¿Falsos menas en Canarias? Eurocámara y portazo de Rabat

Eurocámara y Canarias alertan: pruebas de edad detectan muchos adultos en el circuito de menores en las islas y Marruecos frena devoluciones.

La Eurocámara ha puesto cifras a una sospecha que en Canarias llevaba tiempo circulando entre expedientes, centros saturados y conversaciones a media voz: en los casos “dudosos” en los que se practicaron pruebas médicas de determinación de edad a unos 1.500 migrantes inicialmente registrados como menores, el resultado habría sido demoledor para el sistema de protección, porque casi la mitad acabaría siendo mayor de 18 años. El dato, trasladado por el Gobierno canario a eurodiputados durante una visita entre el 15 y el 17 de septiembre de 2025, aparece recogido en un informe que ha vuelto a encender un debate espinoso, lleno de aristas jurídicas y también de desgaste social.

A esa fotografía se le suma otra, igual de decisiva y más exterior: Marruecos no estaría aceptando el 92% de las devoluciones que se intentan activar, lo que en la práctica convierte el retorno en una puerta que casi siempre se queda entornada, o directamente cerrada. Con Fernando Clavijo presionando desde el Gobierno canario para que el Estado mueva ficha y con Bruselas mirando el Atlántico con una mezcla de preocupación y burocracia, la discusión ya no va solo de cifras: va de credibilidad institucional, de cómo se protege a los menores reales sin que el sistema se convierta en un coladero, y de qué margen queda cuando el país de origen no coopera.

Lo que retrata el informe: números, fechas y una tensión que venía de lejos

La misión europea a Canarias, con eurodiputados escuchando a autoridades, servicios y responsables políticos, se celebró en esas jornadas de septiembre de 2025 que el archipiélago recuerda por una palabra repetida hasta el cansancio: capacidad. Capacidad de acogida, de identificación, de atención sanitaria, de tutela. En ese marco, el Gobierno canario explicó un dato concreto, fácil de entender y difícil de digerir: se habían realizado pruebas médicas de edad a alrededor de 1.500 jóvenes que al llegar fueron registrados como menores, pero cuyo caso planteaba dudas; y el resultado, según lo trasladado a los eurodiputados, confirmaba algo que el Ejecutivo de Clavijo venía denunciando: que en un porcentaje altísimo de esos expedientes había adultos.

El informe, tal y como se ha difundido, no habla de una sospecha vaga ni de una impresión de muelle, sino de una distorsión con efectos directos. Si una parte relevante de quienes entran en el circuito de protección resulta ser mayor, el sistema se enreda por dentro: plazas ocupadas por quien no debería estar ahí, equipos educativos y sociales estirados, procedimientos judiciales más lentos, y —esto es lo más delicado— menores reales que quedan atrapados en la misma cola, mezclados en un engranaje que se diseñó para protegerlos con urgencia, no para aguantar una presión sostenida y ambigua.

Aquí conviene agarrarse a la precisión para no disparar a ciegas: el dato no significa que “la mitad de todos los menores migrantes sean adultos”, sino que en el grupo examinado por dudas —los casos en los que se decidió practicar pruebas— el resultado arrojó una proporción muy alta de mayores. Esa diferencia parece pequeña, pero lo cambia todo, porque dibuja un fenómeno concreto: la frontera de los 18 se ha convertido, en algunos trayectos migratorios, en una línea estratégica.

El informe también apunta a un elemento que Canarias ha convertido en su gran reproche a Madrid y a Bruselas: se le pide que aguante, pero con las manos atadas. La tutela de menores recae en la comunidad autónoma, los centros están allí, la presión social también, y sin embargo muchas decisiones de marco —financiación estable, coordinación de traslados, empuje diplomático para retornos, apoyo europeo operativo— no dependen de una consejería, sino de otros escalones. El resultado es una sensación casi física de estar sosteniendo una puerta que empuja cada vez más gente desde el otro lado.

La edad como frontera: pruebas, dudas y márgenes que pesan como plomo

Determinar si una persona tiene 17 o 19 años parece una cuestión casi doméstica en una conversación de bar; en un procedimiento administrativo, sin embargo, es un cambio de vida. Menor significa tutela, recursos específicos, escolarización, una protección reforzada; mayor significa otro carril, con otras reglas, otra temporalidad y otras posibilidades de retorno. Por eso la discusión sobre las pruebas de edad tiene siempre un eco extraño: mezcla ciencia, derecho y supervivencia, todo a la vez, como una tormenta con capas.

En Canarias se habla a menudo de la llamada “prueba de la muñeca”, un nombre popular que funciona como etiqueta rápida para explicar algo más complejo: pruebas médicas de determinación de edad que suelen apoyarse en radiografías y comparaciones de maduración ósea. No son un oráculo. Son un instrumento con márgenes de error, especialmente cuando se aplican a poblaciones con distintos patrones de crecimiento o con historiales de salud muy diferentes. Y ahí aparece la primera gran fricción: el sistema necesita decidir con rapidez, pero la biología no ofrece siempre respuestas limpias.

Aun así, la administración no puede quedarse quieta. Cuando hay dudas razonables, se activa el procedimiento para comprobar la edad. En teoría, lo que se busca es proteger al menor real y evitar que un adulto entre en un circuito pensado para adolescentes. En la práctica, el ritmo de llegadas, la presión de plazas y la burocracia convierten ese proceso en una carrera con obstáculos: identificación inicial, entrevistas, documentación si existe, valoración por Fiscalía en los casos más sensibles, pruebas, informes… y mientras tanto el joven ya está dentro del sistema, comiendo, durmiendo, conviviendo.

La “prueba de la muñeca” y el problema de la certeza absoluta

La radiografía de muñeca, o los estudios de maduración ósea, se han usado durante años como una forma de estimar edad biológica. Lo importante, y lo que suele perderse cuando el debate se vuelve ruido, es esto: la prueba no “adivina” una fecha de nacimiento, estima un rango. Y ese rango puede ser especialmente frágil cerca de los 18, justo donde el incentivo de “ser menor” es más potente. Si un joven tiene 17 años y once meses, el resultado puede moverse. Si tiene 18 y dos meses, también. Esa zona gris es el corazón del problema.

Por eso el dato que ahora se subraya —casi la mitad de mayores entre los casos examinados— no solo habla de fraude. Habla también de una realidad práctica: muchos perfiles llegan rozando la mayoría de edad, y el sistema se ve obligado a operar con bisturí en un cuerpo que se mueve. Un día se es “menor” en el registro inicial por declaración o por falta de prueba documental; semanas después, la prueba médica reubica el caso. Y el centro, entretanto, ya ha hecho su trabajo, ya ha gastado recursos, ya ha construido una rutina.

A esa incertidumbre se le añade otro ingrediente nada menor: la documentación. No siempre hay pasaporte, no siempre hay registro fiable, y cuando existe, no siempre se valida con facilidad. El procedimiento español —como el de otros países europeos— intenta equilibrar protección y control, pero la falta de cooperación consular o los retrasos en verificaciones convierten ese equilibrio en un trapecio sin red.

El incentivo perverso: “cerca de 18” como billete de entrada

El Gobierno canario lleva tiempo sosteniendo, con una frase que ha sido repetida y discutida, que “casi todos saltan al mar con una edad cercana a los 18” para entrar en el circuito de menores y evitar una eventual expulsión. Es una afirmación dura, políticamente explosiva, y por eso mismo eficaz: funciona como un relato que conecta con una intuición extendida, la de que el sistema de protección puede ser explotado.

Pero incluso si se asume que hay casos de suplantación de edad, no todo encaja en una caricatura. Hay jóvenes que no conocen con precisión su fecha de nacimiento, hay contextos donde el registro civil es frágil, hay trayectorias de pobreza y violencia que convierten el dato “edad” en algo borroso. El problema es que la administración necesita un número exacto para asignar un carril, y cuando el mundo real llega con niebla, el conflicto se vuelve inevitable.

Lo que sí resulta coherente con el dato presentado es un patrón: si el “premio” administrativo de ser menor es tan grande, la presión para declararse menor —o para presentarse como tal— crece, y lo hace justo donde el margen de error médico es mayor, en el filo de los 18. Una frontera legal convertida en frontera estratégica, y Canarias, por su posición, se convierte en el laboratorio involuntario de esa tensión.

Canarias, tutela y presión: cuando el sistema cruje por dentro

En Canarias, hablar de menores migrantes no es hablar de un asunto abstracto. Es hablar de centros en islas con espacio limitado, de traslados, de equipos educativos con rotación, de barrios donde la convivencia se pone a prueba, de servicios sanitarios que ya iban cargados por otras razones y que ahora suman un peso más. La discusión política suele reducirlo a cifras, pero detrás de cada cifra hay un circuito de protección que tiene que funcionar día tras día.

Cuando un joven es considerado menor, entra en el sistema de tutela. Eso significa alojamiento, atención educativa y social, y una obligación clara de proteger. El problema aparece cuando el número de expedientes se dispara o cuando una parte de esos expedientes, como sugiere el informe, termina siendo reubicada como “mayor”. Ahí se produce una doble fricción: por un lado, el sistema ha invertido recursos en alguien que legalmente no debía estar allí; por otro, esa misma inversión se ha hecho en un contexto donde cada plaza cuenta, donde cada cama libre es un respiro.

Esta dinámica tiene un efecto silencioso pero corrosivo: erosiona la confianza. Los profesionales del sistema, que trabajan con urgencias reales, sienten que se les pide un esfuerzo infinito sin herramientas suficientes. Las administraciones se señalan entre sí. Y el debate público se polariza: o se exagera el fraude hasta convertirlo en una etiqueta para todo, o se minimiza el problema hasta que revienta. Ninguno de los dos extremos ayuda a distinguir lo esencial: proteger al menor real y ordenar el procedimiento sin convertirlo en un campo de batalla permanente.

La presión también tiene una dimensión territorial y política. Canarias insiste en que no puede ser un “embudo” perpetuo. Cuando se habla de redistribución de menores entre comunidades, la discusión se convierte en una pelea de números y competencias, pero en origen hay una realidad: el archipiélago está en primera línea, y su capacidad no es infinita. Fernando Clavijo, como figura central de esta etapa, ha utilizado esa idea como eje de su discurso: el Estado debe implicarse más, y Europa debe mirar el Atlántico con el mismo interés operativo con el que mira otras rutas.

Y en medio, la vida diaria de los centros. La convivencia en espacios de alta ocupación, con jóvenes de distintos orígenes, historias y edades, es compleja incluso cuando todo está claro. Si además se mezclan menores y adultos por errores o por fraude, el riesgo se multiplica: conflictos, desajustes educativos, y un impacto directo sobre quienes sí son menores y necesitan un entorno protegido.

Marruecos y el 92%: devoluciones que se estrellan contra una pared

La otra mitad de esta historia, la que no se resuelve con radiografías ni con expedientes, es diplomática y operativa. El dato que acompaña al informe es contundente: Marruecos no acepta el 92% de las devoluciones. En términos prácticos, esto significa que, aunque exista una decisión administrativa o judicial de retorno en determinados casos, ejecutarla depende de una cooperación que, según ese porcentaje, es mínima.

El retorno, cuando funciona, exige identificación, documentación, coordinación, y sobre todo aceptación del país de origen. Sin esa aceptación, el expediente se queda en un limbo. Y ese limbo tiene consecuencias: si un adulto entra irregularmente y no puede ser devuelto con eficacia, el incentivo para intentarlo aumenta; si el retorno es excepcional, el mensaje se filtra y termina formando parte del cálculo de quienes organizan viajes y de quienes se suben a una patera o a un cayuco.

En la ruta canaria, además, la dimensión marítima añade una capa dura. Los rescates, la coordinación de salvamento, la discusión sobre zonas de responsabilidad y puertos seguros, todo eso forma parte de una negociación permanente, muchas veces invisible. Cuando el informe habla de devoluciones rechazadas, no está hablando solo de un trámite de ventanilla; está hablando de un mecanismo que, si falla, altera todo el sistema: la entrada se mantiene, la salida se bloquea, el embudo se llena.

Ese bloqueo también alimenta la bronca política interna. Cuando Canarias denuncia saturación, el Estado puede responder con planes de redistribución o con recursos puntuales, pero si el retorno no funciona y si además hay una proporción alta de adultos colándose en el circuito de menores, el sistema se vuelve una rueda que gira sin avanzar. Es ahí donde la cifra del 92% se convierte en un símbolo: no es solo un porcentaje, es un portazo.

Marruecos, por su parte, juega con varios factores: su relación con la Unión Europea, los acuerdos de cooperación, la diplomacia bilateral con España, y su propia política interior. En ese tablero, la migración se ha utilizado a menudo como herramienta de presión, y aunque cada episodio tiene su contexto, la sensación que deja en Canarias es siempre similar: cuando Rabat no coopera, el coste se paga en las islas.

La batalla del relato en España: protección, control y una palabra incómoda

En España, el término “mena” se ha cargado de significado político, a veces como si fuese un insulto, a veces como un comodín que simplifica realidades muy distintas. En su sentido estricto se refiere a menores extranjeros no acompañados, un concepto administrativo que existe para garantizar protección. El problema aparece cuando el término se usa como etiqueta emocional, porque entonces deja de describir una realidad y empieza a fabricar bandos.

El informe europeo entra justo en esa zona sensible. Si se afirma que en los casos dudosos la mitad eran adultos, una parte del debate político lo aprovechará para generalizar, para convertir esa cifra en una acusación global. Otra parte lo utilizará para insistir en que el sistema necesita mejoras técnicas, sin criminalizar el fenómeno. Y entre ambos, la administración, obligada a decidir cada caso concreto con herramientas imperfectas.

En Canarias, además, el debate se cruza con la convivencia. Hay zonas donde los centros generan tensión vecinal, hay episodios de conflicto, y también hay experiencias de integración que apenas se cuentan. El riesgo, cuando el relato se polariza, es que los matices se pierdan: ni todo es fraude, ni todo es víctima, y la realidad suele estar hecha de grises, de trayectorias mezcladas, de decisiones difíciles.

La utilidad real de que la Eurocámara ponga cifras —si se quiere ver así— es que obliga a salir de la discusión abstracta. Si el problema está en la frontera de los 18, entonces la solución no puede ser solo retórica. Hace falta reforzar procedimientos, mejorar coordinación con Fiscalía y servicios sociales, acelerar verificaciones documentales, y sobre todo evitar que la urgencia se coma la precisión. Porque en este terreno, un error no es un titular mal redactado: es una vida mal encajada en un sistema.

También hay un elemento operativo que rara vez se explica sin gritos: la diferencia entre protección y regularización. Un menor tutelado no es automáticamente un adulto con papeles resueltos; al cumplir 18, muchos jóvenes se enfrentan a un salto difícil. Si además había dudas sobre su edad desde el inicio, el expediente puede convertirse en una maraña. Y esa maraña, en contextos de alta presión, es caldo de cultivo para irregularidades y para discursos simplistas.

Canarias ante el espejo europeo

El impacto de este informe no está solo en el dato de “casi la mitad”, ni solo en el 92% de devoluciones rechazadas. Está en la combinación: un sistema de protección tensionado por la ambigüedad de la edad y un mecanismo de retorno bloqueado por la falta de cooperación. Esa mezcla es la que explica por qué Canarias vuelve una y otra vez al centro del debate migratorio español, aunque el archipiélago no haya pedido ser protagonista.

Fernando Clavijo sale reforzado en una parte de su argumento: si Canarias llevaba tiempo denunciando un fenómeno y ahora aparece reflejado en un documento europeo, la queja gana peso político. Al mismo tiempo, el informe coloca al Estado ante una pregunta incómoda, sin necesidad de formularla: cómo se sostiene un sistema en el que las competencias están repartidas, la presión se concentra en un territorio, y la salida depende de un país tercero que no coopera en la mayoría de los casos.

Lo que queda sobre la mesa es un dilema práctico, no filosófico: cómo blindar la protección de los menores reales sin convertirla en una invitación a colarse, y cómo construir un retorno efectivo y garantista cuando la cooperación del país de origen es mínima. Bruselas puede tomar nota, Madrid puede prometer ajustes, Canarias puede insistir en reparto y recursos, pero la realidad —la de los muelles, los centros y los expedientes— exige decisiones que no se resuelven con frases redondas.

El informe europeo, en el fondo, funciona como un espejo que devuelve una imagen nítida y poco amable: el Atlántico no es una ruta secundaria, y Canarias no es un apéndice logístico. Es un frente donde se mezclan protección de menores, control migratorio, diplomacia con Marruecos y capacidad real del Estado. Y cuando esos engranajes chirrían a la vez, el ruido no se queda en un documento: se filtra en la política nacional, en la convivencia diaria y en la confianza —tan frágil— de que el sistema, al menos, sabe quién es menor y quién no.