VioGén registra 106.549 casos activos y 21 de riesgo extremo

El sistema VioGén tenía registrados 106.549 casos activos de mujeres víctimas de violencia de género a 31 de agosto de 2026. En 21 se había identificado un riesgo extremo de nuevas agresiones; otros 1.157 estaban clasificados como de riesgo alto, 16.355 como medio y 89.016 como bajo. Son evaluaciones policiales para orientar el seguimiento y la protección, no una medición de todos los episodios de violencia que se producen en España.

La estadística también contabiliza a 1.715 menores expuestos a posibles agresiones por parte del maltratador de su madre. El dato muestra que la valoración no se limita a la mujer afectada: desde 2019, el sistema incorpora indicadores sobre el posible peligro para sus hijos e hijas. Para interpretar las cifras, además, hay que distinguir los casos activos de los supervisados y tener presente qué territorios y situaciones quedan fuera del registro.

Qué muestran los cuatro niveles de riesgo

La clasificación de agosto distribuye los casos activos en cuatro categorías: extremo, alto, medio y bajo. El nivel más numeroso es el bajo, con 89.016 expedientes, pero eso no significa que la violencia haya desaparecido ni que el riesgo sea nulo. La categoría expresa una valoración en un momento determinado, basada en la información disponible y en los indicadores que se consideran relevantes para estimar la posibilidad de que se produzca una nueva agresión.

En el extremo opuesto, los 21 casos de riesgo extremo son aquellos en los que la evaluación apunta a una situación de especial gravedad. La categoría alta reúne otros 1.157, mientras que 16.355 están en nivel medio. En conjunto, los niveles medio, alto y extremo agrupan 17.533 expedientes. Estas cifras describen la evaluación policial de riesgo, no permiten anticipar con certeza qué ocurrirá en cada caso ni deben leerse como una escala de culpabilidad.

La valoración tampoco es una etiqueta fija. La situación de una víctima puede cambiar y la información nueva puede modificar la evaluación y las medidas de seguimiento. VioGén sirve para compartir datos y organizar la respuesta de los cuerpos policiales que participan en el sistema; no sustituye la investigación judicial ni convierte una puntuación en un pronóstico infalible. Su utilidad consiste en ayudar a identificar necesidades de protección y adaptar la intervención a las circunstancias de cada expediente.

La edad de las víctimas y el alcance de las cifras

El grupo más numeroso corresponde a mujeres de entre 31 y 45 años, con 49.187 casos. Le siguen las de 46 a 64 años, con 27.214, y las jóvenes de 18 a 30, con 26.211. El registro incluye también 2.596 mujeres de 65 años o más y 1.341 menores de 18 años. La distribución recuerda que la violencia de género atraviesa distintas etapas de la vida, aunque la concentración más alta de expedientes se sitúe en las edades adultas.

Estas cantidades indican casos incorporados al sistema, no la prevalencia total de la violencia ni el número de mujeres que la sufren en el país. VioGén es una herramienta policial de seguimiento vinculada a situaciones que llegan al conocimiento de las autoridades y son registradas en ella. Por eso, un expediente activo no equivale a una encuesta sobre toda la población, y una variación mensual o anual no basta, por sí sola, para afirmar que la violencia haya aumentado o disminuido en la misma proporción.

También conviene evitar una lectura engañosa de la palabra activo. No quiere decir necesariamente que exista una agresión en curso en ese preciso instante; se refiere a un caso que continúa dentro del sistema de seguimiento. El registro ordena situaciones que requieren evaluación policial y medidas ajustadas al riesgo, pero no ofrece una fotografía completa de cada relación ni de todos los factores que pueden influir en la seguridad de una víctima.

Los menores también forman parte de la evaluación

De las víctimas con expediente activo, 54.772 tenían menores a su cargo. En 1.715 casos, los hijos e hijas estaban identificados como expuestos a posibles agresiones del maltratador de su madre: tres se encontraban en riesgo extremo, 155 en riesgo alto y 1.557 en riesgo medio. La clasificación no afirma que esos niños hayan sido agredidos; señala que se han detectado indicadores que justifican considerar un posible peligro y prestar atención a su situación.

La incorporación de esta valoración responde a que la violencia puede extenderse más allá de la pareja y alcanzar a personas cercanas a la víctima. En ocasiones, los menores pueden convertirse en objetivo directo de las agresiones o ser utilizados para causar daño a la madre. Por eso, desde marzo de 2019 Interior evalúa también la vulnerabilidad y el riesgo potencial para los hijos de las mujeres incluidas en el sistema. La protección de la infancia aparece así vinculada a la evaluación del entorno familiar, no como un asunto separado.

El registro contabiliza asimismo 14.046 expedientes clasificados como de especial relevancia. En esta categoría se detecta una combinación de indicadores que eleva la preocupación por la posibilidad de violencia muy grave o letal. De ellos, 21 figuran en nivel extremo, 1.110 en alto y 12.915 en medio. No se trata de una categoría que deba sumarse sin más a los 106.549 casos activos: describe una característica de determinados expedientes y puede solaparse con otras clasificaciones del sistema.

Qué significa que un caso esté activo o supervisado

La cifra de 106.549 corresponde a casos activos con una evaluación de riesgo policial. En las estadísticas difundidas para agosto aparece también un total más amplio de 111.166 casos activos y supervisados. La diferencia se explica porque los supervisados se encuentran en una fase temporal de seguimiento especial antes de su posible inactivación definitiva, según la descripción de Interior recogida en los datos de referencia. Pueden ser situaciones de alta complejidad o con un riesgo cualificado que requieren una observación específica.

Por tanto, ambos totales no son incompatibles: responden a perímetros estadísticos distintos. Si se informa de los casos activos sin sumar los supervisados, la cifra es 106.549; si se incluye también ese grupo, el total asciende a 111.166. La distinción importa para comparar cifras, porque mezclar periodos o categorías distintas puede crear la impresión de que el número ha cambiado de forma brusca cuando lo que varía es el criterio de cómputo.

La inactivación tampoco debe interpretarse automáticamente como una prueba de que nunca hubo violencia o de que no existe ningún riesgo. Es un cambio en la situación administrativa del expediente dentro del sistema, que sigue criterios de seguimiento. Del mismo modo, que un caso continúe activo no describe por sí solo la frecuencia de los contactos policiales ni permite conocer qué medidas concretas se han aplicado a cada persona. Las estadísticas agregadas no sustituyen la información individual ni explican por sí solas cada decisión de protección.

Cómo funciona el sistema policial de seguimiento

VioGén se puso en marcha en 2007, dentro del marco de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada en 2004. Su finalidad es coordinar información y valorar el riesgo cuando las autoridades tienen conocimiento de una situación de violencia. La evaluación se apoya en un cuestionario estructurado, que el material de referencia describe con 35 parámetros y actualización constante, además del análisis policial de las circunstancias comunicadas.

La herramienta está concebida para contribuir a determinar qué seguimiento puede corresponder a cada caso. No significa que un formulario resuelva de forma automática la protección ni que todos los expedientes reciban exactamente la misma respuesta. La información puede servir para que los cuerpos implicados conozcan aspectos relevantes y para que se valore la necesidad de medidas adicionales. La tecnología organiza y apoya el trabajo policial, pero la evaluación depende también del contexto y de la información disponible.

En el sistema participan la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Foral de Navarra y policías locales integradas en la red. También pueden acceder, según sus competencias, autoridades judiciales y fiscales, profesionales forenses, servicios sociales e instituciones penitenciarias. El modelo requiere intercambio de información entre ámbitos que no siempre intervienen al mismo tiempo, porque la respuesta a una situación de violencia puede implicar actuaciones policiales, judiciales y sociales.

La cobertura territorial tiene límites. La estadística citada incluye los datos de los cuerpos incorporados a VioGén, pero no los expedientes gestionados por los sistemas propios de Cataluña y el País Vasco, donde operan los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza. En consecuencia, el total publicado no representa un recuento homogéneo de todos los sistemas policiales de España. Esta limitación debe tenerse en cuenta, sobre todo, al comparar territorios o presentar la cifra como un total nacional absoluto.

Andalucía concentra el mayor número de expedientes

Andalucía registraba 28.193 casos activos, la cifra más alta por comunidades autónomas. Después aparecen la Comunidad Valenciana, con 17.439, y la Comunidad de Madrid, con 12.881. Canarias contabilizaba 6.545; Galicia, 6.297; Castilla-La Mancha, 5.906; Murcia, 5.881; y Castilla y León, 5.695. Estas cifras dibujan una distribución desigual, pero el volumen bruto debe leerse junto con el tamaño de la población y el alcance territorial del sistema.

En el resto del recuento figuran Baleares, con 4.423 casos; Extremadura, con 3.033; Aragón, con 2.518; Asturias, con 2.330; Navarra, con 2.236; y Cantabria, con 1.656. La Rioja sumaba 943, mientras que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla registraban 334 y 239, respectivamente. Una cifra menor no demuestra por sí sola una incidencia inferior: también puede influir la población, la cobertura de los cuerpos policiales y la forma en que se registran y gestionan los casos.

El desglose territorial permite observar dónde se encuentran los expedientes incorporados al sistema, pero no funciona como una clasificación directa de la violencia entre comunidades. Para hacer esa comparación harían falta denominadores y criterios equivalentes, además de considerar la ausencia de los registros propios de Cataluña y el País Vasco en este conjunto. Sin ese contexto, ordenar territorios solo por cantidades puede confundir tamaño poblacional con riesgo y producir una imagen incompleta de la situación.

Un registro útil, pero no una medida de toda la violencia

Desde que empezó el seguimiento, VioGén ha acumulado información sobre cientos de miles de casos y ha evaluado a numerosas mujeres para orientar la protección policial. La estadística de agosto de 2026 recoge 948.429 casos con información acumulada y 807.449 mujeres cuyo riesgo había sido evaluado, según los datos difundidos junto con el balance mensual. Esas cifras históricas no deben confundirse con los expedientes activos: describen el recorrido del sistema desde su puesta en marcha, no el número de situaciones que permanecen abiertas hoy.

La distinción ayuda a entender por qué pueden convivir números muy diferentes en un mismo informe. Un total acumulado registra casos que han pasado por el sistema a lo largo del tiempo; la cifra mensual de actividad cuenta expedientes que siguen en seguimiento en una fecha concreta; y la categoría de supervisados añade casos en una fase especial. Cada número responde a una pregunta distinta. Sin esa separación, una estadística puede parecer contradictoria aunque sus grupos no sean comparables.

El dato central es, por tanto, una medida de la carga de seguimiento policial y de las necesidades de protección identificadas, no un censo completo de la violencia de género. Los 21 casos de riesgo extremo conviven con decenas de miles de expedientes en otros niveles y con menores cuya seguridad también se evalúa. La cifra adquiere sentido cuando se lee junto a sus límites: qué cuenta como activo, quién queda incluido y por qué la prevención exige revisar cada situación a medida que cambia la información disponible.