¿Qué comunidades financian más la enseñanza concertada en España?

España no financia la enseñanza concertada de la misma manera en todo el territorio. Si se mide qué porcentaje del gasto público educativo dedica cada comunidad a conciertos, País Vasco aparece claramente en cabeza: destinó el 26 % en 2024. Le siguen Madrid, con el 18 %, y Navarra, con el 17 %. En el extremo contrario, Canarias, Extremadura y Castilla-La Mancha se quedan en torno al 8 %.

Pero el mapa tiene una segunda capa, y ahí cambia bastante la fotografía. Madrid es una de las comunidades que reserva una mayor parte de su presupuesto educativo a la concertada, sí, aunque también es la que menos dinero público aporta por cada alumno concertado: unos 3.400 euros. Es la aparente contradicción que explica buena parte del debate. Mucho peso de la concertada dentro del sistema no equivale necesariamente a mucha financiación por plaza.

País Vasco encabeza el gasto destinado a la concertada

Los datos proceden de la edición de 2026 de Indicadores comentados sobre el estado del sistema educativo español, un informe que compara la evolución del sistema por comunidades autónomas a partir de estadísticas nacionales e internacionales. En su apartado de recursos educativos aflora una España bastante desigual en el reparto entre las redes pública y concertada.

El País Vasco dedica el 26 % de su gasto público educativo a financiar centros concertados. Tras él aparecen Madrid, con un 18 %, y Navarra, con un 17 %. Baleares, La Rioja y Cataluña forman un segundo grupo, las tres alrededor del 16 %.

En el otro extremo están Canarias, Extremadura y Castilla-La Mancha, que destinan aproximadamente un 8 %. Asturias se mueve en el 9,5 %, mientras Andalucía y Galicia rondan el 10,6 %. La diferencia entre territorios es considerable: el porcentaje vasco más que triplica el de las comunidades situadas en la parte baja.

Conviene afinar el lenguaje. Estos porcentajes no dicen qué autonomía desembolsa más euros en términos absolutos, porque cada presupuesto educativo tiene un tamaño diferente. Reflejan qué parte de los recursos públicos educativos de cada territorio acaba dedicada a conciertos y subvenciones a centros privados concertados.

Madrid, la paradoja detrás del 18 %

Madrid merece capítulo propio porque sus cifras parecen tirar en dos direcciones. La comunidad figura segunda cuando se observa el porcentaje de gasto educativo destinado a la concertada, pero cae al último lugar cuando la comparación se hace por alumno concertado.

El dato disponible para 2023 sitúa el gasto público madrileño en unos 3.400 euros por estudiante de la concertada. Después aparecen la Comunidad Valenciana, con 3.463 euros, y Galicia, con 3.481. La media española es sensiblemente superior: 4.705 euros.

Una red grande puede pesar mucho sin gastar más por plaza

La explicación está, en buena medida, en el tamaño de la propia red. Madrid tiene una presencia importante de centros concertados y, por tanto, necesita dedicar una proporción relevante del presupuesto a sostenerlos. Ese dinero, sin embargo, se reparte entre un número elevado de alumnos.

Es el típico dato que cambia de aspecto dependiendo de dónde se coloque la lupa. Un 18 % del presupuesto parece mucho mirando la tarta completa; 3.400 euros por alumno, bastante menos cuando se observa cada plaza por separado. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo.

Un alumno concertado recibe menos financiación pública

La diferencia entre redes resulta todavía más visible al comparar el gasto público medio por estudiante. La financiación pública asciende a unos 4.705 euros por alumno concertado, frente a 7.943 euros por estudiante escolarizado en centros públicos. La diferencia ronda así el 40 % si se compara directamente una cantidad con otra.

No conviene transformar automáticamente esa distancia en una clasificación de eficiencia educativa. Los costes dependen de numerosos elementos: etapas impartidas, salarios, instalaciones, servicios, características del alumnado, distribución territorial o inversiones que soporta directamente cada Administración. La comparación sirve para medir la aportación pública por estudiante, no para establecer por sí sola qué modelo funciona mejor.

Sí deja una evidencia bastante tangible: la concertada ocupa una parte importante del sistema educativo español, pero recibe menos fondos públicos por alumno que la enseñanza gestionada directamente por las administraciones.

Los datos del curso 2026-2027 sitúan al 66,8 % del alumnado en centros públicos, al 24,5 % en centros privados concertados y al 8,7 % en privados no concertados. Es decir, prácticamente uno de cada cuatro estudiantes estudia en la red concertada.

El gasto de las familias completa la fotografía

Aquí entra una cuestión delicada: quién paga lo que no cubre el presupuesto público. El análisis incluido en el informe sostiene que las familias de la enseñanza concertada soportan un gasto propio mayor, especialmente en comunidades como Madrid y la Comunidad Valenciana.

La Encuesta de Gasto de los Hogares en Educación permite observar esa diferencia desde otro ángulo. En el curso 2023-2024, los hogares desembolsaron una media de 1.604 euros por estudiante de enseñanza concertada en servicios educativos reglados, frente a 837 euros en la pública y 6.352 euros en la privada no concertada.

Eso no significa que una familia deba pagar por las clases ordinarias cubiertas por el concierto. Los centros públicos y concertados no pueden cobrar por las enseñanzas declaradas gratuitas, imponer aportaciones obligatorias vinculadas a la escolarización ni convertir servicios voluntarios en una condición para acceder al centro. Las actividades extraescolares y determinados servicios escolares pueden tener coste, pero han de ser voluntarios.

Los gastos familiares pueden aparecer, por tanto, alrededor de la enseñanza: comedor, actividades, transporte, material, determinados servicios o propuestas voluntarias. Considerando el conjunto de la educación reglada, los hogares españoles gastaron una media de 1.668 euros por estudiante en servicios educativos durante el curso 2023-2024.

Por qué cambia tanto la financiación entre autonomías

No existe una única causa. Cada comunidad ha construido durante décadas un modelo educativo propio sobre una red heredada de colegios públicos y privados, distribución demográfica, demanda familiar y decisiones presupuestarias. Donde históricamente existe una presencia elevada de colegios concertados, estos absorben lógicamente una parte mayor del gasto educativo.

De ahí que País Vasco, Madrid o Navarra aparezcan sistemáticamente en las primeras posiciones de esta estadística, mientras otras autonomías presentan una red pública proporcionalmente más extensa y un peso menor de los conciertos.

También importa observar la evolución. La financiación de la concertada ha aumentado de forma notable a largo plazo: entre 2004 y 2023 el gasto destinado a esta red creció un 68,5 %. Durante los años de la crisis financiera, además, el gasto en conciertos mostró un comportamiento diferente al de determinadas partidas de la enseñanza pública, que sufrieron recortes.

El gasto educativo total, mientras tanto, ha seguido creciendo. Las administraciones públicas y universidades destinaron 71.348,8 millones de euros a educación en 2024, un 4,8 % más que el año anterior. Buena parte de ese gasto depende de las administraciones educativas autonómicas, lo que ayuda a entender por qué las diferencias territoriales resultan tan visibles.

La misma escuela concertada, una financiación muy distinta

La comparación autonómica deja una imagen bastante más compleja que un simple podio de comunidades que gastan mucho o poco. País Vasco lidera claramente el porcentaje de presupuesto educativo destinado a la concertada, Madrid ocupa el segundo puesto y Navarra el tercero; Canarias, Extremadura y Castilla-La Mancha aparecen en la zona baja.

Pero cuando la unidad de medida pasa del presupuesto al alumno, Madrid cambia de extremo y se convierte en la comunidad con menor financiación pública por plaza concertada. Esa es probablemente la cifra más reveladora del estudio: dos estudiantes escolarizados en la misma clase de red educativa pueden estar respaldados por cantidades públicas muy diferentes simplemente por vivir en territorios distintos.

La enseñanza concertada española, en definitiva, no funciona sobre un único patrón financiero. Hay un marco legal común, pero debajo existen realidades presupuestarias muy distintas. Y la distancia entre ellas, lejos de ser un pequeño matiz contable, determina cuánto pone la Administración, cuánto cuesta sostener cada plaza y qué parte del esfuerzo acaba llegando, de una forma u otra, al bolsillo de las familias.