¿Qué declaró Dani Desokupa ante la jueza por el caso Susana Gisbert?

Daniel Esteve, conocido como Dani Desokupa, ha comparecido ante la jueza del Juzgado de Instrucción número 10 de Valencia como investigado en una causa por posibles delitos de injurias y calumnias relacionados con unas manifestaciones sobre Susana Gisbert, fiscal especializada en Delitos de Odio y Discriminación.

La declaración se ha producido por videoconferencia desde Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Según Acción Contra el Odio (ACO), personada como acusación popular, Esteve decidió no responder a las preguntas de la asociación. Esa negativa forma parte de los derechos reconocidos a cualquier persona investigada y, por sí sola, no permite sacar conclusiones sobre su culpabilidad o inocencia.

El procedimiento continúa abierto y no existe una condena por estos hechos. La instrucción deberá determinar qué se dijo exactamente, en qué contexto se difundieron esas palabras y si pueden encajar en alguno de los delitos contra el honor previstos en el Código Penal.

Una declaración esperada después de un aplazamiento

La comparecencia llega después de una citación anterior que fue aplazada a petición de la defensa de Esteve, que alegó que no disponía de toda la documentación necesaria para afrontar el interrogatorio con garantías. En aquella ocasión también intervino de manera telemática desde Madrid.

Esta vez, Dani Desokupa estaba citado a declarar desde una sala habilitada en el Juzgado Decano de Pozuelo de Alarcón, mientras el procedimiento permanece en manos del Juzgado de Instrucción número 10 de Valencia. La causa se remonta a unas declaraciones realizadas en 2025 sobre la fiscal Susana Gisbert.

Conviene separar las piezas porque el ruido puede mezclarlas con facilidad. Este procedimiento no juzga directamente los mensajes sobre inmigración que motivaron una investigación anterior de la Fiscalía. Aquí se examinan, específicamente, las afirmaciones posteriores sobre Gisbert y su actuación profesional.

Por qué Dani Desokupa está siendo investigado

El origen inmediato de esta causa está en marzo de 2025. Según la documentación del procedimiento difundida por ACO, Esteve atribuyó públicamente a Susana Gisbert una supuesta prevaricación y sostuvo que habría recibido dinero de la asociación para investigar una denuncia presentada contra él.

ACO mantiene que esas acusaciones se realizaron sin aportar pruebas. La cuestión que deberá resolver la investigación judicial es bastante más concreta que la batalla verbal desatada en redes: si aquellas manifestaciones pueden considerarse una imputación delictiva falsa o una lesión penalmente relevante del honor de la fiscal.

El conflicto venía de antes. Acción Contra el Odio había presentado en febrero de 2025 una denuncia ante la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación de Valencia por varios mensajes atribuidos a Esteve relacionados con la población migrante. La asociación aportó documentación sobre publicaciones que, a su juicio, incitaban al odio, la discriminación o la violencia.

La Fiscalía abrió posteriormente diligencias de investigación. Después de conocerse esa actuación, Esteve difundió nuevas declaraciones sobre Gisbert. Fue entonces cuando surgió el segundo frente judicial, distinto del primero y centrado en los posibles delitos de injurias y calumnias.

Dos procedimientos relacionados, pero diferentes

La diferencia no es menor. Una cosa es la investigación relacionada con determinados mensajes sobre inmigración y otra, aunque nazca de aquel conflicto, la causa por las palabras dirigidas contra Susana Gisbert. Mezclar ambos expedientes conduce fácilmente a conclusiones equivocadas.

En el procedimiento que motiva esta comparecencia, Dani Desokupa figura como investigado. Esa condición procesal significa que el juzgado está examinando unos hechos y que el afectado dispone de todos los derechos de defensa. No equivale a estar condenado ni presupone que vaya a abrirse juicio oral.

Qué significa que no respondiera a las preguntas de ACO

La negativa de Esteve a contestar a la acusación popular puede sonar llamativa fuera de una sala judicial, pero procesalmente tiene una lectura bastante menos novelesca. Un investigado tiene derecho a guardar silencio, a no contestar determinadas preguntas y a no declarar contra sí mismo.

Ese derecho permite responder a unas partes y no a otras, o incluso no prestar declaración. Por tanto, que Dani Desokupa no haya contestado las preguntas formuladas por ACO no supone admitir los hechos, del mismo modo que tampoco acredita que las acusaciones sean falsas.

Lo relevante será el conjunto de las diligencias: los vídeos, publicaciones, documentos, declaraciones y demás elementos que estén incorporados válidamente al procedimiento. Ahí se juega el asunto. El silencio procesal, por mucho eco que tenga fuera del juzgado, no sustituye a la prueba.

El derecho de defensa no decide el resultado del caso

En causas con una fuerte exposición pública resulta fácil convertir cada gesto en una especie de veredicto instantáneo. No funciona así. La jueza tendrá que valorar el material aportado por las partes y determinar si existen indicios suficientes para continuar el procedimiento o si procede adoptar otra decisión.

ACO interviene como acusación popular, una figura que permite participar en determinadas causas penales aunque quien ejerce la acción no sea la persona directamente perjudicada. Esa posición procesal le permite plantear diligencias y formular preguntas, pero no elimina el derecho del investigado a decidir cuáles responde.

Qué son las injurias y las calumnias que se investigan

Injuria y calumnia suelen aparecer juntas en titulares y conversaciones, casi como si fueran gemelas. Jurídicamente no lo son. La calumnia consiste en imputar a otra persona un delito con conocimiento de su falsedad o con temerario desprecio hacia la verdad.

Cuando existe publicidad, el Código Penal contempla para la calumnia penas de seis meses a dos años de prisión o multa de 12 a 24 meses. Esa referencia resulta especialmente relevante cuando lo que se atribuye a alguien es, precisamente, la comisión de un delito como la prevaricación.

La injuria, por su parte, se refiere a expresiones o acciones que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. En el ámbito penal solo se castigan las consideradas graves por su naturaleza, efectos y circunstancias.

Las injurias graves realizadas con publicidad pueden castigarse con multa de seis a 14 meses. Una eventual condena también puede llevar aparejada responsabilidad civil por los perjuicios ocasionados, aunque cualquier consecuencia dependerá, naturalmente, de lo que finalmente se pruebe y resuelva.

Existe además un matiz importante cuando las manifestaciones se refieren a funcionarios públicos y guardan relación con el ejercicio de su cargo. La legislación contempla determinados supuestos en los que puede acreditarse la verdad de las imputaciones. Por eso el análisis judicial no se limita a decidir si unas palabras fueron duras, desagradables o incendiarias. El centro está en su contenido y en su sustento factual.

El origen del choque con la Fiscalía de Valencia

Para entender cómo se ha llegado hasta aquí hay que retroceder a febrero de 2025, cuando ACO presentó una denuncia relacionada con mensajes de Daniel Esteve sobre inmigración ante la Fiscalía valenciana especializada en Delitos de Odio y Discriminación.

La asociación aseguró haber reunido documentación sobre diferentes publicaciones y su campaña recibió el respaldo de más de 22.000 firmas. La Fiscalía Provincial de Valencia abrió diligencias de investigación para estudiar el contenido y determinar su posible relevancia penal.

Tras conocerse esa actuación, Esteve lanzó públicamente acusaciones contra Gisbert vinculadas a la decisión de investigar la denuncia. Según sostiene ACO, la señaló por una supuesta prevaricación y afirmó que habría recibido dinero de la asociación. Esas manifestaciones acabaron dando origen a la investigación por injurias y calumnias que ha llevado al responsable de Desokupa ante la jueza.

Hay, por tanto, una secuencia clara: una denuncia inicial, la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía, la reacción pública de Esteve y, después, un nuevo procedimiento centrado en sus afirmaciones sobre la fiscal. El debate político y las trincheras de internet pueden añadir varias capas de ruido; el juzgado tendrá que trabajar con algo menos vistoso y bastante más exigente: hechos y pruebas.

Una causa abierta que todavía debe recorrer su camino

La comparecencia de Dani Desokupa supone un nuevo movimiento dentro de la instrucción, pero no resuelve el procedimiento. La jueza deberá examinar lo declarado, el material incorporado a la causa y las actuaciones solicitadas o practicadas antes de decidir qué recorrido judicial tiene el asunto.

La decisión de Esteve de no responder a las preguntas de ACO es legalmente posible y no sustituye ese análisis. Tampoco convierte automáticamente en ciertas las acusaciones que se investigan ni las desmiente. El punto central seguirá siendo establecer qué afirmó exactamente sobre Susana Gisbert, qué respaldo tenían aquellas manifestaciones y si alcanzan el umbral penal exigido para hablar de injurias o calumnias.

De momento, el escenario es ese: una causa judicial abierta, un investigado que ejerce sus derechos procesales y unas afirmaciones cuya relevancia deberá determinar el juzgado. Fuera quedan los veredictos de redes sociales, siempre veloces; dentro del expediente, en cambio, manda otro ritmo. El de la prueba.