¿En qué punto está el proceso DANA? Toca a escoltas y chófer

La jueza de Catarroja cita a escoltas y chófer de Carlos Mazón para fijar llamadas y decisiones del 29-O, con foco en ES-Alert y El Ventorro.

La causa penal abierta por la DANA del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana ha dado un giro que puede aclarar, por fin, la secuencia de decisiones de aquella tarde. La jueza de Instrucción de Catarroja ha ordenado identificar y citar a declarar a los escoltas y al chófer que acompañaron ese día al president de la Generalitat, Carlos Mazón, en la franja horaria clave de la crisis. La diligencia busca una cosa muy concreta: comprobar si ese personal de seguridad, por su proximidad física al presidente, escuchó llamadas, presenció conversaciones o percibió comentarios inmediatos sobre lo que se estaba decidiendo en materia de emergencias mientras el agua anegaba barrios enteros del área metropolitana de València.

El paso llega tras la declaración del propietario del restaurante El Ventorro (Catarroja), donde Mazón acudió a comer. Ese testimonio situó con bastante precisión los movimientos del president y sostuvo que abandonó el local no más tarde de las 19.00, después de una sobremesa con la presentadora Maribel Vilaplana. La instructora quiere encajar las piezas: qué llamadas se produjeron entre Mazón y la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, así como con otros cargos y técnicos; si hubo órdenes, si hubo dudas, si se trasladaron instrucciones sobre ES-Alert y sobre la activación de recursos, y cuándo exactamente se produjo todo ello. No se trata de una pesca de titulares. Es la reconstrucción, minuto a minuto, de un tramo horario cuya claridad resulta esencial para depurar responsabilidades.

La nueva diligencia y su alcance real

Cuando un juzgado llama a escoltas y conductor de una autoridad es porque busca datos objetivos, no opiniones. Los agentes que protegen al presidente se mueven a su lado, oyen fragmentos de conversaciones si el teléfono está en manos libres o si el interlocutor alza la voz, observan paradas y cambios de agenda, anotan incidencias. Su relato suele ser sobrio y técnico, y por eso mismo valioso. La jueza quiere saber si existieron llamadas entre Mazón y Pradas en las horas más delicadas, qué se comentó inmediatamente después y si se registraron desplazamientos o reuniones imprevistas que puedan cruzarse con el tráfico telefónico, los partes del 112 y la documentación interna de la Generalitat.

Hay un matiz jurídico que conviene fijar desde el principio. Carlos Mazón es aforado; cualquier investigación directa que le señale en calidad de investigado correspondería al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). De ahí que la instructora de Catarroja concentre su esfuerzo en testigos de proximidad y hechos verificables. Si de ese material surgiesen indicios consistentes que afectasen a aforados, el cauce sería elevar una exposición razonada al TSJCV. Mientras tanto, el juzgado recaba piezas de una cronología que se ha discutido en público y en privado desde hace más de un año.

La tarde bajo la lupa: una línea de tiempo que se estrecha

El 29 de octubre de 2024 no fue una tarde cualquiera. Los avisos de Aemet y los partes de Emergencias ya señalaban un episodio de precipitaciones torrenciales con riesgo alto. La cuestión que hoy centra la causa no es el cielo —que cayó con violencia— sino la respuesta institucional en un arco de horas que va de media tarde a primeras horas de la noche.

El dueño de El Ventorro ha aportado una versión detallada sobre la llegada, estancia y salida del president y de Maribel Vilaplana. Habló de un reservado, de una comida que se alargó, de un ambiente sin nervios, de cobertura móvil irregular por momentos según el operador y, sobre todo, de una hora de salida: antes de las 19.00. Esa marca temporal ha sido uno de los anclajes que la jueza pretende confrontar con otros datos duros: registros de llamadas, comunicaciones internas, ubicación aproximada de los terminales oficiales y, ahora, lo que vieron y oyeron los profesionales que escoltaban al presidente y su chófer.

La instrucción no solo mira el reloj. Examina qué decisiones se adoptaron o se aplazaron, y por qué. En casos de emergencia, cada minuto cuenta, y una orden de activar o no activar el ES-Alert —el sistema que hace sonar los móviles para avisar de un peligro inminente— tiene implicaciones directas. La jueza no prejuzga, pero sí pregunta por los tiempos: cuándo se pidió determinada medida, quién la autorizó, con qué información sobre la mesa y si hubo dudas razonables que expliquen los intervalos. Ese es el corazón de la diligencia a escoltas y conductor: fijar contexto y secuencia desde la cercanía física a la autoridad.

Los protagonistas y su papel en la causa

Los nombres propios están claros y conviene repasarlos con precisión. Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana desde 2023, aparece en el procedimiento por su papel en la cadena de mando durante la DANA. Salomé Pradas, entonces consellera de Justicia e Interior, figura en la causa y su toma de decisiones aquella tarde interesa especialmente a la instructora. A su lado, el que fuera su número dos, Emilio Argüeso, completa el cuadro de quienes estaban en el núcleo operativo de Interior.

El restaurante El Ventorro se ha convertido en un punto de referencia de la cronología. Su propietario declaró durante horas y aportó detalles concretos sobre reservas, tiempos y movimientos. Maribel Vilaplana, periodista y presentadora, acompañó al president en esa comida. Su presencia no es un detalle accesorio: ayuda a ubicar personas y tiempos, a comprobar si hubo interrupciones por llamadas, si se abandonó la mesa para atender comunicaciones urgentes o si se produjo cualquier gesto que en situaciones de crisis suele delatar la gravedad informativa del momento.

En paralelo, personal del Palau de la Generalitat ha ido aclarando qué documentos firmó el presidente durante la tarde —entre ellos, expedientes de becas para deportistas de élite— y a qué hora llegaron físicamente al edificio quienes integraban el equipo más próximo del jefe del Consell. Todo ese material, tomado por separado, dice poco. Junto, con rigor, construye una secuencia.

La clave jurídica: qué se investiga realmente

La causa en Catarroja no persigue juzgar la meteorología ni convertir un sumario en un debate partidista. Su objetivo es identificar si hubo imprudencia o gestión negligente en el despliegue de medidas públicas durante la emergencia. Esa pregunta jurídica se responde con hechos: la hora de una llamada, la existencia de un parte, el contenido de una orden, la activación de un protocolo, la transmisión de una alerta a la población, la disponibilidad de recursos de rescate y su coordinación.

En ese marco, la citación de escoltas y conductor resulta lógica. Son testigos de contexto que no dictan políticas ni redactan resoluciones, pero que observan. Pueden acreditar que el teléfono estuvo en altavoz en un coche oficial, que hubo paradas no previstas, que se pidió hablar con alguien concreto, que se ordenó dirigirse a un lugar determinado. También pueden descartar rumores: “no se escuchó nada”, “no hubo manos libres”, “no se hizo tal llamada en ese tramo”. En una investigación con muchas capas —técnica, política, emocional— el valor de ese “sí/no” limpio no es menor.

El aforamiento del president añade otro elemento de orden. La jueza de Catarroja no puede imputar a Carlos Mazón; si del sumario emergieran indicios sólidos contra él, el expediente se elevaría al TSJCV. Este diseño, que forma parte del sistema, explica por qué la instrucción apila pruebas objetivas y testimonios antes de tomar decisiones de mayor calado. Se documenta, se contrasta, se vuelve a preguntar y, solo si encajan las piezas, se mueve la siguiente ficha.

El ES-Alert y la gestión operativa, bajo escrutinio

Tras cada gran episodio de lluvias hay una discusión inevitable sobre alertas y tiempos. El ES-Alert es hoy un elemento habitual del paisaje de emergencias en España: un mensaje que hace sonar los móviles con un aviso urgente y recomendaciones de seguridad. Su activación no depende de un único actor, sino de protocolos que enlazan a Protección Civil, 112, Interior y Presidencia. La pregunta no es binaria —activado o no—, sino temporal: cuándo se pulsó el botón, con qué redacción, en qué zona, tras qué valoración meteorológica y con qué coordinación con los cuerpos de seguridad y los servicios municipales.

La instrucción recaba documentación técnica y testimonios para despejar las dudas razonables que toda crisis deja detrás. La versión de los escoltas y del conductor puede encajar aquí como un detalle aparentemente menor —si se oyó una conversación concreta, si se pidió acelerar un traslado, si hubo un cambio de destino— que, cruzado con papeles y registros, redondea la cronología. No se trata de atribuirles un papel decisorio que no tienen, sino de usar su proximidad para fijar datos que no dependen de opiniones.

Política y calle: el ruido y las exigencias

Nada de esto ocurre en un vacío. Desde el primer aniversario de la DANA, asociaciones vecinales y familiares de víctimas han exigido explicaciones y responsabilidades. La política ha respondido como acostumbra: con reproches cruzados, peticiones de comisión de investigación, declaraciones y contradeclaraciones. En ese contexto, el juzgado anda con pies de plomo. El sumario no puede ser una pista de aterrizaje para titulares; necesita prueba sólida, coherencia y ritmo procesal. A la vez, las instituciones no pueden esconderse detrás del secreto sumarial eterno: hay que informar, con prudencia, de lo que ya se puede contar. Esa tensión es normal, inevitable y, si se maneja bien, saludable para la transparencia.

La incorporación de los testimonios de seguridad y conductor llega, además, tras otras diligencias pedidas por varias acusaciones personadas —entre ellas representantes de la oposición— y tras la presión social que han mantenido movilizados a los municipios más golpeados. La calle empuja, y los juzgados, conscientes de esa pulsión, redoblan el cuidado en la motivación de cada paso: menos interpretaciones, más hechos.

Qué puede ocurrir a partir de ahora

Una vez se identifique formalmente a los agentes y al conductor que prestaron servicio el 29 de octubre de 2024, el juzgado les emplazará para prestar declaración como testigos. Su aportación, por lo general, es concisa. No van a valorar políticas públicas, ni a opinar sobre la calidad de un parte meteorológico, ni a emitir juicios, pero sí pueden certificar datos fácticos: si un teléfono sonó en altavoz, si hubo llamadas entre Mazón y Pradas dentro de un tramo horario, si se produjo una parada intermedia en el trayecto entre El Ventorro y el Palau de la Generalitat, si el tono de las conversaciones denotaba urgencia o normalidad.

Con ese material en la mano, la instructora podrá confrontar versiones, cotejar con registros telefónicos y resolver si conviene abrir nuevas líneas, pedir periciales o dar por cerrada una parte de la cronología. Si apareciesen contradicciones relevantes, es previsible que se amplíen las diligencias con nuevas declaraciones o requerimientos documentales a departamentos de la Generalitat, a Emergencias 112, a Aemet o a ayuntamientos que, a la misma hora, estaban operando en primera línea. Si, por el contrario, todo encaja, el sumario ganará nitidez y se reducirá el margen del ruido.

En paralelo, el plano político seguirá su propio curso: explicaciones en Les Corts, comunicados de Presidencia, respuestas de la oposición, llamadas a comparecer. La instrucción judicial no puede ni debe pararse por el ring político, pero ambos mundos conviven y se condicionan. De ahí que la precisión técnica —esas horas y minutos que ahora se buscan— valga tanto: porque ordena el debate y despeja especulaciones.

Un rompecabezas con menos piezas sueltas

Si algo ha enseñado la gestión de grandes emergencias es que los vacíos de información se llenan solos y casi nunca bien. La citación de escoltas y chófer no es un golpe de efecto, sino un avance lógico en una investigación que trabaja desde hace meses con cronogramas, cruces de datos y testigos de primera proximidad. El dueño de El Ventorro fijó una salida “antes de las 19.00”. El personal del Palau situó entradas, papeles firmados y movimientos. Ahora tocará el turno de quienes se sentaron en el coche, abrieron y cerraron puertas, caminaron dos pasos por detrás y, quizá, escucharon lo suficiente como para atar los cabos que faltan.

En ningún caso debe sobredimensionarse su papel: no son peritos ni decisores. Pero su mirada puede confirmar o corregir pequeños detalles que, sumados, cambian la lectura global de lo ocurrido. Es el tipo de testimonio que, si coincide con los registros objetivos, blindará la cronología judicial frente a versiones interesadas. Y si no coincide, obligará a volver a preguntar y a pedir más papeles.

Una cronología que empieza a encajar

La causa sobre la DANA avanza por carriles muy concretos y ya identifi­cables. Hechos, testigos de proximidad y documentos marcan el compás. De la comida en El Ventorro a la salida antes de las 19.00, de ahí a los traslados oficiales, del teléfono en manos libres —si lo hubo— a los partes del 112, la fotografía de aquella tarde va perdiendo niebla. Queda trabajo, sí, pero con la citación de escoltas y conductor el juzgado de Catarroja incorpora una pieza que faltaba: la perspectiva silenciosa de quienes estuvieron al lado. Cuando esa perspectiva se cruce con lo que ya consta escrito, la secuencia de qué se supo, cuándo y quién decidió empezará a mostrar un dibujo más limpio. Y será entonces cuando el procedimiento, con menos ruido alrededor, esté en condiciones de fijar responsabilidades —si las hay— con la solidez que reclama un episodio que marcó a toda una comarca.

Carlos Mazón, Salomé Pradas, Emilio Argüeso, Maribel Vilaplana, El Ventorro, Catarroja, TSJCV, ES-Alert. Nombres propios y siglas que, desde hace meses, orbitan en torno a la misma pregunta de fondo: ¿se actuó como debía en el tramo decisivo de aquella tarde? La respuesta —la única que importa en una causa penal— no vendrá de discursos, sino de minutos fijados, llamadas acreditadas y testimonios coherentes. Con las nuevas citaciones, esa respuesta está un poco más cerca.