¿Cuántos migrantes siguen en Ceuta y dónde duermen tras la crisis?

Ceuta sigue lejos de haber recuperado la normalidad. A 14 de septiembre de 2026, la estimación más reciente del Gobierno de la ciudad sitúa en unas 13.000 personas migrantes las que permanecen todavía en territorio ceutí tras la entrada masiva de finales de julio. No es un censo exacto —nadie dispone de uno—, pero sí la referencia institucional más actual para medir la dimensión del problema. De ellas, alrededor de 2.100 son menores identificados y unos 4.500 adultos tienen actualmente plaza en dispositivos temporales de acogida.

La fotografía, por tanto, es bastante menos simple de lo que sugieren algunas cifras que circulan estos días. Miles están alojados bajo techo o en grandes carpas; otros continúan en asentamientos improvisados, junto a naves industriales, playas o espacios periféricos. Más de 5.300 personas han regresado voluntariamente a Marruecos desde el 10 de agosto y alrededor de 300 han sido expulsadas por distintas vías administrativas o judiciales. Al mismo tiempo, el Estado tramita al menos 1.800 expedientes de devolución.

Y queda la parte difícil de convertir en números: familias esperando una plaza, menores pendientes de filiación, adultos sin reseñar, gente que se mueve de un asentamiento a otro. En una ciudad de apenas 20 kilómetros cuadrados, esa población adicional se nota casi físicamente. En una acera, junto a una nave, frente a una playa. Ceuta lleva más de seis semanas viviendo así.

La cifra real: unas 13.000 personas, pero no existe un censo cerrado

La gran entrada se produjo los días 30 y 31 de julio, cuando alrededor de 72.000 personas atravesaron irregularmente la frontera según la cifra utilizada por el Ministerio del Interior. Otras estimaciones elevaron el volumen de entradas hasta la horquilla de 70.000 a 80.000. La mayoría regresó muy pronto: ya el 31 de julio las fuerzas de seguridad calculaban que unas 53.000 personas habían vuelto a Marruecos.

Después llegó un segundo goteo. Desde el 10 de agosto hasta este 13 de septiembre, el Gobierno contabiliza 5.321 retornos voluntarios adicionales. La aritmética ayuda a entender por qué el cálculo ceutí de 13.000 personas resulta plausible, aunque siga siendo una estimación y no un recuento puerta por puerta.

Durante semanas las cifras oficiales han bailado demasiado. Interior habló a finales de agosto de unas 5.000 personas; desde Ceuta se manejaron cantidades mucho mayores. El propio Gobierno central reconoció posteriormente que era imposible determinar el número exacto. El último cálculo formal del Ejecutivo ceutí, anunciado el 11 de septiembre y mantenido durante este fin de semana, es el de 13.000 migrantes entre adultos y menores.

Conviene quedarse con ese matiz. Decir que hay exactamente 13.000 sería fabricar una precisión que las administraciones no tienen. Decir que nadie sabe nada tampoco sería cierto. La mejor fotografía disponible coloca la magnitud del problema alrededor de esas 13.000 personas.

Menores: 2.100 identificados y alrededor de 700 niñas

El dato más sólido corresponde a los menores. El Ministerio de Juventud e Infancia cifra en unos 2.100 los niños y adolescentes migrantes filiados que permanecen en Ceuta, aunque todavía hay menores pendientes de identificación e incorporación formal al sistema.

La composición también ha sorprendido respecto a otras crisis migratorias. Aproximadamente 700 son niñas, muchas de ellas de corta edad. Es decir, uno de cada tres menores identificados es una chica. Hay, además, niños de menos de 13 años, adolescentes que viajaban solos y otros que llegaron junto a familiares adultos.

Con las mujeres ocurre algo distinto: no existe un balance público fiable del número total de mujeres adultas que permanece actualmente en Ceuta. Dar una cifra cerrada sería inventarla. Sí conocemos grupos concretos. El asentamiento de Sidi Embarek acoge a alrededor de 300 mujeres y niños, mientras otros recursos como La Hípica también están destinados principalmente a mujeres, familias y población vulnerable.

Las primeras menores no acompañadas han comenzado ya a ser trasladadas a la Península. Paralelamente se preparan expedientes para aquellas que desean regresar con sus familias en Marruecos, pero una reagrupación de un menor no funciona como colocarle un sello al pasaporte: hay que comprobar parentescos, condiciones familiares y garantías de protección.

Dónde duermen: el nuevo mapa de la crisis migratoria

La geografía de la emergencia ha cambiado bastante durante los últimos días. Loma Colmenar, uno de los grandes puntos de concentración, se ha descongestionado parcialmente después del traslado este domingo de 864 personas que dormían en la calle hacia el nuevo recurso de Los Rosales.

En Los Rosales, junto a la antigua prisión y en el entorno del barrio de La Reina, se han instalado grandes carpas con capacidad aproximada para esas 864 personas. Hay literas, duchas y servicios básicos. El traslado fue voluntario y se realizó sin incidentes importantes, aunque algunos migrantes temieron inicialmente que los autobuses o desplazamientos precedieran a una devolución inmediata a Marruecos.

El Muelle de Poniente constituye otro de los grandes puntos del dispositivo. Allí se han preparado alrededor de 50 carpas, con dormitorios, comedor, zonas sanitarias y aseos, concebidas para acoger aproximadamente a 1.000 personas. Es una pieza importante del plan para retirar progresivamente a gente de las calles, los montes y las playas.

Más complicada sigue la situación en el Polígono Industrial del Tarajal. En los alrededores de las naves se han levantado tiendas y refugios con madera, cartón, lonas y materiales recogidos donde se podía. El incendio del 11 de septiembre destruyó 42 chabolas y obligó a desalojar temporalmente parte del asentamiento. Muchos regresaron después al mismo lugar. No había demasiadas alternativas.

La playa del Trampolín continúa siendo otro punto visible. Allí siguen quedando centenares de personas y el perfil es algo más diverso que en otros campamentos. La mayoría de quienes permanecen en Ceuta son marroquíes o, de forma más amplia, magrebíes, pero en El Trampolín se han documentado también grupos de sudaneses, argelinos, tunecinos y yemeníes. No existe todavía un censo completo y público por nacionalidades.

A esos lugares hay que sumar El Príncipe, Sidi Embarek y La Hípica, además de pequeños grupos que se desplazan entre asentamientos. Sidi Embarek tiene una particularidad: buena parte de la acogida de mujeres y niños se sostuvo durante semanas gracias a vecinos y voluntarios. El Gobierno ha asumido finalmente la necesidad de intervenir y prepara allí un recurso más estable para más de 300 personas.

Comida, agua y duchas: de la improvisación a los grandes campamentos

Durante las primeras semanas la respuesta fue casi artesanal. Asociaciones vecinales, organizaciones humanitarias, mezquitas y voluntarios cocinaron miles de raciones. Hubo días en que una sola red comunitaria preparó unas 2.500 comidas para repartir entre El Príncipe, La Reina, Loma Colmenar y el Tarajal. Ollas industriales, bandejas, botellas de agua; una logística montada a toda velocidad porque la alternativa era, literalmente, no comer.

La entrega de alimentos se ha normalizado progresivamente en los centros oficiales. Los nuevos dispositivos incluyen comedores, agua potable y espacios de higiene. En El Trampolín ya se habían instalado unas 30 duchas, diez aseos y puntos de agua, además de iluminación y una carpa de sombra. Cruz Roja mantiene allí asistencia sanitaria y humanitaria.

La situación más frágil ha sido la de los campamentos informales. En Sidi Embarek, por ejemplo, comida, agua y cobijo dependieron durante semanas en buena medida de la solidaridad local. El nuevo proyecto prevé literas, duchas y aseos. Parece elemental. Lo es. Precisamente por eso resulta difícil justificar que haya tardado más de un mes en llegar.

Sanidad: cientos de asistencias diarias, pero sin epidemia

La presión sanitaria existe y es considerable, aunque tampoco coincide con algunos rumores que han corrido por redes sociales. El último parte ordinario publicado por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria contabilizó 342 asistencias a migrantes en 24 horas, entre las 9:00 del 10 y las 9:00 del 11 de septiembre: 226 en Atención Primaria y 116 en Atención Especializada.

El balance difundido después situaba en 11 los migrantes hospitalizados. Durante el primer mes de crisis, el promedio fue de unas 335 asistencias diarias y alrededor de 21 pacientes migrantes ingresados cada día, incluyendo observación de urgencias. Buena parte de las consultas han estado relacionadas con heridas, curas, traumatismos e infecciones menores y con problemas derivados de semanas de vida precaria.

El Hospital Universitario mantiene activado desde el 31 de julio el nivel 1 de su Plan de Catástrofes Externas. Es importante explicar qué significa: existe un dispositivo extraordinario, pero el hospital continúa siendo capaz de absorber la demanda. No está en situación de colapso sanitario.

También se ha descartado un supuesto brote de tuberculosis entre los migrantes. Se habían detectado cinco personas con tuberculosis, pero estaban diagnosticadas previamente, recibían tratamiento y no existía relación epidemiológica entre ellas que permitiera hablar de brote. La vigilancia continúa, igual que los programas de vacunación.

El sistema sanitario, eso sí, trabaja con una carga que no existía antes de julio. Se han contratado más de un centenar de profesionales adicionales. Una emergencia migratoria no se mide únicamente contando tiendas de campaña: también aparece en una sala de curas a las tres de la mañana.

Violencia, detenciones e incendios: lo ocurrido y lo investigado

Ceuta ha vivido episodios de violencia serios. Negarlos sería absurdo; convertir a las miles de personas migrantes en responsables colectivos, también.

Uno de los incidentes más graves ocurrió en Benzú, cuando un grupo rodeó y apedreó un vehículo militar. Hubo cuatro militares heridos y 12 detenidos marroquíes; once aceptaron posteriormente una condena sustituida por su expulsión de España. Días después, en la playa del Trampolín, otros 21 marroquíes fueron identificados tras el apedreamiento de militares y guardias civiles y regresaron a Marruecos.

También se han producido peleas, agresiones con armas blancas y resistencia a las fuerzas de seguridad. El 2 de septiembre fueron detenidos dos marroquíes tras una reyerta en El Trampolín en la que aparecieron cuchillos y navajas. El 12 de septiembre, dos guardias civiles fueron agredidos durante una identificación en el Muelle de Poniente; el agresor terminó condenado a dos años de prisión y expulsión de España. Esa misma madrugada, un militar cayó contra las rocas en Juan XXIII después de ser empujado cuando un hombre trataba de huir y sufrió una fractura de peroné y lesiones en el hombro.

No existe, sin embargo, una cifra oficial única de migrantes arrestados desde la crisis. En agosto se superaron las 1.200 detenciones en toda Ceuta, aproximadamente el doble que un año antes, pero ese número engloba a españoles y extranjeros y no puede atribuirse entero a los recién llegados. Cerca de dos tercios de los arrestados eran ciudadanos extracomunitarios, una proporción que, según datos judiciales locales, no se alejaba demasiado de la habitual en la ciudad. Interior sí había informado a finales de agosto de más de un centenar de migrantes detenidos por hechos delictivos vinculados a estas semanas.

Los incidentes tampoco han tenido una sola dirección. El 12 de septiembre fueron arrestadas ocho personas en distintos altercados; seis eran ceutíes y dos migrantes. En El Chorrillo, cuatro residentes de Ceuta y un marroquí fueron detenidos después de un robo violento contra tres migrantes. En el Tarajal también se investigó un ataque de encapuchados contra el asentamiento en el que un niño resultó herido.

Está, además, el asunto de los llamados artefactos caseros. La justicia investiga el posible empleo de dispositivos fabricados con productos corrosivos y aluminio capaces de generar deflagraciones y gases, así como lanzamientos de botellas durante algunos disturbios. Hubo identificaciones relacionadas con la compra de esos materiales y se abrieron diligencias. Hasta ahora no existe base seria para atribuir de forma general esos artefactos a los migrantes, a una organización concreta o a una estructura organizada: la investigación sigue abierta. Una cosa es contar lo que se investiga y otra convertir una sospecha en sentencia.

Los incendios requieren la misma cautela. La madrugada del 11 de septiembre ardieron 42 chabolas del Tarajal, ocho vehículos y cuatro contenedores en distintos puntos de Ceuta. Un trabajador de la empresa municipal de limpieza fue detenido por su presunta relación con el incendio de uno de los coches. La causa del fuego que arrasó las chabolas del asentamiento, en cambio, no permite por ahora señalar una autoría. Mezclar todos los incendios y adjudicárselos automáticamente al mismo colectivo sería sencillo. También sería mal periodismo.

Ceuta entre los retornos y una normalidad que todavía queda lejos

El movimiento de regreso a Marruecos continúa siendo importante. Desde el 10 de agosto han retornado voluntariamente más de 5.300 personas. A ellas se suman alrededor de 300 expulsiones relacionadas con delitos, infracciones o resoluciones administrativas y judiciales. Unas 90 personas han desistido de la vía del asilo y deberán abandonar territorio español.

La siguiente gran cifra son los 1.800 expedientes de devolución abiertos. La Policía tramita actualmente decenas cada día, pero la devolución no es automática. Antes hay que identificar a la persona, comprobar su situación médica y familiar, detectar posibles víctimas de trata o personas vulnerables y determinar si solicita protección internacional. A 14 de septiembre, esos procedimientos masivos siguen en tramitación.

Mientras tanto, el Gobierno dispone de alrededor de 4.500 plazas temporales para adultos, a las que se suma la atención de aproximadamente 2.000 menores, y pretende seguir ampliando capacidad. El problema se ha desplazado: ya no es únicamente cómo sacar a miles de personas de las playas y aceras, sino qué hacer jurídicamente con cada una de ellas.

Eso explica la paradoja que se ve en Ceuta. Las calles están algo menos saturadas que hace unas semanas, las duchas y los comedores han sustituido parcialmente a la improvisación, hay más policías, militares, sanitarios y trabajadores sociales. Pero unas 13.000 personas siguen en una ciudad de apenas 83.000 habitantes, muchas sin saber todavía si regresarán a Marruecos, pedirán asilo, serán trasladadas o continuarán esperando.

El mapa de la crisis ya no tiene un único epicentro. Se extiende desde Los Rosales y Loma Colmenar hasta el Tarajal, El Trampolín, el Muelle de Poniente, El Príncipe y Sidi Embarek. Son lugares diferentes unidos por el mismo problema: demasiada gente, demasiado poco espacio y demasiadas semanas de incertidumbre.

La emergencia de finales de julio fue súbita. Lo que existe en septiembre es otra cosa, más lenta y quizá más difícil: una crisis de convivencia, acogida, seguridad y derechos que todavía no está resuelta. Y ahí, lejos de las cifras inflamadas y de los rumores que vuelan más deprisa que cualquier expediente administrativo, está la situación real de Ceuta.