¿Qué incluye el decreto de vivienda que Sumar exige aprobar al PSOE?

Sumar ha elevado este sábado la presión sobre el PSOE hasta convertir el decreto de vivienda en un asunto inmediato para el Gobierno de coalición. La formación ha advertido de que sus ministros no acudirán al Consejo de Ministros del martes 29 de septiembre si la aprobación del paquete de medidas no figura en el orden del día. El ultimátum político llega después del desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, un caso que ha devuelto al primer plano una negociación que llevaba meses atascada.

El texto, sin embargo, todavía está en movimiento. El Gobierno negocia con sus socios parlamentarios y, en especial, con Junts, cuyos votos pueden resultar determinantes cuando el real decreto ley llegue posteriormente al Congreso. La formación catalana reclama medidas fiscales para propietarios e inquilinos y garantías para los pequeños tenedores; Sumar, que durante meses receló de algunas de esas ventajas tributarias, se ha mostrado dispuesto a discutirlas para intentar desbloquear el acuerdo.

Sumar eleva la presión sobre el PSOE antes del martes

La novedad política del 26 de septiembre está, sobre todo, en el tono. Sumar ya reclamaba que el nuevo decreto llegara al próximo Consejo de Ministros, pero este sábado ha endurecido su posición: sus ministros amenazan con no participar en la reunión si el paquete de vivienda no se somete a aprobación. Es una forma poco habitual de exhibir una discrepancia dentro de un Ejecutivo de coalición y coloca el calendario sobre la mesa sin demasiados adornos. Martes 29. Esa es la fecha.

La formación sostiene que el Gobierno debe responder con medidas más amplias ante la crisis residencial y que no bastan soluciones parciales. El desahucio de Maricarmen ha actuado como acelerador de un debate que estaba abierto desde antes del verano y ha multiplicado la presión sobre el Ejecutivo. Sumar también ha defendido la expropiación de la vivienda en la que residía la mujer, una propuesta distinta del decreto y que el ala socialista del Gobierno no comparte. Félix Bolaños ha rechazado públicamente esa posibilidad, mientras sí ha confirmado avances para intentar aprobar las medidas de vivienda el martes.

Conviene separar ambas cuestiones. Una cosa es la petición de Sumar relacionada con el inmueble concreto de Maricarmen y otra el real decreto ley de vivienda, pensado para introducir cambios generales en alquileres, protección frente a desahucios y funcionamiento del mercado residencial. La primera propuesta no cuenta con acuerdo dentro del Ejecutivo; la segunda concentra estos días el grueso de la negociación.

Qué medidas puede incluir el nuevo decreto de vivienda

No existe todavía un texto definitivo publicado. Lo que se conoce procede del borrador negociado en los últimos meses y de los cambios que PSOE, Sumar y otros grupos están intentando introducir antes del Consejo de Ministros. Entre las medidas que maneja el Ministerio de Vivienda figuran nuevas protecciones para inquilinos vulnerables y restricciones relacionadas con los fondos de inversión. El alcance concreto dependerá, eso sí, de la redacción que finalmente se apruebe.

El paquete tiene una historia anterior. El Gobierno presentó en junio un conjunto de medidas destinado a contener los precios del alquiler, dar mayor estabilidad a los contratos y combatir determinados usos que considera fraudulentos. Entre las líneas anunciadas estaban la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, la prórroga de contratos, la obligación de formalizarlos por escrito y distintas medidas fiscales. También se planteó elevar al 21 % el IVA aplicado a determinadas viviendas de uso turístico.

Durante el verano, PSOE y Sumar avanzaron además en una fórmula para permitir la prórroga de determinados alquileres y congelar sus rentas durante dos años en los supuestos previstos por el borrador. El problema no estaba solo en acordar la medida dentro del Gobierno. Faltaban —y siguen siendo decisivos— los votos parlamentarios necesarios para que el decreto sobreviva después en el Congreso.

Más protección frente a desahucios y fondos de inversión

Uno de los puntos que ha ganado protagonismo tras el caso Maricarmen es la protección frente a determinados desahucios. Vivienda estudia medidas dirigidas a impedir el lanzamiento de inquilinos vulnerables cuando la vivienda pertenezca a un fondo de inversión, así como restricciones a la compra de inmuebles por parte de estos actores. Son propuestas incluidas en la negociación y no reglas vigentes mientras el decreto no quede aprobado y publicado.

Junts comparte la necesidad de reforzar parte de esa protección, pero reclama distinguir entre grandes propietarios y particulares con pocos inmuebles. Su planteamiento intenta evitar que el coste económico de una medida social recaiga sobre el pequeño propietario. Ahí entra uno de los asuntos que más fricción provoca: quién asume las consecuencias económicas cuando el Estado amplía una moratoria o una prórroga de alquiler.

España ya mantiene una protección extraordinaria para determinados hogares vulnerables. El Real Decreto-ley 2/2026 prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de ciertos procedimientos de desahucio y lanzamiento, pero introdujo una excepción relevante: esa suspensión no se aplica a arrendadores propietarios de dos viviendas o menos. La normativa prevé además mecanismos de compensación en determinados supuestos.

Alquileres, contratos temporales y viviendas turísticas

El otro gran frente está en el propio funcionamiento del mercado del alquiler. El Gobierno quiere endurecer las reglas que afectan a los contratos de temporada y de habitaciones, dos modalidades cuya utilización se ha multiplicado en las grandes ciudades y que pueden quedar fuera de algunas protecciones del alquiler habitual.

El diseño presentado antes del verano apostaba por equiparar determinadas modalidades de alquiler a las garantías de la vivienda habitual, reforzar la estabilidad contractual y limitar vías utilizadas para evitar las normas aplicables a los arrendamientos residenciales. También contemplaba incentivos fiscales para propietarios que mantuvieran o redujeran rentas. No es poca cosa: precisamente esas bonificaciones fiscales son uno de los puentes que ahora permiten acercar posiciones con Junts.

Los alojamientos turísticos aparecen igualmente en el paquete. La propuesta gubernamental anunciada en junio incluía un IVA del 21 % para determinadas viviendas de uso turístico con la intención declarada de favorecer que una parte de esa oferta vuelva al mercado residencial. También se habían planteado mayores controles sobre plataformas y alojamientos sin los registros exigidos.

Junts pone las rebajas fiscales en el centro de la negociación

El regreso de Junts a la mesa resulta esencial porque el Gobierno debe mirar más allá del martes. Puede aprobar el real decreto ley en el Consejo de Ministros, pero después necesita conseguir su convalidación en el Congreso. Y la formación catalana ha dejado claro que sus demandas incluyen incentivos fiscales ligados al alquiler y garantías para los propietarios afectados por determinadas prórrogas.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha explicado que el PSOE está estudiando las propuestas que su grupo trasladó al Ejecutivo. Entre ellas figuran bonificaciones para propietarios, desgravaciones relacionadas con vivienda y medidas dirigidas a evitar que las obligaciones impuestas a un arrendador pequeño terminen convirtiéndose en un coste que deba soportar en solitario. Junts reclama también preservar las competencias de Cataluña en materia de vivienda.

Ese componente fiscal incomoda a una parte de la izquierda. La objeción es conocida: utilizar dinero público para compensar a propietarios puede terminar beneficiando a rentistas sin garantizar por sí mismo una reducción suficiente del precio del alquiler. La posición de Sumar, sin embargo, se ha flexibilizado. Ernest Urtasun ha admitido que está dispuesto a estudiar bonificaciones a los caseros afectados por una prórroga si eso permite construir un acuerdo más amplio. Podemos, por su parte, ha mantenido reservas sobre este enfoque.

El resultado es una negociación bastante menos lineal de lo que sugiere la etiqueta de decreto de vivienda. PSOE, Sumar y Junts coinciden en la necesidad de mover ficha, pero no necesariamente en el modo de hacerlo. Unos ponen el acento en la protección del inquilino; otros reclaman que el propietario particular no pague por decisiones de política social. Entre ambas posiciones se intenta coser el texto.

El Congreso será el verdadero examen del decreto

Aprobar el real decreto ley en el Consejo de Ministros no termina el recorrido. La Constitución obliga a someter este tipo de normas al Congreso para su convalidación en un plazo máximo de 30 días. En otras palabras: el martes puede producirse una fotografía política importante, pero el resultado definitivo llegará cuando los grupos tengan que votar. Ese es el motivo por el que el Gobierno negocia antes de aprobar.

La experiencia inmediata tampoco invita a confiar únicamente en la aritmética de última hora. Una versión anterior de las medidas no logró reunir los apoyos necesarios y el Ejecutivo fue aplazando posteriormente un nuevo intento. Durante el verano, el decreto volvió a quedar pendiente mientras se intentaban acercar posiciones con Junts, PNV, Podemos y el resto de socios potenciales.

Sumar plantea ahora que el Gobierno debe aprobar las medidas incluso con la mayoría parlamentaria todavía sin cerrar por completo. El PSOE ha buscado, en cambio, reducir el riesgo de llevar al Congreso un texto condenado de antemano. Esa diferencia explica parte del pulso de estas horas: aprobar primero o asegurar antes los votos. Dos maneras distintas de administrar el mismo problema parlamentario.

Junts no es la única pieza. Podemos también ha expresado discrepancias con algunas de las medidas fiscales y ha reclamado una intervención más intensa sobre los precios y las propiedades de grandes tenedores. El acuerdo, por tanto, exige combinar posiciones que no encajan como piezas de un puzle recién estrenado; algunas tienen bordes bastante ásperos.

El martes medirá hasta dónde llega el acuerdo

El desahucio de Maricarmen ha convertido una negociación que avanzaba con parsimonia en una carrera política de pocos días. Sumar exige que el decreto de vivienda se apruebe el martes y amenaza con no acudir al Consejo de Ministros si no se incluye en el orden del día; el Ministerio de Vivienda trata de cerrar el texto y Junts condiciona su respaldo a que se incorporen, entre otras cuestiones, medidas fiscales y garantías para propietarios.

Sobre la mesa quedan la protección frente a desahucios, los límites aplicables a fondos de inversión, la regulación de los alquileres temporales, las prórrogas de contratos, la fiscalidad de los pisos turísticos y las compensaciones a propietarios. Pero todavía hay que distinguir cuidadosamente entre propuestas negociadas y medidas efectivamente aprobadas. Mientras no exista un texto definitivo y publicado, algunas piezas pueden cambiar.

El próximo Consejo de Ministros será, por tanto, una primera prueba, no la última. Después vendrá el Congreso y una mayoría que el Ejecutivo todavía trabaja para asegurar. Ahí se sabrá qué queda finalmente del borrador, qué concesiones han aceptado las distintas formaciones y, sobre todo, qué nuevas reglas acabarán afectando de verdad a inquilinos y propietarios. El decreto ha salido del cajón; falta comprobar con qué contenido consigue llegar al BOE.