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¿Qué sabía Cerdán de Leire Díez? La UCO aprieta

Ferraz audios y WhatsApp: la UCO sitúa a Cerdán en abril antes de reunirse con Leire Díez; Hernando niega encargos y Sánchez queda al margen.

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Qué sabía Cerdán de Leire Díez

Ferraz audios y WhatsApp: la UCO sitúa a Cerdán en abril antes de reunirse con Leire Díez; Hernando niega encargos y Sánchez queda al margen.

Entre el 3 y el 4 de febrero de 2026, el foco se ha estrechado sobre una escena muy concreta: dos reuniones a finales de abril de 2024 en la sede del PSOE, en Ferraz, donde Leire Díez llevó material sensible —audios, referencias a informes, la promesa de más— y donde, según la versión de Santos Cerdán y Antonio Hernando, no hubo encargos, no hubo instrucciones, no hubo “tú haces esto” ni “tráeme aquello”. Ambos han declarado como testigos ante el juez Arturo Zamarriego, en el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, y han añadido una pieza política de alto voltaje: aseguran que no informaron a Pedro Sánchez de esas reuniones, pese al ruido que ya generaban entonces ciertos audios y el clima de “cloacas” que se estaba espesando alrededor del partido y del Gobierno.

La historia, sin embargo, se ha endurecido porque la UCO guarda un rastro previo que tensiona esa negación. En conversaciones extraídas del móvil de Leire Díez aparece un mensaje fechado el 24 de abril de 2024 en el que ella escribe que está hablando con Santos y pregunta por la disponibilidad de unos audios. Ese detalle, aparentemente pequeño, convierte el debate en algo mucho menos etéreo: no ya qué se contó en la mesa de Ferraz, sino cuándo se empezó a coordinar la cita y con qué grado de contacto previo. A la vez, el procedimiento judicial mira más allá del cotilleo y más allá del titular fácil: se investiga si hubo ofertas de favores o de intermediación a cambio de información comprometida sobre mandos de la Guardia Civil y sobre la Fiscalía Anticorrupción, un terreno donde las palabras “cohecho” o “tráfico de influencias” dejan de ser jerga para convertirse en un riesgo real.

Ferraz, finales de abril de 2024: una sala pequeña y un tema enorme

Las reuniones, tal y como se reconstruyen por lo que ya ha ido saliendo en sede judicial, no fueron un almuerzo distendido ni una cita social, sino un encuentro de partido con aire de urgencia contenida, esa urgencia sin aspavientos que se nota en los silencios. Ocurrieron a finales de abril de 2024, en dependencias de Ferraz, y alrededor de la mesa aparecieron nombres que, por sí solos, dibujan un mapa: el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán; el empresario Javier Pérez Dolset; y la propia Leire Díez, que se movía en ese momento entre el papel de periodista —así se ha presentado— y el de persona con acceso a núcleos internos. La presencia o paso por la reunión de perfiles del partido, como Ion Antolín y Juan Francisco Serrano, añade un matiz que no es menor: no era una conversación de dos, sino un entorno donde la frontera entre lo orgánico, lo operativo y lo informal se vuelve borrosa.

Lo que se llevó a Ferraz, dicho sin adornos, fue material sobre audios y un relato sobre supuestas maniobras policiales contra Sánchez y su entorno, con el fantasma recurrente de los años de guerra sucia y expedientes. En el centro de esa carpeta aparece un asunto concreto que se convirtió en palabra-muelle, de las que vuelven una y otra vez: las “saunas”, vinculadas a negocios del padre de Begoña Gómez, un tema que mezcla morbo, política y la tentación de usar la vida privada como arma arrojadiza. Se habló de grabaciones, se habló de un informe, se habló de la posibilidad de que ese material estuviera relacionado con el comisario José Manuel Villarejo. Y, aun con eso, el gran baile está en el detalle: quién dice que se entregó algo físico, quién dice que no se entregó nada, quién afirma haber escuchado audios y quién sostiene que ni siquiera llegaron a sonar.

Hay un elemento contextual que pesa aunque no se subraye: aquellos días coincidieron con el clima político de máxima exposición alrededor de Sánchez y con la tensión interna y externa que se generó tras la imputación de Begoña Gómez. En ese tipo de atmósfera, cualquier reunión en Ferraz sobre “material sensible” deja de ser un trámite y pasa a tener el valor de símbolo. Por eso, aunque parezca una escena doméstica —una sala, un par de teléfonos, un pendrive que aparece y desaparece según la versión—, lo que se dirime es el perímetro real de lo que sabía el partido, de quién se movía con permiso y de quién iba por libre.

Qué negaron Cerdán y Hernando ante el juez, y lo que sí aceptaron

Cerdán ha sostenido una línea defensiva clara, casi de frase corta: no encargó nada a Leire Díez. No le pidió obtener audios, no le encargó informes, no la envió a ninguna misión. Según esa declaración, la reunión se produjo porque alguien —la memoria aquí se vuelve elástica— les dijo que Leire y Pérez Dolset tenían información sobre supuestas “cloacas” o seguimientos, y se les permitió explicar lo que traían. El propio Cerdán ha venido a enmarcarlo como una escucha sin consecuencias, algo que no se elevó, que no se reportó, que no se convirtió en instrucción política. En esa versión, lo relevante es la ausencia de cadena de mando: lo que entra por la puerta, sale por la misma puerta y no deja orden escrita ni verbal.

Antonio Hernando, hoy con cargo institucional como secretario de Estado, ha reconocido su presencia breve en una de esas reuniones, pero la ha descrito más como oyente que como actor. Ha dicho que llegó tarde o que estuvo poco tiempo, alrededor de veinte minutos, y que no recuerda que se mostrara allí físicamente material alguno. Su papel, según su relato, fue el de alguien convocado por su conocimiento previo de ese tipo de asuntos —la sombra larga de Villarejo y sus derivadas—, pero sin intervención directa en decisiones. Y, de nuevo, la afirmación que levanta cejas en política: Hernando también ha mantenido que no informó a Sánchez de lo sucedido en Ferraz.

A partir de ahí, aparece un detalle aparentemente lateral que se vuelve significativo cuando se observa de cerca: Cerdán ha recordado que Leire Díez le llamó por teléfono cuando él salió de prisión en noviembre, y esa llamada, que podría leerse como cortesía o como simple interés personal, se convierte en el tipo de dato que a un juez le sirve para medir la naturaleza del vínculo. Porque, si no había relación previa y todo fue un encuentro puntual, ¿por qué esa llamada? No es una prueba de encargo, no es una orden, no es un recibo. Pero alimenta la pregunta de fondo sobre el grado de cercanía o de normalidad con la que se trataban.

Lo más delicado, en lo estrictamente político, no está en si Hernando estuvo veinte minutos o cuarenta, sino en esa insistencia compartida: Sánchez no supo nada, Sánchez no fue informado. Esa frase, repetida, es un salvavidas para quien busca separar el caso del presidente, pero también es un imán para quien sospecha que en un partido de gobierno ciertas cosas no ocurren en la planta noble sin que alguien lo sepa. De ahí que la oposición haya reaccionado con dureza, insistiendo en la inverosimilitud de la ignorancia del presidente, aunque una cosa es el ataque político y otra, muy distinta, lo que pueda acreditarse con hechos verificables.

El WhatsApp del 24 de abril: cuando la cronología se vuelve acusación

La aparición del mensaje del 24 de abril de 2024 introduce una incomodidad nueva porque no es interpretación, es texto. En esa conversación, atribuida a Leire Díez y conservada por la UCO tras el volcado del móvil, ella afirma que está “hablando con Santos” y pregunta “¿Cuándo podríamos tener los audios?”. La conversación se sitúa en un momento previo a la primera reunión en Ferraz y, por tanto, golpea en el centro de la tesis de que Cerdán no la conocía o no tenía contacto previo. Aquí importa el verbo “conocer”, sí, pero importa más la idea de coordinación: si se está hablando antes, la reunión no es una casualidad, es una cita trabajada.

El mensaje se vincula además a una interlocutora concreta, la periodista Patricia López, lo que complica el dibujo porque mezcla circuito mediático, circuito político y circuito judicial. En un caso donde Leire se define como periodista investigadora, que aparezcan conversaciones con una periodista sobre la obtención de audios y el contacto con un dirigente del partido puede utilizarse en dos direcciones opuestas: como prueba de que estaba haciendo trabajo periodístico con fuentes y contactos, o como indicio de que la obtención de material era parte de una operación con objetivos más allá del periodismo.

Lo relevante no es solo el texto, sino lo que implica en términos probatorios. La UCO no suele basar un informe en una frase aislada; el valor está en el contexto, en la cadena de mensajes, en las horas, en el encaje con llamadas, en el cruce con otras comunicaciones. Y ahí es donde un “estoy hablando” se vuelve un hilo: si el hilo se sostiene con más elementos —llamadas, mensajes cruzados, citas, desplazamientos—, la negación de “no existía relación” se queda en una zona frágil. Si el hilo no se sostiene, ese WhatsApp puede quedar como un movimiento unilateral, un intento de acceso no correspondido, una frase inflada por quien busca impresionar. El problema para la política es que, mientras la justicia ordena y verifica, el debate público ya ha decidido que el mensaje es una prueba total, y esa aceleración siempre es peligrosa.

Hay otra capa, menos comentada pero igual de importante: el tipo de material del que se hablaba. “Audios” no es una palabra neutra. En el ecosistema español, un audio puede ser una grabación relevante, una manipulación, un fragmento recortado, una pieza de un puzzle más amplio o, simplemente, una promesa vacía. Por eso, cuando en Ferraz se habla de audios vinculados a Villarejo y a un asunto sensible como las saunas, se entra en un terreno donde lo que importa no es solo si el audio existe, sino quién lo custodia, quién lo filtra, quién decide el momento y el destinatario.

Qué se investiga realmente: favores, intermediación y presión sobre instituciones

El caso no gira, en esencia, sobre si se charló de un tema incómodo en una sede de partido. El núcleo está en la sospecha de que Leire Díez pudo participar en maniobras para obtener información comprometida —sobre mandos de la Guardia Civil, sobre fiscales— a cambio de ofrecer algún tipo de contraprestación o influencia. El juez investiga bajo el paraguas de posibles delitos como cohecho y tráfico de influencias, dos conceptos que suenan a toga pero que, en castellano llano, apuntan a lo mismo: intercambiar o prometer ventajas por información o decisiones que no deberían comprarse ni torcerse.

La causa se originó a raíz de una denuncia impulsada por Hazte Oír tras difundirse audios en los que Leire aparece hablando de favores y de información sobre investigadores. Esa pieza es clave porque marca el salto: de la rumorología a un procedimiento judicial con diligencias, citaciones y análisis de dispositivos. Que una asociación presente una denuncia no convierte automáticamente el contenido en verdad, pero sí puede activar un mecanismo en el que, si hay indicios, el juzgado pide documentación, cita a implicados y abre un espacio donde cada palabra se vuelve declaración.

En ese marco, Ferraz aparece como un episodio significativo, no necesariamente por lo que se dijo sobre las saunas, sino por lo que revela del entorno. Si Leire actuaba como periodista, ¿por qué se movía en esos despachos? Si actuaba como alguien con misión, ¿quién la autorizó? Si todo fue una conversación sin recorrido, ¿por qué vuelve ahora como un punto central? La instrucción judicial se construye precisamente con esas preguntas, pero no en modo tertulia, sino con tiempos, mensajes, agendas, testimonios. Y aquí entra un aspecto que suele perderse en el ruido: en España hay diferencia entre tener información y ofrecer influencias. Se puede llevar un dossier a un partido, se puede contar una historia, se puede alertar de una supuesta operación policial. Pero si en los audios aparece la oferta de favores judiciales o la promesa de “arreglar” asuntos a cambio de material contra investigadores, el salto penal es evidente.

En esta misma órbita han aparecido otros nombres citados o pendientes de declarar, como el empresario Alejandro Hamlyn y Luis del Rivero, con citación fijada para el 9 de febrero, lo que sugiere que el juez busca completar un mapa de relaciones, conversaciones y motivaciones. Es el tipo de instrucción que se parece más a un tablero con chinchetas que a una historia lineal: cada testimonio ilumina un punto y oscurece otro.

Los protagonistas alrededor de la mesa: Dolset, Rusiñol, Antolín, Serrano y los abogados

El nombre de Javier Pérez Dolset no es accesorio en este relato. Su presencia en las reuniones en Ferraz, junto a Leire Díez, añade la dimensión empresarial y, por tanto, el ruido inevitable: por qué un empresario está en el corazón de una conversación política sobre supuestas cloacas y material sensible. En este tipo de casos, la clave suele estar en el “para qué”: si su papel era aportar información, facilitar contactos, legitimar una historia o, directamente, impulsar una agenda. La instrucción judicial, con calma de notaría, intentará separar la narrativa de la realidad, pero en política ese simple cruce de perfiles —dirigente orgánico, exmilitante, empresario— ya funciona como imagen.

También aparece en el entorno el periodista Pere Rusiñol, lo que refuerza la idea de que Leire se movía en un eje donde el periodismo y la política se rozan. En España no es raro que haya periodistas investigando asuntos de poder, ni que existan conversaciones con partidos, ni que se compartan pistas. Lo raro, lo que levanta sospecha, es cuando esos contactos se mezclan con audios donde se habla de favores a cambio de información o con reuniones internas del partido que parecen diseñadas para gestionar una crisis, blindar un relato o anticipar golpes.

En la sala —o en el perímetro de la sala— se han mencionado nombres como Ion Antolín y Juan Francisco Serrano, lo que introduce una pregunta administrativa, casi de organigrama: ¿se trataba de una reunión improvisada o de algo organizado con participación de personas de comunicación y aparato? La respuesta importa porque define el tipo de encuentro. Una cosa es que un dirigente escuche durante un rato a alguien que dice tener información; otra muy distinta es que esa escucha forme parte de una gestión interna con perfiles del equipo de comunicación o de Organización presentes o al tanto.

Y luego está el elemento que, en un procedimiento judicial, suele ser el más frío y el más significativo: la presencia de un abogado del partido, Alberto Cachinero. Que un abogado esté en una reunión no prueba nada ilegal, pero sí indica que alguien percibía riesgo, sensibilidad o necesidad de control. En entornos políticos, cuando aparece un jurista en la sala, normalmente es porque se está tocando un tema que puede tener recorrido judicial, reputacional o institucional. Si el encuentro era tan irrelevante como para no reportarlo al presidente ni a nadie, ¿por qué requería una capa legal? Esa es la clase de contradicción que no se resuelve con un titular, sino con contexto, llamadas y decisiones internas.

Una pieza adicional, que flota desde hace meses en este caso, es el debate sobre si Leire Díez cobró o no por trabajos pasados, si tuvo relación laboral o contractual con el partido, y cómo encaja eso con la etiqueta de “fontanera” que se ha extendido en el debate público. Son asuntos que el juzgado puede explorar porque ayudan a fijar algo básico: si existía una relación profesional o remunerada, el argumento de “actuaba solo como periodista independiente” se resiente; si no existía, la acusación deberá apoyarse en hechos más sólidos para sostener la idea de encargo o de dirección orgánica.

Saunas, Villarejo y la tentación de convertir un audio en arma

El asunto de las saunas es una mezcla incómoda de política, intimidad y estrategia. Se habla de negocios vinculados al padre de Begoña Gómez, se habla de grabaciones atribuidas a Villarejo, se habla de material que habría circulado o se habría mencionado como parte de una operación de desgaste. En un país donde Villarejo ha sido durante años un personaje central de una trama de grabaciones, filtraciones y conversaciones en la sombra, cualquier referencia a él en una reunión en Ferraz funciona como señal de alarma. Y cuando esa referencia se cruza con el nombre del presidente y con un asunto de alto potencial de daño reputacional, el clima se enrarece.

Aquí conviene fijar una idea, sin filosofías ni humo: un audio puede ser muchas cosas. Puede ser una prueba sólida, puede ser una bravata grabada, puede ser un recorte interesado. En este caso, lo que se ha ido describiendo es que existían grabaciones o referencias a grabaciones y un informe, y que el contenido estaba ligado a esa temática de saunas. Cerdán ha oscilado en matices sobre si escuchó o no escuchó, si recuerda o no recuerda, si le dieron importancia o no. Esa oscilación, en sede judicial, no se interpreta como un estilo narrativo, se interpreta como fragilidad: la memoria selectiva suele ser el primer material que se examina.

Más allá de lo morboso, el tema importa porque muestra cómo ciertos asuntos privados se convierten en moneda política y cómo, al mismo tiempo, se usa la palabra “cloacas” para enmarcarlo todo en un relato de persecución. Si alguien lleva a Ferraz audios sobre saunas y los presenta como parte de una operación irregular contra Sánchez, el partido puede verlo como un ataque injusto. Si esos audios aparecen en un entorno donde se investiga el ofrecimiento de favores a cambio de información sobre investigadores, ese mismo material se convierte en un componente potencial de una operación distinta: no solo defenderse, sino influir.

En la trastienda, además, hay una batalla semántica que no es trivial. “Fontanera” es una palabra de guerra política: sugiere arreglos internos, cañerías, trabajo sucio. Leire Díez ha rechazado esa etiqueta y ha sostenido que actuaba como periodista. El juzgado, en realidad, no juzga etiquetas: juzga si hubo intercambio de favores, si se intentó presionar a instituciones, si se buscó información comprometedora para condicionar procesos. Y la política, mientras, sigue haciendo lo suyo: convertir cada matiz en munición, porque en España la combinación de audios y juzgados es gasolina.

La grieta que deja el WhatsApp y lo que aún está en juego

A estas alturas, lo que se ha construido es un contraste duro. Por un lado, Cerdán y Hernando dibujan una escena controlada: escucharon, no encargaron, no informaron a Sánchez, no hubo recorrido. Por otro, la UCO maneja una cronología que sugiere contacto previo y coordinación para obtener audios antes incluso de que la reunión se celebrara. En medio, un juez que intenta separar lo que es relato defensivo de lo que es hecho demostrable, y una causa que no se agota en Ferraz: se alimenta de audios previos, de mensajes recuperados, de testimonios que aún no han llegado, de nombres que aparecen en distintas piezas.

La consecuencia política inmediata es obvia: el PSOE intenta mantener la idea de que Leire actuaba por su cuenta y que no representaba al partido, mientras la oposición sostiene que es imposible que una exmilitante se mueva así, con esa proximidad, sin respaldo. La consecuencia judicial es más lenta, pero más incisiva: si se consolida que hubo coordinación previa, si se demuestra que había un objetivo concreto respecto a investigadores o fiscales, si se acredita alguna contraprestación o promesa de influencia, el caso deja de ser una controversia mediática y se convierte en un problema serio de conductas.

El calendario tampoco es neutro. Con citaciones como las previstas para Hamlyn y Del Rivero y con el análisis de dispositivos y comunicaciones, la instrucción puede abrir nuevas líneas: quién convocó exactamente las reuniones en Ferraz, quién decidió que se celebraran allí, qué se dijo en cada una, qué material entró o no entró, y por qué, si el asunto era tan irrelevante como para no reportarlo al presidente, ha terminado siendo uno de los episodios más inflamables de este invierno político. En esa pregunta, sin signos de interrogación y sin teatro, está el centro de la historia: qué sabía quién, cuándo lo supo, y qué intentó hacer con ello.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.