¿Por qué el BCE quiere a las grandes plataformas cripto en la UE?

El Banco Central Europeo quiere que las grandes plataformas de criptoactivos que hacen negocio en Europa tengan una estructura societaria claramente asentada dentro de la Unión Europea. La propuesta es bastante más precisa de lo que sugiere una lectura rápida: no exige que cualquier empresa cripto extranjera traslade toda su sede al continente, sino que los proveedores considerados significativos cuenten con una empresa matriz intermedia en la UE, desde la que pueda supervisarse el conjunto de sus actividades europeas.

La idea forma parte de la respuesta del Sistema Europeo de Bancos Centrales a la consulta de la Comisión Europea sobre la revisión de MiCAR, el Reglamento europeo sobre mercados de criptoactivos, también conocido habitualmente como MiCA. No estamos ante una nueva obligación que entre en vigor de un día para otro, sino ante una propuesta para endurecer y ajustar una regulación que apenas ha terminado de desplegarse. Y el mensaje de Fráncfort es bastante nítido: si el negocio es europeo y el riesgo también puede serlo, el supervisor no debería tener que perseguir el organigrama por medio planeta.

El gran cripto deberá tener un centro de gravedad en Europa

La empresa matriz intermedia que reclama el BCE serviría para reunir bajo una estructura europea las actividades de los grandes grupos de criptoactivos. Parece una cuestión burocrática —otra caja en el organigrama corporativo—, pero tiene bastante más fondo.

Muchos grandes operadores funcionan mediante redes de filiales, sociedades y servicios repartidos entre distintas jurisdicciones. Custodia por aquí, plataforma de negociación por allá, una sociedad que presta servicios europeos, otra que pertenece a una matriz situada fuera de la UE. Esa fragmentación puede dificultar saber dónde están exactamente los riesgos, quién responde por ellos y qué autoridad tiene capacidad real para intervenir cuando aparece un problema.

El BCE quiere que los proveedores de servicios de criptoactivos significativos, los llamados CASP por sus siglas en inglés, consoliden sus operaciones europeas de una manera que permita al regulador observar el grupo y no únicamente pequeñas piezas aisladas. La exigencia también alcanzaría a determinados grupos de terceros países que controlen simultáneamente en la UE un banco y un proveedor cripto o una entidad de dinero electrónico dedicada a emitir stablecoins.

MiCAR considera actualmente significativo a un proveedor cuando alcanza una media de 15 millones de usuarios activos durante un año natural. Fráncfort cree que ese criterio se queda corto y propone incorporar otros indicadores: tamaño, actividad transfronteriza, relevancia sistémica, volumen negociado y dimensión de las operaciones de todo el grupo. Quince millones de usuarios dicen mucho, pero no necesariamente lo cuentan todo.

Una sola vigilancia para un negocio que ignora las fronteras

El segundo gran cambio es casi más importante. El BCE respalda que las competencias de autorización, supervisión y control de los proveedores de servicios de criptoactivos pasen de las autoridades nacionales a la Autoridad Europea de Valores y Mercados, la ESMA. También plantea reforzar el papel de la autoridad europea contra el blanqueo de capitales, la AMLA.

La lógica es sencilla: una plataforma puede conseguir autorización en un Estado miembro y utilizar el pasaporte europeo para prestar servicios a clientes de muchos otros países. El negocio cruza fronteras con un clic, mientras la vigilancia sigue teniendo todavía costuras nacionales. El BCE considera que centralizarla permitiría reducir diferencias entre supervisores, acumular conocimiento técnico en una única autoridad y observar mejor los riesgos que se propagan de un mercado a otro.

No es una preocupación abstracta. El propio BCE señalaba que, en noviembre de 2025, había 94 proveedores autorizados bajo MiCAR y que 62 pretendían operar en al menos siete Estados miembros; 47 proyectaban hacerlo en toda la Unión. Es decir, el carácter transfronterizo no es una rareza del sector. Es prácticamente su estado natural.

España ya dejó atrás el periodo transitorio

Para el cliente español hay una precisión importante. El periodo transitorio de MiCA terminó el 1 de julio de 2026. Desde esa fecha, una empresa que presta servicios de criptoactivos a clientes europeos sin la autorización correspondiente está incumpliendo la normativa y debe dejar de ofrecer esos servicios. España agotó también ese plazo transitorio.

Por eso, el debate abierto por el BCE no consiste en decidir si las plataformas deben estar reguladas. Esa estación quedó atrás. La cuestión es quién debe supervisarlas y hasta dónde debe llegar esa supervisión, especialmente cuando hablamos de gigantes internacionales cuyas estructuras empresariales pueden ser bastante más laberínticas que la aplicación que ve el usuario en su teléfono.

Las stablecoins, el otro gran frente del BCE

La revisión no se limita a las plataformas. El BCE también quiere modificar una de las reglas más delicadas para los emisores de stablecoins, las criptomonedas diseñadas para mantener un valor estable respecto a una moneda u otro activo.

MiCAR obliga actualmente a mantener al menos el 30% de las reservas de estas stablecoins como depósitos en entidades de crédito. Para los tokens considerados significativos, el porcentaje asciende al 60%. El resto debe conservarse en activos seguros, líquidos y con poco riesgo de mercado, crédito o concentración.

A primera vista, obligar a guardar una porción elevada del dinero en bancos parece prudente. Hay efectivo disponible, el emisor puede atender reembolsos y todos duermen algo más tranquilos. El problema aparece cuando uno imagina lo que ocurre durante una crisis y miles o millones de usuarios intentan salir por la misma puerta a la vez.

Del porcentaje fijo a los colchones de liquidez

El BCE plantea eliminar ese porcentaje mínimo obligatorio de depósitos bancarios y sustituirlo por requisitos basados en la rapidez con la que las reservas pueden convertirse en dinero.

Como punto de partida, la propuesta contempla porcentajes de activos que deberían poder convertirse rápidamente en liquidez. Para las stablecoins significativas, al menos un 40% de los activos debería vencer en un máximo de un día laborable y un 60% en cinco días. Para las no significativas, los porcentajes serían del 20% y del 30%, respectivamente. Son referencias sujetas a análisis y calibración, no cifras definitivamente aprobadas.

El cambio parece pequeño sobre el papel, pero modifica la filosofía. Lo importante dejaría de ser cuánto dinero está aparcado específicamente en una cuenta bancaria para pasar a ser cuánta liquidez real puede conseguirse rápidamente cuando llegan solicitudes de reembolso.

El vínculo entre stablecoins y bancos tiene dos direcciones. Si buena parte de las reservas termina depositada en entidades financieras, los emisores pueden convertirse en grandes depositantes. Y ese dinero no se comporta necesariamente como el saldo de millones de familias que cobran la nómina y pagan el supermercado cada mes.

Durante una crisis, un emisor podría retirar de golpe cantidades enormes para atender reembolsos. El banco perdería financiación con mucha más velocidad que con los depósitos minoristas tradicionales. Al contrario, si es la entidad financiera la que atraviesa problemas, la stablecoin queda expuesta al banco en el que mantiene sus reservas.

El episodio de USD Coin en marzo de 2023 dejó una fotografía bastante gráfica del problema: parte de sus reservas estaba depositada en Silicon Valley Bank cuando la entidad quebró y la stablecoin llegó a separarse temporalmente de su paridad con el dólar. No significa que cualquier depósito bancario sea peligroso; sí recuerda que poner todos los cortafuegos en el mismo lugar puede acabar conectando dos incendios que se pretendían separar.

Qué puede cambiar para plataformas, bancos y usuarios

Para una gran plataforma internacional, el modelo que defiende el BCE implicaría más presencia jurídica, capital y responsabilidad dentro de Europa. Los supervisores podrían observar mejor exposiciones intragrupo, dependencias operativas, conflictos de interés y riesgos financieros que hoy pueden estar dispersos entre diferentes empresas del mismo conglomerado.

También podrían endurecerse las exigencias de fondos propios. El BCE considera insuficiente que estas se calculen fundamentalmente sobre los gastos operativos cuando determinadas plataformas realizan actividades que las exponen a riesgos financieros mucho mayores. La propuesta es que el capital exigido guarde una relación más directa con el riesgo que asume realmente cada negocio.

Para el usuario corriente, en cambio, no cambia nada de inmediato por la publicación de esta posición. Bitcoin no pasa a estar prohibido, una cuenta en un exchange no debe cerrarse por esta propuesta y tampoco aparece una nueva obligación para quien posee criptoactivos. Lo que se está discutiendo es la arquitectura regulatoria de los intermediarios: quién puede operar, desde qué estructura empresarial y bajo los ojos de qué supervisor.

Hay, eso sí, un problema de aplicación que las autoridades europeas reconocen. El final del periodo transitorio significa que las empresas sin licencia MiCA ya no deberían prestar servicios a clientes de la UE, pero la naturaleza global de internet permite que operadores situados fuera del bloque sigan intentando captar negocio europeo. Tener una norma es una cosa; hacerla cumplir a miles de kilómetros, otra bastante distinta.

Europa dibuja una nueva frontera para el mercado cripto

Sería fácil interpretar el movimiento como una nueva batalla del BCE contra las criptomonedas. La fotografía es bastante más interesante. El Eurosistema también ha avanzado en infraestructuras destinadas a liquidar operaciones mayoristas con activos tokenizados utilizando dinero de banco central. Fráncfort no está rechazando necesariamente la tecnología blockchain; está intentando encajarla dentro de una arquitectura financiera que pueda supervisar.

Ahí está, en realidad, el fondo del asunto. Europa acepta que la tokenización, las stablecoins y los servicios sobre criptoactivos pueden formar parte del sistema financiero, pero pretende evitar un mercado en el que las mayores plataformas atiendan a millones de europeos mientras las decisiones, las reservas, el capital y las responsabilidades quedan desperdigados entre jurisdicciones lejanas.

El BCE propone así una frontera menos visible que una aduana, aunque bastante efectiva: quien alcance una dimensión relevante en el mercado europeo deberá tener también una presencia empresarial supervisable en Europa. El cripto nació con la promesa de borrar fronteras. Los reguladores, qué remedio, están volviendo a dibujarlas.