¿Qué frena las expulsiones de inmigrantes desde Ceuta a Marruecos?

Las devoluciones de inmigrantes desde Ceuta hacia Marruecos se han encontrado con un obstáculo que no está, al menos por ahora, en la frontera marroquí. Está dentro de la propia Administración española. Funcionarios responsables de tramitar los expedientes rechazan cualquier atajo y se ciñen de manera estricta a los procedimientos legales ante el temor de asumir responsabilidades penales si una devolución acelerada acaba siendo declarada ilegal.

El precedente pesa. Mucho. La Audiencia Provincial de Cádiz condenó en 2025 a nueve años de inhabilitación a la exdelegada del Gobierno en Ceuta Salvadora Mateos y a la exvicepresidenta de la Ciudad Autónoma Mabel Deu por la repatriación irregular de 55 menores marroquíes en agosto de 2021. Aquella resolución ha cambiado el ambiente en los despachos: nadie quiere que una orden política para acelerar las salidas termine, años después, con su nombre en una sentencia.

El resultado es una paradoja bastante española. El Gobierno insiste en que quiere acelerar los retornos y asegura que Marruecos mantiene su disposición a recibir a quienes puedan ser legalmente devueltos, pero el expediente tiene que sobrevivir antes a entrevistas, identificación, posibles solicitudes de protección internacional, asistencia jurídica y garantías específicas. Y si hay menores, el terreno se vuelve todavía más delicado.

El atasco de las expulsiones está en los expedientes

Según fuentes gubernamentales, los primeros expedientes ordinarios para la repatriación de menores no acompañados comenzarán a remitirse esta semana. Se habla inicialmente de unos 25 casos, con la posibilidad de elevar la cifra hacia 35. Es poco frente a la magnitud del problema.

Ni siquiera existe una fotografía estadística completamente uniforme. Las cifras manejadas durante las últimas semanas por distintos departamentos oscilan, pero sitúan en más de un millar los menores que permanecen en Ceuta. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, llegó a hablar de alrededor de 1.500 menores dentro del sistema de acogida. Otras estimaciones gubernamentales han utilizado cifras inferiores. El baile de números, después de una entrada masiva sin precedentes, tampoco ayuda.

Con los adultos la situación es distinta. Fuentes del Ejecutivo sostienen que alrededor de 200 inmigrantes mayores de edad han sido expulsados por una vía extraordinaria vinculada a la comisión de delitos menores. Para quienes permanecen en territorio español sin ese supuesto, la maquinaria administrativa es otra.

Y esa maquinaria necesita tiempo, personal y expedientes completos.

A finales de agosto, la propia Fiscalía había advertido de las dificultades para tramitar expedientes por la falta de funcionarios. El Gobierno ha respondido movilizando más personal, habilitando instalaciones y recurriendo incluso a entrevistas telemáticas para que policías, especialistas e intérpretes puedan trabajar desde fuera de Ceuta.

España también ha solicitado ayuda a Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea para reforzar el dispositivo de identificación y tramitación. El objetivo político es acelerar. El límite jurídico consiste en hacerlo sin convertir acelerar en saltarse pasos obligatorios.

La sentencia que explica por qué nadie quiere correr

Para comprender el temor de los funcionarios hay que regresar a agosto de 2021. Tras otra crisis migratoria en Ceuta, 55 menores fueron entregados a Marruecos mediante un procedimiento que terminó bajo examen judicial.

La Audiencia Provincial de Cádiz consideró posteriormente que aquellas repatriaciones se realizaron sin los expedientes individuales exigidos, sin determinadas garantías de audiencia y asistencia y sin comprobar adecuadamente la situación particular de cada menor y su interés superior. Las dos responsables políticas implicadas fueron condenadas por prevaricación administrativa.

No fue una reprimenda burocrática. Fueron nueve años de inhabilitación.

Ese precedente explica la extraordinaria cautela actual. La Administración puede recibir instrucciones para reforzar medios, contratar personal o trabajar más deprisa; otra cosa es pedirle a quien firma un expediente que elimine garantías. La firma sigue siendo suya.

La burocracia, tantas veces acusada de caminar despacio por puro instinto de conservación, tiene aquí un motivo bastante menos pintoresco: el Código Penal no entiende de prisas políticas.

La situación resulta incómoda para el Gobierno porque cualquier reducción artificial de los plazos puede tener consecuencias. Pero seguir literalmente cada trámite prolonga la presencia en Ceuta de miles de personas en una ciudad sometida desde finales de julio a una presión migratoria excepcional.

Adultos y menores no siguen el mismo camino

Conviene separar conceptos que suelen aparecer mezclados bajo la palabra expulsión. No es jurídicamente lo mismo una expulsión, una devolución, un rechazo en frontera o la repatriación de un menor extranjero no acompañado.

El Tribunal Supremo volvió a marcar esa frontera jurídica en julio al establecer que el denominado rechazo en frontera no puede utilizarse para entregar directamente a Marruecos a personas interceptadas en el mar cuando intentan acceder a Ceuta o Melilla a nado. En esos casos debe aplicarse el procedimiento de devolución previsto por la legislación de extranjería.

Eso no significa que España no pueda devolverlas. Significa algo menos espectacular, pero fundamental: debe tramitar la devolución.

Cuando existe una petición de asilo, el recorrido se complica todavía más. Hay que analizar la solicitud, entrevistar al interesado y comprobar si existe algún riesgo que impida su retorno. No basta con constatar que entró irregularmente.

Con los menores, la exigencia es superior. Antes de una repatriación hay que determinar su identidad, estudiar su situación familiar y valorar si el regreso respeta el interés superior del menor. Precisamente saltarse ese análisis individual estuvo en el centro del caso de 2021.

Marruecos aún tiene cientos de expedientes pendientes

La cooperación marroquí tampoco convierte el proceso en una cinta transportadora.

El Gobierno español sostiene que más del 90% de quienes entraron durante la avalancha del 30 de julio regresaron a Marruecos durante las primeras horas y días de la crisis. Madrid mantiene asimismo que Rabat está colaborando con las devoluciones que pueden ejecutarse.

Hay, sin embargo, un matiz bastante grueso. Sira Rego ha explicado que Marruecos mantiene pendientes de respuesta unos 600 expedientes de menores enviados incluso antes de la crisis del 30 de julio para comprobar su situación familiar.

Ese dato revela el verdadero tamaño del problema. Repatriar a un menor no consiste simplemente en abrir la frontera y entregarlo al otro lado. España necesita información suficiente para determinar dónde y con quién acabará, comprobar las condiciones de recepción y documentar una decisión que puede posteriormente ser revisada por un juez.

Entre Madrid y Rabat puede existir cooperación diplomática. Entre un funcionario y su firma, en cambio, existe un expediente.

Ceuta pasa del problema administrativo a la seguridad

Mientras los expedientes avanzan despacio, la presión sobre la ciudad continúa. El Gobierno declaró a finales de agosto la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta, una figura que permite coordinar recursos extraordinarios de distintos ministerios y de la Ciudad Autónoma.

El dispositivo incluye capacidades de Interior para fronteras, seguridad ciudadana, extranjería e identificación; recursos de Defensa para vigilancia, transporte, logística e infraestructuras; medios sanitarios y de acogida; y terrenos e instalaciones destinados a aliviar la concentración de personas en calles, playas y asentamientos improvisados.

La presencia militar ha abierto, a su vez, otro debate. Fuentes de la Guardia Civil han reclamado patrullas y actuaciones coordinadas con las Fuerzas Armadas tras varios incidentes violentos contra militares desplegados en Ceuta.

Según esas informaciones, miembros del Ejército habrían sufrido al menos tres emboscadas después de participar en desalojos de asentamientos irregulares. En uno de los episodios se produjeron doce detenciones; en otro, cuatro, entre ellas la de un menor, y resultó herido un militar.

El asunto tiene una arista jurídica relevante: los militares desplegados en tareas de apoyo no adquieren automáticamente facultades policiales equivalentes a las de un guardia civil o un agente de la Policía Nacional. Pueden realizar vigilancia y labores de apoyo dentro del marco establecido, pero identificación, detención y mantenimiento ordinario del orden público corresponden a las fuerzas de seguridad.

De ahí la petición de coordinación operativa y de instrucciones escritas claras. En una situación caliente, mandar uniformes a la calle sin definir exactamente qué pueden hacer es una receta para problemas posteriores. Otra vez aparece el mismo fantasma: actuar deprisa primero y discutir ante un tribunal después.

El Estado de derecho también funciona cuando incomoda

La crisis de Ceuta ha colocado frente a frente dos tiempos que rara vez coinciden. El tiempo político exige resultados visibles; el tiempo jurídico exige expedientes individualizados. El primero se mide en titulares y días. El segundo, en firmas, informes, entrevistas, recursos y responsabilidades.

La devolución de quienes no tengan derecho a permanecer en España es posible cuando concurren los requisitos legales. También lo es la repatriación de determinados menores. Lo que no existe es un mecanismo general que permita introducir miles de nombres en una orden colectiva y enviarlos al otro lado de la frontera.

El Gobierno intenta ensanchar el cuello de botella con funcionarios, tecnología, Frontex y nuevas instalaciones. Marruecos acepta buena parte de los retornos, según sostiene el Ejecutivo. Pero la verdadera dificultad está en convertir esa voluntad política en decisiones administrativas válidas una por una.

La sentencia de las devoluciones de 2021 dejó una cicatriz que se nota en 2026. Quien firma sabe que una emergencia acaba; un procedimiento judicial puede empezar justo después. Por eso los papeles avanzan despacio. No porque la ley impida devolver, sino porque obliga a demostrar, persona a persona, que cada devolución puede hacerse conforme a derecho.