¿Por qué Europa quiere gravar los superbeneficios de las petroleras?

Seis países de la Unión Europea —España, Alemania, Italia, Austria, Polonia y Portugal— han reclamado que Bruselas estudie una nueva tasa común sobre los beneficios extraordinarios de las compañías petroleras. La iniciativa llega en plena escalada del coste de la energía provocada por la guerra en Oriente Próximo y tiene un objetivo bastante reconocible: que una parte de las ganancias generadas por el encarecimiento del petróleo vuelva a las economías que están soportando esa misma factura.

Conviene despejar una confusión desde el principio. La tasa no está aprobada y tampoco existe todavía una propuesta legislativa de la Comisión Europea. Los seis gobiernos han enviado una carta a la presidencia irlandesa del Consejo de la UE para pedir que el asunto entre cuanto antes en la agenda europea, preferiblemente durante la reunión informal de ministros de Economía y Finanzas que se celebrará en Dublín los días 18 y 19 de septiembre de 2026. Es, por ahora, una ofensiva política. Importante, sí; impuesto nuevo mañana por la mañana, no.

La discusión, sin embargo, aterriza en un terreno especialmente sensible. El combustible vuelve a pesar en el bolsillo de hogares y empresas, mientras algunas grandes petroleras se benefician de un mercado en el que la escasez, el riesgo geopolítico y los problemas de transporte empujan los precios hacia arriba. El eterno milagro de las crisis energéticas: para unos aparece una factura más larga; para otros, una cuenta de resultados bastante más amable.

Qué proponen España, Italia, Alemania y sus socios

La iniciativa ha sido impulsada especialmente por el ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, y recupera una idea que ya circulaba entre varios gobiernos europeos desde la primavera. Los firmantes sostienen que las medidas adoptadas hasta ahora no han conseguido estabilizar de forma duradera los precios de la energía ni amortiguar suficientemente su impacto sobre ciudadanos y empresas. Quieren, por ello, discutir un marco europeo común para gravar los beneficios extraordinarios obtenidos gracias a la actual crisis.

No se trataría, al menos según lo planteado hasta ahora, de aplicar un impuesto indiscriminado sobre todos los beneficios del sector petrolero. La idea consiste en identificar aquella parte de las ganancias que excede de forma excepcional los niveles ordinarios y que está vinculada a circunstancias externas —guerra, restricciones de oferta o alteraciones bruscas del mercado— más que a un aumento equivalente de productividad o inversión.

Hay otro detalle menos vistoso, pero probablemente más importante: los seis países quieren aprovechar la experiencia anterior para encontrar una fórmula capaz de alcanzar con mayor precisión a las grandes petroleras multinacionales, incluidas determinadas ganancias obtenidas fuera del país donde se liquida el impuesto. Ahí empieza la parte difícil. Las empresas energéticas operan mediante estructuras internacionales complejas y el beneficio contable, como el petróleo, sabe viajar bastante bien de una jurisdicción a otra.

Las refinerías también están bajo el foco

La carta reclama además conocer cuanto antes los resultados del análisis europeo sobre los márgenes de refino. Los ministros quieren comprobar si determinadas refinerías están obteniendo márgenes extraordinariamente elevados aprovechando las actuales tensiones del mercado.

La diferencia importa. El precio que paga un conductor en una gasolinera no depende únicamente de cuánto cueste un barril de crudo. Entre el pozo y el surtidor aparecen el refino, el transporte, la distribución, los impuestos y los márgenes comerciales. Durante una crisis pueden producirse cuellos de botella específicos que encarezcan los productos refinados incluso más que la propia materia prima. Los gobiernos quieren saber cuánto hay de escasez inevitable y cuánto, eventualmente, de rentabilidad extraordinaria.

Europa ya aplicó una tasa parecida en 2022

La propuesta no nace de un folio en blanco. Durante la crisis energética posterior a la invasión rusa de Ucrania, la UE creó en 2022 una contribución temporal de solidaridad sobre los beneficios excedentarios de empresas de petróleo, gas, carbón y refino.

El mecanismo europeo consideraba extraordinarios los beneficios fiscales de 2022 y 2023 que superasen en más de un 20 % la media obtenida entre 2018 y 2021. Sobre esa parte extraordinaria debía aplicarse una contribución de, como mínimo, el 33 %, aunque los Estados podían establecer medidas nacionales equivalentes.

No fue una operación menor. Según el balance realizado posteriormente por la Comisión Europea, los países de la UE habían recaudado 26.150 millones de euros correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023. Incluyendo ingresos que todavía estaban pendientes de cobro, la estimación se acercaba a los 28.700 millones. Buena parte del dinero se destinó a ayudas para consumidores energéticos, especialmente hogares vulnerables.

Ese precedente explica por qué los seis gobiernos hablan ahora de aprender de lo ocurrido. El primer impuesto demostró que el instrumento puede recaudar miles de millones, pero también dejó problemas prácticos: diferencias entre sistemas nacionales, dificultad para delimitar el beneficio verdaderamente extraordinario y riesgo de que grupos multinacionales desplacen resultados entre filiales.

Por qué vuelve el impuesto a los superbeneficios

El detonante es la nueva crisis energética derivada de la guerra en Oriente Próximo. Las perturbaciones alrededor del golfo Pérsico y del estrecho de Ormuz, una de las arterias esenciales del comercio mundial de petróleo, han vuelto a elevar el riesgo sobre el suministro y los precios.

Europa es especialmente sensible a cualquier alteración en esas rutas. No hace falta que desaparezca físicamente el petróleo del mercado para que el coste aumente: basta con que crezcan el riesgo, los seguros del transporte, las dificultades logísticas o la posibilidad de interrupciones. El mercado energético cobra el miedo por adelantado. Y lo hace rápido.

La Comisión Europea reconoce que el continente atraviesa una nueva fase de tensión energética y ha activado medidas para coordinar reservas, proteger a los sectores más expuestos y vigilar los mercados. Al mismo tiempo, ha dejado en manos de los Estados la posibilidad de aplicar impuestos nacionales sobre beneficios extraordinarios, tratando de evitar que veintisiete respuestas diferentes terminen fragmentando todavía más el mercado único.

España también está sufriendo las consecuencias económicas del encarecimiento energético. Entre las medidas adoptadas figura un régimen de 25 millones de euros en ayudas al sector pesquero para compensar parcialmente la subida del combustible ligada a la crisis de Oriente Próximo. Es una fotografía pequeña de un problema mucho mayor: transporte, agricultura, pesca e industria intensiva en energía reciben el golpe antes de que las estadísticas macroeconómicas terminen de ponerle nombre.

La discusión sobre los superbeneficios nace precisamente de esa asimetría. Cuando una guerra eleva el precio del petróleo, los gobiernos terminan utilizando recursos públicos para aliviar la factura de consumidores y empresas mientras determinadas compañías aumentan sus márgenes gracias al mismo shock. Los seis países consideran razonable que una parte de ese beneficio inesperado contribuya a financiar el alivio.

Sus críticos plantean la otra cara del problema. Un impuesto extraordinario mal diseñado puede reducir inversiones, introducir inseguridad fiscal o alterar las decisiones empresariales justo cuando Europa necesita reforzar su autonomía energética. También existe el riesgo de que una parte del coste termine trasladándose indirectamente al consumidor. Ahí está el pulso verdadero: recaudar sobre una ganancia excepcional sin convertir el remedio en otra distorsión del mercado.

El gran obstáculo: convencer a toda la Unión Europea

Convertir la propuesta en legislación comunitaria será bastante más complicado que enviar una carta a Dublín. En materia fiscal, las decisiones europeas requieren generalmente unanimidad entre los Estados miembros. Basta, por tanto, con que uno o varios gobiernos se opongan para bloquear una iniciativa común.

Y resistencia hay. La propia Comisión Europea había mostrado durante la primavera una preferencia por permitir medidas nacionales en lugar de preparar inmediatamente una nueva tasa uniforme para toda la UE. Incluso Alemania, uno de los motores de la iniciativa actual, mantiene diferencias políticas internas sobre la conveniencia de gravar de nuevo los beneficios extraordinarios.

Eso explica el cambio de táctica. Frente a impuestos nacionales aislados, los seis gobiernos buscan un marco europeo coordinado. Para una petrolera multinacional, veintisiete modelos tributarios distintos son un laberinto; para los Estados también. Una regla común limitaría arbitrajes entre países y reduciría la posibilidad de que las bases imponibles busquen, con exquisita puntualidad, la jurisdicción más amable.

El papel de España en la nueva ofensiva fiscal

España figura entre los gobiernos que llevan meses defendiendo una respuesta europea. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ya había participado junto a responsables de Alemania, Austria, Italia y Portugal en una petición para recuperar un instrumento similar al utilizado durante la crisis de 2022. La incorporación de Polonia amplía ahora el frente a seis países.

La posición española tiene una lógica económica reconocible. España importa buena parte de los hidrocarburos que consume y una subida prolongada del petróleo termina filtrándose hacia el transporte, la alimentación y numerosas cadenas productivas. No hace falta que el ciudadano compre un barril de Brent para pagar su encarecimiento; basta con llenar el depósito, recibir un paquete transportado por carretera o comprar productos cuya fabricación consume grandes cantidades de energía.

Tampoco significa que una tasa europea vaya a traducirse automáticamente en gasolina más barata. El efecto dependería de cómo se utilice la recaudación. Podría financiar ayudas directas, rebajas fiscales temporales, compensaciones para sectores especialmente afectados o medidas dirigidas a hogares con menor renta. La experiencia de 2022 demuestra que existe margen para hacerlo, pero el reparto concreto tendría que negociarse.

Bruselas vuelve a una discusión que creía archivada

Europa se encuentra, otra vez, ante una paradoja conocida. Necesita que las compañías energéticas inviertan miles de millones en infraestructura y suministro, pero al mismo tiempo intenta impedir que una perturbación geopolítica termine convirtiéndose en una gigantesca transferencia de renta desde consumidores y empresas hacia unos pocos grupos petroleros.

Los seis países no han creado todavía ningún impuesto. Lo que han conseguido es reabrir formalmente una batalla política que parecía haber quedado asociada a la crisis de 2022. La reunión de los ministros europeos de Economía y Finanzas en Dublín permitirá medir hasta dónde llega el apoyo real entre los Veintisiete y si la Comisión termina convirtiendo la presión de seis capitales en una propuesta europea.

Mientras tanto, el debate ha cambiado de tono. No gira tanto alrededor de si las petroleras pueden obtener beneficios —naturalmente pueden— como de qué ocurre cuando una parte excepcional de esos beneficios nace de una guerra que, al mismo tiempo, obliga a los Estados a gastar dinero público para proteger a quienes pagan la factura. Quién soporta el coste de una crisis energética vuelve así al centro de la política europea. Y esa cuenta, como suele ocurrir en Bruselas, es bastante más difícil de repartir que de calcular.