¿Por qué EE.UU. impone aranceles del 25% a Brasil y culpa a Lula?

Estados Unidos aplicará desde el 22 de julio de 2026 un arancel adicional del 25% a buena parte de las mercancías procedentes de Brasil. No será, sin embargo, un muro uniforme alrededor de todo lo brasileño: Washington ha protegido con numerosas exenciones productos esenciales para su propio mercado, como la carne de vacuno, el café, el zumo de naranja, determinados recursos energéticos, las tierras raras y los componentes aeronáuticos. Dicho de otro modo, castigo comercial, sí; dispararse en el pie, solo hasta donde resulte soportable.

La medida encarecerá miles de partidas —entre ellas azúcar, ropa, papel, maquinaria agrícola y eléctrica y ciertos productos siderúrgicos— y pretende forzar al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva a modificar políticas que Estados Unidos considera perjudiciales para sus empresas. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha abandonado incluso el terciopelo diplomático y acusa directamente a Lula de no negociar de buena fe. Brasil rechaza esa versión, prepara la aplicación de su ley de reciprocidad y estudia llevar el caso ante la Organización Mundial del Comercio.

El arancel entra en vigor el 22 de julio

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, conocida por las siglas USTR, ha fijado el comienzo del recargo para las 00.01 horas de la costa este del 22 de julio. Técnicamente, se trata de un 25% añadido al derecho aduanero ordinario que corresponda a cada producto, no de una simple sustitución de la tarifa anterior. Las mercancías embarcadas antes de esa fecha podrán librarse del nuevo gravamen cuando entren en Estados Unidos antes del 29 de julio, una estrecha pasarela para evitar que los contenedores que ya navegan por el Atlántico queden atrapados en el cambio normativo.

Washington se apoya en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite investigar y responder a prácticas extranjeras consideradas injustificadas, discriminatorias o perjudiciales para el comercio estadounidense. No es un detalle menor. El Tribunal Supremo anuló en febrero buena parte del anterior sistema arancelario de Donald Trump, construido mediante poderes de emergencia económica que los jueces consideraron utilizados más allá de sus límites legales. La Casa Blanca vuelve ahora por una puerta más lenta, llena de informes, audiencias y expedientes, pero también más resistente ante una impugnación judicial.

La investigación comenzó en julio de 2025 y pasó por un periodo de alegaciones y una audiencia pública. La USTR sostiene que las negociaciones mantenidas durante el último año no resolvieron las diferencias, aunque su responsable, Jamieson Greer, asegura que Estados Unidos continúa abierto al diálogo. La aduana aprieta mientras la puerta permanece entornada: un clásico de la diplomacia comercial contemporánea, donde el apretón de manos suele llegar con una calculadora debajo de la mesa.

Hay otra circunstancia incómoda para el relato de Washington. Estados Unidos no arrastra un déficit comercial con Brasil, sino un superávit de bienes de 14.400 millones de dólares en 2025. Ese año exportó al mercado brasileño mercancías por 54.400 millones e importó productos por 39.900 millones. El intercambio total alcanzó los 94.300 millones. La ofensiva, por tanto, no puede explicarse mediante la conocida cantinela de que Brasil vende mucho y compra poco; el expediente se centra en normas, acceso al mercado y trato regulatorio.

Qué productos pagarán y cuáles quedan fuera

El recargo alcanzará al azúcar de caña, el etanol, el tabaco, las prendas de vestir, el papel, la madera elaborada, la maquinaria agrícola, equipos eléctricos y determinadas manufacturas metálicas. Antes de publicarse la decisión definitiva, la Confederación Nacional de la Industria brasileña calculaba que la medida podía afectar a más de 4.000 productos y unos 15.000 millones de dólares de exportaciones anuales. El volumen final será previsiblemente algo menor porque la lista definitiva amplió algunas excepciones.

Entre los bienes excluidos figuran la carne de vacuno, las naranjas y el zumo de naranja, gran parte del café —incluido el soluble sin aromatizar—, el hierro en bruto, la miel ecológica, determinados productos de petróleo y gas, las tierras raras, los aviones civiles y numerosos motores, piezas y componentes aeronáuticos. La documentación aduanera dedica decenas de páginas a precisar códigos, usos y límites; detrás de cada excepción hay una cadena de suministro estadounidense que no conviene sacudir demasiado.

La protección de la aeronáutica tiene especial relevancia para Embraer, uno de los grandes fabricantes mundiales de aviones regionales y proveedor de aerolíneas estadounidenses. También resulta reveladora la exclusión del café, la carne y el zumo de naranja. Son bienes muy visibles en la compra cotidiana, difíciles de sustituir con rapidez y capaces de trasladar el conflicto comercial directamente al desayuno, al supermercado o a la carta de un restaurante. Ahí el arancel deja de ser una abstracción presidencial y empieza a oler a café más caro. Washington ha preferido evitarlo.

El impuesto lo abona el importador estadounidense

Aunque el lenguaje político presenta el arancel como una factura enviada a Brasil, quien lo paga inicialmente es la empresa importadora de Estados Unidos cuando la mercancía cruza la frontera. Después empieza el verdadero reparto: puede exigir al proveedor brasileño una rebaja, reducir su margen, buscar otro origen o trasladar parte del coste al comprador estadounidense. Nada desaparece por arte de magia; el 25% termina repartiéndose entre productores, intermediarios y consumidores según la fuerza negociadora de cada uno.

Para una empresa brasileña que venda un producto por 100 dólares, el importador deberá abonar otros 25 en aduana, además de los derechos ordinarios aplicables. Si existe una alternativa mexicana, asiática o nacional a un precio competitivo, el pedido puede mudarse. Cuando Brasil sea un proveedor difícil de reemplazar, el coste viajará hacia el precio final. Por eso los efectos no serán iguales para una fábrica de ropa, un productor de azúcar y una compañía especializada en componentes industriales: mismo porcentaje, heridas distintas.

La industria brasileña teme pérdida de pedidos, presión sobre los márgenes y desvío de mercancías hacia otros mercados. Las empresas estadounidenses que utilizan materias primas o piezas brasileñas advierten, en cambio, de mayores costes de producción. El arancel protege a un fabricante local frente al competidor extranjero, pero también puede encarecerle el tornillo, la madera o la máquina que necesita para fabricar. La economía tiene esa mala costumbre: nunca obedece del todo al eslogan político.

Por qué Washington señala a Lula

Marco Rubio ha convertido una disputa regulatoria en una acusación personal. Según el secretario de Estado, Lula ha antepuesto su ego a un acuerdo beneficioso para los brasileños y deberá asumir el precio de esa negativa. El mensaje es excepcionalmente áspero incluso para los estándares de la Administración Trump, poco aficionada a envolver sus amenazas en papel de regalo.

El documento oficial, sin embargo, utiliza un lenguaje menos volcánico. La USTR afirma que Brasil mantiene políticas que restringen el comercio estadounidense y que las conversaciones no han permitido eliminarlas. El arancel busca crear presión negociadora, no corregir un desequilibrio aritmético en la balanza comercial. Es la diferencia entre la explicación jurídica y el mensaje político: una habla de expedientes; el otro, de Lula.

Brasilia sostiene que sí participó en decenas de reuniones y entregó respuestas a las alegaciones estadounidenses. Fuentes del Gobierno brasileño aseguran que algunas demandas de Washington incluían conceder ventajas arancelarias exclusivas a Estados Unidos, algo incompatible con las obligaciones comerciales de Brasil y con las reglas comunes del Mercosur. Desde esa perspectiva, la supuesta falta de buena fe sería, más bien, la negativa a aceptar lo jurídicamente inviable.

Uno de los puntos más llamativos es Pix, el sistema brasileño de pagos instantáneos creado por el banco central y utilizado masivamente para transferencias y compras. Estados Unidos considera que determinadas decisiones alrededor de Pix pueden perjudicar a las empresas privadas de tarjetas y servicios de pago. Brasil responde que se trata de una infraestructura pública, abierta y destinada a reducir costes, no de una barrera diseñada para expulsar compañías extranjeras. La discusión tiene alcance mundial: cuando un sistema público gratuito compite con plataformas privadas, la frontera entre innovación, regulación y proteccionismo se vuelve bastante resbaladiza.

La USTR también cuestiona el acceso del etanol estadounidense al mercado brasileño, determinados aranceles preferenciales, la protección de la propiedad intelectual, la aplicación de las normas anticorrupción y las políticas frente a la deforestación ilegal. Brasil rechaza que esas materias constituyan prácticas comerciales discriminatorias y acusa a Washington de mezclar problemas internos, ambientales y regulatorios para fabricar una palanca arancelaria de gran tamaño.

No todas las objeciones tienen el mismo peso ni la misma relación directa con una mercancía concreta. Esa amplitud favorece a Estados Unidos porque permite negociar sobre varios tableros a la vez: pagos digitales, combustibles, medioambiente, propiedad intelectual. También alimenta la sospecha brasileña de que el expediente funciona como un cajón diplomático donde cabe casi cualquier desavenencia bilateral.

La respuesta de Brasil y el riesgo de represalias

Lula ha calificado la decisión de injustificada y ha ordenado activar los mecanismos previstos en la Ley de Reciprocidad Económica, que permite responder a medidas extranjeras perjudiciales mediante aranceles, restricciones de inversión u otras contramedidas. Brasil también pretende examinar una reclamación ante el sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio.

La respuesta no tiene por qué ser inmediata ni simétrica. Brasilia deberá medir qué productos estadounidenses puede gravar sin encarecer insumos necesarios para su industria o provocar una inflación doméstica mayor. Un arancel de represalia funciona mejor cuando duele al adversario y apenas roza al propio consumidor; encontrar esa combinación requiere bisturí, no machete. También es posible que el Gobierno retrase la contestación mientras mantiene contactos con Washington, especialmente porque la USTR ha dejado abierta la negociación.

El conflicto podría crecer todavía más. Brasil está incluido en otra investigación estadounidense sobre la presencia de trabajo forzoso en cadenas internacionales de suministro, cuyo desenlace está previsto para el 24 de julio. Las informaciones conocidas apuntan a que ese procedimiento podría añadir otro 12,5% a ciertos productos, elevando su carga adicional hasta el 37,5%. Por ahora es un riesgo pendiente, no una tarifa aprobada.

Una disputa comercial con calendario electoral

La entrada en vigor se producirá a menos de tres meses de las elecciones presidenciales brasileñas de octubre. Lula y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, han convertido los aranceles en munición política. El presidente presenta la medida como una injerencia contra la soberanía nacional; su rival intenta distanciarse de un castigo que parte de una Administración ideológicamente cercana a su familia.

El precedente pesa. Trump había impuesto en 2025 aranceles del 50% a Brasil mientras denunciaba el proceso judicial contra Jair Bolsonaro, posteriormente condenado por intentar revertir su derrota electoral de 2022. Aquellas tarifas fueron anuladas tras la sentencia del Tribunal Supremo estadounidense contra el uso expansivo de los poderes económicos de emergencia. La nueva medida abandona explícitamente aquella justificación política y se viste con el expediente comercial de la Sección 301, aunque la dureza de Rubio vuelve a coser política y aduanas con hilo grueso.

La presión estadounidense también puede producir el efecto contrario al buscado. La participación de Estados Unidos en el comercio exterior brasileño cayó al 9,7% durante el primer semestre de 2026, su nivel más bajo desde que comenzó la serie en 1997, mientras Brasil estrecha relaciones económicas con China y otros mercados asiáticos. Un arancel obliga a negociar, pero también enseña al proveedor a buscar otra puerta comercial.

El precio de convertir el comercio en castigo

El arancel del 25% no bloqueará todas las exportaciones brasileñas ni afectará de la misma forma a ambos países. Las grandes excepciones preservan los suministros que Estados Unidos considera difíciles de reemplazar, mientras el golpe se concentra en manufacturas y productos agrícolas con alternativas disponibles. Para Brasil, el daño será sectorial, visible en fábricas, puertos y contratos concretos más que en un derrumbe inmediato de toda su economía.

Washington obtiene una palanca para exigir cambios en Pix, el etanol, la propiedad intelectual y otras políticas. Brasil gana, paradójicamente, un argumento de soberanía en plena campaña electoral. En medio quedan las empresas, que no votan en las cumbres pero pagan en la aduana, revisan sus precios y vuelven a llamar a sus proveedores.

La disputa todavía admite un acuerdo antes o después del 22 de julio. No obstante, el diseño de la medida revela algo más profundo: la Administración Trump ha reconstruido su política arancelaria después del revés judicial y ha elegido Brasil como primer gran laboratorio. Ya no se trata únicamente de cuántos contenedores llegan al puerto. Se trata de quién fija las reglas del comercio digital, qué concesiones puede exigir una potencia y hasta dónde una tarifa sirve como instrumento diplomático sin terminar empujando al socio hacia otros mercados. El porcentaje es 25. La factura política, bastante menos fácil de calcular.