¿Quién deberá acreditar un B2 de idiomas para graduarse en Andalucía?

Andalucía exigirá acreditar al menos un nivel B2 en una lengua extranjera para obtener un título universitario oficial a partir del 1 de octubre de 2029. La obligación figura en la Ley 1/2026, Universitaria para Andalucía, conocida como LUPA, que ya está en vigor. No afectará, sin embargo, a quienes hubieran comenzado sus estudios oficiales antes del 26 de marzo de 2026, fecha de entrada en vigor de la norma.

Conviene aclarar desde el principio una confusión repetida en titulares y academias con el entusiasmo propio de quien ya está imprimiendo folletos: la ley no exige específicamente inglés. Habla de una lengua extranjera. El inglés será previsiblemente la opción mayoritaria, pero también podrán servir otros idiomas reconocidos dentro del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, siempre que se cumplan las condiciones de acreditación establecidas por la regulación.

La medida eleva el listón respecto a la situación actual en las universidades públicas andaluzas, donde se viene exigiendo, con carácter general, al menos un B1 para obtener el título de grado. El salto al B2 pretende reforzar la movilidad internacional y la empleabilidad de los egresados, aunque deja una cuestión bastante terrenal sobre la mesa: quién enseña el idioma, quién certifica el nivel y, sobre todo, quién paga la factura.

La fecha exacta y quién queda exento

El calendario no depende del año en que un estudiante entregue su trabajo de fin de grado, sino del momento en que comenzó sus estudios oficiales. La disposición transitoria segunda de la LUPA establece que el requisito lingüístico será exigible desde el 1 de octubre de 2029, pero excluye expresamente al alumnado que hubiera iniciado la carrera antes de la entrada en vigor de la ley.

Como la norma entró en vigor el 26 de marzo de 2026, los estudiantes que ya cursaban una titulación oficial antes de esa fecha conservarán el régimen anterior, aunque terminen después de 2029. La nueva exigencia se dirige, en la práctica, a quienes comiencen sus estudios desde el curso 2026-2027, de modo que una promoción ordinaria de grado dispondrá de aproximadamente cuatro años para alcanzar el nivel requerido.

La redacción legal, además, no se limita de forma expresa a los grados. Habla de la obtención de títulos universitarios oficiales, una categoría que comprende las enseñanzas oficiales del sistema universitario andaluz. La aplicación concreta a grados, másteres y situaciones académicas especiales deberá quedar perfilada mediante la orden de desarrollo de la Consejería y la adaptación de los planes de estudios. Ahí está todavía parte de la letra pequeña, esa zona donde las grandes proclamas educativas suelen encontrarse con una ventanilla y tres formularios.

No es solo inglés: la ley habla de una lengua extranjera

El artículo 13 de la LUPA obliga a que los planes de estudios incluyan la necesidad de alcanzar un conocimiento suficiente de una lengua extranjera. Posteriormente, la Consejería competente fijará mediante una orden el nivel requerido, previo informe del Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria, aunque la propia ley impide que ese umbral sea inferior al B2.

Esto significa que el B2 funciona como suelo, no necesariamente como techo. La Administración podría establecer requisitos específicos según la titulación o desarrollar criterios comunes, pero no rebajarlos por debajo de ese nivel. Tampoco aparece en la norma una preferencia obligatoria por el inglés. Francés, alemán, italiano, portugués u otras lenguas extranjeras podrán ser válidas si figuran entre las admitidas por las universidades y por la futura regulación.

No parece un detalle menor. Presentar la medida como un B2 de inglés obligatorio simplifica la noticia, pero también la deforma. La voluntad declarada de la ley es fomentar el plurilingüismo, integrar enseñanzas de idiomas en los planes académicos e impulsar titulaciones bilingües, no convertir a cada estudiante en una sucursal ambulante de Cambridge.

Qué significa realmente tener un nivel B2

El Marco Común Europeo divide la competencia lingüística en seis niveles, desde A1 hasta C2. El nivel B2 corresponde a un usuario independiente capaz de comprender las ideas principales de textos relativamente complejos, mantener una interacción con suficiente fluidez y espontaneidad y producir textos claros y detallados sobre distintos asuntos.

No es hablar como un nativo ni recitar a Shakespeare bajo la lluvia; tampoco basta con pedir una cerveza y localizar la puerta de embarque. La acreditación suele evaluar comprensión oral y escrita, expresión e interacción oral y producción escrita. Aprobar exige un dominio equilibrado, aunque los criterios concretos dependen de cada examen y entidad certificadora.

El certificado, por sí solo, tampoco convierte el idioma en una herramienta profesional eterna. Como cualquier competencia, el conocimiento lingüístico se oxida. El papel permanece impecable en una carpeta; los verbos irregulares, no tanto.

Cómo se acreditará y quién pagará la factura

La LUPA permite que las universidades incorporen formación lingüística en sus planes de estudios y obliga a las instituciones públicas a contar con recursos, programas de becas y una oferta suficiente de plazas en sus centros de idiomas. También exige que el modelo de financiación universitaria contemple cobertura para ayudar al alumnado a obtener el nivel.

La futura orden deberá aclarar qué certificados serán reconocidos, durante cuánto tiempo conservarán su validez administrativa y qué sistemas internos podrán utilizar las universidades. En la práctica, los centros universitarios de idiomas, las escuelas oficiales y determinadas entidades certificadoras acreditan niveles vinculados al marco europeo, pero no todos los diplomas comerciales sirven automáticamente para cualquier trámite académico.

Antes de pagar una matrícula convendrá comprobar la tabla de certificados admitidos por la universidad correspondiente. El logotipo más británico del escaparate no siempre abre la puerta de Secretaría. La acreditación deberá ajustarse a los criterios oficiales de cada universidad, no solo a la publicidad de la academia que prepara el examen.

La Junta mantiene ayudas para formación y acreditación de idiomas que pueden alcanzar los 300 euros por beneficiario, dirigidas principalmente a estudiantes de universidades públicas con menores ingresos o dificultades económicas. Esa cantidad es una referencia del programa vigente, no una garantía automática para todos los afectados por la obligación. Las condiciones futuras, el presupuesto disponible y el reparto entre la Junta y cada universidad todavía tendrán que concretarse.

Aquí reside uno de los puntos sensibles. Obtener un B2 puede implicar cursos, materiales, desplazamientos, tasas de examen y segundas convocatorias. Para una familia con margen económico será otro gasto educativo. Para un estudiante que trabaja, cuida a familiares o vive lejos de un centro acreditador, puede convertirse en una piedra considerable dentro del zapato. Un idioma no brota del boletín oficial por generación espontánea.

Empleabilidad frente a desigualdad

La Junta defiende que el B2 mejorará la competitividad de los titulados andaluces y evitará que partan con desventaja en un mercado laboral cada vez más internacional. También sostiene que habrá ayudas para impedir que la situación económica determine quién consigue acreditar el nivel.

El argumento tiene lógica: muchas convocatorias, becas de movilidad y puestos cualificados valoran el conocimiento de idiomas, y un B2 ofrece más autonomía que el B1 actualmente exigido. La movilidad internacional, los intercambios académicos y determinados empleos vinculados a empresas extranjeras requieren una competencia lingüística que va bastante más allá de aprobar una asignatura escolar.

Pero la utilidad de aprender idiomas no resuelve por arte de magia el problema de cómo se implanta la obligación. Representantes estudiantiles ya advirtieron durante la tramitación de que el coste de academias y exámenes podía ampliar las diferencias entre quienes reciben formación privada desde pequeños y quienes llegan a la universidad con una base más débil.

La igualdad formal consiste en pedir el mismo certificado a todos; la igualdad real exige que todos tengan una oportunidad razonable de conseguirlo. Son cosas distintas, aunque en los discursos oficiales a veces viajen dentro del mismo párrafo.

La prueba decisiva estará en los planes de estudios. Si las universidades ofrecen enseñanza suficiente, horarios compatibles, evaluación integrada y apoyo económico, el B2 puede convertirse en una competencia académica útil. Si la formación queda fuera del campus y cada alumno debe buscarse una academia, un examinador y varios cientos de euros, el requisito acabará pareciéndose a un peaje privado colocado justo antes de recoger el título público.

Una ley vigente con una disputa constitucional abierta

La obligación del B2 figura en una ley aprobada, publicada y vigente, pero su futuro jurídico no está completamente cerrado. El Gobierno central y la Junta de Andalucía han abierto una negociación sobre diversos artículos y disposiciones adicionales de la LUPA para evitar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Entre los preceptos discutidos se encuentra precisamente el artículo 13, que introduce el requisito lingüístico.

El Ejecutivo estatal considera que imponer desde una ley autonómica determinados contenidos o condiciones a los planes de estudios podría invadir competencias estatales y limitar la autonomía académica de las universidades. La Junta sostiene, por su parte, que la regulación entra dentro de sus atribuciones y persigue reforzar la calidad y la internacionalización del sistema universitario.

La apertura de esta negociación no elimina por sí misma el requisito ni suspende automáticamente la ley. Por el momento, el calendario del 1 de octubre de 2029 continúa escrito en negro sobre blanco. Sin embargo, el artículo podría modificarse, reinterpretarse o terminar ante el Constitucional si las dos administraciones no alcanzan un acuerdo. Presentarlo como un asunto definitivamente cerrado sería adelantarse varios capítulos.

El título también dependerá del idioma

La universidad andaluza avanza hacia un modelo en el que aprobar asignaturas y reunir créditos ya no bastará para todos los estudiantes. Las nuevas promociones deberán acreditar también una competencia lingüística de nivel B2 o superior, salvo que el proceso político y jurídico abierto altere la norma antes de su aplicación.

La ambición resulta razonable: una universidad conectada con Europa no puede tratar los idiomas como un adorno colocado al final del expediente. Pero tampoco debería reducirlos a un certificado comprado fuera del aula. Entre la internacionalización auténtica y el simple trámite administrativo hay un trecho; más o menos el mismo que separa mantener una conversación de aprobar un test.

La LUPA ha fijado la meta. Falta comprobar si las universidades recibirán los medios necesarios para que el alumnado llegue hasta ella sin dejar a nadie jadeando en la cuneta. El B2 puede abrir puertas, sí, pero una política universitaria seria debe procurar que la llave no dependa del bolsillo.