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¿Qué cambia si el Congreso tumba la moratoria de desahucios?

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Congreso tumba la moratoria de desahucios

PP, Vox y Junts tumban el escudo social: cae moratoria de desahucios y se salva la subida de pensiones. Impacto real en juzgados y facturas.

Este jueves 26 de febrero de 2026 el Congreso se dispone a repetir una escena que ya huele a déjà vu: una mayoría formada por PP, Vox y Junts rechaza, salvo sorpresa, el real decreto-ley del llamado escudo social que prorrogaba la moratoria de desahucios para hogares vulnerables y estiraba otras medidas sociales, energéticas y tributarias. Si se consuma el “no”, lo que cambia es muy concreto y, a la vez, muy áspero: la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 de la suspensión de desahucios y lanzamientos deja de tener respaldo parlamentario y el armazón legal que frenaba determinados procedimientos se desengancha. No es un botón rojo que explota en la puerta de casa al minuto siguiente, pero sí es un giro real: expedientes que estaban detenidos o que podían pararse con ese paraguas extraordinario recuperan recorrido en los juzgados y la protección se desplaza, más que nunca, hacia servicios sociales y soluciones habitacionales que muchas veces llegan tarde, o llegan a medias… o no llegan.

A la vez, y esto explica el movimiento del Gobierno, el Congreso sí avalará previsiblemente el decreto separado de revalorización de pensiones para 2026, que se salvó del naufragio al sacarlo del paquete polémico. El Ejecutivo troceó la medida en dos normas distintas tras el rechazo en enero de un decreto “ómnibus” que mezclaba pensiones, vivienda y más asuntos fiscales y empresariales: esta vez, pensiones por un lado; escudo social por el otro. La idea era sencilla, casi quirúrgica: evitar que la subida de pensiones quedara sepultada bajo el debate inflamable de desahucios, ocupación y “okupación”. Y eso, políticamente, parece funcionar; en vivienda, no.

El jueves de los dos decretos y la grieta del “ómnibus”

El dato clave de contexto es que el Gobierno llega a esta votación con una estrategia defensiva. En enero, PP, Vox y Junts tumbaron el decreto “ómnibus” con el argumento —repetido hasta el agotamiento— de que la moratoria antidesahucios amparaba la ocupación y castigaba a los propietarios. El Ejecutivo leyó el resultado como una advertencia: si todo viaja en la misma maleta, se pierde la maleta entera. Así que en febrero aprobó dos reales decretos-ley distintos, separados por una línea que no es ideológica sino táctica: las pensiones (y otras medidas de Seguridad Social) por un lado; la prórroga de la moratoria y el escudo social tributario y energético por el otro.

En el Pleno de este 26 de febrero la aritmética vuelve a mandar. La abstención de Junts bastaría para salvar el escudo social, pero Míriam Nogueras confirmó el miércoles, en su cara a cara con Pedro Sánchez, que su grupo votará “no”. La frase que dejó colgando en el hemiciclo fue un dardo con forma de lema: “Escudo social sí, okupaciones no”. Es un mensaje pensado para sonar nítido en un titular y para obligar al Gobierno a mover ficha en el terreno que más quema: el de la vivienda como campo de batalla emocional, con el propietario como figura frágil y el inquilino vulnerable mezclado —a propósito o por inercia— con el imaginario del “okupa”.

Desde La Moncloa sostienen que no van a trocear más el texto. Aquí aparece el choque de fondo: Junts sugiere un “tercer intento” separando todavía más, como si el decreto fuera una tarta que se puede cortar en porciones cada vez más finas hasta que nadie discuta el sabor; el Gobierno responde que ya ha separado lo esencial y que su intención es volver a llevar el paquete al Consejo de Ministros para insistir, buscando al menos una abstención. En política, insistir es casi un deporte; en vivienda, insistir con el reloj judicial corriendo suena a otra cosa.

La moratoria antidesahucios: qué protegía y a quién dejaba fuera

La moratoria que estaba en juego no era un concepto etéreo, sino una prórroga muy precisa: extender hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de procedimientos de desahucio y lanzamientos en determinados supuestos ya previstos desde la pandemia. Es decir, no se inventaba desde cero; alargaba lo que venía funcionando —con modificaciones sucesivas— como salvaguarda extraordinaria para personas y familias económicamente vulnerables y sin alternativa habitacional.

El decreto añadía un matiz que, en teoría, pretendía limar una de las críticas más repetidas: la suspensión no se aplicaría a arrendadores propietarios de dos o menos viviendas. Dicho sin rodeos, porque esto es lo que ha alimentado horas de discusión: el texto quería evitar que un pequeño casero, con una o dos viviendas, quedara atrapado en una suspensión prolongada que le dejase sin ingresos y con gastos encima. A partir de ahí, el mensaje oficial era: la protección se centra en la vulnerabilidad del hogar, sí, pero sin arrasar al pequeño propietario.

También regulaba algo que suele quedarse fuera del foco mediático, aunque es decisivo para entender por qué propietarios y comunidades autónomas miran el BOE como quien mira un parte médico: la compensación. Cuando se suspende un lanzamiento de forma extraordinaria, el arrendador o propietario puede acreditar perjuicio económico y solicitar una compensación calculada en función del valor medio del alquiler en el entorno (según índices o referencias objetivas) y los gastos corrientes asumidos durante el tiempo de suspensión. La prórroga extendía además el plazo para pedir esa compensación: hasta el 31 de enero de 2027. Este detalle importa porque traslada parte de la carga —al menos en teoría— del conflicto privado al terreno público, a través del reconocimiento administrativo y la financiación.

El texto incluía, además, una cláusula que en el debate político suele convertirse en chispa: la facultad del juez para suspender lanzamientos hasta el 31 de diciembre de 2026 en determinados procedimientos, incluso en supuestos en los que la vivienda habitual está siendo habitada sin título habilitante, siempre bajo condiciones concretas y dentro del marco extraordinario. Es ahí donde la palabra “okupación” se cuela como un imán, aunque jurídicamente no todo es lo mismo ni se tramita igual. El decreto no inventaba el conflicto; lo intentaba administrar, con un temporizador y con excepciones nuevas.

Vulnerabilidad, juzgados y servicios sociales: el filtro real

En la práctica, la moratoria no se activaba como una manta mágica que alguien despliega con una frase. La vulnerabilidad se acredita, se valora, se discute, y entra en un circuito donde se cruzan informes de servicios sociales, documentación económica, menores a cargo, dependencia, riesgo de exclusión… y la capacidad de respuesta de cada municipio y comunidad. La norma funciona como un freno judicial temporal, pero la solución real —una alternativa habitacional— depende de un engranaje que no siempre gira a la misma velocidad que un procedimiento judicial.

Y aquí aparece la parte menos fotogénica: la moratoria no “regala” una vivienda, no borra una deuda, no convierte un impago en virtud. Lo que hace es comprar tiempo, a veces semanas, a veces meses, para evitar que una familia se quede en la calle mientras se busca una salida. Cuando el decreto cae, lo que se pierde no es un eslogan: se pierde ese tiempo legalmente garantizado para determinados supuestos. El resto vuelve a depender de lo ordinario, con toda su dureza: mediación, ayudas puntuales, recursos escasos, y un mercado del alquiler donde encontrar una puerta que se abra ya es una odisea incluso sin vulnerabilidad de por medio.

El choque político: “okupación”, “inquiokupas” y datos que no caben en un eslogan

La discusión parlamentaria se mueve a menudo por palabras-linterna: iluminan lo que conviene y dejan el resto en sombra. “Okupación” es una de ellas. Junts ha sostenido que la moratoria protege la ocupación; PP y Vox han convertido la idea en munición recurrente. El Gobierno, por su parte, insiste en que la medida es una red de seguridad para personas vulnerables, y rechaza el término “inquiokupa” como etiqueta interesada que mezcla fenómenos distintos: impago en alquiler con contrato, ocupación de vivienda vacía, allanamiento de morada, extorsiones, mafias, necesidad real… todo en la misma batidora.

Los datos ayudan a poner suelo bajo la discusión, aunque tampoco lo resuelven todo. En 2024 se practicaron 27.564 lanzamientos en España, un 3,4% más que el año anterior, según estadísticas del Consejo General del Poder Judicial. El detalle es el que cambia el relato: la mayoría (74,5%) se debieron a impagos del alquiler, mientras un 18,4% correspondieron a ejecuciones hipotecarias. Es decir, el desahucio hoy, en términos cuantitativos, tiene mucho más que ver con el alquiler que con la hipoteca, y eso encaja con un mercado tensionado donde los precios han subido de forma sostenida durante la última década.

Sobre ocupación, las cifras más citadas se apoyan en los “hechos conocidos” por las fuerzas de seguridad: entre 2023 y 2024 los registros de allanamientos y usurpaciones pasaron de 15.289 a 16.426, un aumento del 7,4%. En términos de peso sobre el conjunto delictivo, sigue siendo un fenómeno minoritario si se compara con el volumen total de infracciones penales registradas en España, que supera los 2,4 millones en un año. Aun así, el impacto se concentra territorialmente y eso explica parte del ruido: Cataluña, y especialmente la provincia de Barcelona, acumula una proporción elevada de episodios conocidos, muy por encima de otras zonas.

En medio aparece el concepto “inquiokupación”, que no es una categoría penal con contabilidad oficial propia, pero sí un término político de alto voltaje. Una forma de aproximarse, sin inventar estadísticas, es mirar la serie de sentencias estimatorias por falta de pago de rentas o fianzas: en 2024 fueron 10.154, por debajo de años anteriores, y en 2025 (con datos parciales de tres trimestres) se contabilizaron 7.630, cifras que no dibujan una explosión. Esto no invalida los casos dramáticos para propietarios, ni borra la sensación de indefensión que algunos relatan; simplemente recuerda que el debate se ha vuelto tan simbólico que a veces las cifras llegan tarde a la conversación.

Y luego está la parte más incómoda, esa que no cabe bien en un mitin: detrás de algunos episodios de ocupación hay un “modelo de negocio” de extorsión, con entradas en inmuebles para pedir dinero a cambio de irse, aprovechando la lentitud de los procesos. Es un tipo de práctica que desespera a propietarios y que, a la vez, convive con la realidad de la vulnerabilidad: hogares que no llegan, alquileres que se disparan, y un sistema público de vivienda social que no tiene tamaño para absorber el golpe. Dos realidades distintas, metidas a presión en una misma palabra.

Qué pasa si el decreto cae: el efecto en juzgados y en el calendario

Un real decreto-ley entra en vigor al publicarse, pero necesita ser convalidado por el Congreso. Si el Congreso lo rechaza, queda derogado. Esa mecánica produce un fenómeno extraño, casi de pasillo: durante unos días o semanas una medida está “viva”, y de repente se apaga. En vivienda, donde los procedimientos tienen su propio ritmo y los lanzamientos se señalan con fechas, esa derogación no opera como una película con corte limpio, pero sí como un cambio de base jurídica: lo que iba a estar prorrogado deja de estarlo.

En términos prácticos, el escenario más probable tras el “no” es que juzgados que estaban aplicando o preparados para aplicar la prórroga vuelvan al marco anterior, y que procedimientos suspendidos en virtud de esa extensión pierdan el soporte temporal que los justificaba. Habrá casos donde ya existían otras medidas concurrentes, o donde la suspensión se apoyaba en otro tramo normativo; y habrá otros donde la prórroga era el corazón de la protección. Cada expediente es un mundo, pero la tendencia es clara: el decreto pretendía mantener un “tope” hasta el 31 de diciembre de 2026, y ese tope se rompe si no hay convalidación.

También cambia el terreno de juego para las administraciones autonómicas, porque el régimen de compensaciones y el reconocimiento del perjuicio económico se articulan con órganos competentes en materia de vivienda en cada comunidad. Si el decreto decae, ese circuito queda pendiente de si el Gobierno lo recupera en un texto nuevo. Y aquí aparece el mayor desgaste: la incertidumbre. Cuando la norma entra y sale, propietarios, inquilinos, jueces, funcionarios y servicios sociales trabajan con la sensación de que el suelo se mueve bajo los pies. La vivienda ya era un problema estructural; añadirle inestabilidad normativa lo convierte en una cuerda tensa, vibrando.

Hay además un elemento político que se convierte en materia judicial. El decreto había introducido la novedad de excluir de la suspensión a los arrendadores con dos o menos viviendas, una concesión en parte ligada a la búsqueda de apoyos, y que se interpretó como gesto hacia el pequeño propietario. Si el decreto cae, esa novedad también se cae. Y la paradoja es curiosa: quienes lo rechazan por considerarlo favorable a “okupaciones” también tumban un texto que limitaba la suspensión en favor de pequeños arrendadores. Política de bloques; efectos cruzados.

Bono social y suministros: el otro frente que se queda sin prórroga

El escudo social no era solo vivienda. Dentro viajaban medidas energéticas que, en un país donde la factura se abre con un suspiro, no son menores. El decreto extendía durante 2026 los valores extraordinarios de los descuentos del bono social eléctrico, manteniendo una senda más protectora que la prevista en normativas anteriores. En la práctica, el esquema sostenía descuentos del 42,5% para hogares vulnerables y del 57,5% para vulnerables severos, y prolongaba también la garantía de suministro de agua y energía para consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social.

Si el Congreso tumba el decreto, esa extensión deja de estar blindada en los términos previstos, y el sistema vuelve a la senda normativa anterior, que contemplaba una reducción de esos descuentos extraordinarios. Esto puede sonar técnico, pero se traduce rápido: hogares que contaban con un porcentaje de rebaja mantienen o pierden protección según el encaje final, y las comercializadoras ajustan facturación y compensaciones. Hubo ya, en semanas recientes, un pequeño “limbo” de facturas y ajustes que ilustra cómo de material es el asunto: no es un debate abstracto, es un porcentaje en un recibo.

Además, el decreto incorporaba medidas urgentes “en materia tributaria” y relacionadas con recursos de financiación territorial, un campo donde conviven decisiones fiscales, ayudas y encajes presupuestarios. No todo tiene el mismo impacto inmediato que un lanzamiento o una factura, pero el mensaje general es el mismo: al caer el decreto, no cae solo una pieza, cae una caja con varias piezas dentro.

Pensiones 2026: lo que sí se aprueba y lo que supone en cifras

Mientras el escudo social se atasca, el decreto de pensiones se mueve en otra atmósfera. El Real Decreto-ley de revalorización fija para 2026 una subida equivalente al valor medio del IPC interanual de los doce meses previos a diciembre del año anterior, y el resultado se concreta: un 2,7%. Es la cifra que sostiene la revalorización general de las pensiones públicas en 2026, y explica por qué el Gobierno quiso despejar el camino de la convalidación: aquí hay un consenso político mucho más amplio, porque votar en contra de una subida generalizada de pensiones es un gesto de alto coste, visible, inmediato, casi contable.

El decreto no se queda en el titular del 2,7%. Incluye también ajustes y actualizaciones en el sistema de Seguridad Social, clases pasivas, complemento para la reducción de la brecha de género, pensiones no contributivas, SOVI y prestaciones vinculadas a situaciones específicas. En el detalle, hay cifras que marcan el perímetro: desde el límite máximo para la percepción de pensiones públicas causadas en 2026, fijado en 3.359,60 euros mensuales (47.034,40 anuales), hasta el importe anual de las pensiones no contributivas, que se sitúa en 8.803,20 euros.

En paralelo, el Gobierno ha subrayado que las pensiones mínimas tendrán incrementos superiores, por encima del 7% en términos generales, y que algunas prestaciones vinculadas a cargas familiares alcanzarán subidas del 11,4%, en un paquete que también arrastra al Ingreso Mínimo Vital y otras prestaciones relacionadas. El efecto global afecta a casi 13 millones de pensiones y prestaciones, una cifra que da escala al asunto: es una medida de alcance masivo, de las que se notan el día que llega la nómina, sin metáfora posible.

Hay, además, una derivada poco comentada pero importante en el tejido laboral: el decreto mantiene en 2026 determinadas referencias normativas del sistema, actualiza topes de bases de cotización, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional y fija elementos como la cuota adicional de solidaridad para ese año. Esto no suena a conversación de bar, pero lo es en la vida real: afecta a cotizaciones, a empresas, a autónomos… a la manera en que se financia, en definitiva, la propia pensión que se está revalorizando. Subir sin sostener no existe; el decreto intenta sostener.

El pulso con Junts y el margen de maniobra del Gobierno tras el “no”

La pregunta política —sin convertirla en eslogan— es qué hará el Gobierno después. La respuesta oficial, repetida estos días, es que volverá a aprobar el decreto del escudo social y lo llevará otra vez al Congreso buscando una abstención de Junts. Pero Junts ha marcado su línea con claridad: o se separa lo que considera “escudo social” de lo que etiqueta como “ocupaciones”, o no hay apoyo. Y el Gobierno insiste en que no troceará más.

En realidad, el margen de maniobra existe, pero tiene costes. Una opción es retocar aún más el texto para acotar la suspensión y dejar fuera supuestos que generan más rechazo, reforzando el blindaje para pequeños propietarios o afinando definiciones. Otra opción es mantener el texto y apostar por el desgaste: insistir hasta que la abstención aparezca por agotamiento, por negociación paralela o por concesiones en otros asuntos. En el Congreso, las leyes a veces se aprueban por convicción; muchas otras, por equilibrio de fuerzas.

Mientras tanto, lo que sucede fuera del hemiciclo no se detiene. Los procedimientos judiciales siguen su curso, los contratos de alquiler vencen, los impagos se acumulan, los precios del mercado continúan en su lógica propia, y la vivienda social no aparece por decreto de un día para otro. Ahí está el núcleo de la tensión: la moratoria es una medida de emergencia, una muleta; el problema estructural es que hay demasiada gente caminando sin pierna de apoyo, y el sistema público no tiene suficientes muletas para todos. La política discute la etiqueta; la realidad discute el techo.

Y el debate sobre “okupación” se ha convertido en un espejo deformante. Porque el decreto, tal como estaba planteado, no era un “sí” a la ocupación, sino una extensión temporal de suspensiones con filtros, con intervención judicial y con un giro a favor del pequeño propietario. Que aun así no haya servido para atraer a Junts dice mucho sobre el momento: la vivienda está tan cargada simbólicamente que el texto legal se vota menos por su articulado y más por el relato que lo acompaña.

La foto del 26 de febrero: pensiones sí, escudo social no

Lo que deja este jueves, si se cumple el guion, es una fotografía con contraste fuerte. Por un lado, la revalorización de las pensiones para 2026 sale adelante: una subida general del 2,7%, topes, mínimos, no contributivas, y un paquete que el Gobierno presenta como imprescindible para sostener poder adquisitivo y evitar un vacío normativo. Es una decisión con recorrido inmediato y masivo, y por eso reúne apoyos transversales que rara vez se ven en otros debates.

Por otro, el decreto del escudo social se cae con el voto conjunto de PP, Vox y Junts, pese a que contenía medidas que iban más allá de la vivienda: prórroga de la moratoria antidesahucios hasta el 31 de diciembre de 2026, ajustes para excluir a arrendadores con dos o menos viviendas, extensión del bono social con descuentos extraordinarios, garantía de suministro para consumidores vulnerables y piezas tributarias y territoriales que completaban el paquete. Al tumbarse, se rompe la continuidad de ese paraguas y se abre un periodo de incertidumbre que, en vivienda, siempre tiene una característica: no lo pagan los eslóganes, lo pagan los expedientes, los plazos y las decisiones que se toman con una notificación en la mano y la fecha de lanzamiento marcando el calendario.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.