La Casa de Alba saqueó agua en Doñana por 5 millones

Un informe pericial de la UCO de Medio Ambiente de la Guardia Civil ha puesto cifra al presunto beneficio generado por el uso ilícito de agua subterránea en una finca ligada a la Casa de Alba en el entorno de Doñana: 5,14 millones de euros como posible “beneficio indirecto” por el riego, y una cuantificación económica total —sumando ese beneficio y el daño ambiental— que se mueve entre 5,87 y 6,24 millones (en un apartado del propio documento aparece también la horquilla hasta 6,27 millones). La explotación señalada es la Finca Aljóbar, situada en Aznalcázar (Sevilla), y la investigación se encuadra en la operación ‘Irrigatio’, bajo la dirección de un juzgado de Sanlúcar la Mayor.

La pericial, ya ratificada en sede judicial por los agentes que la elaboraron, entra en detalle en algo que en este tipo de causas suele quedarse en niebla: convertir el agua extraída bajo sospecha en euros contantes y, al mismo tiempo, traducir el impacto ecológico en una factura aproximada. En paralelo, el informe advierte del estado del acuífero y de su conexión hidráulica con sistemas que alimentan Doñana, un recordatorio incómodo: cuando el agua subterránea se toca, aunque sea lejos del ojo, el ecosistema puede notarlo donde más duele, en lo vivo.

La cifra que lo cambia todo: del riego al dinero

El núcleo del informe está en una idea concreta y, a la vez, explosiva: el supuesto riego con agua no autorizada habría permitido una producción agrícola que, puesta en mercado, habría generado un rendimiento económico cuantificable. Aquí aparece la expresión “beneficio indirecto”, que no habla de vender agua, sino de lo que el agua habría hecho posible en el campo: fruta, cosecha, venta. El cálculo se centra en la rentabilidad obtenida con la comercialización de cítricos regados entre 2014 y 2024, el tramo temporal que los peritos utilizan para reconstruir, con números, una década larga de actividad.

La metodología descrita en la pericial es de una simplicidad engañosa, como esas cuentas que parecen rápidas hasta que te obligan a justificar cada línea: se multiplica la cantidad de fruto recogido por su precio de mercado y se restan después los costes de producción, que el informe sitúa en torno a un 25% aproximadamente. Ese porcentaje —aparentemente un detalle— es el que marca la frontera entre hablar de ingresos brutos o hablar de ganancia, y de ahí sale la cifra que ha quedado señalada con rotulador: más de 5,14 millones de euros.

Hay un giro agronómico que pesa en el cálculo y que el informe incorpora para no inflar resultados: desde 2021 se han eliminado hectáreas de naranjos y se han sustituido por olivos. En la práctica, eso significa cambiar el ritmo de la finca, la forma del paisaje y, también, la lógica del agua. El naranjo pide un calendario, una humedad y un tipo de manejo; el olivo, otro. El informe asume esa transición y, según se detalla en la causa, opta por cálculos conservadores al estimar la rentabilidad asociada al riego, precisamente para no atribuir al periodo de cítrico lo que ya pertenece a la nueva plantación.

Qué significa “beneficio indirecto” cuando se habla de pozos

En un procedimiento así, beneficio indirecto es casi una manera judicial de decir: “si no hubiera existido ese aporte de agua, el resultado económico podría haber sido distinto”. No hace falta adornarlo. El informe intenta medir cuánto rendimiento se asocia a ese riego cuestionado, cultivo por cultivo, hectárea por hectárea, y lo hace mirando a lo que deja huella: la producción y su valor en el mercado. El campo, al final, tiene esa crudeza: lo que sale de la tierra acaba pesándose, clasificándose, cargándose en camiones; y lo que se cobra queda reflejado en precios, series, estadísticas y márgenes.

En ese punto aparece un matiz relevante: el informe no se limita a afirmar que hubo extracción presuntamente ilícita, sino que conecta esa extracción con un resultado económico. Esa conexión es la que después sirve para sostener la idea de una posible responsabilidad más amplia, porque no se discute solo una irregularidad administrativa, sino un aprovechamiento con rentabilidad. Dicho de forma llana, lo que se investiga no es únicamente “sacar agua”, sino sacar agua para producir y ganar, en un entorno donde el agua tiene un valor ecológico y social especialmente sensible.

Doñana en euros: el daño ambiental también se tasa

El informe no se queda en la cifra del beneficio. Da otro paso y calcula el daño ambiental derivado de la extracción subterránea investigada en la Finca Aljóbar. Aquí el documento se vuelve más técnico, más de laboratorio y de mapa hidrogeológico, pero el resultado se resume en una horquilla clara: el daño ambiental se tasa entre 732.304 y 1.129.739 euros. No es una cifra redonda ni pretende serlo: es un rango que reconoce incertidumbres, magnitudes, escenarios.

Para llegar ahí, la pericial suma tres componentes, cada uno con su propia lógica y su propio tipo de “precio”. El primero es el valor del agua extraída, que el informe sitúa entre 468.275 y 814.896 euros. El segundo es el coste de rehabilitación necesario para reparar el daño al medio ambiente, estimado en 201.489 euros. Y el tercero es la pérdida de servicios ecosistémicos, entendida como el valor del agua que dejó de estar disponible para otras actividades y funciones, cuantificada entre 62.539 y 113.353 euros. Al sumar esas tres piezas, aparece el rango de daño ambiental ya citado.

Lo relevante no es solo el número, sino el tipo de discusión que abre: poner un precio al agua extraída no significa convertir la naturaleza en un catálogo, sino reconocer que hay un coste —y que ese coste no siempre lo paga quien lo causa—. En Doñana, además, el lenguaje de los “daños” se ha vuelto cotidiano por una razón triste: la marisma y sus sistemas asociados llevan años soportando tensión, y cualquier extracción que se considere fuera de norma se lee, inevitablemente, como una presión añadida.

Servicios ecosistémicos: el agua que no llega a donde debía

La expresión “servicios ecosistémicos” suena fría, casi burocrática, pero describe cosas concretas: agua que mantiene hábitats, disponibilidad hídrica que sostiene equilibrios y continuidad de funciones ecológicas que, cuando se interrumpen, no se arreglan con una reparación rápida. El informe lo traduce a euros en forma de “pérdida”, y con esa traducción intenta medir algo que normalmente solo se percibe cuando ya falta: la charca que no aparece, el suelo que pierde humedad, la vegetación que cambia su patrón, la cadena de pequeños desajustes que termina afectando a especies y zonas sensibles.

En el mismo paquete está el coste de rehabilitación, una cifra que no se presenta como una obra concreta ya ejecutada, sino como una estimación del esfuerzo económico que haría falta para reparar el daño. En un ecosistema frágil, rehabilitar no es “dejarlo como estaba” con un interruptor. Es, como mucho, intentar corregir impactos y facilitar recuperación. Y por eso el informe, al hablar de daños “importantes” y potencialmente irreversibles, deja caer un peso adicional: hay cosas que, si se rompen, no vuelven al sitio con facilidad, aunque se pague.

El acuífero y la conexión hidráulica: el agua no entiende de lindes

Otro de los puntos clave del informe es la insistencia en la conexión hidráulica del sistema. La pericial destaca que la circulación predominante del agua subterránea está conectada con el sistema acuífero Almonte-Marismas y con el aluvial del río Guadiamar, que nutre el entorno natural de Doñana. Esto no es un matiz geográfico; es el argumento que convierte un caso localizado en un asunto con impacto potencial sobre un espacio natural de primer orden. En otras palabras: no se está hablando de un “bolsillo” aislado de agua bajo una finca, sino de un sistema relacionado con el latido hídrico de la zona.

Como conclusión sobre el estado del acuífero, el informe advierte de un índice de explotación del 0,91% y señala un descenso importante de los niveles de agua en los últimos cinco años. Ese porcentaje, leído sin contexto, puede parecer menor. Pero la propia pericial subraya la preocupación por el descenso reciente y por los efectos sobre el ecosistema. Los acuíferos no responden como un grifo doméstico; tienen inercias, recargas irregulares, sensibilidad a cambios acumulados. Y cuando se habla de Doñana, cada variación se interpreta bajo una lupa más exigente.

La UCO de Medio Ambiente atribuye a esta situación daños importantes que podrían ser irreversibles, con un impacto negativo sobre la conservación de hábitats y especies. Es una frase dura, pero no gratuita dentro del documento: el informe conecta el descenso y la explotación con consecuencias ecológicas, y lo hace en el mismo paquete donde ya ha puesto números al daño. Es decir, la pericial no plantea una alarma estética; plantea un riesgo estructural, algo que va al corazón de la conservación.

La investigación judicial y los nombres propios

La causa se sigue en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), y la operación se conoce como ‘Irrigatio’. Dentro de ese procedimiento, uno de los pasos relevantes fue la citación a declarar como investigada a la persona que representaba legalmente a Eurotécnica Agraria, la empresa encargada de la gestión de la finca. En esa comparecencia, el representante legal se acogió a su derecho a no declarar en relación con los pozos no autorizados administrativamente que están bajo investigación.

Eurotécnica Agraria aparece vinculada a miembros de la familia Martínez de Irujo: en el consejo de administración figuran Cayetano, Eugenia, Fernando José y Luis Martínez de Irujo. En el procedimiento también declaró como investigado Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, nieto de la duquesa de Alba. En su declaración, el 20 de febrero de 2026, señaló que se había iniciado la regularización de los pozos investigados a raíz de una denuncia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Este punto —la regularización iniciada tras una denuncia— es uno de los nudos del caso, porque muestra cómo se cruzan dos planos: el de la gestión administrativa del agua y el de la investigación penal o judicial cuando se sospecha un uso no autorizado. Regularizar puede significar poner al día permisos, documentación, trámites. Pero en un procedimiento abierto, la regularización no borra por sí sola lo que se investiga sobre periodos pasados, volúmenes extraídos, impactos y beneficios derivados.

Regularizar pozos no es un punto y aparte en la causa

El concepto de regularización tiene una vida doble. En el lenguaje administrativo, suena a orden, a encajar piezas, a dejar todo en regla. En el lenguaje social, a veces suena a llegar tarde. En un procedimiento judicial como el de Sanlúcar la Mayor, la clave está en que la investigación mira hacia atrás: qué ocurrió entre 2014 y 2024 en términos de riego, qué autorizaciones existían o no, qué volumen se extrajo, cómo se conectan esas extracciones con el sistema acuífero y qué resultado económico y ambiental dejan detrás.

En ese sentido, el informe pericial no es un adorno: es un intento de fijar, con números y rangos, lo que de otro modo se quedaría en discusión abstracta. Cuando se dice “5,14 millones” y se explica cómo se ha calculado, se está construyendo una base para que el procedimiento avance con más precisión. Y cuando se añade un daño ambiental tasado y una cuantificación total que roza o supera los seis millones, se está elevando el caso a una dimensión que no se resuelve con una frase corta.

El agua que falta, el dinero que pesa

Lo que deja este informe es una fotografía con bordes nítidos: una explotación agrícola concreta, la Finca Aljóbar en Aznalcázar, un periodo de análisis largo (2014-2024), una transición de cultivos desde 2021 del naranjo al olivo, y un cálculo que pone el foco en la rentabilidad asociada al riego cuestionado. El beneficio indirecto estimado —5,14 millones de euros— no es un número suelto: está amarrado a cosechas, a precios de mercado y a una deducción de costes de producción del 25% aproximado, con un enfoque deliberadamente prudente por el cambio de cultivo. A ese bloque se suma una valoración del daño ambiental que oscila entre 732.304 y 1.129.739 euros, desglosada en valor del agua extraída, rehabilitación y pérdida de servicios ecosistémicos, y de ahí sale una cuantificación total que se mueve entre 5,87 y 6,24 millones, con mención en el propio documento de la horquilla hasta 6,27 millones.

En paralelo, el informe coloca el caso dentro de un contexto hidrogeológico que no permite mirar hacia otro lado: la conexión hidráulica con Almonte-Marismas y el aluvial del Guadiamar, y el aviso sobre el descenso de niveles de agua en los últimos cinco años, con un índice de explotación citado del 0,91% y una advertencia sobre daños importantes que podrían ser irreversibles. En un territorio donde el agua subterránea funciona como una arteria silenciosa, la palabra “irreversible” no es un recurso retórico; es una señal de alarma técnica.

Y luego están los nombres y el procedimiento: Eurotécnica Agraria como gestora, la comparecencia del representante legal que se acogió a no declarar, el consejo de administración donde figuran Cayetano, Eugenia, Fernando José y Luis Martínez de Irujo, y la declaración de Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg señalando la regularización iniciada tras la denuncia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. El caso sigue su curso en los tribunales, pero el informe ya ha dejado una idea difícil de esquivar: en el entorno de Doñana, el agua no es solo un recurso, es un factor que puede convertirse en beneficio y, a la vez, en daño, y cuando ambos se cuantifican con detalle, la discusión deja de ser rumor y entra en el terreno áspero de los números.