¿Por qué Cuba se apaga sin petróleo mientras el mundo guarda silencio?

Cuba se está apagando, esta vez en el sentido más literal y doméstico de la expresión. La combinación de un cerco estadounidense sobre el petróleo, la desaparición del crudo venezolano, una red eléctrica envejecida y décadas de mala gestión interna ha dejado a unos 10 millones de personas pendientes de un interruptor que casi nunca responde. El 14 de julio, el sistema eléctrico nacional volvió a colapsar: era el tercer gran apagón en apenas nueve días.

El mundo no permanece completamente callado, pero actúa poco. La mayoría de los países condena las sanciones en Naciones Unidas; la Unión Europea entrega ayuda, Rusia mandó un petrolero y varios gobiernos han expresado preocupación. Sin embargo, casi nadie está dispuesto a asumir el coste económico y diplomático de abastecer regularmente a Cuba frente a las amenazas arancelarias de Washington. El resultado es esa especialidad de la política internacional: declaraciones solemnes, comunicados compungidos y muy pocos barriles de combustible.

Cuba no se queda simplemente sin luz: se queda sin país

Un apagón cubano no significa únicamente cenar a oscuras. Se detienen las bombas que llevan agua a los edificios, desaparece la refrigeración de los alimentos, se paralizan talleres y comercios, fallan las comunicaciones y los hospitales deben racionar sus generadores. En pleno verano caribeño, dormir se convierte en una negociación con el calor, los mosquitos y el ruido de los pocos motores diésel que todavía conservan combustible disponible.

En algunos barrios de La Habana la electricidad llega durante una o dos horas al día. Hay familias que han dejado de guardar carne o pescado porque el frigorífico se ha convertido en un armario inútil. Los pequeños negocios pierden mercancía cada vez que cae la red; el transporte público funciona a trompicones y las calles se llenan de basura porque los camiones tampoco circulan sin gasóleo. Cuba produce únicamente alrededor del 40% del combustible que necesita. El resto debe llegar por mar. O debería.

La sanidad muestra la parte menos visible del desastre. Decenas de miles de intervenciones quirúrgicas han sido aplazadas, faltan medicamentos básicos y algunos tratamientos dependen del mercado negro o de paquetes enviados desde el extranjero. Naciones Unidas ha advertido de que la crisis energética amenaza directamente la atención médica, el abastecimiento de agua y la conservación de alimentos. La electricidad no cura, claro, pero sin ella tampoco funcionan los quirófanos, los laboratorios ni la cadena de frío.

El petróleo venezolano que mantenía encendida la isla

Durante años, Venezuela suministró a Cuba crudo y derivados en condiciones preferentes. A cambio, La Habana aportó médicos, técnicos, asesores y personal de seguridad. Era una relación económica, pero también un cordón umbilical político: Caracas ponía el combustible que el sistema cubano no podía producir ni comprar con normalidad en los mercados internacionales.

Ese flujo se interrumpió después de la operación estadounidense que expulsó a Nicolás Maduro del poder el 3 de enero de 2026. Los últimos cargamentos venezolanos para Cuba habían salido en diciembre. Washington pasó a controlar estrechamente la comercialización del petróleo de Venezuela y dejó claro que ningún barril debía terminar en la isla. El combustible venezolano encontró compradores en Estados Unidos, India y Europa; Cuba quedó fuera del reparto.

México ocupó durante un tiempo parte del hueco. No duró. Donald Trump firmó el 29 de enero una orden que permitía imponer aranceles a los países que vendieran o regalaran petróleo a Cuba. La amenaza no establecía inicialmente una tasa concreta, pero no hacía falta dibujar demasiado el garrote. México suspendió sus envíos mientras buscaba alguna fórmula para ayudar a La Habana sin exponerse a represalias comerciales de su principal socio.

No se trata exactamente de un bloqueo naval, con destructores estadounidenses cerrando la entrada a la bahía. Es algo más contemporáneo y menos fotogénico: presión financiera, sanciones y amenazas sobre terceros países, navieras, aseguradoras y empresas que podrían transportar combustible. El barco puede navegar; la cuestión es quién se atreve a cargarlo, asegurarlo, cobrarlo y después seguir haciendo negocios con Estados Unidos.

Marco Rubio, el arquitecto político de la asfixia

Marco Rubio no ostenta el título de virrey de Venezuela ni de Cuba. Todavía no se ha incorporado ese cargo al organigrama de Washington. Pero el secretario de Estado se ha convertido en el principal arquitecto político de la ofensiva contra los dos gobiernos caribeños y en una figura con una influencia extraordinaria sobre la agenda latinoamericana de Trump.

Hijo de inmigrantes cubanos y formado políticamente en Florida, Rubio considera que mantener el statu quo en la isla equivale a prolongar una dictadura que no ha celebrado elecciones plurales, reprime a sus opositores y utiliza el embargo como explicación universal de sus fracasos. En mayo afirmó que esa situación era inaceptable y que Estados Unidos actuaría para cambiarla. En junio anunció nuevas sanciones contra la empresa estatal Unión Cuba-Petróleo.

Su diagnóstico contiene hechos incómodos para La Habana. El régimen cubano ha gobernado durante más de seis décadas sin alternancia, mantiene presos por motivos políticos, restringe la protesta y administra una economía rígida, opaca y poco productiva. Las centrales termoeléctricas llevan años deteriorándose por falta de inversión y mantenimiento; varias superan ampliamente las tres décadas de funcionamiento. La fallida reforma monetaria, la caída del turismo y el control estatal de la economía agravaron una crisis que existía mucho antes de la ofensiva petrolera estadounidense.

Pero una cosa es presionar a una élite autoritaria y otra, bastante distinta, es privar de energía a toda una sociedad con la esperanza de que el sufrimiento provoque un cambio político. Los ministros conservan generadores, vehículos y circuitos de abastecimiento. Quien pierde la insulina, el autobús o la comida del frigorífico es el ciudadano corriente. La historia de las sanciones está repleta de gobiernos que sobreviven mientras sus poblaciones pagan la factura.

Una red envejecida que ya estaba al límite

Culpar únicamente a Washington sería cómodo para el Gobierno cubano y falso para cualquier observador honesto. La red eléctrica llevaba años lanzando señales de agotamiento. Las centrales térmicas funcionan con tecnología antigua, las averías se encadenan y muchas reparaciones son remiendos destinados a resistir unas semanas. La falta de piezas, crédito y mantenimiento ha convertido el sistema eléctrico nacional en una hilera de fichas de dominó: cuando cae una unidad relevante, la frecuencia se descompensa y el resto puede venirse abajo.

Las sanciones dificultan comprar equipamiento y financiar inversiones, pero el modelo económico cubano también ha demostrado una incapacidad crónica para generar recursos, atraer capital estable y conceder autonomía real a las empresas. Durante años se priorizaron otros gastos, se postergó la modernización energética y se mantuvo la dependencia de proveedores políticamente aliados. Primero fue la Unión Soviética. Después, Venezuela. Cuando el benefactor cae o se retira, reaparece el mismo paisaje: centrales exhaustas, divisas escasas y discursos de resistencia.

Un petrolero ruso con unos 730.000 barriles de crudo llegó a finales de marzo y ofreció un alivio temporal. El cargamento, sin embargo, apenas permitió ganar unas semanas. Un país entero no funciona con gestos ocasionales ni con barcos convertidos en acontecimientos propagandísticos. Necesita un flujo continuo de petróleo, repuestos, inversiones y una red capaz de transformar el combustible en electricidad sin desplomarse tres veces en nueve días.

Reconectar la red después de un colapso nacional es una operación lenta. Los técnicos crean pequeñas zonas eléctricas aisladas, las llamadas microislas, para alimentar primero hospitales, instalaciones de agua y centros de producción de alimentos. Después incorporan centrales y provincias de forma gradual, procurando que un desequilibrio de frecuencia no derribe otra vez el sistema.

La electricidad puede regresar unas horas y desaparecer de nuevo. Esa intermitencia castiga los equipos, rompe electrodomésticos y dificulta cualquier actividad económica. Un panadero no puede programar una hornada; un médico desconoce cuánto durará el generador; una familia cocina cuando llega la corriente, aunque sean las tres de la madrugada. La vida termina organizada alrededor de un zumbido, una bombilla y la batería del teléfono. Todo se vuelve provisional.

Por qué ningún país rompe de verdad el cerco

La primera razón es sencilla: Estados Unidos posee un poder económico que Cuba no puede compensar. Para México, enfrentarse a aranceles estadounidenses supondría arriesgar una relación comercial gigantesca por unos envíos de petróleo que, además, podrían interpretarse como respaldo político al régimen cubano. Otros países hacen el mismo cálculo. Entre defender a Cuba ante un micrófono y poner en peligro bancos, exportaciones o empresas nacionales media un océano bastante más ancho que el estrecho de Florida.

Rusia y China podrían desafiar a Washington, pero Cuba tiene para ellas un valor más simbólico que económico. Moscú está sometido a sus propias tensiones militares, financieras y logísticas. Pekín evita regalar combustible indefinidamente a un Estado endeudado, con poca capacidad de pago y escasas reformas. La solidaridad geopolítica suele sonar magnífica hasta que llega la factura del petrolero.

La Unión Europea ha destinado ayuda humanitaria, incluida una partida adicional de 2 millones de euros para facilitar la distribución de comida y agua. Es útil, pero la escala habla por sí sola. La ayuda puede comprar alimentos, paneles solares o medicamentos; no sustituye el suministro energético diario que sostiene hospitales, transporte, agricultura e industria. Europa tampoco comparte una posición única: algunos gobiernos denuncian el castigo estadounidense, mientras otros insisten en que cualquier apoyo debe llegar directamente a la población y no reforzar al aparato estatal cubano.

La segunda razón es política. Muchos países rechazan las medidas de Trump, pero tampoco desean convertirse en salvavidas de una dictadura inmóvil. La Habana exige solidaridad contra el embargo mientras limita la prensa libre, encarcela disidentes y bloquea una transición democrática. Ese doble plano —una presión exterior desproporcionada y un poder interior autoritario— rompe el consenso. Defender a los cubanos no debería implicar absolver a su Gobierno; condenar al Gobierno tampoco debería servir para justificar el hambre o la oscuridad de los cubanos.

El silencio no es silencio: es impotencia y cálculo

Decir que nadie habla de Cuba sería inexacto. La mayoría de los países que intervinieron en el debate de la Asamblea General de Naciones Unidas del 7 de julio pidió a Washington que levantara las sanciones y permitiera el suministro de petróleo. Expertos de derechos humanos de la ONU han calificado la política estadounidense de asfixia energética y han advertido de sus consecuencias sobre derechos básicos. Cuatro congresistas demócratas estadounidenses visitaron La Habana en julio y denunciaron el efecto humanitario del embargo.

Hablar, sin embargo, no equivale a resolver. Naciones Unidas carece de mecanismos para obligar a Estados Unidos a retirar sus medidas. Una resolución puede aislar diplomáticamente a Washington, pero no fuerza a una aseguradora a cubrir un petrolero ni protege a México de una subida arancelaria. El derecho internacional conserva una voz considerable y unos brazos sorprendentemente cortos cuando una gran potencia decide ignorarlo.

También pesan la fatiga y la costumbre. Cuba lleva décadas apareciendo en los titulares bajo palabras parecidas: embargo, escasez, exilio, represión, crisis. La reiteración anestesia. Un apagón sin bombas ni imágenes de edificios derrumbados compite mal en la economía mundial de la atención. La isla se deteriora lentamente, casi en silencio; una nevera cada vez, una operación aplazada, un autobús que no sale. No hay una explosión única que obligue a mirar. Hay desgaste cotidiano.

La oscuridad que nadie quiere asumir

Cuba no está al borde del colapso por una sola causa ni puede salvarse con una sola consigna. Estados Unidos ha convertido el combustible en un instrumento de coerción política y está sometiendo a la población a un castigo que difícilmente distingue entre gobernantes y gobernados. El régimen cubano, por su parte, llega a esta crisis después de décadas de autoritarismo, dependencia, ineficiencia y resistencia a las reformas que habrían podido reducir su vulnerabilidad.

Ambas verdades caben en la misma habitación, aunque la propaganda de uno y otro lado prefiera apagar la luz. El cerco exterior agrava la catástrofe; el sistema interior la hizo posible. Mientras Washington espera que el sufrimiento derribe al Gobierno y La Habana confía en que el sufrimiento legitime al Gobierno, la población queda atrapada en medio, abanicándose junto a una ventana abierta y calculando cuánto aguantará la comida.

El mundo sí observa. Condena, vota, manda alguna ayuda y expresa preocupación. Lo que no hace es asumir el coste de enfrentarse a Estados Unidos, ni confiar lo suficiente en las autoridades cubanas como para financiar otra supervivencia sin cambios. De esa mezcla de miedo, conveniencia y cansancio nace el aparente silencio. Y Cuba, despacio, continúa apagándose.