¿Por qué EEUU deportó a 25.000 migrantes mediante acuerdos secretos?

Estados Unidos ha deportado a más de 25.000 migrantes a países distintos de los suyos desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, mediante una red de acuerdos alcanzados con gobiernos de África, América Latina, el Caribe y el Pacífico. Una investigación internacional coordinada por Forbidden Stories cifra en 25.447 las personas trasladadas hasta el 31 de agosto de 2026 y documenta acuerdos con 35 países.

No se trata simplemente de repatriaciones. El mecanismo permite enviar a una persona a un llamado “tercer país”, aunque nunca haya vivido allí, no tenga familiares, nacionalidad ni vínculos personales con ese territorio. La Administración Trump sostiene que esta vía resulta necesaria cuando existen órdenes de expulsión que no pueden ejecutarse hacia el país de origen o cuando la legislación impide devolver allí a la persona. La cuestión, bastante menos sencilla sobre el terreno, ha terminado también ante los tribunales estadounidenses.

Qué son las deportaciones a terceros países

Una deportación a un tercer país significa que Estados Unidos expulsa a una persona no hacia el Estado del que es ciudadana, sino hacia otro dispuesto a recibirla. Es una figura que ha adquirido una dimensión mucho mayor durante el segundo mandato de Trump y que afecta también a personas que habían obtenido protección judicial frente a su devolución a determinados países.

La fórmula puede aplicarse, por ejemplo, a alguien procedente de Cuba, Irán, Eritrea o Venezuela que termine enviado a un Estado africano o centroamericano con el que hasta entonces no tenía relación alguna. La investigación ha localizado más de 100 vuelos hacia 28 países, aunque sus autores advierten de que el recuento probablemente sea incompleto porque solo incorpora los trayectos verificados de manera independiente.

La Administración estadounidense defiende su capacidad para buscar destinos alternativos cuando ejecutar una orden de expulsión hacia el país de origen resulta imposible. En los tribunales, el Gobierno ha argumentado que limitar esta posibilidad podría impedir hacer efectivas órdenes de deportación ya dictadas. El Departamento de Estado sostiene, a su vez, que aplicar la política migratoria de Trump constituye una prioridad de la Administración.

México concentra la inmensa mayoría de los traslados

La cifra global puede llevar a imaginar una sucesión de vuelos hacia pequeños países africanos. En realidad, el mapa tiene un protagonista abrumador: México. Alrededor de 20.000 de las más de 25.000 personas contabilizadas fueron enviadas allí, mientras que más de 5.000 fueron trasladadas por avión a otros territorios.

El resto se repartió entre numerosos destinos de África, América Latina, el Caribe, Asia central y el Pacífico. Entre los países utilizados figuran Liberia, Ghana, Uganda, Guinea Ecuatorial, Esuatini y República Centroafricana, además de otros Estados que han aceptado diferentes modalidades de cooperación con Washington.

Los acuerdos tampoco son idénticos. Algunos limitan las nacionalidades que pueden recibir; otros establecen un número máximo de personas y varios gobiernos rechazan deportados con antecedentes por delitos violentos. Ese último dato introduce un matiz relevante frente a la caracterización general de los expulsados como delincuentes: los documentos examinados en la investigación muestran que la mayoría de los 35 países con acuerdos no acepta a personas con historial de violencia.

Los 410 millones de dólares detrás de los acuerdos

La dimensión diplomática viene acompañada de dinero. Documentos internos examinados dentro de la investigación muestran que la Administración Trump ha comprometido al menos 410 millones de dólares para facilitar esta arquitectura de deportaciones, mediante fondos dirigidos a gobiernos receptores o a organismos internacionales que participan en programas relacionados con migración y acogida.

Según los datos publicados, unos 81 millones de dólares fueron reservados para gobiernos firmantes. Más de 178 millones estaban destinados a la Organización Internacional para las Migraciones y otros 123 millones al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Estas cantidades no significan que cada dólar sea un pago directo por aceptar deportados: parte del dinero financia asistencia, sistemas de acogida, retornos y estructuras migratorias.

Los pactos muestran diferencias llamativas. Palau, el pequeño Estado insular del Pacífico, acordó aceptar hasta 75 personas a cambio de 7,5 millones de dólares y, según los datos publicados en septiembre, solo había recibido tres. Esuatini había acogido 32 personas de un máximo previsto de 160 dentro de un acuerdo valorado en más de cinco millones.

Liberia protagoniza otro de los convenios de mayor alcance conocidos. El país africano se comprometió a recibir hasta 1.200 deportados procedentes de Estados Unidos, y el primer grupo de 20 personas llegó en agosto de 2026.

Una oficina creada para negociar la “remigración”

Buena parte de las negociaciones ha pasado por la denominada Office of Remigration, una oficina del Departamento de Estado encabezada por el diplomático Christian Ehrhardt. La investigación atribuye a esta unidad un papel central en las conversaciones con gobiernos extranjeros y señala que Ehrhardt ayudó a cerrar al menos 13 acuerdos en África.

El resultado es una red bastante heterogénea, construida mediante memorandos, compromisos diplomáticos, ayudas económicas y negociaciones cuyos detalles no siempre han sido públicos. Los documentos revisados por los medios participantes reflejan también que las condiciones cambian considerablemente según el país receptor.

La Administración ofrece otra lectura del sistema. Su argumento es que existen personas con órdenes definitivas de expulsión que no pueden ser enviadas a su Estado de origen y que la legislación permite buscar un destino alternativo cuando existen garantías suficientes de que no sufrirán persecución o tortura allí.

El problema de quienes no pueden regresar a su país

Aquí aparece el nudo jurídico. Algunas personas deportadas mediante estos acuerdos habían conseguido previamente protección frente a su devolución a su país natal porque un juez estadounidense había considerado que allí podían sufrir persecución, torturas o daños graves. Esa protección respecto de un país concreto no siempre elimina la orden de expulsión de Estados Unidos.

Figuras como el withholding of removal pueden impedir que una persona sea enviada a un determinado Estado sin concederle necesariamente asilo permanente en Estados Unidos. La Administración ha utilizado esa diferencia jurídica para buscar destinos alternativos cuando considera que puede ejecutar la orden de deportación sin devolver al afectado directamente al lugar donde afronta el riesgo reconocido por un juez.

El caso de una mujer iraní identificada por la investigación con el nombre ficticio de Nika ilustra ese extraño pasillo legal. Después de obtener protección contra su retorno a Irán y ser liberada, fue detenida de nuevo y trasladada posteriormente a la República Centroafricana, un país con el que no tenía relación previa. El propio Departamento de Estado estadounidense mantiene fuertes advertencias de seguridad para sus ciudadanos respecto a ese destino.

El riesgo adicional es el denominado refoulement en cadena: Estados Unidos envía a alguien a un tercer Estado y este termina devolviéndolo al país respecto del cual existía temor de persecución o tortura. Organizaciones de derechos humanos y abogados han denunciado casos de nuevos traslados desde países receptores, mientras Washington sostiene que puede realizar las deportaciones cuando existen garantías diplomáticas creíbles sobre la seguridad del afectado.

La justicia cuestiona el procedimiento de Washington

La batalla ya no se libra solo en aeropuertos y despachos diplomáticos. El 18 de septiembre de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston, respaldó en gran medida una resolución anterior que había considerado ilegal la política utilizada por el Departamento de Seguridad Nacional para acelerar determinadas deportaciones a terceros países.

El punto central no es una prohibición general de toda expulsión hacia un país distinto del de origen. La discusión gira alrededor del debido proceso: cuánto tiempo debe conocer una persona su destino y qué oportunidad real debe tener para alegar que corre riesgo de persecución o tortura allí.

La política adoptada por el Departamento de Seguridad Nacional en marzo de 2025 permitía realizar traslados con un margen de aviso muy reducido en determinados supuestos. El tribunal sostuvo que los afectados deben disponer de una oportunidad significativa para plantear sus objeciones antes de ser enviados a otro país. Reuters señala que el sistema llegó a contemplar avisos de apenas seis horas en algunos casos.

El litigio, sin embargo, no está terminado. El Gobierno estadounidense puede continuar recurriendo y el propio Departamento de Seguridad Nacional sostuvo tras la sentencia que la política seguía vigente porque el fallo aún no había entrado en efecto. El Tribunal Supremo ya había intervenido anteriormente en este conflicto al levantar medidas cautelares relacionadas con las deportaciones.

Una red migratoria que cambia las reglas del destino

Las 25.447 deportaciones documentadas hasta finales de agosto muestran que los acuerdos con terceros países han dejado de ser una rareza administrativa. Se han convertido en una pieza reconocible de la política migratoria del segundo mandato de Trump. Su importancia no reside únicamente en el volumen —con México como principal destino—, sino en la posibilidad de ampliar los lugares a los que Washington puede enviar a una persona cuando la repatriación directa se atasca.

Para la Administración estadounidense, esa flexibilidad permite ejecutar órdenes de expulsión pendientes. Abogados, organizaciones de derechos humanos y demandantes sostienen, por el contrario, que las garantías son insuficientes cuando el destino es desconocido para el afectado o existe riesgo de que acabe siendo reenviado posteriormente a un país donde puede sufrir daños. Esa disputa jurídica está en el centro del caso federal que sigue abierto.

Detrás queda una geografía migratoria bastante insólita: personas iraníes enviadas a África central, ciudadanos latinoamericanos trasladados a países africanos y migrantes depositados en Estados con los que nunca habían tenido relación. Decenas de acuerdos, más de 25.000 personas y al menos 410 millones de dólares comprometidos. La deportación, que tradicionalmente dibujaba una línea entre Estados Unidos y el país de origen, se ha convertido en un triángulo. Ahí está el cambio de fondo.