¿Qué denuncia Más Madrid sobre las listas de espera del Ramón y Cajal?

Más Madrid ha llevado ante la Fiscalía Provincial de Madrid la polémica por las listas de espera quirúrgicas del Hospital Universitario Ramón y Cajal. La formación pide investigar posibles delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental relacionados con la modificación de la prioridad de pacientes y apunta también a un posible delito de revelación de secretos atribuido a la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute. De momento estamos ante una denuncia: será la Fiscalía la que determine si existen indicios suficientes para abrir nuevas diligencias y, en su caso, avanzar por la vía penal.

El origen del caso está en 57 pacientes del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología cuya prioridad quirúrgica pasó de «preferente» a «normal». No es un cambio puramente burocrático. La primera categoría establece un horizonte máximo de unos 90 días para la intervención, mientras que la segunda amplía ese plazo hasta los 180. Las modificaciones conocidas se produjeron entre el 28 de febrero y el 14 de marzo de 2025.

Qué ha denunciado Más Madrid ante la Fiscalía

La denuncia sostiene que los cambios de prioridad pudieron realizarse sin una nueva valoración clínica individualizada de los pacientes y sin conocimiento de los cirujanos que habían establecido inicialmente la condición de preferente. Más Madrid reclama que se esclarezca quién decidió las modificaciones, bajo qué criterio se aplicaron y qué consecuencias tuvieron sobre los pacientes y sobre los indicadores oficiales de espera del hospital.

La formación considera que los hechos podrían encajar, si se acreditan los elementos exigidos por la ley, en delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental. Entre las actuaciones solicitadas figura el examen de historiales, documentación interna y registros informáticos, además de las declaraciones de responsables del centro. No es un detalle menor: un sistema hospitalario deja huella de buena parte de sus modificaciones y esa trazabilidad puede resultar decisiva para reconstruir qué ocurrió.

Más Madrid incorpora además otro asunto diferente a la modificación de las listas. Señala a Fátima Matute por un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos después de que la consejera difundiera información relativa a expedientes disciplinarios del cirujano Luis Alberto Martos, el facultativo que denunció las supuestas irregularidades. Que este extremo figure en la denuncia no significa, naturalmente, que exista delito probado; esa valoración corresponde a la Fiscalía y, llegado el caso, a los tribunales.

Los 57 pacientes que están en el centro del caso

La controversia comenzó al conocerse documentación relativa a enfermos de Traumatología que inicialmente figuraban como preferentes y posteriormente aparecían clasificados como normales. Según las informaciones publicadas sobre el caso, las modificaciones afectaron a pacientes que ya habían sido evaluados y cuya prioridad médica había sido establecida antes de esos cambios.

La diferencia es bastante tangible para quien espera una operación. Pasar de preferente a normal puede llevar el horizonte máximo previsto de 90 a 180 días. Es decir, no hablamos solamente de una casilla distinta en una hoja de cálculo o de una estadística que queda más presentable al final del trimestre. Para el enfermo, la consecuencia potencial es permanecer más tiempo esperando una intervención que previamente había sido considerada prioritaria.

La denuncia pide esclarecer también si las reclasificaciones estuvieron relacionadas exclusivamente con criterios asistenciales o si existió alguna conexión con objetivos de gestión y productividad. Este último extremo forma parte de las acusaciones que deben ser investigadas y no puede darse por demostrado mientras no concluya el examen de la documentación y de las decisiones adoptadas dentro del hospital.

La versión de la Comunidad de Madrid

La Consejería de Sanidad rechaza que exista un sistema organizado para manipular las listas de espera. Fátima Matute sostuvo que había sido el propio doctor Martos quien realizó modificaciones irregulares en la prioridad de esos pacientes y vinculó su actuación, según la versión ofrecida por el Gobierno regional, a motivos relacionados con su actividad profesional. La Comunidad circunscribe así el problema al comportamiento de un facultativo concreto y niega una práctica generalizada.

El cirujano rechaza esas acusaciones. Martos mantiene que los sistemas informáticos permiten conocer quién realiza o insta cada modificación y defiende que los registros y la documentación interna permiten reconstruir lo sucedido. La discusión, por tanto, ha terminado girando alrededor de algo menos retórico que el intercambio político: la trazabilidad informática de los cambios.

A esta controversia se añadieron posteriormente informaciones sobre una reunión interna en la que responsables hospitalarios abordaron las modificaciones de prioridades. Es precisamente esa sucesión de versiones enfrentadas la que convierte en relevante una investigación documental: determinar quién tomó cada decisión, cuándo lo hizo y con qué justificación clínica.

Sanidad también pidió explicaciones sobre las listas

El caso había llegado al Ministerio de Sanidad antes de la denuncia presentada por Más Madrid. El 15 de septiembre, la ministra Mónica García reclamó a la Comunidad explicaciones sobre la aparente alteración de las listas del Ramón y Cajal y pidió garantías respecto al control y la veracidad de los datos remitidos al Sistema de Información de Listas de Espera del Sistema Nacional de Salud.

Ese punto amplía el alcance del problema. Los registros de espera no sirven únicamente para ordenar quirófanos dentro de un hospital; también alimentan estadísticas públicas, permiten comparar demoras entre centros y comunidades y se utilizan para evaluar el funcionamiento de los servicios sanitarios. Una modificación basada en una nueva valoración clínica forma parte de la práctica médica. Una alteración destinada únicamente a mejorar un indicador, si llegase a demostrarse, sería otra cosa.

El Ministerio ha reclamado precisamente garantías sobre los mecanismos de supervisión de esos datos. La cuestión de fondo es sencilla de formular, aunque bastante más difícil de resolver: que los números publicados correspondan a la situación asistencial real de los pacientes y que las distintas comunidades apliquen criterios comparables.

Qué tendrá que aclarar la investigación

La presentación de una denuncia no equivale a una condena ni determina por sí sola que los hechos descritos constituyan delitos. La Fiscalía tendrá que estudiar la documentación aportada, decidir qué diligencias resultan necesarias y valorar si existen indicios con relevancia penal. Ese matiz es esencial en un caso donde acusaciones políticas, conflictos profesionales y datos clínicos se han mezclado con rapidez.

Uno de los primeros puntos será identificar quién ordenó o ejecutó las modificaciones de prioridad. Después habrá que establecer qué criterio médico respaldaba cada cambio y si los profesionales responsables de los pacientes fueron informados. Y queda la cuestión probablemente más delicada: averiguar si esas reclasificaciones respondieron solamente a razones asistenciales o pudieron estar vinculadas a objetivos administrativos.

También deberá determinarse el verdadero alcance de los hechos. El Ejecutivo madrileño rechaza que exista una práctica sistemática y sostiene que no hay una manipulación generalizada de las listas; Más Madrid reclama una investigación más amplia y el Ministerio ha pedido garantías acerca de la fiabilidad de los datos. Son posiciones diferentes. Los registros, documentos y testimonios deberán separar qué está acreditado de qué forma parte todavía de la disputa política.

De una lista de espera a un problema de confianza

El episodio del Ramón y Cajal ha dejado de ser una controversia interna entre médicos y gestores. La llegada del asunto a la Fiscalía coloca bajo examen decisiones administrativas, información clínica y responsabilidades públicas, con la particularidad de que detrás de los números aparecen pacientes concretos que esperaban una intervención.

Porque una lista de espera puede parecer una sucesión fría de fechas, códigos y porcentajes hasta que una prioridad cambia de «preferente» a «normal». Entonces los números adquieren otra textura. Hay una persona esperando una prótesis, una operación traumatológica o una cirugía que había sido considerada prioritaria por su especialista. Y hay semanas o meses que, sobre el papel, empiezan a correr de otra manera.

La investigación tendrá que separar las acusaciones políticas de algo mucho más prosaico y, probablemente, más revelador: quién modificó las prioridades, por qué se cambiaron y qué consecuencias tuvieron. Ahí está el núcleo del caso que Más Madrid ha llevado ante la Fiscalía y la cuestión que deberá aclararse para conocer qué ocurrió realmente con las listas de espera del Ramón y Cajal.