¿Qué falló en los datos de El Mundo sobre la ley de nietos y el CERA?

El reportaje publicado por El Mundo sobre los efectos electorales de la denominada ley de nietos utilizó cifras de 2023 que, en tres de los cuatro municipios elegidos, no encajan con las series del censo electoral. Y no son diferencias pequeñas, de esas que aparecen por una actualización mensual o una décima extraviada. Cambian de forma sustancial la dimensión del fenómeno descrito.

El problema aparece al mirar el punto de partida. El artículo atribuía a Fermoselle 91 electores CERA en 2023, a Celanova 684 y a Béjar apenas 28. Sin embargo, las series electorales de aquel año ya situaban a Fermoselle alrededor del millar de residentes ausentes con derecho a voto, a Celanova cerca de 3.800 y a Béjar por encima de 1.200. En Aldeanueva de Santa Cruz, en cambio, los 119 electores manejados para 2023 sí encajan con los registros disponibles.

Tres cifras que transformaban un aumento en una explosión

El efecto visual de utilizar esas cantidades como base es enorme. Según las cifras publicadas, Fermoselle habría pasado de 91 a 1.320 electores exteriores, Celanova de 684 a 4.056 y Béjar de apenas 28 a 1.379. Leídas así, las tablas dibujan pueblos donde el censo exterior parece haberse multiplicado casi de la noche a la mañana.

La serie histórica cuenta algo bastante distinto. A comienzos de 2023 Fermoselle ya rondaba los 1.041 inscritos en el CERA, Celanova estaba en torno a 3.836 y Béjar tenía aproximadamente 1.238. Durante aquel mismo año las cantidades siguieron moviéndose ligeramente, como ocurre con un registro que se actualiza de manera periódica. El orden de magnitud, sin embargo, era ese: miles o más de un millar, no unas decenas.

No significa que el crecimiento posterior sea irrelevante. Existe. Pero una cosa es pasar de alrededor de mil electores a más de 1.300 y otra muy diferente saltar de 91 a más de 1.300. En el primer caso hablamos de un incremento apreciable; en el segundo, de una multiplicación que parece salida de una fotocopiadora electoral con el botón atascado.

El dato nacional sí muestra un crecimiento importante

El error en esos ejemplos locales tampoco permite dar el salto contrario y concluir que el aumento del voto exterior sea imaginario. El CERA nacional ha crecido con fuerza. A 1 de agosto de 2026 alcanzaba los 2.747.688 electores, frente a los 2.333.056 registrados para las elecciones generales de julio de 2023. Son más de 400.000 electores adicionales en menos de tres años.

Hay, eso sí, una cautela fundamental: el CERA no identifica la causa administrativa de cada alta. En ese crecimiento entran personas que han adquirido la nacionalidad, españoles que se trasladan al extranjero, jóvenes que alcanzan la mayoría de edad fuera de España y otros movimientos censales. Vincular automáticamente toda la subida a la ley de nietos ofrece una fotografía demasiado cómoda para una realidad bastante más mezclada.

El CERA tampoco significa que miles de personas vivan en esos pueblos

Otra confusión frecuente aparece cuando el CERA se presenta como si fuera el padrón ordinario de un municipio. No lo es. Sus siglas corresponden al Censo Electoral de Españoles Residentes Ausentes que viven en el extranjero. El censo distingue entre los españoles residentes en España y quienes tienen su residencia permanente fuera del país.

Por eso, que Celanova tenga miles de electores CERA no significa que varios miles de personas hayan llegado físicamente a instalarse entre sus calles. Son españoles residentes en el extranjero cuya inscripción electoral está vinculada a una provincia y a un municipio. El pueblo continúa teniendo sus vecinos de carne y hueso, sus persianas levantadas o bajadas y su plaza de siempre; el registro electoral exterior discurre por otra vía.

Hay un detalle especialmente relevante cuando se habla del poder de estos electores sobre los ayuntamientos. Los inscritos en el CERA pueden participar en elecciones generales, autonómicas y europeas, pero los españoles residentes permanentemente en el extranjero no votan en las elecciones municipales. Por tanto, esos electores no deciden directamente quién será el alcalde o qué concejales formarán la corporación de Béjar, Fermoselle, Celanova o Aldeanueva de Santa Cruz.

Qué tiene realmente que ver la ley de nietos

La llamada ley de nietos no es una norma independiente con ese nombre, sino la denominación popular que recibe una vía de adquisición de la nacionalidad incluida en la disposición adicional octava de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. El texto abrió diferentes supuestos para descendientes de españoles nacidos fuera del país y para otros grupos familiares contemplados expresamente por la norma.

Su aplicación alcanzó una dimensión considerable. Hasta el 31 de mayo de 2026, la red consular española había recibido 1.225.188 solicitudes, aprobado 571.761 expedientes y practicado 333.696 inscripciones vinculadas a esta vía. El plazo para presentar nuevas solicitudes terminó en octubre de 2025, aunque los expedientes iniciados dentro del periodo establecido continúan tramitándose.

Hay otro matiz que evita meter realidades distintas en el mismo saco. No todos los beneficiarios pueden identificarse simplemente como nietos de exiliados políticos. La ley y su instrucción de aplicación contemplan distintos supuestos familiares y jurídicos, y tampoco existe un desglose del CERA que permita saber, mirando únicamente el aumento total, qué proporción exacta corresponde a cada vía de nacionalización.

El aumento del censo exterior y las nacionalizaciones pueden estar relacionados, pero no son magnitudes intercambiables. Obtener la nacionalidad y aparecer inscrito en el CERA son procesos administrativos distintos. Esa separación, bastante menos vistosa que un porcentaje de cuatro cifras, resulta esencial para interpretar correctamente los números.

El Supremo ha frenado efectos electorales, no las nacionalidades

La polémica ha adquirido una dimensión jurídica mayor después de que el Tribunal Supremo acordara en septiembre de 2026 medidas cautelares sobre las inscripciones electorales vinculadas a esta vía de nacionalidad. El tribunal señaló el crecimiento extraordinario del CERA y consideró necesario preservar la objetividad y transparencia de los procesos electorales mientras resuelve el fondo de los recursos.

La medida cautelar afecta a las altas en el censo electoral de determinados nacionalizados y a su capacidad de votar mientras no se acredite el requisito discutido en los procedimientos. No supone anular en bloque la Ley de Memoria Democrática ni retirar automáticamente la nacionalidad española a quienes la obtuvieron. Son planos jurídicos diferentes, aunque en el debate público a menudo aparezcan mezclados como cartas de la misma baraja.

La Junta Electoral Central comenzó posteriormente a ejecutar el requerimiento del Supremo solicitando información a la Oficina del Censo Electoral. Fiscalía y Abogacía del Estado se habían opuesto a la suspensión cautelar, mientras que Vox e Iustitia Europa, promotores de los recursos, defendieron la adopción de esas medidas. El procedimiento judicial sigue abierto y será la resolución sobre el fondo la que determine definitivamente el alcance de la controversia.

Error, sí; intención de engañar, no demostrada

Que los números empleados en tres de los ejemplos sean incompatibles con las series electorales no permite afirmar automáticamente que fueran manipulados de forma deliberada. Un dato incorrecto y una falsificación consciente son cosas diferentes. La primera puede demostrarse comparando registros; la segunda exige acreditar una intención que no se desprende por sí sola de una tabla equivocada.

Entre las explicaciones planteadas tras detectarse las discrepancias aparece una bastante prosaica: un posible desplazamiento de filas o una lectura incorrecta de las tablas municipales. Es una hipótesis, no una explicación acreditada de lo ocurrido dentro de la redacción. El origen concreto del error sólo podría determinarse conociendo el proceso seguido para obtener y tratar esas cifras.

Lo verificable es más sencillo. Los números utilizados como referencia para Celanova, Fermoselle y Béjar presentan diferencias enormes respecto a la serie histórica del CERA, y esas diferencias hacen que un crecimiento real aparezca ante el lector como una explosión de proporciones muy superiores.

Cuando una cifra torcida cambia toda la historia

El aumento del CERA es real. También lo es el debate judicial sobre los requisitos exigibles para que determinadas adquisiciones de nacionalidad produzcan efectos electorales. Negar ese crecimiento sería tan poco útil como exagerarlo mediante puntos de partida que no corresponden con la evolución histórica del censo.

Los casos de Celanova, Fermoselle y Béjar muestran precisamente cuánto puede pesar una cifra colocada en el lugar equivocado. Celanova no partía de unos pocos cientos de electores exteriores: ya estaba cerca de 3.800 en 2023. Béjar superaba los 1.200 y Fermoselle rondaba el millar. No apareció de repente una multitud invisible donde antes apenas había unas decenas.

El fenómeno nacional merece atención porque cientos de miles de nuevas inscripciones pueden tener relevancia en unas elecciones generales, autonómicas o europeas. Pero cuando se baja del mapa de España a estos municipios concretos, las series del censo cuentan una historia bastante menos explosiva. Y, en asuntos electorales, la diferencia entre una subida y una multiplicación por cincuenta no es precisamente letra pequeña.