancha ni a blindaje. Porque el crédito institucional no se decreta. Se gana despacio, expediente a expediente, sentencia a sentencia, con esa sobriedad algo aburrida que sostiene a los países serios. En España, según este barómetro, esa sobriedad está en números rojos.