¿Cómo murió Liamar tras una cirugía para intentar quedarse embarazada?

Liamar López tenía 33 años cuando murió el 14 de noviembre de 2022, tres días después de someterse a una intervención quirúrgica que pretendía mejorar sus posibilidades de quedarse embarazada. La sentencia que ha examinado el caso considera acreditada una mala praxis médica: la paciente no recibió información adecuada sobre los riesgos específicos que tenía por sus antecedentes y, tras la operación, no se valoraron correctamente unos análisis que apuntaban a una infección grave.

La cirugía terminó provocando lesiones intestinales y Liamar desarrolló una sepsis. El Tribunal de Instancia de Madrid nº 33 condenó a la cirujana que la operó a indemnizar a su familia con 209.724 euros. La resolución quedó firme al no ser recurrida. No se trata, conviene precisarlo, de una condena contra la clínica Fertílitas ni de una inhabilitación profesional de la doctora.

La historia empieza bastante antes del quirófano. Y ese recorrido médico resulta esencial para entender por qué aquella intervención exigía una precaución especial, tanto al valorar sus beneficios como al explicar sus posibles complicaciones.

Una operación no urgente en una paciente con antecedentes complejos

A Liamar le diagnosticaron colitis ulcerosa cuando tenía 18 años. La enfermedad la obligó a pasar por numerosas consultas, periodos de intenso dolor y operaciones importantes. Llegó a necesitar una ostomía. Pese a ello estudió, viajó, participó en asociaciones de pacientes y utilizó las redes sociales para divulgar sobre su enfermedad.

Aquellas intervenciones habían dejado adherencias abdominales, pequeñas cicatrices internas que podían dificultar un embarazo y, al mismo tiempo, complicar futuras operaciones. En 2022 también se le había detectado un quiste de bajo potencial de malignidad cuya extracción, según la documentación conocida del caso, no era imprescindible.

Liamar y su pareja conocían las dificultades para conseguir un embarazo espontáneo y acudieron a Fertílitas, una clínica que trabaja con un enfoque denominado naprotecnología o medicina reproductiva restaurativa. Allí se planteó una intervención destinada a abordar posibles causas de su infertilidad y favorecer posteriormente una concepción natural.

La operación no respondía a una urgencia médica. Y ahí aparece uno de los puntos centrales de la sentencia: precisamente porque se trataba de una intervención programada, Liamar debía haber recibido una explicación especialmente clara de los riesgos que asumía debido a su historial clínico.

Los consentimientos se firmaron poco antes del quirófano

Antes de la intervención se firmaron tres documentos de consentimiento correspondientes a la histeroscopia diagnóstica, la laparoscopia y la anestesia. Según recoge la resolución judicial, se firmaron pocos minutos antes del traslado al quirófano y el apartado destinado a los riesgos personalizados quedó en blanco.

No era un detalle burocrático menor. El informe pericial del Colegio de Médicos de Madrid utilizado en el procedimiento señaló que los antecedentes de Liamar exigían advertirle expresamente de riesgos adicionales. Entre ellos se encontraba uno especialmente relevante: la perforación intestinal.

Ese riesgo terminó materializándose. El consentimiento informado no consiste simplemente en colocar una firma al pie de unas páginas; su sentido es que el paciente entienda qué puede ocurrir, cuáles son las alternativas y qué circunstancias personales incrementan el peligro antes de tomar una decisión.

Tres lesiones intestinales y unas señales de alarma

Tras la cirugía comenzaron las complicaciones. Las pruebas realizadas hicieron sospechar la existencia de una posible perforación intestinal y, cuando Liamar tuvo que ser intervenida nuevamente de urgencia, los médicos localizaron tres lesiones.

La sentencia centra parte de su reproche en lo ocurrido durante esas horas decisivas. Dos parámetros analíticos, la procalcitonina y la proteína C reactiva, presentaban resultados claramente anormales. Son marcadores empleados, dentro del conjunto de la evaluación clínica, para detectar procesos inflamatorios e infecciones graves.

En determinadas circunstancias, unos valores elevados pueden encender la alarma ante una posible sepsis. Según la resolución, la doctora interpretó esas alteraciones como compatibles con la evolución normal del postoperatorio. El juzgado considera, por el contrario, que los resultados merecían otra valoración y podían haber permitido un diagnóstico más temprano.

El tiempo, ante una infección de este calibre, no es un adorno del reloj. Importa. Liamar tuvo que ser operada de nuevo y finalmente murió tres días después de aquella primera cirugía.

Qué ha establecido exactamente la sentencia

El fallo declara que la asistencia médica no se ajustó adecuadamente a la lex artis, la expresión jurídica y sanitaria utilizada para describir las reglas de buena práctica exigibles a un profesional en las circunstancias concretas de cada paciente.

La responsabilidad apreciada se mueve sobre dos ejes. Por un lado, una información preoperatoria insuficiente, porque no quedó acreditado que Liamar conociera el riesgo particular que suponían sus antecedentes. Por otro, el manejo posterior de las pruebas que advertían de una posible infección grave.

La condena establece una indemnización total de 209.724 euros para sus familiares. Hay otra precisión relevante: Fertílitas no fue condenada en este procedimiento porque no era parte demandada. La responsabilidad declarada judicialmente corresponde a la cirujana.

La clínica sostiene que dispone de los protocolos habituales de gestión de riesgos y consentimiento informado y asegura que análisis periciales encargados tras lo sucedido concluyeron que la actuación del equipo médico se desarrolló conforme a la buena práctica. Esa posición, sin embargo, no coincide con las conclusiones de la sentencia respecto a la actuación de la doctora condenada.

La resolución es firme porque no fue recurrida. Tampoco establece una inhabilitación profesional, de modo que la facultativa puede continuar ejerciendo la medicina.

Fertílitas y la llamada naprotecnología

El caso ha puesto también el foco sobre Fertílitas y sobre el modelo de fertilidad que promociona. La clínica presenta la naprotecnología como una alternativa centrada en investigar y tratar problemas de salud que pueden estar detrás de la infertilidad para intentar después conseguir un embarazo mediante relaciones sexuales.

El enfoque nació del trabajo del ginecólogo estadounidense Thomas W. Hilgers, fundador del Instituto San Pablo VI, y mantiene una relación histórica con ambientes católicos que rechazan procedimientos reproductivos en los que existe manipulación de embriones.

Eso no convierte automáticamente cada prueba o tratamiento utilizado bajo esa etiqueta en una práctica carente de fundamento. Dentro de estos programas pueden emplearse procedimientos médicos convencionales para diagnosticar endometriosis, alteraciones hormonales, problemas anatómicos u otras enfermedades que afectan a la fertilidad.

Otra cosa es afirmar que el conjunto de la denominada medicina reproductiva restaurativa constituye una alternativa de eficacia demostrada frente a las técnicas de reproducción asistida. Ahí la evidencia disponible obliga a ser bastante más prudente.

Qué sabemos realmente sobre su eficacia

La evidencia científica comparativa continúa siendo limitada. Una revisión sistemática publicada en 2026 sobre medicina reproductiva restaurativa no encontró ensayos clínicos aleatorizados ni estudios observacionales comparativos capaces de establecer con suficiente fiabilidad su eficacia y seguridad frente a la reproducción asistida o frente a intentar la concepción sin tratamiento.

Los investigadores localizaron estudios que comunicaban embarazos después de aplicar estos métodos, pero carecían de grupos de comparación adecuados. Dicho de manera sencilla: saber que algunas pacientes quedaron embarazadas después de recibir un tratamiento no permite determinar cuánto influyó realmente ese tratamiento ni compararlo con otras opciones.

La Organización Mundial de la Salud, en su primera guía mundial para prevenir, diagnosticar y tratar la infertilidad, publicada en noviembre de 2025, estableció recomendaciones basadas en la evidencia para diferentes causas de infertilidad, desde problemas ovulatorios hasta alteraciones tubáricas, uterinas o factores masculinos. La naprotecnología no aparece como una categoría terapéutica recomendada en esa guía.

En el propio procedimiento por la muerte de Liamar aparece, además, una cuestión especialmente delicada. Un perito aportado por la defensa señaló que las posibilidades de embarazo posterior mediante la técnica empleada en su caso eran reducidas, mientras que el abogado de la familia sostiene una posición mucho más contundente y afirma que las probabilidades de conseguir el objetivo perseguido eran prácticamente inexistentes.

Son afirmaciones diferentes y conviene no confundirlas: la segunda corresponde a la posición de la familia y no puede extrapolarse como una conclusión general aplicable a cualquier paciente o tratamiento de fertilidad.

Lo que deja el caso Liamar sobre el consentimiento médico

La historia de Liamar ilumina algo que trasciende este caso. Una operación puede realizarse técnicamente dentro de un hospital, con pruebas, anestesia, especialistas y formularios reglados y, sin embargo, fallar en un punto elemental: que la persona comprenda realmente el riesgo que acepta.

Ese deber adquiere todavía más importancia cuando la intervención no es urgente. Una paciente que puede decidir no operarse necesita disponer de información suficiente para comparar el beneficio esperado con los posibles daños y valorar también las alternativas disponibles.

Y el riesgo debe ser personal. No basta con una retahíla genérica de complicaciones impresas en letra pequeña cuando existen antecedentes médicos que cambian de manera relevante la ecuación. En el caso de Liamar, la sentencia destaca precisamente esa ausencia de información individualizada. Sus antecedentes quirúrgicos constaban en la documentación clínica.

Después llegó el segundo problema, cuando el riesgo dejó de ser hipotético y empezó a aparecer en las pruebas. La muerte de Liamar no queda reducida judicialmente a una complicación desafortunada imposible de prever: la sentencia aprecia fallos concretos en la información previa y en la valoración posterior de signos compatibles con una infección grave.

La indemnización reconoce civilmente ese daño, aunque para su familia la cifra tenga una importancia bastante relativa frente a lo perdido. Liamar entró en un quirófano buscando mejorar sus posibilidades de ser madre y murió con 33 años pocos días después.

El caso deja también una diferencia que a menudo queda sepultada bajo palabras atractivas como natural, restaurativo o mínimamente invasivo: cuando una propuesta de fertilidad incluye una intervención quirúrgica real, los riesgos también son reales. La medicina puede intentar aumentar las posibilidades de una vida nueva. Antes de entrar en quirófano, sin embargo, tiene una obligación más inmediata y menos luminosa: explicar con precisión qué puede salir mal.