¿Por qué Feijóo pide ahora el regreso del rey emérito?

Feijóo pide que Juan Carlos I regrese tras abrirse los papeles del 23-F: qué revelan, qué falta y por qué reaviva choque político en España.

Alberto Núñez Feijóo ha pedido este jueves que Juan Carlos I vuelva a España y lo ha hecho pegado al ruido de los archivos: justo después de que el Gobierno hiciera pública la desclasificación de documentación sobre el 23-F. No es un matiz menor ni una frase lanzada al aire; el líder del PP lo plantea como una reparación simbólica y como una manera de “reconciliar” la mirada sobre el papel del entonces jefe del Estado en la noche del 23 de febrero de 1981. En su mensaje, Feijóo admite “errores innegables” del emérito, pero sostiene que quien “contribuyó a sostener” la democracia debería pasar la última etapa de su vida en su país.

El momento elegido tiene otra capa, casi de guion: la desclasificación se ha formalizado tras un acuerdo del Consejo de Ministros del 24 de febrero de 2026, publicado en el BOE, y en paralelo se han ido conociendo detalles concretos de esos papeles, incluidos relatos de llamadas, movimientos de mandos militares y conversaciones desde Zarzuela. Y como si a la semana de la memoria le faltara un golpe de realidad, este mismo miércoles ha muerto Antonio Tejero, la cara más visible del asalto al Congreso, a los 93 años, en Alzira (Valencia), según confirmación familiar. En 24 horas, el país ha pasado de hablar del “quieto todo el mundo” a hablar del “ni abdicaré ni abandonaré España”.

La discusión, sin embargo, no se queda en la nostalgia ni en el bronce. Vuelve lo de siempre: qué se desclasifica de verdad, qué se queda fuera, quién interpreta esos documentos como transparencia y quién los lee como relato dirigido. Izquierda Unida, por ejemplo, ha hablado abiertamente de “operación de blanqueo” del papel de Juan Carlos I y ha puesto el foco en lo que, a su juicio, falta: documentos “desaparecidos”, piezas aún ocultas, lagunas que no encajan con la historia ya contada. Bildu, en otra clave, ha hablado de decepción. La misma carpeta, miradas opuestas.

Feijóo pone fecha política al regreso del emérito

El mensaje de Feijóo no pide un regreso “algún día”, sino ahora, en caliente, con los documentos recién abiertos y con la conversación pública volviendo a girar alrededor del Rey de 1981. La fórmula está medida: invoca la desclasificación como prueba de algo —“avalan su papel”, viene a decir— y a la vez desliza que el emérito ya ha reconocido fallos personales. Ese equilibrio (reconocimiento de sombras, reivindicación del papel histórico) busca un terreno cómodo: defender el regreso sin negar lo incómodo. Y lo incómodo no es abstracto; es la suma de años de polémicas, investigaciones y un exilio de facto en Abu Dabi que en España sigue provocando más conversación que certezas.

También hay táctica, claro, y no hace falta disfrazarla. La desclasificación del 23-F se ha presentado desde Moncloa como un gesto de transparencia institucional, y Feijóo se apropia del momento para cambiar el foco: en vez de hablar de qué publica el Gobierno y por qué lo publica, habla de qué debería pasar con Juan Carlos I a partir de lo publicado. Es una manera de recolocar el debate en un terreno que al PP le resulta más manejable: monarquía, Transición, estabilidad, el gran marco. Y, de paso, obliga al Ejecutivo y a los socios parlamentarios a pronunciarse sobre un asunto que suele ser arena movediza: el retorno del emérito como figura presente, no como visita puntual.

Qué ha desclasificado el Gobierno y cómo se ha publicado

Lo desclasificado no es un “todo” sin forma. Hay un acuerdo formal del Consejo de Ministros del 24 de febrero de 2026, impulsado desde varios departamentos —Exteriores, Presidencia/Justicia, Defensa e Interior—, y el BOE lo publica como anexo. El propio texto deja una idea que pesa: se desclasifica documentación relativa al intento de golpe, y se hace con el argumento de los 45 años cumplidos. Dicho de otro modo: se abre una puerta, pero no se derriba la pared completa.

La difusión se ha articulado, además, con una página específica de Moncloa que reúne la documentación “encontrada hasta el momento” en archivos ministeriales. Esa frase —“hasta el momento”— es pequeña, pero manda: sugiere que el archivo es incompleto, que puede haber más en otros fondos o en otras cajas, o que no todo ha llegado a la misma mesa. En paralelo, distintos medios han manejado cifras diferentes: RTVE ha publicado una lista íntegra de 167 documentos, mientras otras recopilaciones hablan de 153; la discrepancia suele venir de cómo se cuentan expedientes, anexos y unidades documentales, pero en la conversación pública se traduce en algo más simple y más político: “¿está todo o falta lo decisivo?”.

La noche del 23-F según Zarzuela

Hay documentos que no aportan una revelación explosiva, pero sí cambian el tacto del relato. Uno de los más comentados es un “relato” elaborado desde el entorno de Zarzuela y ámbitos militares que reconstruye la noche con tiempos, llamadas y reacciones. Ahí aparecen nombres que funcionan como bisagras: Sabino Fernández Campo, secretario general de la Casa del Rey; el general Jaime Milans del Bosch, que sacó tropas a la calle en Valencia; el general Alfonso Armada, figura central de la llamada “solución Armada”; el general José Gabeiras, entonces JEME; el general José Juste, al mando de la División Acorazada Brunete; y, por supuesto, Antonio Tejero, atrincherado en el Congreso con guardias civiles armados. De pronto, lo que era un gran episodio histórico vuelve a ser una secuencia de llamadas cortadas, dudas, órdenes, miedo seco.

Las llamadas que fijan la posición del Rey

Según ese relato, el Rey se entera del asalto al Congreso por la radio a las 18.22. Poco después, entre las 18.30 y las 19.00, Armada llama para incorporarse a Zarzuela y la respuesta es no. Hay dos testigos citados de esa conversación, y la negativa se convierte en un punto clave: en paralelo, el general Juste llama para comprobar si Armada está con el Rey, como si esa sola presencia validara el golpe; cuando desde Zarzuela se niega, Juste viene a decir que eso lo cambia todo. La escena tiene algo de película vieja, pero sin música: la pregunta de fondo no es “qué pasa”, sino “con quién está el Rey”, porque en aquella España la lealtad de los mandos dependía, en parte, de esa brújula.

A partir de ahí, el relato describe intentos de comunicación con Tejero, insistencias para que deponga su actitud, y una idea recurrente: Tejero asegura obedecer a Milans. En uno de los pasajes más citados, Sabino Fernández Campo pregunta a Tejero qué pretende y le exige que se retire; Tejero, seco, contesta que solo recibe órdenes de Milans. Y hay un detalle que ha vuelto a circular con fuerza: el propio Sabino repite la misma pregunta, casi como un martillo, porque Tejero habría invocado el nombre del Rey. La insistencia —“¿por qué?”— retrata el punto más sensible de aquella noche: evitar que el golpe se cubra con la Corona como paraguas.

El pulso con Milans del Bosch y la “solución Armada”

La documentación desclasificada también alimenta el viejo debate sobre la “solución Armada”, esa idea de un gobierno de “salvación” encabezado por Alfonso Armada, con una mezcla transversal de nombres, como salida política al caos. El relato sitúa cómo Milans empuja esa opción en llamadas con Zarzuela, y cómo desde la Casa del Rey se rechaza. Armada, según esas reconstrucciones, acaba presentándose en el Congreso con la supuesta misión de negociar la rendición de Tejero; Gabeiras declaró después que su encargo era negociar, no ofrecer un gobierno, pero el choque se produce cuando Tejero rechaza la fórmula, se enroca y ni siquiera le deja entrar en el hemiciclo como esperaba. La “solución”, en ese punto, se convierte en un callejón: no sirve para apagar el incendio y, a la vez, deja un rastro incómodo para la historia.

El pulso definitivo aparece en la madrugada, con llamadas duras a Milans y órdenes explícitas de retirar unidades. En el documento se recoge una frase atribuida al Rey, dirigida al capitán general: “Juro que ni abdicaré ni abandonaré España”, y la advertencia sobre el riesgo de una nueva guerra civil si prospera la sublevación. Es una frase que, leída hoy, tiene dos efectos a la vez: refuerza la imagen del monarca como dique y, al mismo tiempo, recuerda lo cerca que se sintió el país de un escenario que nadie quería nombrar. Horas después, Milans retira tropas en Valencia, y el golpe empieza a desinflarse por el sitio más decisivo: la obediencia militar.

En este contexto, la muerte de Tejero el 25 de febrero de 2026 añade un contraste casi brutal. El hombre que convirtió el “quieto todo el mundo” en una imagen eterna muere el mismo día en que España vuelve a abrir el cajón del 23-F, como si la historia cerrara una puerta y abriera otra. Tejero había sido condenado a 30 años por rebelión militar y cumplió alrededor de la mitad, antes de salir en libertad en los noventa; durante años mantuvo un perfil ideológico nítido, sin matices, y su figura siguió siendo un símbolo para unos y una advertencia para otros. La coincidencia de fechas ha hecho que la desclasificación se lea, también, como punto de inflexión generacional: desaparecen protagonistas y quedan papeles.

Reacciones: entre el aplauso, la sospecha y la decepción

La desclasificación ha provocado reacciones en abanico, y no solo por lo que dicen los documentos, sino por lo que algunos creen que no dicen. Izquierda Unida, en boca de Enrique Santiago, ha hablado de “nueva operación de blanqueo” del papel de Juan Carlos I. En su crítica hay dos líneas claras: una, que el emérito habría tenido conocimiento previo o más margen de maniobra del reconocido en el relato oficial; dos, que los documentos publicados no serían suficientes y podrían incluso incluir piezas discutibles, como una supuesta nota atribuida al PCE que IU asegura no localizar en los archivos del partido. Es una impugnación frontal del marco “se abre el secreto y se zanja la duda”; para IU, el secreto se abre a medias y la duda crece.

En el otro lado, hay voces que usan la desclasificación para reforzar la lectura clásica del 23-F. Felipe González, por ejemplo, ha defendido que la actuación de Juan Carlos I fue “ejemplar” y “decisiva”, y ha argumentado que el Rey tardó en aparecer públicamente porque tenía que “pulsar” la posición real de los mandos: en una crisis militar, la televisión no basta; antes hay que saber qué hace cada región, cada guarnición, cada general con mando efectivo. González lo dijo en el Senado, en un acto al que asistieron Felipe VI y figuras políticas como Mariano Rajoy y el propio Feijóo, alrededor de la presentación de una nueva edición del libro El Rey, del jurista Manuel García-Pelayo. El escenario, por sí solo, ya era un mensaje: Estado, memoria, Corona.

Y luego está la lectura más fría, menos épica, que también existe: la de quienes esperaban más material, más claridad o menos burocracia. Bildu, por ejemplo, ha expresado decepción con lo publicado y ha pedido que la investigación histórica siga tirando del hilo. Es el tipo de reacción que no se sostiene sobre una frase grandilocuente, sino sobre un gesto de frustración: si se abre un archivo de 45 años, lo que se espera es un salto; si el salto no llega, la sensación es de trámite. Y esa sensación, mezclada con la polarización, alimenta la pregunta que recorre todo: ¿se desclasifica para saber o para ordenar el relato?

El emérito vuelve a la conversación, no al país

Juan Carlos I tiene 88 años y mantiene su residencia en Abu Dabi desde su salida de España en agosto de 2020, aunque ha realizado visitas privadas puntuales, a menudo ligadas a estancias en Galicia y al entorno de Sanxenxo. Eso significa que el “regreso” del que habla Feijóo no es volver a pisar suelo español —eso ya ha ocurrido en viajes concretos—, sino otra cosa más delicada: volver a vivir aquí, normalizar presencia, asumir que el emérito deja de ser un nombre a distancia y pasa a ser un actor visible, con agenda propia aunque no tenga papel institucional. El matiz pesa porque cambia el tipo de controversia: no es una visita de tres días con fotos de pantalón náutico, es un retorno estable con preguntas permanentes.

En ese tablero, la desclasificación del 23-F funciona como palanca narrativa. Si los documentos refuerzan la idea de que la Corona frenó el golpe —con negativas a Armada, presiones a Milans, órdenes de retirar tropas—, se abre espacio para un argumento político: “merece dignidad aquí”. Ese argumento, sin embargo, choca con otra realidad, la del desgaste acumulado por las polémicas del emérito, su salida del país y la decisión de Felipe VI de marcar distancias en su momento con determinadas conductas. Lo que Feijóo propone, en la práctica, es reponer en el centro el Juan Carlos de 1981 para que pese más que el Juan Carlos de los últimos años. Y ahí es donde la España actual se divide con una facilidad pasmosa: para unos, la historia compensa; para otros, la historia no borra.

La clave, al final, está menos en una declaración y más en la suma de reacciones institucionales. Un retorno estable requeriría encaje con la Casa del Rey, gestión política del Gobierno, clima parlamentario y, sobre todo, una convivencia mediática que no convierta cada gesto en una batalla diaria. El 23-F, con sus papeles recién desclasificados, aporta contexto y datos; no resuelve por sí mismo la pregunta de 2026, que es otra: qué sitio ocupa hoy el emérito en un país que lo recuerda a la vez como símbolo de estabilidad y como fuente de controversia. Feijóo ha puesto una frase; el resto, por ahora, es un debate abierto con nombres propios, documentos sobre la mesa y una certeza incómoda: el pasado vuelve cuando el presente lo necesita.